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¿Cómo fue el 9M en San Luis Potosí?
Miles de potosinas dejaron sus labores para mostrar lo que sucede cuando el machismo las hace desaparecer a través del movimiento #UnDíaSinMujeres
Por: Redacción
La protesta contra la violencia de género no se detuvo en las marchas del pasado domingo, sino que siguió ayer, como se había avisado, con el paro nacional de mujeres, con el que millares de potosinas, como ocurrió en todo el país, dejaron sus labores a un lado para mostrar, simbólicamente y por unas horas, lo que sucede cuando el machismo las haces desaparecer.
Sin embargo, el paro pareció permear más entre instituciones públicas que en el sector privado, puesto que la mayoría de las empresas sí tuvieron labores femeninas. A pesar de que la convocatoria buscaba que las mujeres, sin restricción de edad, no asistieran a los espacios que ocupaban con normalidad, pocos fueron los sitios que en realidad evidenciaron la ausencia de las mujeres.
Entre los lugares donde hubo mayor ausentismo están las oficinas de gobierno, como las de la Secretaría de Finanzas, la cual tuvo que detener labores en sus oficinas de Muñoz y donde el 63 por ciento de la plantilla de recaudación es ocupada por mujeres.
De igual forma hubo un ausentismo marcado en el Congreso del Estado, donde además de las 13 legisladoras, más de 150 mujeres trabajadoras del Congreso faltaron a sus labores para unirse al paro. Dicha cifra corresponde a casi el 100 por ciento del número total de mujeres que laboran en la actual legislación.
Sin embargo, dicha ausencia no se sintió de la misma forma en el sector productivo, tal es el caso de la Plaza de la Mujer en el Centro Histórico de la capital donde la mayoría de los locales, que casi en su totalidad son atendidos por mujeres, estaban abiertos.
A pesar de ello, las mujeres que laboraron este 9M tuvieron su propia forma de sumarse a la protesta, tal es el caso de las trabajadoras de la joyería “Nadier” donde las dependientes asistieron a sus labores de forma normal, pero utilizaron una banda en la cabeza color morado, como forma de sumarse a las peticiones por mayor igualdad y una mejora en la seguridad.
“Abrieron la tienda y pues no podemos faltar, es nuestro trabajo pero sí las apoyamos, esto no fue una medida de la administración, lo decidimos nosotras las trabajadoras”, aseguró Angélica Hernández.
Otro de los espacios que no pasó por la ausencia de su plantilla de mujeres fueron las chocolaterías Costanzo, donde las dependientes decidieron sumarse apoyando con una playera otorgada por la administración.
“De todos modos tenemos que salir a trabajar, ¿qué estoy haciendo en la casa?, debo ser productiva y apoyo con mi playera. Sí quiero más seguridad, pero no puedo quedarme en mi casa sin hacer nada“, dijo Martina Cabrera, trabajadora de Costanzo, quien aseguró que el uso de playeras moradas o el faltar al trabajo fue una elección de cada trabajadora: “fue libre, puedes faltar o usar la camisa fue decisión de cada quien”.
Otro espacio con plantilla predominantemente de mujeres es la oficina de UrbanPass donde se laboró de forma normal con la asistencia de las administradoras sin ninguna diferencia.
MUCHAS OTRAS PROTESTAS
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí no tiene «un protocolo establecido» para atender la violencia de género al interior del gremio de taxistas, dijo la representante de las mujeres taxistas en la capital potosina, Mónica Rodríguez, quien se manifestó en las oficinas de la SCT para pedir por acciones afirmativas de género y una solución contra la discriminación de género que han sufrido las trabajadoras del transporte.
De acuerdo con Mónica Rodríguez, la manifestación de alrededor de 20 mujeres taxistas en las oficinas de la SCT la mañana de este lunes, fue para exigir acciones afirmativas en materia de género las cuales, sí se contemplan en la ley, pero «las mujeres del gremio no las alcanzamos a observar».
«En cuestión de género en el transporte, no se ha cumplido con lo básico, como las políticas públicas en este sentido», dijo Mónica Rodríguez, quien aseveró que «los compañeros taxistas nos acosan, nos fotografían, hacen circular en redes sociales nuestras imágenes, nos señalan y nos critican y no nos permiten hacer trámites de concesiones para taxis de forma tranquila».
Mónica Rodríguez comentó que en la actualidad existe una plantilla de más de 500 mujeres taxistas en San Luis Potosí y que se busca que el número de mujeres concesionadas aumente, pero dicha meta se ha visto truncada por el acoso de los hombres taxistas desde que salió la convocatoria de 2020 en febrero pasado.
«Nos reunimos con el secretario para comentarle nuestras demandas y él solo dijo que acata lo que dice la ley, pero nuestra opinión es diferente, esperamos que haya una autoridad que lo resuelva», agregó Mónica Rodríguez quien agregó que «a menos que sea dentro de las unidades de servicio, la secretaría no tiene ningún mecanismo para señalar a los compañeros que nos han acosado».
Por su parte, Verónica Portillo, una de las mujeres taxistas que se manifestó en la SCT está mañana, comentó en entrevista que existen compañeras a las que incluso las han intentado atacar con los vehículos: «nos están aventando los carros, es su enojo porque queremos que nos incluyan, nosotros vamos a solicitar la concesión, pero nos agreden, nos señalan en redes sociales y sin fundamento, solo solicitamos un derecho a trabajar».
Verónica Portillo agregó que las taxistas están en desventaja ante la Secretaría pues «los hombres taxistas llevan más de diez o veinte años con estas concesiones, nosotras tenemos menos de un año, apenas nos estamos incorporando y por eso venimos a exponer la desigualdad que sufrimos en esta convocatoria».
«No se pueden dar el 50 por ciento de las concesiones a mujeres taxistas, porque no hay 50 por ciento de mujeres taxistas», respondió el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, al respecto de la manifestación de mujeres taxistas que se presentaron en las oficinas de la SCT en Muñoz, quienes solicitaron que se cumpla ley en materia de paridad de género y pidieron mejores condiciones para poder acceder a una concesión para taxi.
De acuerdo con Chávez Méndez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoya la causa feminista y la lucha por la paridad de género, pero nada se puede hacer en materia de concesiones, pues «la convocatoria es ya abierta, convocatoria que da oportunidad a ambos géneros y que no limita a nadie».
El secretario comentó que no tenía el dato sobre cuántas mujeres consiguieron acceder a una concesión para taxi el año pasado, pero aseguró que «las que cumplieron son las que lo consiguieron».
El titular de la SCT confirmó que la vía del amparo por parte de las mujeres taxistas inconformes es una posibilidad latente que podrían aplicar en búsqueda de conseguir la igualdad y dijo que «nosotros responderemos a esos amparos como lo hemos hecho siempre».
Por su parte, la exoficial del Registro Civil Teresa Carrizales plantó un campamento a las afueras de la casa de gobierno.
Carrizales argumentó que no planea dejar el lugar hasta obtener la resolución de Jorge Vega, titular de la CEAV, respecto a la participación del alcalde Xavier Nava, en el desalojo violento que sufrió a mediados del año pasado.
“NO QUEREMOS VICTIMIZAR AL CONGRESO”
«Borrar una pinta es cuestión de causa y efecto y el tema de seguridad no es así, no es conductista», aseguró en entrevista el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, ante la pregunta de si el gobierno puede brindar justicia expedita en temas de feminicidio tan pronto como pone en marcha equipos para borrar las pintas del pleno del Congreso.
Juárez Córdova explicó a medios de comunicación las razones por las cuales se busca con rapidez limpiar las pintas que hicieron grupos feministas en la marcha del 8M: «me decían algunos ‘¿por qué se limpia?’, bueno se limpia porque tal vez alguien en un momento lo realiza, pero no queremos victimizar al Congreso y también hay gente partidaria de esta movilización y gente que no, no se trata de polarizar a la sociedad».
Según el diputado, la sociedad debe analizar «con cierta responsabilidad» que no es lo mismo la acción de borrar una pinta resultado de las protestas y resolver temas de seguridad que «son más complejos».
El legislador priista dijo que las políticas públicas en materia de seguridad y prevención no son como «moverle a un apagador» y que se trabaja desde el Congreso del Estado para mejorar la situación de las potosinas.
«Hay situaciones que son muy complejas, hay que trabajarlos, se está de acuerdo en los reclamos» dijo Juárez Córdova, quien agregó que el Congreso buscará tener un diálogo abierto con las integrantes de los movimientos.
MUJERES PERIODISTAS SE REVELARON CONTRA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
El Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas en San Luis Potosí manifestó su postura en contra de la de la violencia de género ejercida por las instituciones en el estado, en donde protestaron sobre la realidad social, política, democrática y económica de las mujeres.
En el comunicado argumentaron lo siguiente:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL 8M Y 9M: Levantando la voz contra la violencia de género ejercida por las instituciones.
En una ciudad donde las pintas se mandan cubrir o borrar con calidad de urgencia y los carteles de protesta se arrancan en la primera oportunidad, el relato periodístico de los movimientos sociales queda entre los recursos para preservar la memoria histórica.
Las y los periodistas cumplimos con un trabajo, pero también asumimos la responsabilidad de con ello dar forma a la opinión ciudadana, entre otras cosas, sobre las causas de protesta, los hechos violentos, la realidad social, política, democrática, económica de nuestras ciudades.
En el marco de las actividades relacionadas con el 8M y 9M en San Luis Potosí, en esta colectiva independiente de mujeres periodistas consideramos necesario recordarles, pero también recordarnos a quienes integramos el gremio periodístico, que nuestro trabajo también cumple una función fiscalizadora para con las instituciones en cuanto a la violencia contra las mujeres, su acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
Consideramos necesario recordar a Odalys, a Mitzi, a Ana Karina, a Viviana, a Karla y a otras víctimas, cuyos casos han hecho parte de nuestros relatos, porque al contarlas y al dibujarlas y al preguntar por ellas, de alguna forma, también estamos escribiendo nuestra historia.
Porque si mañana nos toca:
-No queremos que revelen información que nos estigmatice y nos cargue la culpa de habernos convertido en víctimas: http://bit.ly/2TCK7mo
-No queremos que filtren imágenes de nuestros cuerpos: http://bit.ly/2TBg52c
-No queremos que su corrupción nos impida el acceso a la justicia: http://bit.ly/2VXtByQ
-No queremos ser blanco de sus conductas misóginas: http://bit.ly/332aSUh
-No queremos que nos persigan o criminalicen por protestar ante su indolencia y la falta de resultados para garantizar nuestros derechos: http://bit.ly/330Wn34
Queremos seguir contando historias y vamos a seguir haciendo preguntas que los incomoden. Que los obliguen a calzarse nuestros zapatos y los de las víctimas. Vamos a continuar exhibiendo su indolencia, sus omisiones y todas las veces que nos respondan con sorna.
Hasta que cumplan y, hasta entonces, que a nadie se le olvide.
Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
También recomendamos leer: #Entrevista | Sufrí la campaña más machista en la historia de SLP: Sonia Mendoza
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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz
Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.
Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.
¿A quiénes alcanza?
La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.
Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.
¿Cómo se evaluará?
El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).
Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.
Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.
Las consecuencias no son menores.
Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.
Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.
El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses
para resolver. Sus resoluciones se consideran inatacables dentro de este mecanismo.¿Y qué sucede durante 2026?
El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.
El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.
La memoria de 2024 no puede borrarse.
Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.
Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.
La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.
El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.
Lee también: Poder Judicial: ¿austeridad o incertidumbre laboral?
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Caravana de migrantes será vigilada también por aire, dice Gallardo
El gobernador dijo que hay una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y recibir a los paisanos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la vigilancia de las carreteras para recibir a los migrantes potosinos se hará este año también por vía aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.
Gallardo dijo que habrá “una gran caravana de migrantes” y que los paisanos serán recibidos “en próximos días”. Aseguró que existe una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y poder recibirlos “con los brazos abiertos”.
La Caravana del Migrante Potosino de este año traerá de regreso a entre 5 mil y 7 mil paisanos desde Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Será la última de la administración 2021-2027 y más de 36 alcaldes
acompañarán a las familias, como en las cinco ediciones anteriores.El Gobierno del Estado informó que unos 2 mil vehículos participarán en la caravana, que entrará a México el 20 de diciembre por Matamoros, Tamaulipas, con el apoyo de unas 40 dependencias que darán atención médica, asesoría jurídica y auxilio vial. La llegada a San Luis Potosí está prevista entre el 18 y el 21 de diciembre.
El Instituto recomendó a quienes regresan por su cuenta que se unan a la caravana oficial para viajar acompañados y con menos riesgo, pues desde septiembre muchos paisanos llegan al estado por separado.
También lee: Gallardo presume cero observaciones financieras en auditoría de 2025
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Fenapo rompió récord de visitas, pero no de ocupación hotelera
Las noches de hotel en la capital bajaron 13% aunque la feria superó los 10 millones de visitas
Por: Ana G Silva
Los hoteles de la capital potosina ocuparon 53.96% de sus cuartos en agosto de 2026, el mes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), frente a 61.16% en agosto de 2025. La caída fue de 7.2 puntos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de la Secretaría de Turismo federal.
Los hoteles de la capital mantuvieron su oferta de 6,181 cuartos, pero en agosto vendieron 103,106 noches de habitación, 11.7% menos que un año antes. Llegaron a los hoteles 88,823 turistas, 8.9% menos que en agosto de 2025.
Antes de la feria, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anticipó que los hoteles “se van a abarrotar” con la Fenapo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la derrama económica de esta edición “va a superar todo” lo registrado en 2025.
Más visitas a la feria, menos noches de hotel
Al cierre de la feria, en la que se incluyó el concierto gratuito de Katy Perry, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó una ocupación hotelera de 80% en la capital. Esa cifra correspondió a los últimos días de la Fenapo; el promedio de todo agosto quedó 26 puntos
abajo.En septiembre, el gobierno estatal informó que la Fenapo rebasó los 10 millones de visitas en 24 días, más de tres millones por encima de su propia proyección.
Ese aumento no se reflejó en el hospedaje. Los turistas noche en hoteles de la capital, que suman las noches de cada huésped, bajaron de 191,979 en agosto de 2025 a 166,574 en agosto de 2026, una caída de 13.2%.
La Secretaría de Turismo del Estado reportó para todo el estado un incremento de poco más de 5% en la ocupación hotelera del verano, del 10 de julio al 30 de agosto. En la capital, julio y agosto juntos promediaron 55.3%, contra 60.6% en 2025.
El año también va abajo
De enero a septiembre de 2026, la ocupación promedio en la capital fue de 50.88%, contra 53.40% en el mismo periodo de 2025. Solo enero y mayo superaron el nivel del año anterior.
Septiembre, con 45.19%, fue el mes más bajo de 2026, siete puntos debajo de septiembre de 2025.
En nueve meses llegaron 694,483 turistas a los hoteles de la capital, 2.5% menos que un año antes. Los visitantes nacionales bajaron 7.9%, mientras los extranjeros subieron 71.6%, hasta 82,622, sin compensar la caída.
También lee: Katy Perry, seguridad reforzada y hoteles llenos marcan la Fenapo
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