Las empresas inmobiliarias deberán dejar de descargar sus aguas residuales al río Calabacillas y liberar el acceso a la Sierra de San Miguelito

Por: Bernardo Vera

El pasado 13 de junio, los comuneros de la zona conocida como “San Marcos Carmona” en el municipio de Mexquitic de Carmona, obtuvieron cuatro suspensiones definitivas en los juicios ambientales en defensa del río Calabacillas, así como su derecho sobre tierras y aguas. Esto significa que las empresas fraccionadoras que operan en ese sector, dejarán de descargar sus residuos y suspenderán las obras que afecten el cauce natural del afluente, además de facilitar el acceso que impedía el tránsito de los pobladores a la Sierra de San Miguelito.

Este ordenamiento fue dictado por José de Jesús Rosales Silva, juez tercero de distrito del noveno circuito judicial, que deberá ser acompañado obligatoriamente por las autoridades municipales de Mexquitic de Carmona, por la Comisión Estatal del Agua, y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del gobierno del estado de San Luis Potosí. Así mismo, deberá garantizar el acceso de los habitantes de la comunidad a la Sierra de San Miguelito, ya que personal de seguridad privada de los fraccionamientos les impedía el paso a las zonas de uso común, donde obtienen medios para su subsistencia, recolección de bienes naturales y realización de actividades como pastoreo y recreativas.

Las y los habitantes de esta comunidad habían denunciado que las empresas inmobiliarias que se instalaron, realizaban descargas de aguas residuales domésticas al río Calabacillas, esto de forma directa o a través de cárcamos que se han desbordado. Así mismo, denunciaron que personal de seguridad privada de los fraccionamientos residenciales han impedido el paso a la loma y a las zonas de la sierra, donde las y los comuneros obtenían bienes comunes de la naturaleza para subsistencia y venta, como tierra blanca, nopal, sotol, entre otros.

La comunidad de San Marcos Carmona ha recibido el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)

, que promovió cuatro juicios de amparo: uno para habitantes en general; otro por los derechos específicos de las mujeres que en torno al río bordan, pastorean y/o socializan; uno más a petición de niñas y niños de la comunidad que reivindican su derecho al juego, al esparcimiento, a crecer en un entorno saludable; y un juicio en el que se reclama el reconocimiento del río como sujeto de derechos.

De acuerdo a la información proporcionada por la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP, las inmobiliarias habrían actuado en conjunto con agentes de seguridad supuestamente estatales, y habrían respondido con amenazas y agresiones. Entre ellas, se mencionó el uso de armas largas y operativos donde los elementos no se identifican. Mientras que la empresa “Promotora y Proyectos Proaljo”, interpuso una querella por la vía penal contra las y los representantes del comité comunal de San Marcos Carmona, debido al derribo de una barda que la empresa valúa entre 6 y 8 millones de pesos.

La Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP señaló mediante un comunicado que “con numerosas irregularidades en el proceso, la fiscal Perla Correa y el juez Penal Juan de Dios Flores, han planteado condenar a dos de los dirigentes del movimiento. El juez dicto una sentencia condenatoria cuya pena será individualizada el 14 de junio de 2023”.

El pasado miércoles 15 de febrero de 2023, el Juzgado tercero de distrito en el noveno circuito, concedió la suspensión provisional, en favor de las personas quejosas y del río. Mientras que el 13 de junio obtuvieron la suspensión definitiva.

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