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¿Cómo fue el 9M en San Luis Potosí?
Miles de potosinas dejaron sus labores para mostrar lo que sucede cuando el machismo las hace desaparecer a través del movimiento #UnDíaSinMujeres
Por: Redacción
La protesta contra la violencia de género no se detuvo en las marchas del pasado domingo, sino que siguió ayer, como se había avisado, con el paro nacional de mujeres, con el que millares de potosinas, como ocurrió en todo el país, dejaron sus labores a un lado para mostrar, simbólicamente y por unas horas, lo que sucede cuando el machismo las haces desaparecer.
Sin embargo, el paro pareció permear más entre instituciones públicas que en el sector privado, puesto que la mayoría de las empresas sí tuvieron labores femeninas. A pesar de que la convocatoria buscaba que las mujeres, sin restricción de edad, no asistieran a los espacios que ocupaban con normalidad, pocos fueron los sitios que en realidad evidenciaron la ausencia de las mujeres.
Entre los lugares donde hubo mayor ausentismo están las oficinas de gobierno, como las de la Secretaría de Finanzas, la cual tuvo que detener labores en sus oficinas de Muñoz y donde el 63 por ciento de la plantilla de recaudación es ocupada por mujeres.
De igual forma hubo un ausentismo marcado en el Congreso del Estado, donde además de las 13 legisladoras, más de 150 mujeres trabajadoras del Congreso faltaron a sus labores para unirse al paro. Dicha cifra corresponde a casi el 100 por ciento del número total de mujeres que laboran en la actual legislación.
Sin embargo, dicha ausencia no se sintió de la misma forma en el sector productivo, tal es el caso de la Plaza de la Mujer en el Centro Histórico de la capital donde la mayoría de los locales, que casi en su totalidad son atendidos por mujeres, estaban abiertos.
A pesar de ello, las mujeres que laboraron este 9M tuvieron su propia forma de sumarse a la protesta, tal es el caso de las trabajadoras de la joyería “Nadier” donde las dependientes asistieron a sus labores de forma normal, pero utilizaron una banda en la cabeza color morado, como forma de sumarse a las peticiones por mayor igualdad y una mejora en la seguridad.
“Abrieron la tienda y pues no podemos faltar, es nuestro trabajo pero sí las apoyamos, esto no fue una medida de la administración, lo decidimos nosotras las trabajadoras”, aseguró Angélica Hernández.
Otro de los espacios que no pasó por la ausencia de su plantilla de mujeres fueron las chocolaterías Costanzo, donde las dependientes decidieron sumarse apoyando con una playera otorgada por la administración.
“De todos modos tenemos que salir a trabajar, ¿qué estoy haciendo en la casa?, debo ser productiva y apoyo con mi playera. Sí quiero más seguridad, pero no puedo quedarme en mi casa sin hacer nada“, dijo Martina Cabrera, trabajadora de Costanzo, quien aseguró que el uso de playeras moradas o el faltar al trabajo fue una elección de cada trabajadora: “fue libre, puedes faltar o usar la camisa fue decisión de cada quien”.
Otro espacio con plantilla predominantemente de mujeres es la oficina de UrbanPass donde se laboró de forma normal con la asistencia de las administradoras sin ninguna diferencia.
MUCHAS OTRAS PROTESTAS
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí no tiene «un protocolo establecido» para atender la violencia de género al interior del gremio de taxistas, dijo la representante de las mujeres taxistas en la capital potosina, Mónica Rodríguez, quien se manifestó en las oficinas de la SCT para pedir por acciones afirmativas de género y una solución contra la discriminación de género que han sufrido las trabajadoras del transporte.
De acuerdo con Mónica Rodríguez, la manifestación de alrededor de 20 mujeres taxistas en las oficinas de la SCT la mañana de este lunes, fue para exigir acciones afirmativas en materia de género las cuales, sí se contemplan en la ley, pero «las mujeres del gremio no las alcanzamos a observar».
«En cuestión de género en el transporte, no se ha cumplido con lo básico, como las políticas públicas en este sentido», dijo Mónica Rodríguez, quien aseveró que «los compañeros taxistas nos acosan, nos fotografían, hacen circular en redes sociales nuestras imágenes, nos señalan y nos critican y no nos permiten hacer trámites de concesiones para taxis de forma tranquila».
Mónica Rodríguez comentó que en la actualidad existe una plantilla de más de 500 mujeres taxistas en San Luis Potosí y que se busca que el número de mujeres concesionadas aumente, pero dicha meta se ha visto truncada por el acoso de los hombres taxistas desde que salió la convocatoria de 2020 en febrero pasado.
«Nos reunimos con el secretario para comentarle nuestras demandas y él solo dijo que acata lo que dice la ley, pero nuestra opinión es diferente, esperamos que haya una autoridad que lo resuelva», agregó Mónica Rodríguez quien agregó que «a menos que sea dentro de las unidades de servicio, la secretaría no tiene ningún mecanismo para señalar a los compañeros que nos han acosado».
Por su parte, Verónica Portillo, una de las mujeres taxistas que se manifestó en la SCT está mañana, comentó en entrevista que existen compañeras a las que incluso las han intentado atacar con los vehículos: «nos están aventando los carros, es su enojo porque queremos que nos incluyan, nosotros vamos a solicitar la concesión, pero nos agreden, nos señalan en redes sociales y sin fundamento, solo solicitamos un derecho a trabajar».
Verónica Portillo agregó que las taxistas están en desventaja ante la Secretaría pues «los hombres taxistas llevan más de diez o veinte años con estas concesiones, nosotras tenemos menos de un año, apenas nos estamos incorporando y por eso venimos a exponer la desigualdad que sufrimos en esta convocatoria».
«No se pueden dar el 50 por ciento de las concesiones a mujeres taxistas, porque no hay 50 por ciento de mujeres taxistas», respondió el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, al respecto de la manifestación de mujeres taxistas que se presentaron en las oficinas de la SCT en Muñoz, quienes solicitaron que se cumpla ley en materia de paridad de género y pidieron mejores condiciones para poder acceder a una concesión para taxi.
De acuerdo con Chávez Méndez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoya la causa feminista y la lucha por la paridad de género, pero nada se puede hacer en materia de concesiones, pues «la convocatoria es ya abierta, convocatoria que da oportunidad a ambos géneros y que no limita a nadie».
El secretario comentó que no tenía el dato sobre cuántas mujeres consiguieron acceder a una concesión para taxi el año pasado, pero aseguró que «las que cumplieron son las que lo consiguieron».
El titular de la SCT confirmó que la vía del amparo por parte de las mujeres taxistas inconformes es una posibilidad latente que podrían aplicar en búsqueda de conseguir la igualdad y dijo que «nosotros responderemos a esos amparos como lo hemos hecho siempre».
Por su parte, la exoficial del Registro Civil Teresa Carrizales plantó un campamento a las afueras de la casa de gobierno.
Carrizales argumentó que no planea dejar el lugar hasta obtener la resolución de Jorge Vega, titular de la CEAV, respecto a la participación del alcalde Xavier Nava, en el desalojo violento que sufrió a mediados del año pasado.
“NO QUEREMOS VICTIMIZAR AL CONGRESO”
«Borrar una pinta es cuestión de causa y efecto y el tema de seguridad no es así, no es conductista», aseguró en entrevista el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, ante la pregunta de si el gobierno puede brindar justicia expedita en temas de feminicidio tan pronto como pone en marcha equipos para borrar las pintas del pleno del Congreso.
Juárez Córdova explicó a medios de comunicación las razones por las cuales se busca con rapidez limpiar las pintas que hicieron grupos feministas en la marcha del 8M: «me decían algunos ‘¿por qué se limpia?’, bueno se limpia porque tal vez alguien en un momento lo realiza, pero no queremos victimizar al Congreso y también hay gente partidaria de esta movilización y gente que no, no se trata de polarizar a la sociedad».
Según el diputado, la sociedad debe analizar «con cierta responsabilidad» que no es lo mismo la acción de borrar una pinta resultado de las protestas y resolver temas de seguridad que «son más complejos».
El legislador priista dijo que las políticas públicas en materia de seguridad y prevención no son como «moverle a un apagador» y que se trabaja desde el Congreso del Estado para mejorar la situación de las potosinas.
«Hay situaciones que son muy complejas, hay que trabajarlos, se está de acuerdo en los reclamos» dijo Juárez Córdova, quien agregó que el Congreso buscará tener un diálogo abierto con las integrantes de los movimientos.
MUJERES PERIODISTAS SE REVELARON CONTRA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
El Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas en San Luis Potosí manifestó su postura en contra de la de la violencia de género ejercida por las instituciones en el estado, en donde protestaron sobre la realidad social, política, democrática y económica de las mujeres.
En el comunicado argumentaron lo siguiente:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL 8M Y 9M: Levantando la voz contra la violencia de género ejercida por las instituciones.
En una ciudad donde las pintas se mandan cubrir o borrar con calidad de urgencia y los carteles de protesta se arrancan en la primera oportunidad, el relato periodístico de los movimientos sociales queda entre los recursos para preservar la memoria histórica.
Las y los periodistas cumplimos con un trabajo, pero también asumimos la responsabilidad de con ello dar forma a la opinión ciudadana, entre otras cosas, sobre las causas de protesta, los hechos violentos, la realidad social, política, democrática, económica de nuestras ciudades.
En el marco de las actividades relacionadas con el 8M y 9M en San Luis Potosí, en esta colectiva independiente de mujeres periodistas consideramos necesario recordarles, pero también recordarnos a quienes integramos el gremio periodístico, que nuestro trabajo también cumple una función fiscalizadora para con las instituciones en cuanto a la violencia contra las mujeres, su acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
Consideramos necesario recordar a Odalys, a Mitzi, a Ana Karina, a Viviana, a Karla y a otras víctimas, cuyos casos han hecho parte de nuestros relatos, porque al contarlas y al dibujarlas y al preguntar por ellas, de alguna forma, también estamos escribiendo nuestra historia.
Porque si mañana nos toca:
-No queremos que revelen información que nos estigmatice y nos cargue la culpa de habernos convertido en víctimas: http://bit.ly/2TCK7mo
-No queremos que filtren imágenes de nuestros cuerpos: http://bit.ly/2TBg52c
-No queremos que su corrupción nos impida el acceso a la justicia: http://bit.ly/2VXtByQ
-No queremos ser blanco de sus conductas misóginas: http://bit.ly/332aSUh
-No queremos que nos persigan o criminalicen por protestar ante su indolencia y la falta de resultados para garantizar nuestros derechos: http://bit.ly/330Wn34
Queremos seguir contando historias y vamos a seguir haciendo preguntas que los incomoden. Que los obliguen a calzarse nuestros zapatos y los de las víctimas. Vamos a continuar exhibiendo su indolencia, sus omisiones y todas las veces que nos respondan con sorna.
Hasta que cumplan y, hasta entonces, que a nadie se le olvide.
Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
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Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
También lee: “El Buen Fin se desarrolló en completa calma”: Villa
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