La Fiscalía iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria que demuestren la acusación

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República informa que en este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debe cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia.

En este caso, hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las Leyes aplicables en la materia, es obligación de esta Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida, con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.

De manera paralela, esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.

Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.

No obstante, el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país.

De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados.

Además, es necesario referir que la propia solicitud de los Estados Unidos de América requiere que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada, no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió con este caso en particular, por propio dicho de las autoridades estadounidenses.

Lo anterior toma en cuenta, de acuerdo con la propia misiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan.

La propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida.

Por otra parte, la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.

Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la Ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de Derecho, así como los derechos y las garantías de las personas requeridas, que al igual que en el Estado requiriente, son inalienables.

Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie.

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Serán turnadas a la FGR, aunque en los documentos no se anexan pruebas

Por: Redacción

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el 28 de abril a las 18 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.

Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición

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Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.

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Rubén Rocha Moya es señalado de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir numerosas cantidades de narcóticos en Estados Unidos

Por: Redacción

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una acusación en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve políticos de dicho estado por presunto tráfico de droga y ofensas con armas relacionadas.

En el comunicado publicado, se acusó a Rocha Moya de presuntamente asociarse con el Cártel de Sinaloa con el objetivo de distribuir cuantiosas cantidades de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos.

Además del gobernador sinaloense, fueron acusados el senador Enrique Inzunza; Enrique Díaz, antiguo secretario de Administración y Finanzas; el subprocurador Dámaso Castro; el comisario de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza y su predecesor Alberto Contreras.

Asimismo, en la lista se incluyeron los nombres de Gerardo Mérida, antiguo secretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela, comandante de la policía de Culiacán.

Jay Clayton, fiscal del distrito sur de Nueva York (donde se efectuó la acusación), aseguró que el Cártel de Sinaloa no sería capaz de operar con la libertad y el éxito con el que lo han hecho si no tuvieran a políticos en sus filas.

Dentro de la acusación, se señaló que Rocha Moya tendría estrechos vínculos con “Los Chapitos”, facción dominada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes lo impulsaron a ganar la gubernatura en 2021 mediante las amenazas a sus opositores, llegando incluso a secuestrarlos.

A cambio, el gobernador les habría prometido protección para que pudieran exportar drogas a los Estados Unidos, así como permitirles operar libremente dentro de Sinaloa una vez que se hizo con el poder.

Por su parte, a otros funcionarios se les denuncia por haber participado directamente en las operaciones del Cártel de Sinaloa. Por ejemplo, a Juan Valenzuela se le investiga por, a cambio de mil 600 dólares, haber dado acceso libre a los narcotraficantes a la Policía de Culiacán que él comanda, así como poner a su disposición a oficiales municipales.

Rubén Rocha Moya no tardó en manifestarse a través de su cuenta de X, donde rechazó “categórica y absolutamente” las acusaciones en su contra, alegando que se trata de aseveraciones sin veracidad ni fundamento.

Añadió que no solo se trata de una ataque hacia su persona, sino “al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.

El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

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