Congreso del Estado
Congreso aprobó la creación de la Guardia Civil para SLP
Todas las bancadas apoyaron la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo, que podrá tener un mando militar
Por: Karina González
Por unanimidad, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación de la Guardia Civil que propuso el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, asimismo, se aprobó la propuesta para la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; ambas instituciones podrán tener un mando militar, siempre y cuando esté bajo licencia de su cargo.
Edmundo Torrescano, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la dictamen con proyecto de decreto al Pleno, donde aseguró que la estructura de ambas instituciones de seguridad son esquemas de trabajo que van a garantizar la tranquilidad a las familias potosinas.
Posterior a ello, en la participación en el debate, todas las bancadas dieron su respaldo a la propuesta de la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la primera en hacer uso de la voz fue la diputada Dolores Eliza García Román del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quien reconoció que con esta iniciativa la seguridad dejará de centralizarse en la zona metropolitana del estado y cada una de las regiones de San Luis Potosí tendrá oficiales capacitados para recuperar la paz social.
A este posicionamiento se sumó René Oyarvide, diputado del Partido del Trabajo (PT) quien lamentó que desde hace 18 años se abandonó la seguridad en el estado, por lo que resaltó que estas nuevas instituciones se va a salvaguardar el orden público y además, se va a involucrar tanto a las corporaciones de seguridad como a la ciudadanía y permitirá mejores condiciones laborales para los policías, lo que permitirá que se comprometan con su trabajo.
En la participación de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Rubén Guajardo Barrera aseguró que si bien, son una bancada de oposición al gobierno en turno, son conscientes “que ser oposición no es rechazar lo que vulnere a la gente, sino apoyar lo que haga bien”, por lo que adelantó que su bancada estaría votando a favor de la propuesta del gobierno estatal; incluso celebró que esta iniciativa promovida por Ricardo Gallardo escuchó a todas las voces, tanto de los diputados, policías, abogados y académicos a quienes se tomó en consideración para hacer modificaciones que fortalecieron la iniciativa a fin de garantizar mejore instituciones. Asimismo, destacó que estos modelos de seguridad podrán tener un mando militar, siempre y cuando, puntualizó, se adquiera una licencia especial que le permita ejercer como mando civil y apegado a los derechos humanos; además que a quienes delinquen se les permitirá después de cumplir sus condenas, acceder al derecho de la reinserción social.
Alejandro Leal Tobías, en representación de los priístas detalló en los mandos militares, que no necesariamente deberá ser un militar en retiro, sino que podrá ser un mando militar con licencia especial para dirigir ya sea la Guardia Civil o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin dejar de lado el objetivo de la proximidad social para que la ciudadanía confíe en sus elementos policiacos y así, que las instituciones puedan prevenir delitos. Además, por parte de Movimiento Ciudadano, la diputada Ema Idalia Saldaña Guerrero destacó que cada vez es más notorio que la prevención de los delitos exige estrategia e inteligencia y un uso adecuado de herramientas tecnológicas.
El último en participar fue el diputado de Morena, Cuauhtli Badillo quien señaló que el problema más grave del país es el flagelo de la inseguridad pública que desde hace décadas hay niveles intolerables de inseguridad.
Agregó que para que los sistemas de seguridad funcionen necesitan ser confiables para la población y aseguró que esto se logrará con la capacitación constante, misma que se contempla dentro de la Guardia Civil, ya que tiene los mismos lineamientos que la Guardia Nacional, “hoy esta propuesta del gobierno estatal es una estrategia para devolver la seguridad a los potosinos. La seguridad debe ser una prioridad de los gobiernos”, indicó.
Cabe señalar que desde el mes de diciembre, con la aprobación del presupuesto para ele ejercicio fiscal del 2022 para el gobierno de San Luis Potosí, el Congreso del Estado aprobó un monto de 350 millones de pesos como presupuesto para que la Guardia Civil iniciara el combate frontal a la delincuencia.
En la sesión estuvieron presentes funcionarios de primer nivel, Guadalupe Torres Sánchez, Secretario General de gobierno; Guzmar Ángel González Castillo, secretario de Seguridad Pública del Estado; el coronel Urban Ocampo, director de Seguridad Pública y José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado.
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Congreso del Estado
Diputados defienden apoyos para gasolina en el Congreso de SLP
Rubén Guajardo afirmó que los recursos están presupuestados desde 2024 y que los traslados son proporcionales a la región de cada diputado
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado del V distrito, defendió los apoyos para gasolina que reciben las diputadas y diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí, argumentando que el presupuesto para el año 2025 —aprobado desde diciembre— ya contempla los recursos destinados a ese gasto.
“No ha habido aumentos al presupuesto. Incluso, son muy claros los gastos que se dan mes con mes. Es una herramienta que se le da a los diputados y es proporcional al lugar donde fueron electos u originarios”, expresó Guajardo.
Como ejemplo, comparó los gastos que realiza él en sus actividades dentro de la capital,
con los del diputado Marcelino Rivera, quien debe trasladarse una o dos veces por semana desde San Martín Chalchicuautla hasta la sede del Congreso del Estado.Guajardo Barrera enfatizó la transparencia del uso de estos recursos, aunque el salario mensual neto de los diputados asciende a 97 mil 046.60 pesos, según lo documentado en un artículo de El Sol de San Luis publicado en febrero de 2025.
Finalmente, Guajardo afirmó que desconoce cuál es el problema en torno al tema, pues considera que todo está claro y justificado dentro del marco del presupuesto aprobado.
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Congreso del Estado
Congreso de SLP iniciará análisis de la Ley de Movilidad
El diputado Emilio Rosas mencionó que comenzarán mesas de trabajo con colectivos, dependencias de gobierno estatal, Agenda Ambiental de la UASLP y el Colsan
Por: Redacción
En las próximas semanas, se llevarán a cabo las Mesas de Trabajo donde participará la Comisión de Movilidad y Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, autoridades de Gobierno del Estado y colectivos ciclistas, para la revisión de la iniciativa ciudadana en materia de movilidad, manifestó el diputado Emilio Rosas Montiel.
“A partir de una convocatoria que haga la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado, se irá citando a distintas dependencias, a distintos municipios para hacer un trabajo de perfección de la ley y después se ingresará al Congreso del Estado y el Congreso es quien tiene que hacer la consulta. Entonces vamos en marcha”.
Señaló que también se incluirá la agenda ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como las opiniones del Colegio de San Luis y el Gobierno del Estado.“Entonces se ha avanzado mucho, no es fácil, sabemos que los tiempos, la demanda, la exigencia ciudadana no para y es justa y es legítima, pero lo importante es que vamos en la ruta para que salga la ley de movilidad y sobre todo que salga bien, que sea una ley que sí se aplique”.Indicó que es importante contar con el consenso previo, sumar voces y saber las opiniones técnicas de cada dependencia, así como de los municipios, ya que el centro de la nueva legislación es la seguridad
vial”.
“Entonces lo que queremos es que cada quien sepa bien cuál es su competencia, SEDUVOP, SEGAM, Secretaría de Seguridad Pública, municipios, y que estemos listos para dar una verdadera transformación de cómo vivimos nuestra convivencia en el tránsito”.
Finalmente, el legislador dijo que entre los colectivos de la sociedad civil que estarían participando se encuentran: Pedaleando, Pensar, Imaginar y Hacer Ciudad, y Derechos Urbanos, entre otros.
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Congreso del Estado
Necesario garantizar derechos de personas en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación
La diputada Martha Patricia Aradillas presentó una iniciativa para eliminar lo relacionado al internamiento involuntario
Por: Redacción
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios y a la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.
De acuerdo con la NOM 028, el tema del ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC.
Anteriormente, el procedimiento para internar a una persona en contra de su voluntad consistía en lo siguiente: un médico determinaba la existencia de una enfermedad debido a la cual la persona podría representar un “peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. Un tercero que podía ser familiar, tutor o representante legal solicitaba el internamiento. La persona era internada por tiempo indefinido”.
Existía la obligación de dar aviso al Ministerio Público, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los médicos valoraran la pertinencia de continuar o suspender el tratamiento hospitalario. Innegablemente este “procedimiento traía consigo una serie de supresiones de derechos humanos y garantías”.
La privación ilegal de la libertad es un delito en el cual un particular priva a otro de su libertad sin su consentimiento, realizando o no actos de violencia.
Es por ello que resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.
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