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¿Cómo fue el 9M en San Luis Potosí?
Miles de potosinas dejaron sus labores para mostrar lo que sucede cuando el machismo las hace desaparecer a través del movimiento #UnDíaSinMujeres
Por: Redacción
La protesta contra la violencia de género no se detuvo en las marchas del pasado domingo, sino que siguió ayer, como se había avisado, con el paro nacional de mujeres, con el que millares de potosinas, como ocurrió en todo el país, dejaron sus labores a un lado para mostrar, simbólicamente y por unas horas, lo que sucede cuando el machismo las haces desaparecer.
Sin embargo, el paro pareció permear más entre instituciones públicas que en el sector privado, puesto que la mayoría de las empresas sí tuvieron labores femeninas. A pesar de que la convocatoria buscaba que las mujeres, sin restricción de edad, no asistieran a los espacios que ocupaban con normalidad, pocos fueron los sitios que en realidad evidenciaron la ausencia de las mujeres.
Entre los lugares donde hubo mayor ausentismo están las oficinas de gobierno, como las de la Secretaría de Finanzas, la cual tuvo que detener labores en sus oficinas de Muñoz y donde el 63 por ciento de la plantilla de recaudación es ocupada por mujeres.
De igual forma hubo un ausentismo marcado en el Congreso del Estado, donde además de las 13 legisladoras, más de 150 mujeres trabajadoras del Congreso faltaron a sus labores para unirse al paro. Dicha cifra corresponde a casi el 100 por ciento del número total de mujeres que laboran en la actual legislación.
Sin embargo, dicha ausencia no se sintió de la misma forma en el sector productivo, tal es el caso de la Plaza de la Mujer en el Centro Histórico de la capital donde la mayoría de los locales, que casi en su totalidad son atendidos por mujeres, estaban abiertos.
A pesar de ello, las mujeres que laboraron este 9M tuvieron su propia forma de sumarse a la protesta, tal es el caso de las trabajadoras de la joyería “Nadier” donde las dependientes asistieron a sus labores de forma normal, pero utilizaron una banda en la cabeza color morado, como forma de sumarse a las peticiones por mayor igualdad y una mejora en la seguridad.
“Abrieron la tienda y pues no podemos faltar, es nuestro trabajo pero sí las apoyamos, esto no fue una medida de la administración, lo decidimos nosotras las trabajadoras”, aseguró Angélica Hernández.
Otro de los espacios que no pasó por la ausencia de su plantilla de mujeres fueron las chocolaterías Costanzo, donde las dependientes decidieron sumarse apoyando con una playera otorgada por la administración.
“De todos modos tenemos que salir a trabajar, ¿qué estoy haciendo en la casa?, debo ser productiva y apoyo con mi playera. Sí quiero más seguridad, pero no puedo quedarme en mi casa sin hacer nada“, dijo Martina Cabrera, trabajadora de Costanzo, quien aseguró que el uso de playeras moradas o el faltar al trabajo fue una elección de cada trabajadora: “fue libre, puedes faltar o usar la camisa fue decisión de cada quien”.
Otro espacio con plantilla predominantemente de mujeres es la oficina de UrbanPass donde se laboró de forma normal con la asistencia de las administradoras sin ninguna diferencia.
MUCHAS OTRAS PROTESTAS
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí no tiene «un protocolo establecido» para atender la violencia de género al interior del gremio de taxistas, dijo la representante de las mujeres taxistas en la capital potosina, Mónica Rodríguez, quien se manifestó en las oficinas de la SCT para pedir por acciones afirmativas de género y una solución contra la discriminación de género que han sufrido las trabajadoras del transporte.
De acuerdo con Mónica Rodríguez, la manifestación de alrededor de 20 mujeres taxistas en las oficinas de la SCT la mañana de este lunes, fue para exigir acciones afirmativas en materia de género las cuales, sí se contemplan en la ley, pero «las mujeres del gremio no las alcanzamos a observar».
«En cuestión de género en el transporte, no se ha cumplido con lo básico, como las políticas públicas en este sentido», dijo Mónica Rodríguez, quien aseveró que «los compañeros taxistas nos acosan, nos fotografían, hacen circular en redes sociales nuestras imágenes, nos señalan y nos critican y no nos permiten hacer trámites de concesiones para taxis de forma tranquila».
Mónica Rodríguez comentó que en la actualidad existe una plantilla de más de 500 mujeres taxistas en San Luis Potosí y que se busca que el número de mujeres concesionadas aumente, pero dicha meta se ha visto truncada por el acoso de los hombres taxistas desde que salió la convocatoria de 2020 en febrero pasado.
«Nos reunimos con el secretario para comentarle nuestras demandas y él solo dijo que acata lo que dice la ley, pero nuestra opinión es diferente, esperamos que haya una autoridad que lo resuelva», agregó Mónica Rodríguez quien agregó que «a menos que sea dentro de las unidades de servicio, la secretaría no tiene ningún mecanismo para señalar a los compañeros que nos han acosado».
Por su parte, Verónica Portillo, una de las mujeres taxistas que se manifestó en la SCT está mañana, comentó en entrevista que existen compañeras a las que incluso las han intentado atacar con los vehículos: «nos están aventando los carros, es su enojo porque queremos que nos incluyan, nosotros vamos a solicitar la concesión, pero nos agreden, nos señalan en redes sociales y sin fundamento, solo solicitamos un derecho a trabajar».
Verónica Portillo agregó que las taxistas están en desventaja ante la Secretaría pues «los hombres taxistas llevan más de diez o veinte años con estas concesiones, nosotras tenemos menos de un año, apenas nos estamos incorporando y por eso venimos a exponer la desigualdad que sufrimos en esta convocatoria».
«No se pueden dar el 50 por ciento de las concesiones a mujeres taxistas, porque no hay 50 por ciento de mujeres taxistas», respondió el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, al respecto de la manifestación de mujeres taxistas que se presentaron en las oficinas de la SCT en Muñoz, quienes solicitaron que se cumpla ley en materia de paridad de género y pidieron mejores condiciones para poder acceder a una concesión para taxi.
De acuerdo con Chávez Méndez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoya la causa feminista y la lucha por la paridad de género, pero nada se puede hacer en materia de concesiones, pues «la convocatoria es ya abierta, convocatoria que da oportunidad a ambos géneros y que no limita a nadie».
El secretario comentó que no tenía el dato sobre cuántas mujeres consiguieron acceder a una concesión para taxi el año pasado, pero aseguró que «las que cumplieron son las que lo consiguieron».
El titular de la SCT confirmó que la vía del amparo por parte de las mujeres taxistas inconformes es una posibilidad latente que podrían aplicar en búsqueda de conseguir la igualdad y dijo que «nosotros responderemos a esos amparos como lo hemos hecho siempre».
Por su parte, la exoficial del Registro Civil Teresa Carrizales plantó un campamento a las afueras de la casa de gobierno.
Carrizales argumentó que no planea dejar el lugar hasta obtener la resolución de Jorge Vega, titular de la CEAV, respecto a la participación del alcalde Xavier Nava, en el desalojo violento que sufrió a mediados del año pasado.
“NO QUEREMOS VICTIMIZAR AL CONGRESO”
«Borrar una pinta es cuestión de causa y efecto y el tema de seguridad no es así, no es conductista», aseguró en entrevista el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, ante la pregunta de si el gobierno puede brindar justicia expedita en temas de feminicidio tan pronto como pone en marcha equipos para borrar las pintas del pleno del Congreso.
Juárez Córdova explicó a medios de comunicación las razones por las cuales se busca con rapidez limpiar las pintas que hicieron grupos feministas en la marcha del 8M: «me decían algunos ‘¿por qué se limpia?’, bueno se limpia porque tal vez alguien en un momento lo realiza, pero no queremos victimizar al Congreso y también hay gente partidaria de esta movilización y gente que no, no se trata de polarizar a la sociedad».
Según el diputado, la sociedad debe analizar «con cierta responsabilidad» que no es lo mismo la acción de borrar una pinta resultado de las protestas y resolver temas de seguridad que «son más complejos».
El legislador priista dijo que las políticas públicas en materia de seguridad y prevención no son como «moverle a un apagador» y que se trabaja desde el Congreso del Estado para mejorar la situación de las potosinas.
«Hay situaciones que son muy complejas, hay que trabajarlos, se está de acuerdo en los reclamos» dijo Juárez Córdova, quien agregó que el Congreso buscará tener un diálogo abierto con las integrantes de los movimientos.
MUJERES PERIODISTAS SE REVELARON CONTRA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
El Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas en San Luis Potosí manifestó su postura en contra de la de la violencia de género ejercida por las instituciones en el estado, en donde protestaron sobre la realidad social, política, democrática y económica de las mujeres.
En el comunicado argumentaron lo siguiente:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL 8M Y 9M: Levantando la voz contra la violencia de género ejercida por las instituciones.
En una ciudad donde las pintas se mandan cubrir o borrar con calidad de urgencia y los carteles de protesta se arrancan en la primera oportunidad, el relato periodístico de los movimientos sociales queda entre los recursos para preservar la memoria histórica.
Las y los periodistas cumplimos con un trabajo, pero también asumimos la responsabilidad de con ello dar forma a la opinión ciudadana, entre otras cosas, sobre las causas de protesta, los hechos violentos, la realidad social, política, democrática, económica de nuestras ciudades.
En el marco de las actividades relacionadas con el 8M y 9M en San Luis Potosí, en esta colectiva independiente de mujeres periodistas consideramos necesario recordarles, pero también recordarnos a quienes integramos el gremio periodístico, que nuestro trabajo también cumple una función fiscalizadora para con las instituciones en cuanto a la violencia contra las mujeres, su acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
Consideramos necesario recordar a Odalys, a Mitzi, a Ana Karina, a Viviana, a Karla y a otras víctimas, cuyos casos han hecho parte de nuestros relatos, porque al contarlas y al dibujarlas y al preguntar por ellas, de alguna forma, también estamos escribiendo nuestra historia.
Porque si mañana nos toca:
-No queremos que revelen información que nos estigmatice y nos cargue la culpa de habernos convertido en víctimas: http://bit.ly/2TCK7mo
-No queremos que filtren imágenes de nuestros cuerpos: http://bit.ly/2TBg52c
-No queremos que su corrupción nos impida el acceso a la justicia: http://bit.ly/2VXtByQ
-No queremos ser blanco de sus conductas misóginas: http://bit.ly/332aSUh
-No queremos que nos persigan o criminalicen por protestar ante su indolencia y la falta de resultados para garantizar nuestros derechos: http://bit.ly/330Wn34
Queremos seguir contando historias y vamos a seguir haciendo preguntas que los incomoden. Que los obliguen a calzarse nuestros zapatos y los de las víctimas. Vamos a continuar exhibiendo su indolencia, sus omisiones y todas las veces que nos respondan con sorna.
Hasta que cumplan y, hasta entonces, que a nadie se le olvide.
Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
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La entidad registró 625 muertes fetales durante 2025 y alcanzó una tasa de 81.3 casos por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años, la más alta entre las 32 entidades
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí ocupó en 2025 el primer lugar nacional en la tasa de defunciones fetales, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El estado alcanzó una tasa de 81.3 muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, por encima de la media nacional de 58.9, lo que representa una diferencia de aproximadamente 38 por ciento.
Con esta cifra, San Luis Potosí se colocó ligeramente por encima de Ciudad de México, que registró una tasa de 81.0, y Durango, con 80.2. En contraste, las tasas más bajas se observaron en Oaxaca, con 25.7; Campeche, con 29.5, y Sinaloa, con 31.1.
En términos absolutos, el INEGI contabilizó 625 muertes fetales en San Luis Potosí durante 2025, de las cuales 492 correspondieron a la captación tradicional y 133 fueron casos complementarios captados por la Secretaría de Salud e incorporados en formato digital.
Los 625 casos representan alrededor de 3 por ciento de las 20 mil 741 muertes fetales registradas en todo el país durante el año. Sin embargo, el volumen absoluto debe leerse junto con la tasa, debido a las diferencias de población entre las entidades. Es precisamente la tasa la que coloca a San Luis Potosí como la entidad con mayor incidencia registrada en el país.
Las complicaciones del embarazo, entre las principales causas
A nivel nacional, las afectaciones al feto relacionadas con factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto representaron la principal causa, con 45.6 por ciento de las defunciones fetales.
Le siguieron otros trastornos originados en el periodo perinatal, con 24.8 por ciento, y los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, con 11.9 por ciento.
En conjunto, las dos primeras categorías representan más de 70 por ciento de las defunciones fetales registradas en el país.
Otro de los datos que dimensiona el fenómeno es la atención durante el embarazo.
En México, 79.6 por ciento de las mujeres cuyo embarazo terminó en una muerte fetal recibió atención médica prenatal, mientras que 17 por ciento no recibió atención y en 3.4 por ciento de los casos no se especificó.
Entre las mujeres que sí acudieron a consulta, 63.9 por ciento recibió entre una y cinco consultas; 30.6 por ciento tuvo entre seis y diez; 3.2 por ciento entre 11 y 15 y porcentajes menores reportaron más consultas.
Del total de muertes fetales registradas en México durante 2025, 80.5 por ciento ocurrió antes del parto, 18.3 por ciento durante el parto y en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el momento.
Por edad gestacional, el mayor porcentaje de las muertes fetales correspondió a embarazos de 20 a 27 semanas, con 39 por ciento de los casos.
Después estuvieron los embarazos de 28 semanas o más, con 32.7 por ciento, y aquellos de 12 a 19 semanas, con 28.2 por ciento.
Además, 65.2 por ciento de los productos que fallecieron tenía un peso menor a mil un gramos, mientras que los casos con peso de entre 4 mil 001 y 5 mil gramos representaron apenas 1.1 por ciento.
El fenómeno tampoco se concentra exclusivamente en embarazos de mujeres de mayor edad.
Los grupos de mujeres de 20 a 24 y de 25 a 29 años representaron cada uno 23.4 por ciento de los casos a nivel nacional. Juntos concentraron 46.8 por ciento.
Si se agrega el grupo de 30 a 34 años, que representó 20 por ciento, estos tres grupos acumularon 66.8 por ciento de las muertes fetales.
El reporte también muestra un perfil social de las mujeres cuyos embarazos terminaron en muerte fetal: 53 por ciento vivía en unión libre y 23.4 por ciento estaba casada. En cuanto a escolaridad, secundaria y preparatoria concentraron conjuntamente 64 por ciento de los casos.
Además, 64.9 por ciento declaró no trabajar y 31.7 por ciento sí tenía actividad económica.
También lee: Hombres, mayoría de las víctimas de accidentes y homicidios en SLP: INEGI
En su libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “recristianización” de Occidente
Por: Haniel Valdés
Raúl Tortolero, presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, presentó en entrevista con La Orquesta su más reciente libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, en el que llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “contrarrevolución cultural” y una “recristianización” de Occidente frente a lo que describe como el avance de ideologías de izquierda.
La propuesta de Tortolero parte de una idea bastante amplia de lo que significa ser de derecha: su organización, explicó, realiza iniciativas de ley, manifestaciones, protestas y hasta oración pública para defender los llamados “valores cristianos”. El objetivo, dijo, no sería únicamente ganar elecciones, sino transformar culturalmente a Occidente, al que considera “invadido por ideologías de izquierda muy perniciosas para la fe, para la familia, para la vida, para la propiedad privada”.
Sobre el público al que dirige el libro, afirmó que está escrito “para la clase trabajadora”, aunque aclaró que no usa esa categoría en sentido marxista: “si tú trabajas estás con nosotros”, dijo, y puso como ejemplo a albañiles, plomeros, electricistas, meseras y enfermeras, pero también contadores, abogados, filósofos y empresarios. Sostuvo que es esa “clase trabajadora cristiana” —y no los gobiernos— la que debe protagonizar el cambio que propone: “no lo van a hacer los cambios nada más los presidentes o los gobernadores o los alcaldes”.
El autor contrastó su propuesta con el marxismo, al que acusó de usar a los pobres “como base electoral” y “como fuerza de choque”. Citó el Manifiesto Comunista de 1848 para sostener que Karl Marx llamaba a los trabajadores a una revolución violenta contra los ricos: “solamente la mente de un psicótico puede concebir tal locura”, afirmó. Como contraparte, citó el pasaje bíblico de Mateo 25:40 como base de lo que llamó una ayuda a los pobres “con valores cristianos” y no “con fines de explotación electoral”.
Acusó a la izquierda de utilizar a los pobres mediante programas sociales para mantenerlos dependientes del gobierno y sostuvo que, en lugar de entregar apoyos, deberían impulsarse créditos para que las familias puedan abrir negocios pequeños. En su lista aparecieron papelerías, pollerías, carnicerías, barberías, zapaterías, fondas y hasta pequeñas farmacias.
Tortolero descartó que Nueva Derecha busque construir un partido político propio. Dijo que su intención es que las plataformas existentes —”mientras no sea Morena”— retomen sus ideas. Como antecedente, afirmó que planteamientos de un libro suyo previo, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, fueron retomados en campaña por Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia, cuando este llamó a “expulsar la ideología de género de las aulas” y “volver a poner a Dios al centro de la vida”.
El autor se declaró militante panista y sostuvo que el Partido Acción Nacional nació en 1939 abierto a todos los sectores sociales, no solo al empresarial. Acusó a la izquierda de instalar la idea de que “si eres del PAN es porque eres rico” para desalentar el voto de la clase trabajadora, y llamó a ese partido a “retomar” las ideas de Nueva Derecha para disputarle a Morena el respaldo de los sectores populares.
Uno de los ejes del libro, dijo Tortolero, es lo que llama “geopolítica cristiana”: una lectura de las relaciones internacionales basada en valores religiosos compartidos y no en factores “comerciales, económicos o armamentistas”
En esa lógica, Tortolero dijo esperar que Jair Bolsonaro gane las elecciones de octubre en Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “pillo”, y que la oposición mexicana recupere la mayoría del Congreso en 2027. Para 2030, mencionó a Ricardo Salinas Pliego como posible “candidato ciudadano” capaz de unificar a los partidos opositores frente a Morena.
Su “nueva derecha”, explicó, tampoco sería una defensa del dinero por encima de todo. Rechazó una derecha “elitista” y dijo que su propuesta no es “economista”, “comercialista”, “monetarista” ni “liberal”. En su lugar, propuso una derecha que “pone a Dios al centro de la vida”.
Tortolero cuestionó la interpretación del Estado laico en México. Sostuvo que ese principio “únicamente” implica que no hay una religión oficial, pero no impide a los funcionarios públicos vivir su fe de manera explícita. Acusó que los ministros de culto en el país son “ciudadanos de segunda” porque la ley les exige renunciar a su ministerio religioso para poder ser candidatos a un cargo de elección popular, restricción que atribuyó al “juarismo”. También criticó el uso de la figura de Quetzalcóatl como emblema por parte del gobierno federal —entre ellos por Andrés Manuel López Obrador en 2021— y sostuvo que un país cristiano debería usar en su lugar “un Cristo o una Virgen de Guadalupe”.
Consultado sobre las primeras decisiones que tomaría un gobierno alineado con la “derecha popular”, Tortolero ubicó como prioridad “respetar la libertad de expresión”. Afirmó haber aparecido en “listas negras” publicadas, dijo, tanto por funcionarios del gobierno mexicano como por el expresidente colombiano Gustavo Petro, y sostuvo que México es “el país donde más periodistas asesinados hay en todo el mundo” y también “donde más sacerdotes católicos son asesinados”.
Otro de los objetivos de esta “recristianización” serían las universidades. Tortolero aseguró que algunos jóvenes ingresan a ellas con determinados valores y salen apoyando el aborto, el feminismo o los movimientos LGBT. Desde su perspectiva, las instituciones educativas tendrían que recuperar una orientación acorde con los valores cristianos de la mayoría de la población mexicana.
Más que un programa de gobierno tradicional, Derecha Popular presenta así una visión política en la que la religión funciona como punto de partida para explicar desde la pobreza y el trabajo hasta la educación, las elecciones y las relaciones internacionales. Una propuesta que, por momentos, parece tener una respuesta cristiana para prácticamente cualquier problema político.
También lee: Gobierno de SLP ofrece devolver dinero por cobros en trámite de identidad trans
Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.
El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.
De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.
Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.
El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.
También lee: “La postura ha quedado clara”: SGG reitera rechazo a Monterrey VI
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