Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó dictamen para municipalización de Pozos
Pese a la impugnación existente, el proceso continuará; ya fue aprobada en comisiones, ahora subirá al Pleno
Por: Redacción
Las comisiones unidas de Gobernación, Desarrollo Territorial y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobaron por unanimidad el dictamen que se presentará al Pleno, con la intención de crear el nuevo municipio de Villa de Pozos, San Luis Potosí, una vez que se cumplieron todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Municipio Libre.
José Luis Fernández Martínez, diputado local y presidente de la Comisión de Gobernación, dio a conocer que se hizo un recorrido por los extremos que marca la Constitución Política del Estado, así como la parte reglamentaria, plasmada en la Ley Orgánica del Municipio Libre; “advertimos que se habían cubierto de manera satisfactoria los requisitos”.
Se puso a discusión un proyecto de decreto en el que se incluyen 20 artículos transitorios con la intención de generar un proceso de transición entre el municipio y hoy delegación a lo que sería entre el municipio de la capital y el municipio de Villa de Pozos.
El dictamen fue votado por unanimidad en las tres comisiones, “y estoy agradecido con los compañeros integrantes de las comisiones por el trabajo que se realizó para poder llegar a esta decisión y en espera de que venga claridad jurídica para poder encontrar el momento preciso y poder llevarlo al pleno para su aprobación”, mencionó.
Entre la información que se dio a conocer en la reunión a la que asistieron habitantes de Villa de Pozos, que son promoventes de esta iniciativa, se dio a conocer que la delegación genera ingresos propios, participaciones y aportaciones, 515 millones de pesos –según el propio ayuntamiento de la capital- y solamente se le destinan 358 millones de pesos al año.
Se lograron validar alrededor de 22,501 credenciales de los peticionarios que son el 25.68 por ciento del Listado Nominal por lo que se cumplió el requisito para llevar a cabo el Plebiscito, donde mayoritariamente ganó el “sí” a la pregunta de si estaba de acuerdo o no, en que Villa de Pozos se convierta en municipio.
El diputado Fernández Martínez expuso que en los 20 artículos transitorios se establecen situaciones que dan certeza jurídica, como por ejemplo: cómo se va a llevar a cabo el proceso de transición.
“Habla de la obligación del Congreso del Estado de nombrar un Concejo Municipal que entregaría funciones a partir de que el Ayuntamiento sea declarado en nuestro proyecto inicial, a reserva de que veamos cómo queda el tema jurisdiccional”.
Explicó que la intención es que este Ayuntamiento inicie su historia a partir del 1 de enero del 2024, “buscamos generar un espacio para que se garanticen los 45 días que marca nuestra Ley de Entrega-Recepción, para que pueda haber mucho orden entre el Ayuntamiento de la Capital y el Concejo Municipal; se destaca que todos los reglamentos que están vigentes en el municipio de la Capital aplicarán para la demarcación de Villa de Pozos, serán el marco normativo en lo que su Consejo Municipal o en su defecto el nuevo Ayuntamiento, ya una vez que se tengan elecciones y se conforme, puedan emitir sus documentos, que vayan sustituyendo a los que estarían en vigor, como parte transitoria”.
Fernández Martínez indicó que para el Congreso del Estado, el proceso legislativo relacionado con el proceso de municipalización de la Delegación de Villa de Pozos continúa, ya que la suspensión que otorgó el Juzgado Federal es muy clara y no interviene dicho proceso.
“La suspensión es muy clara, que no interviene en el proceso que está llevando a cabo el Congreso del Estado, salvo en la parte final, que es la emisión del decreto. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo. Hoy el Congreso ya forma parte de un juicio en el que tiene la obligación y el derecho de aportar los elementos suficientes para que el juzgador pueda tomar una decisión apegada a derecho y con toda la información suficiente”.
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Congreso del Estado
Guajardo exhortará a municipios a crear sistemas de justicia cívica
El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.
La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.
Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.
El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
. “Imagínense cuántas carpetas de investigación tenemos en la Fiscalía General del Estado con este tipo de problemas”, advirtió.La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.
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Congreso del Estado
Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil
El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México
Por: Redacción
Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.
Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.
Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.
Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.
Congreso del Estado
Propone Sara Rocha iniciativa para mejorar Ley de Atención a Víctimas
Se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio
Por: Redacción
Con el fin de garantizar el acceso a asesoría jurídica especializada, visibilizar el feminicidio y los derechos de las personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas, y la población afromexicana, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso una iniciativa para reformar disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.
Explicó que con estas reformas, se busca una armonización con lo establecido en la Ley General de Víctimas, en lo relacionado con la ampliación de las garantías procesales en cuanto al acceso efectivo a la justicia, la debida diligencia y el acompañamiento humanitario de las víctimas; así como dotar de mayor inclusión, visibilización y enfoque diferencial en las políticas públicas de atención a las personas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas.
Asimismo, se busca subsanar una deuda histórica de protección en materia de violencia de género, al incluir explícitamente el delito de feminicidio en el catálogo de supuestos que exigen esquemas prioritarios de protección estatal.
Esta adición armoniza nuestra legislación con las obligaciones suscritas por el Estado Mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
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