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¿Cómo fue el 9M en San Luis Potosí?
Miles de potosinas dejaron sus labores para mostrar lo que sucede cuando el machismo las hace desaparecer a través del movimiento #UnDíaSinMujeres
Por: Redacción
La protesta contra la violencia de género no se detuvo en las marchas del pasado domingo, sino que siguió ayer, como se había avisado, con el paro nacional de mujeres, con el que millares de potosinas, como ocurrió en todo el país, dejaron sus labores a un lado para mostrar, simbólicamente y por unas horas, lo que sucede cuando el machismo las haces desaparecer.
Sin embargo, el paro pareció permear más entre instituciones públicas que en el sector privado, puesto que la mayoría de las empresas sí tuvieron labores femeninas. A pesar de que la convocatoria buscaba que las mujeres, sin restricción de edad, no asistieran a los espacios que ocupaban con normalidad, pocos fueron los sitios que en realidad evidenciaron la ausencia de las mujeres.
Entre los lugares donde hubo mayor ausentismo están las oficinas de gobierno, como las de la Secretaría de Finanzas, la cual tuvo que detener labores en sus oficinas de Muñoz y donde el 63 por ciento de la plantilla de recaudación es ocupada por mujeres.
De igual forma hubo un ausentismo marcado en el Congreso del Estado, donde además de las 13 legisladoras, más de 150 mujeres trabajadoras del Congreso faltaron a sus labores para unirse al paro. Dicha cifra corresponde a casi el 100 por ciento del número total de mujeres que laboran en la actual legislación.
Sin embargo, dicha ausencia no se sintió de la misma forma en el sector productivo, tal es el caso de la Plaza de la Mujer en el Centro Histórico de la capital donde la mayoría de los locales, que casi en su totalidad son atendidos por mujeres, estaban abiertos.
A pesar de ello, las mujeres que laboraron este 9M tuvieron su propia forma de sumarse a la protesta, tal es el caso de las trabajadoras de la joyería “Nadier” donde las dependientes asistieron a sus labores de forma normal, pero utilizaron una banda en la cabeza color morado, como forma de sumarse a las peticiones por mayor igualdad y una mejora en la seguridad.
“Abrieron la tienda y pues no podemos faltar, es nuestro trabajo pero sí las apoyamos, esto no fue una medida de la administración, lo decidimos nosotras las trabajadoras”, aseguró Angélica Hernández.
Otro de los espacios que no pasó por la ausencia de su plantilla de mujeres fueron las chocolaterías Costanzo, donde las dependientes decidieron sumarse apoyando con una playera otorgada por la administración.
“De todos modos tenemos que salir a trabajar, ¿qué estoy haciendo en la casa?, debo ser productiva y apoyo con mi playera. Sí quiero más seguridad, pero no puedo quedarme en mi casa sin hacer nada“, dijo Martina Cabrera, trabajadora de Costanzo, quien aseguró que el uso de playeras moradas o el faltar al trabajo fue una elección de cada trabajadora: “fue libre, puedes faltar o usar la camisa fue decisión de cada quien”.
Otro espacio con plantilla predominantemente de mujeres es la oficina de UrbanPass donde se laboró de forma normal con la asistencia de las administradoras sin ninguna diferencia.
MUCHAS OTRAS PROTESTAS
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí no tiene «un protocolo establecido» para atender la violencia de género al interior del gremio de taxistas, dijo la representante de las mujeres taxistas en la capital potosina, Mónica Rodríguez, quien se manifestó en las oficinas de la SCT para pedir por acciones afirmativas de género y una solución contra la discriminación de género que han sufrido las trabajadoras del transporte.
De acuerdo con Mónica Rodríguez, la manifestación de alrededor de 20 mujeres taxistas en las oficinas de la SCT la mañana de este lunes, fue para exigir acciones afirmativas en materia de género las cuales, sí se contemplan en la ley, pero «las mujeres del gremio no las alcanzamos a observar».
«En cuestión de género en el transporte, no se ha cumplido con lo básico, como las políticas públicas en este sentido», dijo Mónica Rodríguez, quien aseveró que «los compañeros taxistas nos acosan, nos fotografían, hacen circular en redes sociales nuestras imágenes, nos señalan y nos critican y no nos permiten hacer trámites de concesiones para taxis de forma tranquila».
Mónica Rodríguez comentó que en la actualidad existe una plantilla de más de 500 mujeres taxistas en San Luis Potosí y que se busca que el número de mujeres concesionadas aumente, pero dicha meta se ha visto truncada por el acoso de los hombres taxistas desde que salió la convocatoria de 2020 en febrero pasado.
«Nos reunimos con el secretario para comentarle nuestras demandas y él solo dijo que acata lo que dice la ley, pero nuestra opinión es diferente, esperamos que haya una autoridad que lo resuelva», agregó Mónica Rodríguez quien agregó que «a menos que sea dentro de las unidades de servicio, la secretaría no tiene ningún mecanismo para señalar a los compañeros que nos han acosado».
Por su parte, Verónica Portillo, una de las mujeres taxistas que se manifestó en la SCT está mañana, comentó en entrevista que existen compañeras a las que incluso las han intentado atacar con los vehículos: «nos están aventando los carros, es su enojo porque queremos que nos incluyan, nosotros vamos a solicitar la concesión, pero nos agreden, nos señalan en redes sociales y sin fundamento, solo solicitamos un derecho a trabajar».
Verónica Portillo agregó que las taxistas están en desventaja ante la Secretaría pues «los hombres taxistas llevan más de diez o veinte años con estas concesiones, nosotras tenemos menos de un año, apenas nos estamos incorporando y por eso venimos a exponer la desigualdad que sufrimos en esta convocatoria».
«No se pueden dar el 50 por ciento de las concesiones a mujeres taxistas, porque no hay 50 por ciento de mujeres taxistas», respondió el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, al respecto de la manifestación de mujeres taxistas que se presentaron en las oficinas de la SCT en Muñoz, quienes solicitaron que se cumpla ley en materia de paridad de género y pidieron mejores condiciones para poder acceder a una concesión para taxi.
De acuerdo con Chávez Méndez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoya la causa feminista y la lucha por la paridad de género, pero nada se puede hacer en materia de concesiones, pues «la convocatoria es ya abierta, convocatoria que da oportunidad a ambos géneros y que no limita a nadie».
El secretario comentó que no tenía el dato sobre cuántas mujeres consiguieron acceder a una concesión para taxi el año pasado, pero aseguró que «las que cumplieron son las que lo consiguieron».
El titular de la SCT confirmó que la vía del amparo por parte de las mujeres taxistas inconformes es una posibilidad latente que podrían aplicar en búsqueda de conseguir la igualdad y dijo que «nosotros responderemos a esos amparos como lo hemos hecho siempre».
Por su parte, la exoficial del Registro Civil Teresa Carrizales plantó un campamento a las afueras de la casa de gobierno.
Carrizales argumentó que no planea dejar el lugar hasta obtener la resolución de Jorge Vega, titular de la CEAV, respecto a la participación del alcalde Xavier Nava, en el desalojo violento que sufrió a mediados del año pasado.
“NO QUEREMOS VICTIMIZAR AL CONGRESO”
«Borrar una pinta es cuestión de causa y efecto y el tema de seguridad no es así, no es conductista», aseguró en entrevista el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, ante la pregunta de si el gobierno puede brindar justicia expedita en temas de feminicidio tan pronto como pone en marcha equipos para borrar las pintas del pleno del Congreso.
Juárez Córdova explicó a medios de comunicación las razones por las cuales se busca con rapidez limpiar las pintas que hicieron grupos feministas en la marcha del 8M: «me decían algunos ‘¿por qué se limpia?’, bueno se limpia porque tal vez alguien en un momento lo realiza, pero no queremos victimizar al Congreso y también hay gente partidaria de esta movilización y gente que no, no se trata de polarizar a la sociedad».
Según el diputado, la sociedad debe analizar «con cierta responsabilidad» que no es lo mismo la acción de borrar una pinta resultado de las protestas y resolver temas de seguridad que «son más complejos».
El legislador priista dijo que las políticas públicas en materia de seguridad y prevención no son como «moverle a un apagador» y que se trabaja desde el Congreso del Estado para mejorar la situación de las potosinas.
«Hay situaciones que son muy complejas, hay que trabajarlos, se está de acuerdo en los reclamos» dijo Juárez Córdova, quien agregó que el Congreso buscará tener un diálogo abierto con las integrantes de los movimientos.
MUJERES PERIODISTAS SE REVELARON CONTRA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
El Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas en San Luis Potosí manifestó su postura en contra de la de la violencia de género ejercida por las instituciones en el estado, en donde protestaron sobre la realidad social, política, democrática y económica de las mujeres.
En el comunicado argumentaron lo siguiente:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL 8M Y 9M: Levantando la voz contra la violencia de género ejercida por las instituciones.
En una ciudad donde las pintas se mandan cubrir o borrar con calidad de urgencia y los carteles de protesta se arrancan en la primera oportunidad, el relato periodístico de los movimientos sociales queda entre los recursos para preservar la memoria histórica.
Las y los periodistas cumplimos con un trabajo, pero también asumimos la responsabilidad de con ello dar forma a la opinión ciudadana, entre otras cosas, sobre las causas de protesta, los hechos violentos, la realidad social, política, democrática, económica de nuestras ciudades.
En el marco de las actividades relacionadas con el 8M y 9M en San Luis Potosí, en esta colectiva independiente de mujeres periodistas consideramos necesario recordarles, pero también recordarnos a quienes integramos el gremio periodístico, que nuestro trabajo también cumple una función fiscalizadora para con las instituciones en cuanto a la violencia contra las mujeres, su acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
Consideramos necesario recordar a Odalys, a Mitzi, a Ana Karina, a Viviana, a Karla y a otras víctimas, cuyos casos han hecho parte de nuestros relatos, porque al contarlas y al dibujarlas y al preguntar por ellas, de alguna forma, también estamos escribiendo nuestra historia.
Porque si mañana nos toca:
-No queremos que revelen información que nos estigmatice y nos cargue la culpa de habernos convertido en víctimas: http://bit.ly/2TCK7mo
-No queremos que filtren imágenes de nuestros cuerpos: http://bit.ly/2TBg52c
-No queremos que su corrupción nos impida el acceso a la justicia: http://bit.ly/2VXtByQ
-No queremos ser blanco de sus conductas misóginas: http://bit.ly/332aSUh
-No queremos que nos persigan o criminalicen por protestar ante su indolencia y la falta de resultados para garantizar nuestros derechos: http://bit.ly/330Wn34
Queremos seguir contando historias y vamos a seguir haciendo preguntas que los incomoden. Que los obliguen a calzarse nuestros zapatos y los de las víctimas. Vamos a continuar exhibiendo su indolencia, sus omisiones y todas las veces que nos respondan con sorna.
Hasta que cumplan y, hasta entonces, que a nadie se le olvide.
Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
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Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez
El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo
Por: Haniel Valdés
El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.
El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.
El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.
“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.
La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.
En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.
Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales
, y señaló que, si no ha renunciado, “eso sí es un delito”.La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.
Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.
Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.
Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.
La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.
En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.
También lee: Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva
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Rosas Montiel busca que los municipios presupuesten dinero para bomberos
El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos
Por: Haniel Valdés
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.
Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.
Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.
Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.
El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.
El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.
Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.
También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan
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Diputados modifican las reglas del Impuesto Sobre la Renta para pequeños contribuyentes y grandes empresas
El ajuste amplía el techo del régimen simplificado y acota los gastos deducibles de las corporaciones
Por: Roberto Mendoza
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar el cobro del Impuesto Sobre la Renta. Durante la presentación del documento, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resumió el objetivo de los controles incorporados: “Se combate el uso indebido de facturas y deducciones”.
Para el sector de menores ingresos, el ajuste permite que profesionistas, arrendadores y dueños de micronegocios que perciban hasta cinco millones de pesos al año —un millón y medio más que el tope previo— tributen en el Régimen Simplificado de Confianza con una tasa máxima mensual del 2.50 por ciento. El esquema se extiende además a negocios que facturen hasta 50 millones de pesos anuales, y los productores del campo y la pesca quedan exentos de impuestos hasta por un millón de pesos.
Por el contrario, a las compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales se les restringe el porcentaje de gastos operativos y de pérdidas de años anteriores que pueden descontar. También se reduce del 30 al 20 por ciento
la deducción por intereses de deuda, se suprime el régimen opcional para grupos de sociedades y se condiciona la deducción de pagos enviados al extranjero a que primero entreguen la retención al fisco.Respecto a estos candados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que aplicar un límite generalizado, en vez de detectar individualmente las facturas improcedentes, posterga las deducciones excedentes hasta por veinte años e incrementa el pago inmediato del impuesto para las industrias manufactureras y comerciales que operan con márgenes de utilidad reducidos.
La reforma también fija en la ley, con vigencia hasta 2030, incentivos fiscales para descontar de inmediato las inversiones y los gastos en capacitación e innovación dentro del Plan México y en los corredores industriales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y de economía circular. Con estas medidas, el Gobierno Federal proyecta simplificar el pago de contribuciones, frenar a las empresas factureras y captar mayores recursos para programas sociales y obras de infraestructura.
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