Congreso del Estado
Congreso aprobó la creación de la Guardia Civil para SLP
Todas las bancadas apoyaron la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo, que podrá tener un mando militar
Por: Karina González
Por unanimidad, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación de la Guardia Civil que propuso el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, asimismo, se aprobó la propuesta para la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; ambas instituciones podrán tener un mando militar, siempre y cuando esté bajo licencia de su cargo.
Edmundo Torrescano, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la dictamen con proyecto de decreto al Pleno, donde aseguró que la estructura de ambas instituciones de seguridad son esquemas de trabajo que van a garantizar la tranquilidad a las familias potosinas.
Posterior a ello, en la participación en el debate, todas las bancadas dieron su respaldo a la propuesta de la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la primera en hacer uso de la voz fue la diputada Dolores Eliza García Román del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quien reconoció que con esta iniciativa la seguridad dejará de centralizarse en la zona metropolitana del estado y cada una de las regiones de San Luis Potosí tendrá oficiales capacitados para recuperar la paz social.
A este posicionamiento se sumó René Oyarvide, diputado del Partido del Trabajo (PT) quien lamentó que desde hace 18 años se abandonó la seguridad en el estado, por lo que resaltó que estas nuevas instituciones se va a salvaguardar el orden público y además, se va a involucrar tanto a las corporaciones de seguridad como a la ciudadanía y permitirá mejores condiciones laborales para los policías, lo que permitirá que se comprometan con su trabajo.
En la participación de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Rubén Guajardo Barrera aseguró que si bien, son una bancada de oposición al gobierno en turno, son conscientes “que ser oposición no es rechazar lo que vulnere a la gente, sino apoyar lo que haga bien”, por lo que adelantó que su bancada estaría votando a favor de la propuesta del gobierno estatal; incluso celebró que esta iniciativa promovida por Ricardo Gallardo escuchó a todas las voces, tanto de los diputados, policías, abogados y académicos a quienes se tomó en consideración para hacer modificaciones que fortalecieron la iniciativa a fin de garantizar mejore instituciones. Asimismo, destacó que estos modelos de seguridad podrán tener un mando militar, siempre y cuando, puntualizó, se adquiera una licencia especial que le permita ejercer como mando civil 
Alejandro Leal Tobías, en representación de los priístas detalló en los mandos militares, que no necesariamente deberá ser un militar en retiro, sino que podrá ser un mando militar con licencia especial para dirigir ya sea la Guardia Civil o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin dejar de lado el objetivo de la proximidad social para que la ciudadanía confíe en sus elementos policiacos y así, que las instituciones puedan prevenir delitos. Además, por parte de Movimiento Ciudadano, la diputada Ema Idalia Saldaña Guerrero destacó que cada vez es más notorio que la prevención de los delitos exige estrategia e inteligencia y un uso adecuado de herramientas tecnológicas.
El último en participar fue el diputado de Morena, Cuauhtli Badillo quien señaló que el problema más grave del país es el flagelo de la inseguridad pública que desde hace décadas hay niveles intolerables de inseguridad.
Agregó que para que los sistemas de seguridad funcionen necesitan ser confiables para la población y aseguró que esto se logrará con la capacitación constante, misma que se contempla dentro de la Guardia Civil, ya que tiene los mismos lineamientos que la Guardia Nacional, “hoy esta propuesta del gobierno estatal es una estrategia para devolver la seguridad a los potosinos. La seguridad debe ser una prioridad de los gobiernos”, indicó.
Cabe señalar que desde el mes de diciembre, con la aprobación del presupuesto para ele ejercicio fiscal del 2022 para el gobierno de San Luis Potosí, el Congreso del Estado aprobó un monto de 350 millones de pesos como presupuesto para que la Guardia Civil iniciara el combate frontal a la delincuencia.
En la sesión estuvieron presentes funcionarios de primer nivel, Guadalupe Torres Sánchez, Secretario General de gobierno; Guzmar Ángel González Castillo, secretario de Seguridad Pública del Estado; el coronel Urban Ocampo, director de Seguridad Pública y José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado.
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La iniciativa busca medidas de apoyo para madres y padres adolescentes, además de ajustes razonables para personas con discapacidad en el sistema educativo estatal.
Por: Redacción
Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para dar visibilidad a las personas que pertenecen a algún grupo de atención prioritaria, y para impulsar medidas que motiven a quienes se convierten en padres a temprana edad a continuar y concluir sus estudios.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que la contraparte de la permanencia escolar es la deserción, y citó cifras del INEGI según las cuales la tasa de abandono escolar ha crecido alrededor de 20.6% desde 2022, con mayor afectación en educación media superior y superior.
La legisladora indicó que muchas personas que abandonan sus estudios pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, y que convertirse en padres a edad temprana suele orillar a los estudiantes a truncar su vida escolar.
La reforma propone ajustes razonables para personas con discapacidad, como adaptación de mobiliario, rampas, pisos podotáctiles, timbres, alarmas y barandales, así como gestionar ante las instancias correspondientes adecuaciones al transporte escolar y público. También plantea políticas para eliminar barreras y facilitar el acceso, la reincorporación y la permanencia escolar de madres y padres adolescentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Rosas Montiel afirmó que el tratado prevé revisiones anuales durante una década, en momentos en que Estados Unidos mantiene aranceles a acero y aluminio.
Por: Redacción
Luis Emilio Rosas Montiel, diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, afirmó que existe un buen avance en las revisiones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en las mesas de negociación entre los tres países, con el objetivo de mantener las bases del comercio en la región de Norteamérica.
Rosas Montiel recordó que se estableció que el T-MEC mantendrá su vigencia por 10 años, a través de un mecanismo de revisiones anuales que permitirá a las tres naciones evaluar de forma constante su implementación.
“En las mesas de negociación se estableció un tiempo de 10 años, con una revisión anual y aquí de lo que se trata es de establecer las bases para que haya un comercio fuerte en la región de Norteamérica, no creo que vaya a existir nuevos aranceles a diversos productos, sino lo que se busca es la disminución de los que ya están en marcha”, afirmó el diputado.
El legislador recalcó que se trata de un tratado importante para toda la región de Norteamérica, ya que el 80 por ciento de las exportaciones de México se dirige a Estados Unidos, con un peso centrado en la industria automotriz.
“El 80 por ciento de lo que exportamos es hacia Estados Unidos, y lo que se estará centrando es la cuestión automotriz, y en los aceros, aluminios es donde han centrado los aranceles”, sostuvo Rosas Montiel.
El T-MEC entró en vigor en julio de 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras un proceso de renegociación entre los gobiernos de los tres países. El tratado contempla una revisión conjunta a los seis años de su entrada en vigor, con posibilidad de prórroga hasta por 16 años más si las tres naciones lo ratifican.
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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.
La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.
Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.
El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.
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