Ciudad
Con obra, Xavier Nava paga favores políticos
Uno de cada tres proyectos municipales, son para favorecer al “Chato” López y caciques
Por: Roberto Rocha
El abogado Carlos Covarrubias Rendón acusó ayer en rueda de prensa que las obras realizadas por la administración de Xavier Nava Palacios en la zona de Tierra Blanca solo buscan llevar a la modificación del uso de suelo en ese sector de la ciudad, esto en beneficio de los constructores Carlos “El Chato” López Medina y Alejandro Tamayo Ibarra.
En total, del paquete de 82 obras públicas declaradas por el gobierno de Nava Palacios, que se iniciaron entre octubre y diciembre del año pasado, 29 fueron en Tierra Blanca. Covarrubias Rendón dijo que “Xavier Nava hace obras de relumbrón para cambiar el uso de suelo. Le decimos claramente que nos decepciona”.
Esas 29 obras representan más de la tercera parte del total de los proyectos que inició el Ayuntamiento en todo el municipio. Para obras en la zona de Tierra Blanca, que corresponde a la comunidad de San Juan de Guadalupe, la administración que encabeza Xavier Nava Palacios ha invertido 13 millones 397 mil 69 pesos con 60 centavos.
El abogado, que representa a comuneros de Tierra Blanca y San Juan de Guadalupe, mencionó en rueda de prensa que el alcalde Xavier Nava ya decidió hacer el cambio de uso de suelo en los terrenos de esas comunidades, sin que hasta el momento se haya modificado el Plan del Centro de Población Estratégico para San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Covarrubias Rendón presentó a La Orquesta documentos en los que las empresa Espacios en el Horizonte SA de CV e Inmobiliaria Cañada de Lobos, propiedad de Alejandro Tamayo Ibarra, entregaron como prueba a la Procuraduría Agraria una decisión tomada en sesión de cabildo del 28 de febrero de 2013, durante la administración de Mario García Valdez, en la que se aceptaba la viabilidad del proyecto, pero no se autorizaba el cambio de uso de suelo en esa parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexas Tierra Blanca y San Miguelito. “La sacaron del escombro del Plan de Desarrollo de Mario García Valdez”, dijo Covarrubias Rendón.
La prueba de Espacios en el Horizonte SA de CV e Inmobiliaria Cañada de Lobos, que no tiene efectos legales al no existir el cambio de uso de suelo, es parte de una solicitud de opinión de la Procuraduría Agraria, sobre la cesión de 2 mil 64 hectáreas de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, a la sociedad mercantil de nombre Reserva San Luis SA de CV, también propiedad de Tamayo Ibarra.
Con esos antecedentes, Covarrubias Rendón explicó que existe ya una convocatoria para que la comunidad de San Juan de Guadalupe determine en asamblea la cesión, aún no autorizada de esos terrenos, para el próximo 13 de enero, algo que no puede hacerse debido a que no se ha cambiado el uso de suelo.
“Que no nos sorprenda que en la próxima sesión de cabildo se actualice el Plan de Población en San Juan de Guadalupe y sea autorizado el cambio de uso de suelo, es necesario si se quieren aventar la asamblea del 13 de enero”, dijo el representante de las comunidades. “Ya se escucha en el fondo la música de romance que se están dedicando Xavier Nava y los constructores, que ya tienen su idea de cómo será el municipio para 2020, 2030 y 2040”.
Para Covarrubias Rendón y sus representados, comuneros de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, lo que realiza el Ayuntamiento de Xavier Nava y los desarrolladores de vivienda, con las construcciones municipales en Tierra Blanca es “una guerra de baja intensidad”, con la que buscan la apropiación de esos terrenos a partir del asistencialismo manipulable, a través de la obra pública, “para lo que usan toda la fuerza del estado, la inteligencia. Al final, el resultado que buscan es que los hijos de los comuneros no estén inconformes con la cesión de los terrenos a empresas particulares”.
En respuesta a las obras del Ayuntamiento, Xavier Nava Palacios obtendría de Alejandro Tamayo Ibarra y Carlos “El Chato” López Medina favores políticos: “Nava espera ser gobernador en 2021, en su entorno hay desarrolladores de vivienda, que de alguna u otra manera significaron la suma de recursos para su triunfo electoral del 1 de julio pasado. Los desarrolladores de La Garita pusieron dinero en el cochinito de la campaña de Xavier Nava, quien ahora funge como facilitador para esas empresas”.
Los avalúos que Tamayo Ibarra y López Medina han hecho a las tierras comunales en San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito dan un costo por metro cuadrado en esos terrenos de 83.63 pesos, mientras que en la misma zona, en Club de Golf La loma, Desarrollo del Pedregal, Residencial La Tenería o Peña Blanca, venden en costos superiores a los 10 mil pesos el metro cuadrado. “Con la cesión de derechos a las constructoras, ellos controlan el 60 por ciento de la escritura social, tiene todo el peso específico. Así le van a hacer, esto genera movilidad financiera para poder vender al precio que les venga en gana”.
Eso mismo se busca en otros sectores de la ciudad, de acuerdo con Covarrubias Rendón. “Además del proceso en Tierra Blanca, el equipamiento en varias zonas como La Pila lleva el objetivo de transferir ‘obra’ por impuestos”.
“Las ganancias para el sector empresarial serán del 60% y de los comuneros del 40%, desde luego sin que exista opinión emitida sobre el proyecto de desarrollo, ni tampoco se conozca fielmente el manejo financiero del proyecto esto será controlado al gusto de los fraccionadores”, explica un documento enviado por comuneros de San Juan de Guadalupe al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Además, Covarrubias Rendón mencionó que es necesario revisar quiénes son los constructores que la administración municipal asignó directamente, sin proceso de licitación, para las 29 obras que realiza el Ayuntamiento en la zona de Tierra Blanca, pues seguramente serían de inversionistas ligados a “El Chato” López y a la empresa Century 21, propiedad de Tamayo Ibarra.
El defensor de los comuneros de Tierra Blanca y San Juan de Guadalupe además dijo que es una afrenta que la administración municipal no considere una declaratoria de protección a esa zona de la ciudad.
LA MISMA HISTORIA
Covarrubias Rendón ejemplificó para La Orquesta que el tratamiento que las desarrolladoras de vivienda y las autoridades municipales quieren hacer en Tierra Blanca es una réplica de lo ocurrido hace años en La Garita de Jalisco.
En aquel momento, hace más de 25 años, además de la creación de obra pública en aquella parte de la ciudad, se había prometido entregar dos terceras partes del terreno en donación para reservas ecológicas, explicó el abogado. “Pero este es el negocio del siglo. Pasaron por encima de quien gobernaba la ciudad y San Luis Potosí les quedó chiquito”. Al final, siguieron fraccionando hasta que la reserva de La Garita fue reducida a cero.
“Por eso, el edificio del Poder Judicial de la Federación está en los fraccionamientos de la Garita; allá hay también hay terrenos a destinar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, todo esto como pago de favores tras el uso del que era entonces una zona protegida. En aquel momento, los navistas eran regidores, cuando el terreno tenía 200 hectáreas de reserva ecológica”.
Para San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, de las 2 mil 64 hectáreas, Reserva San Luis SA de CV, del “Chato” López y Alejandro Tamayo, pretende poner solamente 720 hectáreas vendibles, con la promesa de otorgar el resto, dos terceras partes, a reservas ecológicas, pero con la intención de ir reduciendo esa reserva conforme avance la venta de terrenos, explicó el abogado.
AMLO, UNA SALIDA
Comuneros de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito entregaron al presidente López Obrador un texto en el que explican la situación en esa zona de la ciudad y le solicitan que investigue a la directora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Agraria, Alejandrina Gámez Rey, acerca de su actuación en este caso y se le destituya en caso de que se le encuentre responsable de alguna ilegalidad.
Además que se investigue a la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), por su actuar respecto a las tierras de la comunidad de San Juan de Guadalupe y que la Procuraduría Agraria declare la nulidad de la asamblea comunal del próximo 13 de enero, para aportar las tierras de uso común de esas localidades a Reserva San Luis SA de CV.
“Los empresarios señalados, encabezados por Carlos López Medina, intentaron acercarse a Usted en su última visita a nuestra Ciudad, y desplegaron una estrategia para obtener una opinión favorable para constituir la “Inmobiliaria Reserva” ante la Procuraduría Agraria”, menciona el texto enviado por comuneros al presidente López Obrador, el 8 de enero de 2019.
“No se trata de que “El Chato” le dé un dossier a Esteban Moctezuma Barragán y se tome una foto con López Obrador detrás”, dijo Carlos Covarrubias Rendón. “Ya su equipo tiene una carta y Andrés Manuel nos tiene que escuchar, es un asunto muy serio, tendría que ser un escándalo nacional”.
“Tenemos mucha fe en que se resolverá en favor de los comuneros de San Juan de Guadalupe”, mencionó Covarrubias Rendón, “en la rueda de prensa de ayer nos reunimos muchos grupos de comuneros, algo que no es nada fácil: estaba el Grupo Emiliano Zapata, el grupo de Aniceto Jasso y la Familia García, quienes han peleado por sus tierras por muchos años, por ejemplo”.
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Ciudad
Ni cacería ni periodistas: El riesgo de consagrar la calumnia anónima
El periodismo se defiende con el método; la simulación destruye el derecho a saber
En los últimos días, San Luis Potosí se ha visto inmerso en un debate tan enconado como confuso tras la detención de personas vinculadas a diversas páginas de Facebook e involucradas en procesos del orden penal.
Mientras que las narrativas oficiales encuadran los hechos estrictamente en la persecución de delitos tecnológicos y comunes, diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión a nivel nacional e internacional han alertado de inmediato sobre una presunta “cacería” en contra de voces críticas.
Ante este escenario, este medio de comunicación fija una postura clara, rigurosa y desprovista de corporativismos: la libertad de expresión es un derecho inalienable de los ciudadanos, pero el periodismo no puede ser utilizado como patente de corso ni como un escudo de impunidad para el anonimato calumnioso.
El periodismo no se define por el soporte tecnológico ni por el volumen de interacciones en una red social; el periodismo se define por su método.
Nuestra profesión descansa en la verificación factual, el contraste de fuentes, el apego a los géneros periodísticos —la nota, la crónica, el reportaje— y, sobre todo, en la responsabilidad ética y legal de firmar con nombre y apellido lo que se publica, garantizando siempre el derecho constitucional de réplica.
Confundir la gestión de comunidades digitales de ataque o la difusión anónima de contenidos sin sustento con el ejercicio de la prensa libre es un grave error de diagnóstico.
Cuando organizaciones defensoras de comunicadores omiten auditar la naturaleza y la responsabilidad editorial de los cascarones que defienden, terminan desprotegiendo al periodista real.
Lejos de salvaguardar el derecho a la información, se fomenta un ecosistema donde la denostación secreta queda blindada, dejando a la sociedad en la indefensión y diluyendo el valor de quienes arriesgan la vida ejerciendo el oficio de manera honesta y transparente.
Debemos entender que la desinformación no es solo mentira; es una arquitectura emocional, algorítmica y económica diseñada para capturar atención, polarizar sociedades y erosionar la confianza pública.
En nuestra región, este fenómeno es doblemente peligroso. La vulnerabilidad de San Luis Potosí y de toda Latinoamérica frente a la desinformación aumenta exponencialmente debido a la desigualdad educativa, la hiperpolitización, la concentración mediática, la dependencia tecnológica extranjera y el consumo masivo de información vía plataformas cerradas como WhatsApp, donde el origen de los datos se difumina y la rendición de cuentas desaparece.
Por ello, exigimos a las autoridades locales actuar con estricto apego a la legalidad, con total transparencia procesal y sin utilizar los tipos penales de forma selectiva u oportuna para silenciar disidencias legítimas.
Las causas penales ordinarias deben resolverse en los tribunales bajo el debido proceso, no en la arena del martirizadero mediático.
Al mismo tiempo, llamamos al gremio y a los colectivos de derechos humanos a una profunda autocrítica: defender la libertad de prensa exige, primero, saber distinguir el periodismo de la propaganda y de la difamación oculta. Validar la simulación solo acelera la degradación del debate público. El periodismo en San Luis Potosí se defiende con la verdad, con la metodología y de frente a la ciudadanía; nunca desde las sombras.
Hacerle creer a organismos nacionales e internacionales de protección al periodismo que Eréndira Reyes Aguillón, su hija Alejandra Hermosillo y el hasta ahora desconocido personaje de Christian Herrera —detenido por participar en el asalto a una farmacia— son “víctimas” de una persecución del Estado en su contra, es una medida oportunista sostenida en una narrativa tramposa, equivocada y peligrosa.
Equiparar a un medio de comunicación serio —con estructura, reporteros, directorio, ubicación física y registros legales ante la SHCP, el Indautor y el IMPI— con simples páginas o comunidades anónimas de Facebook, es un error gravísimo de criterio. Al proteger sin mayor contexto a personas que no ejercen la profesión ni sus métodos, las organizaciones internacionales desvirtúan su propio propósito, fomentando colateralmente la calumnia, la irresponsabilidad editorial y el impulso a las noticias falsas con autores ocultos.
Eso no es periodismo y, por lo tanto, no se le puede cobijar en los mismos términos.
El código penal potosino, desde el 2009, no resuelve los delitos contra el honor a través de la vía penal, sino por la vía civil. Por lo tanto, si la Fiscalía y el Poder Judicial de San Luis Potosí consideraron tener elementos para la integración de una carpeta de investigación que derivó en la ejecución de una orden de aprehensión de tipo penal con medidas precautorias, es claro que no se les acusa ni persigue como consecuencia de ningún acto relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión.
De no ser así, y si los personajes mencionados fueron apresados arbitrariamente, sin procedimiento, sin una denuncia o bajo imputaciones de cárcel por delitos que no lo ameritan, entonces exigimos al Estado su inmediata liberación.
Pero si están respondiendo ante la ley por asaltar una farmacia, por fraudes o por cualquier otra conducta delictiva, demandamos que se les aplique la norma: que vayan a juicio, que ejerzan su derecho a la defensa y, de encontrarse culpables, se les castigue. Igual que a cualquier otro ciudadano, de forma rápida y expedita.
Ser reportero, periodista, o llamarse así a conveniencia, no es un manto protector ni un salvoconducto para estar por encima de la ley.
Por último, sobre la lista de diez o más reporteros contra los que se presume existen órdenes de aprehensión, hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes: al órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado, a sus mandos medios, a la titular de la institución y a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, para que expliquen públicamente cómo es que documentos de carácter reservado terminaron circulando en las redes.
No solo en este, sino en todos los casos, es un despropósito estructural que las investigaciones y órdenes de captura estén a disposición de los acusados o fluyan en listas informales escritas por cualquiera.
El Poder Judicial y la Fiscalía deben responder y aclarar esta filtración si es que responde a la verdad.
De otra forma y si se comprueba que no existen tales órdenes de aprehensión en contra de periodistas locales —argumento con el que se sostiene la narrativa de la “cacería”—, entonces la sociedad y autoridad debe exigir cuentas a los promotores de este engaño.
Manipular la opinión pública, saturar a la autoridad con solicitudes de amparo sin sustento real y utilizar tramposamente a los organismos protectores para generar un blindaje injustificado, es un acto de profunda irresponsabilidad.
Tengamos las cosas claras: El periodismo se firma; el delito se juzga.
Jorge Francisco Saldaña Hernández
Director General de LaOrquesta MX
Ciudad
Atención profesional de autismo en Centro LIBEMOR
LIBEMOR: Un espacio dedicado al desarrollo emocional de niñas y niños
Por: Redacción
Con el propósito de brindar un espacio y atención profesional al desarrollo emocional y neuropsicológico de niñas y niños potosinos, el Centro LIBEMOR abre sus puertas para ofrecer un enfoque integral y humano a la comunidad infantil que presenta y desarrolla algunas sintomatologías y otras relacionada con el Autismo, manifestó su Directora General Jessica Ivonne Díaz de León Bugdud.
Destacó la profesionista con maestría y diplomados en Atención Psicológica en el tratamiento y atención oportuna del Autismo, que la experiencia ha demostrado que vivimos en una sociedad donde muchos padres de familia se enteran de manera tardía de que alguno de sus hijos sufre y padece comportamientos derivados del Autismo.
Esto ha generado, señaló la profesionista, una relativa incorporación de niñas y niños al ámbito social y educativo. Jessica Díaz de León destacó que el autismo provoca aislamiento y comportamientos diferentes a los demás
, sin embargo, tratado en tiempo y forma, su inclusión o su adaptación al entorno social se desarrolla de manera sana y natural.El nuevo Centro LIBEMOR, estará ubicado en Cañada de Ermita No. 108 en Lomas del Tecnológico en San Luis Potosí en horario de atención corrido a partir de las 9.00 horas y hasta las 20 hrs.
Este espacio de vínculo con la sociedad potosina, se pondrá en marcha a partir de las 11.00 horas AM del sábado 30 de mayo de este año y estarán presentes autoridades del Sistema Educativo Estatal Regular SEER, así como directores, maestras, maestros y representantes de planteles educativos.
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Ayuntamiento de SLP
Encabeza Enrique Galindo las mejoras de la Colonia Obispado
El alcalde acudió a supervisar la operación del pozo de agua potable, que con trabajos de mantenimiento incrementó la producción de agua
Por: Redacción
En la Colonia Obispado, el sitio 566 que visita el Programa Capital al 100, el alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó una serie de trabajos para mejorar las condiciones de esa zona de la ciudad, además de escuchar y dar respuesta a peticiones de la población en materia de infraestructura y servicios.
Con el respaldo de los vecinos, trabajadores municipales hicieron labores de limpieza, poda de árboles y arreglo de áreas verdes, pintura de señalética y rehabilitación del alumbrado público, entre otras.
En un recorrido por la zona, Enrique Galindo acudió a supervisar la operación del pozo de agua potable, que con trabajos de mantenimiento incrementó la producción de agua de 34 a 38 litros por segundo, con lo que mejoró el abasto a esta y otras colonias aledañas.
Asimismo, en respuesta a la petición de varios vecinos, Galindo Ceballos giró instrucciones para que la Dirección de Obras Públicas atendiera problemas de bacheo en diversas calles de la colonia.
Durante la jornada, la Instancia Municipal de las Mujeres ofreció servicios de orientación y asesoría contra la violencia familiar; mientras que personal de la Secretaría de Seguridad Pública atendió peticiones para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos para mayor tranquilidad de las familias que habitan este sector de la Capital.
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