agosto 28, 2026

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¿Cómo fue el 9M en San Luis Potosí?

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9M

Miles de potosinas dejaron sus labores para mostrar lo que sucede cuando el machismo las hace desaparecer a través del movimiento #UnDíaSinMujeres

Por: Redacción

La protesta contra la violencia de género no se detuvo en las marchas del pasado domingo, sino que siguió ayer, como se había avisado, con el paro nacional de mujeres, con el que millares de potosinas, como ocurrió en todo el país, dejaron sus labores a un lado para mostrar, simbólicamente y por unas horas, lo que sucede cuando el machismo las haces desaparecer.

Sin embargo, el paro pareció permear más entre instituciones públicas que en el sector privado, puesto que la mayoría de las empresas sí tuvieron labores femeninas. A pesar de que la convocatoria buscaba que las mujeres, sin restricción de edad, no asistieran a los espacios que ocupaban con normalidad, pocos fueron los sitios que en realidad evidenciaron la ausencia de las mujeres.

Entre los lugares donde hubo mayor ausentismo están las oficinas de gobierno, como las de la Secretaría de Finanzas, la cual tuvo que detener labores en sus oficinas de Muñoz y donde el 63 por ciento de la plantilla de recaudación es ocupada por mujeres.

De igual forma hubo un ausentismo marcado en el Congreso del Estado, donde además de las 13 legisladoras, más de 150 mujeres trabajadoras del Congreso faltaron a sus labores para unirse al paro. Dicha cifra corresponde a casi el 100 por ciento del número total de mujeres que laboran en la actual legislación.

Sin embargo, dicha ausencia no se sintió de la misma forma en el sector productivo, tal es el caso de la Plaza de la Mujer en el Centro Histórico de la capital donde la mayoría de los locales, que casi en su totalidad son atendidos por mujeres, estaban abiertos.

A pesar de ello, las mujeres que laboraron este 9M tuvieron su propia forma de sumarse a la protesta, tal es el caso de las trabajadoras de la joyería “Nadier” donde las dependientes asistieron a sus labores de forma normal, pero utilizaron una banda en la cabeza color morado, como forma de sumarse a las peticiones por mayor igualdad y una mejora en la seguridad. 

“Abrieron la tienda y pues no podemos faltar, es nuestro trabajo pero sí las apoyamos, esto no fue una medida de la administración, lo decidimos nosotras las trabajadoras”, aseguró Angélica Hernández.

Otro de los espacios que no pasó por la ausencia de su plantilla de mujeres fueron las chocolaterías Costanzo, donde las dependientes decidieron sumarse apoyando con una playera otorgada por la administración. 

“De todos modos tenemos que salir a trabajar, ¿qué estoy haciendo en la casa?, debo ser productiva y apoyo con mi playera. Sí quiero más seguridad, pero no puedo quedarme en mi casa sin hacer nada“, dijo Martina Cabrera, trabajadora de Costanzo, quien aseguró que el uso de playeras moradas o el faltar al trabajo fue una elección de cada trabajadora: “fue libre, puedes faltar o usar la camisa fue decisión de cada quien”. 

Otro espacio con plantilla predominantemente de mujeres es la oficina de UrbanPass donde se laboró de forma normal con la asistencia de las administradoras sin ninguna diferencia. 

MUCHAS OTRAS PROTESTAS

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí no tiene «un protocolo establecido» para atender la violencia de género al interior del gremio de taxistas, dijo la representante de las mujeres taxistas en la capital potosina, Mónica Rodríguez, quien se manifestó en las oficinas de la SCT para pedir por acciones afirmativas de género y una solución contra la discriminación de género que han sufrido las trabajadoras del transporte.

De acuerdo con Mónica Rodríguez, la manifestación de alrededor de 20 mujeres taxistas en las oficinas de la SCT la mañana de este lunes, fue para exigir acciones afirmativas en materia de género las cuales, sí se contemplan en la ley, pero «las mujeres del gremio no las alcanzamos a observar».

«En cuestión de género en el transporte, no se ha cumplido con lo básico, como las políticas públicas en este sentido», dijo Mónica Rodríguez, quien aseveró que «los compañeros taxistas nos acosan, nos fotografían, hacen circular en redes sociales nuestras imágenes, nos señalan y nos critican y no nos permiten hacer trámites de concesiones para taxis de forma tranquila».

Mónica Rodríguez comentó que en la actualidad existe una plantilla de más de 500 mujeres taxistas en San Luis Potosí y que se busca que el número de mujeres concesionadas aumente, pero dicha meta se ha visto truncada por el acoso de los hombres taxistas desde que salió la convocatoria de 2020 en febrero pasado.

«Nos reunimos con el secretario para comentarle nuestras demandas y él solo dijo que acata lo que dice la ley, pero nuestra opinión es diferente, esperamos que haya una autoridad que lo resuelva», agregó Mónica Rodríguez quien agregó que «a menos que sea dentro de las unidades de servicio, la secretaría no tiene ningún mecanismo para señalar a los compañeros que nos han acosado».

Por su parte, Verónica Portillo, una de las mujeres taxistas que se manifestó en la SCT está mañana, comentó en entrevista que existen compañeras a las que incluso las han intentado atacar con los vehículos: «nos están aventando los carros, es su enojo porque queremos que nos incluyan, nosotros vamos a solicitar la concesión, pero nos agreden, nos señalan en redes sociales y sin fundamento, solo solicitamos un derecho a trabajar».

Verónica Portillo agregó que las taxistas están en desventaja ante la Secretaría pues «los hombres taxistas llevan más de diez o veinte años con estas concesiones, nosotras tenemos menos de un año, apenas nos estamos incorporando y por eso venimos a exponer la desigualdad que sufrimos en esta convocatoria».

«No se pueden dar el 50 por ciento de las concesiones a mujeres taxistas, porque no hay 50 por ciento de mujeres taxistas», respondió el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, al respecto de la manifestación de mujeres taxistas que se presentaron en las oficinas de la SCT en Muñoz, quienes solicitaron que se cumpla ley en materia de paridad de género y pidieron mejores condiciones para poder acceder a una concesión para taxi.

De acuerdo con Chávez Méndez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoya la causa feminista y la lucha por la paridad de género, pero nada se puede hacer en materia de concesiones, pues «la convocatoria es ya abierta, convocatoria que da oportunidad a ambos géneros y que no limita a nadie».

El secretario comentó que no tenía el dato sobre cuántas mujeres consiguieron acceder a una concesión para taxi el año pasado, pero aseguró que «las que cumplieron son las que lo consiguieron».

El titular de la SCT confirmó que la vía del amparo por parte de las mujeres taxistas inconformes es una posibilidad latente que podrían aplicar en búsqueda de conseguir la igualdad y dijo que «nosotros responderemos a esos amparos como lo hemos hecho siempre».

Por su parte, la exoficial del Registro Civil Teresa Carrizales plantó un campamento a las afueras de la casa de gobierno.

Carrizales argumentó que no planea dejar el lugar hasta obtener la resolución de Jorge Vega, titular de la CEAV, respecto a la participación del alcalde Xavier Nava, en el desalojo violento que sufrió a mediados del año pasado.

“NO QUEREMOS VICTIMIZAR AL CONGRESO”

«Borrar una pinta es cuestión de causa y efecto y el tema de seguridad no es así, no es conductista», aseguró en entrevista el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, ante la pregunta de si el gobierno puede brindar justicia expedita en temas de feminicidio tan pronto como pone en marcha equipos para borrar las pintas del pleno del Congreso.

Juárez Córdova explicó a medios de comunicación las razones por las cuales se busca con rapidez limpiar las pintas que hicieron grupos feministas en la marcha del 8M: «me decían algunos ‘¿por qué se limpia?’, bueno se limpia porque tal vez alguien en un momento lo realiza, pero no queremos victimizar al Congreso y también hay gente partidaria de esta movilización y gente que no, no se trata de polarizar a la sociedad».

Según el diputado, la sociedad debe analizar «con cierta responsabilidad» que no es lo mismo la acción de borrar una pinta resultado de las protestas y resolver temas de seguridad que «son más complejos».

El legislador priista dijo que las políticas públicas en materia de seguridad y prevención no son como «moverle a un apagador» y que se trabaja desde el Congreso del Estado para mejorar la situación de las potosinas.

«Hay situaciones que son muy complejas, hay que trabajarlos, se está de acuerdo en los reclamos» dijo Juárez Córdova, quien agregó que el Congreso buscará tener un diálogo abierto con las integrantes de los movimientos.

MUJERES PERIODISTAS SE REVELARON CONTRA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

El Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas en San Luis Potosí manifestó su postura en contra de la de la violencia de género ejercida por las instituciones en el estado, en donde protestaron sobre la realidad social, política, democrática y económica de las mujeres.

En el comunicado argumentaron lo siguiente:

INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL 8M Y 9M: Levantando la voz contra la violencia de género ejercida por las instituciones.

En una ciudad donde las pintas se mandan cubrir o borrar con calidad de urgencia y los carteles de protesta se arrancan en la primera oportunidad, el relato periodístico de los movimientos sociales queda entre los recursos para preservar la memoria histórica.

Las y los periodistas cumplimos con un trabajo, pero también asumimos la responsabilidad de con ello dar forma a la opinión ciudadana, entre otras cosas, sobre las causas de protesta, los hechos violentos, la realidad social, política, democrática, económica de nuestras ciudades.

En el marco de las actividades relacionadas con el 8M y 9M en San Luis Potosí, en esta colectiva independiente de mujeres periodistas consideramos necesario recordarles, pero también recordarnos a quienes integramos el gremio periodístico, que nuestro trabajo también cumple una función fiscalizadora para con las instituciones en cuanto a la violencia contra las mujeres, su acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

Consideramos necesario recordar a Odalys, a Mitzi, a Ana Karina, a Viviana, a Karla y a otras víctimas, cuyos casos han hecho parte de nuestros relatos, porque al contarlas y al dibujarlas y al preguntar por ellas, de alguna forma, también estamos escribiendo nuestra historia.

Porque si mañana nos toca:

-No queremos que revelen información que nos estigmatice y nos cargue la culpa de habernos convertido en víctimas: http://bit.ly/2TCK7mo

-No queremos que filtren imágenes de nuestros cuerpos: http://bit.ly/2TBg52c

-No queremos que su corrupción nos impida el acceso a la justicia: http://bit.ly/2VXtByQ

-No queremos ser blanco de sus conductas misóginas: http://bit.ly/332aSUh

-No queremos que nos persigan o criminalicen por protestar ante su indolencia y la falta de resultados para garantizar nuestros derechos: http://bit.ly/330Wn34

Queremos seguir contando historias y vamos a seguir haciendo preguntas que los incomoden. Que los obliguen a calzarse nuestros zapatos y los de las víctimas. Vamos a continuar exhibiendo su indolencia, sus omisiones y todas las veces que nos respondan con sorna.

Hasta que cumplan y, hasta entonces, que a nadie se le olvide.

Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.

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Denuncian presunto envenenamiento de perros en Charcas; exigen investigar

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La organización Eco Huellas pidió a las autoridades investigar los hechos, ante versiones de que el problema podría repetirse previo a eventos como de la Feria Nacional de Charcas

Por: Redacción

La organización protectora de animales Eco Huellas denunció públicamente reportes de un presunto envenenamiento masivo de perros en situación de calle en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, y exigió a las autoridades investigar los hechos.

A través de una publicación en redes sociales, la agrupación señaló que habitantes del municipio han reportado la muerte de varios perros; sin embargo, aclaró que hasta el momento no cuentan con pruebas que permitan identificar o responsabilizar directamente a alguna persona o autoridad por los hechos.

“Quienes realizan estos señalamientos reconocen no contar con pruebas que permitan afirmar quién es responsable y, por ello, sería irresponsable señalar directamente a una autoridad como autora de estos hechos sin una investigación que lo determine”, expuso la organización.

Eco Huellas cuestionó, sin embargo, qué acciones está implementando el Ayuntamiento para atender de manera permanente la presencia de perros y gatos en situación de calle.

La agrupación advirtió que la sobrepoblación animal no puede resolverse mediante la desaparición o muerte de los animales y consideró necesario establecer políticas públicas enfocadas en esterilización, rescate, adopción, educación sobre tutela responsable y protección animal

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De acuerdo con la publicación, algunos habitantes han señalado que este tipo de situaciones presuntamente no sería la primera vez que ocurre en fechas cercanas a eventos públicos, cuando existe interés por mostrar una imagen de “limpieza” en las calles del municipio.

No obstante, la organización insistió en que estas versiones deben ser investigadas antes de establecer responsabilidades

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La denuncia ocurre en el contexto de la realización de la Feria Nacional de Charcas (Fenachar), por lo que Eco Huellas pidió a quienes visiten el municipio observar la situación de los animales en las calles.

Para la organización, la presencia de perros en situación de calle es consecuencia de problemas que se han acumulado durante años, como el abandono, la falta de campañas de esterilización, la ausencia de educación sobre la responsabilidad que implica tener un animal y la falta de políticas públicas para controlar la población animal de manera humanitaria.

“Los perros callejeros no aparecen ni desaparecen de la nada”, señaló la agrupación.

Eco Huellas sostuvo que, en caso de comprobarse que los animales fueron eliminados para retirarlos de las calles, los hechos no podrían considerarse una solución al problema de sobrepoblación.

Finalmente, la organización hizo un llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que las autoridades intervengan ante la denuncia pública y se investigue lo ocurrido.

La agrupación pidió que la problemática de los animales en situación de calle sea atendida mediante estrategias permanentes y no únicamente con acciones temporales relacionadas con la realización de eventos o la imagen urbana del municipio.

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Bar Rich: acuerdo reparatorio avanza en el 70% de los casos

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Marco Polo Méndez dijo que ya hay acuerdo reparatorio en siete de los diez casos del Bar Rich

Por: Redacción

El 7 de junio de 2024 colapsó el barandal de una terraza del Bar Rich, en el Alttus Corporate Center & Plaza de San Luis Potosí, durante un concierto de música regional. Cerca de 20 personas cayeron desde más de 12 metros de altura; dos jóvenes, Manuel Alejandro Infante y Rodrigo Espinosa, murieron, y más de una decena resultó herida. El inmueble no contaba con autorización vigente de Protección Civil Municipal ni con el permiso especial requerido para el evento.

A dos años y dos meses de la tragedia, los procesos legales contra las tres personas detenidas por el caso continúan. El asesor jurídico de la defensa, Marco Polo Méndez Alonso, dijo a ese medio que de las diez víctimas reconocidas ya se llegó a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional con siete, lo que equivale a un avance del 70 por ciento.

Méndez Alonso afirmó que el caso se ha enfrentado a “jueces alineados al oficialismo” y sostuvo que se trata de “un hecho culposo, un accidente”, postura que corresponde a la defensa y no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Faltan por resolverse los casos de dos víctimas, entre ellas una persona con lesiones de consideración que continúa en recuperación. Los casos de los dos jóvenes fallecidos son los que, de no llegar a un acuerdo, podrían derivar en juicio. El delito por el que se procesa a los detenidos contempla penas de uno a cinco años de prisión; los tres acusados llevan dos años recluidos.

Hace algunos días, la Fiscalía ingresó a uno de los dos locales asegurados del bar sin notificar a las partes ni a los ofendidos, de acuerdo con la defensa, que dijo desconocer las causas de esa diligencia.

El abogado Antonio Rodríguez Rodríguez, también defensor en el caso, dijo a Plano Informativo que la cobertura mediática ha complicado el proceso: “se va remando contra la corriente” cuando la opinión pública influye en las decisiones judiciales, afirmó.

Hasta ahora no se ha sancionado a las autoridades que otorgaron los permisos para la operación de la plaza donde se ubica el bar, inmueble que, según Plano Informativo, continúa representando un riesgo para sus usuarios.

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Ciudad Valles blinda su territorio contra el fracking

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El Ayuntamiento publicó un reglamento que impide otorgar licencias y autorizaciones para infraestructura relacionada con la fractura hidráulica

Por: Redacción

Mientras el gobierno federal mantiene abierta la discusión sobre la posibilidad de aplicar la fractura hidráulica bajo criterios de sustentabilidad, Ciudad Valles decidió cerrar la puerta a esta técnica desde el ámbito de sus atribuciones municipales.

El Ayuntamiento vallense publicó el pasado 17 de agosto en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el Reglamento municipal para la protección del suelo y la prohibición de autorizaciones municipales vinculadas con la fractura hidráulica “fracking”, mediante el cual establece la negativa a otorgar licencias, permisos y otras autorizaciones para obras e infraestructura relacionadas con esta práctica.

La disposición aplica dentro del territorio de Ciudad Valles, gobernado por el alcalde David Armando Medina Salazar, y busca impedir que desde la administración municipal se facilite la instalación de infraestructura vinculada con proyectos de fractura hidráulica.

El reglamento reconoce que la exploración y extracción de hidrocarburos son materias de competencia federal y deja claro que el municipio no pretende cancelar asignaciones, contratos o permisos otorgados por otras autoridades.

“El presente Reglamento no tiene por objeto autorizar, prohibir, suspender o cancelar asignaciones, contratos, permisos o autorizaciones federales, ni regular directamente las actividades técnicas de exploración o extracción de hidrocarburos”, establece el documento.

Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que los proyectos asociados con el fracking requieren obras e intervenciones que sí pueden afectar materias bajo competencia municipal, como el uso y aprovechamiento del suelo, las licencias de construcción, los caminos municipales, la protección civil, la gestión de residuos y los servicios públicos.

Por ello, Ciudad Valles determinó que sus dependencias deberán negar cualquier acto administrativo que permita obras incompatibles con el ordenamiento territorial y ecológico del municipio o que facilite infraestructura relacionada con la fractura hidráulica.

El reglamento parte de una distinción: el municipio no puede decidir si el gobierno federal autoriza o no la explotación de hidrocarburos, pero sí puede ejercer sus atribuciones sobre las consecuencias territoriales y administrativas que generaría un proyecto de este tipo.

La fractura hidráulica implica perforaciones profundas y la inyección a presión de agua y otros aditivos para extraer gas o petróleo de formaciones subterráneas. Además, puede requerir caminos de acceso, maquinaria pesada, instalaciones y un uso intensivo de recursos.

El Ayuntamiento argumenta que estas actividades pueden tener consecuencias sobre el suelo, el agua, los ecosistemas y la población, por lo que invoca los principios de prevención y precaución ante posibles riesgos graves o irreversibles.

Incluso, el reglamento establece que la autoridad municipal deberá actuar para prevenir daños aun cuando no exista certeza científica absoluta sobre todas las posibles afectaciones.

La norma también obliga a las dependencias municipales a coordinarse para la inspección y vigilancia de posibles obras relacionadas con esta práctica, además de establecer mecanismos para la presentación de denuncias ciudadanas.

La decisión de Ciudad Valles ocurre en medio de un renovado debate nacional sobre el uso de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

Aunque la regulación energética y las decisiones sobre exploración y extracción corresponden al ámbito federal, la posibilidad de utilizar esta técnica ha generado oposición de comunidades, ejidos y organizaciones ambientalistas por sus posibles efectos sobre el agua, el suelo y las actividades agrícolas.

En San Luis Potosí, la discusión adquiere especial relevancia por la presencia de zonas de la Huasteca dentro de las áreas que han sido señaladas en distintos análisis y mapas relacionados con el potencial de explotación de hidrocarburos.

Para Ciudad Valles, la respuesta fue establecer un límite desde el ámbito municipal: si un proyecto de fracking requiere permisos, obras o infraestructura que dependan del Ayuntamiento, el nuevo reglamento ordena que no sean autorizados.

Con esta medida, el municipio no prohíbe directamente la extracción de hidrocarburos —una facultad que reconoce como federal—, pero sí establece un mecanismo para impedir que su administración otorgue las autorizaciones locales necesarias para facilitar la instalación y transformación territorial asociada con la fractura hidráulica.

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