abril 1, 2026

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Congreso del Estado

Congreso aprobó la creación de la Guardia Civil para SLP

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Todas las bancadas apoyaron la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo, que podrá tener un mando militar

Por: Karina González

Por unanimidad, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación de la Guardia Civil que propuso el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, asimismo, se aprobó la propuesta para la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; ambas instituciones podrán tener un mando militar, siempre y cuando esté bajo licencia de su cargo.

Edmundo Torrescano, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la dictamen con proyecto de decreto al Pleno, donde aseguró que la estructura de ambas instituciones de seguridad son esquemas de trabajo que van a garantizar la tranquilidad a las familias potosinas.

Posterior a ello, en la participación en el debate, todas las bancadas dieron su respaldo a la propuesta de la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la primera en hacer uso de la voz fue la diputada Dolores Eliza García Román del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quien reconoció que con esta iniciativa la seguridad dejará de centralizarse en la zona metropolitana del estado y cada una de las regiones de San Luis Potosí tendrá oficiales capacitados para recuperar la paz social.

A este posicionamiento se sumó René Oyarvide, diputado del Partido del Trabajo (PT) quien lamentó que desde hace 18 años se abandonó la seguridad en el estado, por lo que resaltó que estas nuevas instituciones se va a salvaguardar el orden público y además, se va a involucrar tanto a las corporaciones de seguridad como a la ciudadanía y permitirá mejores condiciones laborales para los policías, lo que permitirá que se comprometan con su trabajo.

En la participación de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Rubén Guajardo Barrera aseguró que si bien, son una bancada de oposición al gobierno en turno, son conscientes “que ser oposición no es rechazar lo que vulnere a la gente, sino apoyar lo que haga bien”, por lo que adelantó que su bancada estaría votando a favor de la propuesta del gobierno estatal; incluso celebró que esta iniciativa promovida por Ricardo Gallardo escuchó a todas las voces, tanto de los diputados, policías, abogados y académicos a quienes se tomó en consideración para hacer modificaciones que fortalecieron la iniciativa a fin de garantizar mejore instituciones. Asimismo, destacó que estos modelos de seguridad podrán tener un mando militar, siempre y cuando, puntualizó, se adquiera una licencia especial que le permita ejercer como mando civil

y apegado a los derechos humanos; además que a quienes delinquen se les permitirá después de cumplir sus condenas, acceder al derecho de la reinserción social.

Alejandro Leal Tobías, en representación de los priístas detalló en los mandos militares, que no necesariamente deberá ser un militar en retiro, sino que podrá ser un mando militar con licencia especial para dirigir ya sea la Guardia Civil o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin dejar de lado el objetivo de la proximidad social para que la ciudadanía confíe en sus elementos policiacos y así, que las instituciones puedan prevenir delitos. Además, por parte de Movimiento Ciudadano, la diputada Ema Idalia Saldaña Guerrero destacó que cada vez es más notorio que la prevención de los delitos exige estrategia e inteligencia y un uso adecuado de herramientas tecnológicas.

El último en participar fue el diputado de Morena, Cuauhtli Badillo quien señaló que el problema más grave del país es el flagelo de la inseguridad pública que desde hace décadas hay niveles intolerables de inseguridad.

Agregó que para que los sistemas de seguridad funcionen necesitan ser confiables para la población y aseguró que esto se logrará con la capacitación constante, misma que se contempla dentro de la Guardia Civil, ya que tiene los mismos lineamientos que la Guardia Nacional, “hoy esta propuesta del gobierno estatal es una estrategia para devolver la seguridad a los potosinos. La seguridad debe ser una prioridad de los gobiernos”, indicó.

Cabe señalar que desde el mes de diciembre, con la aprobación del presupuesto para ele ejercicio fiscal del 2022 para el gobierno de San Luis Potosí, el Congreso del Estado aprobó un monto de 350 millones de pesos como presupuesto para que la Guardia Civil iniciara el combate frontal a la delincuencia.

En la sesión estuvieron presentes funcionarios de primer nivel, Guadalupe Torres Sánchez, Secretario General de gobierno; Guzmar Ángel González Castillo, secretario de Seguridad Pública del Estado; el coronel Urban Ocampo, director de Seguridad Pública y José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado.

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Congreso del Estado

Destaca Frinné Azuara perfil y capacidad de diálogo de Ángeles Rodríguez como Secretaria General

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Subraya su formación, experiencia y compromiso con la atención ciudadana

Por: Redacción

La diputada local Frinné Azuara Yarzábal reconoció el nombramiento de la Ingeniera Ángeles Rodríguez Aguirre como Secretaria General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, al considerar que su perfil garantiza una conducción institucional con apertura, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía.

La legisladora resaltó la capacidad de diálogo y construcción de acuerdos de Rodríguez Aguirre, así como su experiencia en distintas áreas de la administración municipal, lo que le permite tener una visión integral de las necesidades de la Capital y de la operación del gobierno.

Azuara Yarzábal señaló que la nueva Secretaria General cuenta con una formación sólida y una vocación de servicio que serán fundamentales para fortalecer la coordinación institucional y atender con eficacia las demandas de la población, por lo que confió en que su desempeño dará resultados positivos para San Luis Potosí.

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Congreso del Estado

Exhorta Congreso a organismos operadores de agua a mayor participación social

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Tambien se exhorta a la CEA para que brinde apoyo, asesoría, seguimiento y supervisión a las instancias municipales

Por: Redacción

La diputada Nancy Jeanine García Martínez, impulsa un Punto de Acuerdo con la finalidad de exhortar a las instancias responsables de los servicios de agua potable, para que integren y pongan en funcionamiento los consejos consultivos como órganos de participación social y ciudadana, con el propósito de fortalecer la articulación de las políticas públicas en la materia.

 

Asimismo, se exhorta a la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado, en su carácter de autoridad normativa, para que brinde apoyo, asesoría, seguimiento y supervisión a las instancias municipales y organismos operadores descentralizados, a fin de garantizar la adecuada integración y el funcionamiento efectivo de los consejos consultivos.

 

En su exposición de motivos la legisladora – presidenta también de la Comisión legislativa del agua- señala que está establecido en la Ley General de Aguas, que los tres órdenes de gobierno deberán promover la participación de todos los sectores sociales involucrados en el manejo y cuidado del agua, así como establecer mecanismos de participación ciudadana incluyentes, públicos y transparentes.

 

Asimismo, que las autoridades están obligadas a proporcionar información de manera oportuna, accesible, completa, gratuita y comprensible, a fin de garantizar el derecho a la participación en la gestión del agua, facilitando el diálogo y condiciones equitativas.

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Congreso del Estado

Congreso busca sancionar pesca ilícita y combatir contaminación

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En la Zona Huasteca es escenario de métodos depredatorios de pesca y el río Axtla sufre de contaminación indiscriminada

Por: Redacción

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado a fin de dotar al Estado de instrumentos penales específicos y reforzados para combatir la contaminación, la modificación ilícita de cauces y la pesca ilícita en ríos y cuerpos de agua interiores, con énfasis en la Huasteca potosina y en particular en la cuenca del río Axtla, sin perder de vista el conjunto de ríos y sistemas acuáticos que bañan a los municipios de la región.

Con esta reforma, se busca desalentar el uso de métodos de pesca depredatorios, promover el respeto a las vedas establecidas para especies como la acamaya, proteger la biodiversidad acuática y garantizar la continuidad de actividades económicas y culturales vinculadas al agua, en beneficio de las generaciones presentes y futuras del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social manifestó que la región huasteca es reconocida a nivel nacional e internacional por sus ríos de aguas claras, cascadas y atractivos ecoturísticos, entre los que sobresalen los sistemas de los ríos Axtla, Tampaón, Gallinas y Moctezuma, que constituyen un patrimonio natural fundamental para el Estado y para el país.

Dentro de este sistema hídrico, la cuenca del río Axtla se ha convertido en un caso emblemático por la creciente presión que enfrenta, no solo por descargas y contaminación, sino también por prácticas de pesca indiscriminada y métodos depredatorios empleados por particulares en sus márgenes y afluentes. Diversas notas periodísticas y reportes ciudadanos recientes han documentado mortandad de peces, deterioro de la calidad del agua y preocupación social  por las afectaciones al río Axtla, lo que ha motivado incluso la instalación de comités de cuenca e intervenciones de autoridades ambientales para atender la problemática.

La iniciativa contempla incorporar un tipo penal de pesca ilícita dentro del Capítulo relativo a los delitos contra el ambiente, como artículo 295 Bis, a continuación del actual artículo 295 que ya tutela cuerpos de agua, humedales y cauces. Asimismo, se propone una reforma al artículo 295 para visibilizar de forma expresa la protección reforzada que merecen los ríos, lagunas, humedales y cuerpos de agua de la región Huasteca Potosina, sin alterar el catálogo de conductas punibles ya previstas en dicho artículo.

Las sanciones propuestas en el nuevo artículo 295 Bisuno a cuatro años de prisión y trescientos a dos mil días multa en su tipo básico; tres a ocho años de prisión y mil quinientos a cuatro mil días multa en los supuestos agravados— guardan proporcionalidad con el resto de los delitos ambientales previstos en el Código Penal estatal y con el estándar federal para delitos contra la biodiversidad.

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