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¿Cómo fue el 9M en San Luis Potosí?
Miles de potosinas dejaron sus labores para mostrar lo que sucede cuando el machismo las hace desaparecer a través del movimiento #UnDíaSinMujeres
Por: Redacción
La protesta contra la violencia de género no se detuvo en las marchas del pasado domingo, sino que siguió ayer, como se había avisado, con el paro nacional de mujeres, con el que millares de potosinas, como ocurrió en todo el país, dejaron sus labores a un lado para mostrar, simbólicamente y por unas horas, lo que sucede cuando el machismo las haces desaparecer.
Sin embargo, el paro pareció permear más entre instituciones públicas que en el sector privado, puesto que la mayoría de las empresas sí tuvieron labores femeninas. A pesar de que la convocatoria buscaba que las mujeres, sin restricción de edad, no asistieran a los espacios que ocupaban con normalidad, pocos fueron los sitios que en realidad evidenciaron la ausencia de las mujeres.
Entre los lugares donde hubo mayor ausentismo están las oficinas de gobierno, como las de la Secretaría de Finanzas, la cual tuvo que detener labores en sus oficinas de Muñoz y donde el 63 por ciento de la plantilla de recaudación es ocupada por mujeres.
De igual forma hubo un ausentismo marcado en el Congreso del Estado, donde además de las 13 legisladoras, más de 150 mujeres trabajadoras del Congreso faltaron a sus labores para unirse al paro. Dicha cifra corresponde a casi el 100 por ciento del número total de mujeres que laboran en la actual legislación.
Sin embargo, dicha ausencia no se sintió de la misma forma en el sector productivo, tal es el caso de la Plaza de la Mujer en el Centro Histórico de la capital donde la mayoría de los locales, que casi en su totalidad son atendidos por mujeres, estaban abiertos.
A pesar de ello, las mujeres que laboraron este 9M tuvieron su propia forma de sumarse a la protesta, tal es el caso de las trabajadoras de la joyería “Nadier” donde las dependientes asistieron a sus labores de forma normal, pero utilizaron una banda en la cabeza color morado, como forma de sumarse a las peticiones por mayor igualdad y una mejora en la seguridad.
“Abrieron la tienda y pues no podemos faltar, es nuestro trabajo pero sí las apoyamos, esto no fue una medida de la administración, lo decidimos nosotras las trabajadoras”, aseguró Angélica Hernández.
Otro de los espacios que no pasó por la ausencia de su plantilla de mujeres fueron las chocolaterías Costanzo, donde las dependientes decidieron sumarse apoyando con una playera otorgada por la administración.
“De todos modos tenemos que salir a trabajar, ¿qué estoy haciendo en la casa?, debo ser productiva y apoyo con mi playera. Sí quiero más seguridad, pero no puedo quedarme en mi casa sin hacer nada“, dijo Martina Cabrera, trabajadora de Costanzo, quien aseguró que el uso de playeras moradas o el faltar al trabajo fue una elección de cada trabajadora: “fue libre, puedes faltar o usar la camisa fue decisión de cada quien”.
Otro espacio con plantilla predominantemente de mujeres es la oficina de UrbanPass donde se laboró de forma normal con la asistencia de las administradoras sin ninguna diferencia.
MUCHAS OTRAS PROTESTAS
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí no tiene «un protocolo establecido» para atender la violencia de género al interior del gremio de taxistas, dijo la representante de las mujeres taxistas en la capital potosina, Mónica Rodríguez, quien se manifestó en las oficinas de la SCT para pedir por acciones afirmativas de género y una solución contra la discriminación de género que han sufrido las trabajadoras del transporte.
De acuerdo con Mónica Rodríguez, la manifestación de alrededor de 20 mujeres taxistas en las oficinas de la SCT la mañana de este lunes, fue para exigir acciones afirmativas en materia de género las cuales, sí se contemplan en la ley, pero «las mujeres del gremio no las alcanzamos a observar».
«En cuestión de género en el transporte, no se ha cumplido con lo básico, como las políticas públicas en este sentido», dijo Mónica Rodríguez, quien aseveró que «los compañeros taxistas nos acosan, nos fotografían, hacen circular en redes sociales nuestras imágenes, nos señalan y nos critican y no nos permiten hacer trámites de concesiones para taxis de forma tranquila».
Mónica Rodríguez comentó que en la actualidad existe una plantilla de más de 500 mujeres taxistas en San Luis Potosí y que se busca que el número de mujeres concesionadas aumente, pero dicha meta se ha visto truncada por el acoso de los hombres taxistas desde que salió la convocatoria de 2020 en febrero pasado.
«Nos reunimos con el secretario para comentarle nuestras demandas y él solo dijo que acata lo que dice la ley, pero nuestra opinión es diferente, esperamos que haya una autoridad que lo resuelva», agregó Mónica Rodríguez quien agregó que «a menos que sea dentro de las unidades de servicio, la secretaría no tiene ningún mecanismo para señalar a los compañeros que nos han acosado».
Por su parte, Verónica Portillo, una de las mujeres taxistas que se manifestó en la SCT está mañana, comentó en entrevista que existen compañeras a las que incluso las han intentado atacar con los vehículos: «nos están aventando los carros, es su enojo porque queremos que nos incluyan, nosotros vamos a solicitar la concesión, pero nos agreden, nos señalan en redes sociales y sin fundamento, solo solicitamos un derecho a trabajar».
Verónica Portillo agregó que las taxistas están en desventaja ante la Secretaría pues «los hombres taxistas llevan más de diez o veinte años con estas concesiones, nosotras tenemos menos de un año, apenas nos estamos incorporando y por eso venimos a exponer la desigualdad que sufrimos en esta convocatoria».
«No se pueden dar el 50 por ciento de las concesiones a mujeres taxistas, porque no hay 50 por ciento de mujeres taxistas», respondió el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, al respecto de la manifestación de mujeres taxistas que se presentaron en las oficinas de la SCT en Muñoz, quienes solicitaron que se cumpla ley en materia de paridad de género y pidieron mejores condiciones para poder acceder a una concesión para taxi.
De acuerdo con Chávez Méndez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoya la causa feminista y la lucha por la paridad de género, pero nada se puede hacer en materia de concesiones, pues «la convocatoria es ya abierta, convocatoria que da oportunidad a ambos géneros y que no limita a nadie».
El secretario comentó que no tenía el dato sobre cuántas mujeres consiguieron acceder a una concesión para taxi el año pasado, pero aseguró que «las que cumplieron son las que lo consiguieron».
El titular de la SCT confirmó que la vía del amparo por parte de las mujeres taxistas inconformes es una posibilidad latente que podrían aplicar en búsqueda de conseguir la igualdad y dijo que «nosotros responderemos a esos amparos como lo hemos hecho siempre».
Por su parte, la exoficial del Registro Civil Teresa Carrizales plantó un campamento a las afueras de la casa de gobierno.
Carrizales argumentó que no planea dejar el lugar hasta obtener la resolución de Jorge Vega, titular de la CEAV, respecto a la participación del alcalde Xavier Nava, en el desalojo violento que sufrió a mediados del año pasado.
“NO QUEREMOS VICTIMIZAR AL CONGRESO”
«Borrar una pinta es cuestión de causa y efecto y el tema de seguridad no es así, no es conductista», aseguró en entrevista el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, ante la pregunta de si el gobierno puede brindar justicia expedita en temas de feminicidio tan pronto como pone en marcha equipos para borrar las pintas del pleno del Congreso.
Juárez Córdova explicó a medios de comunicación las razones por las cuales se busca con rapidez limpiar las pintas que hicieron grupos feministas en la marcha del 8M: «me decían algunos ‘¿por qué se limpia?’, bueno se limpia porque tal vez alguien en un momento lo realiza, pero no queremos victimizar al Congreso y también hay gente partidaria de esta movilización y gente que no, no se trata de polarizar a la sociedad».
Según el diputado, la sociedad debe analizar «con cierta responsabilidad» que no es lo mismo la acción de borrar una pinta resultado de las protestas y resolver temas de seguridad que «son más complejos».
El legislador priista dijo que las políticas públicas en materia de seguridad y prevención no son como «moverle a un apagador» y que se trabaja desde el Congreso del Estado para mejorar la situación de las potosinas.
«Hay situaciones que son muy complejas, hay que trabajarlos, se está de acuerdo en los reclamos» dijo Juárez Córdova, quien agregó que el Congreso buscará tener un diálogo abierto con las integrantes de los movimientos.
MUJERES PERIODISTAS SE REVELARON CONTRA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
El Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas en San Luis Potosí manifestó su postura en contra de la de la violencia de género ejercida por las instituciones en el estado, en donde protestaron sobre la realidad social, política, democrática y económica de las mujeres.
En el comunicado argumentaron lo siguiente:
INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL 8M Y 9M: Levantando la voz contra la violencia de género ejercida por las instituciones.
En una ciudad donde las pintas se mandan cubrir o borrar con calidad de urgencia y los carteles de protesta se arrancan en la primera oportunidad, el relato periodístico de los movimientos sociales queda entre los recursos para preservar la memoria histórica.
Las y los periodistas cumplimos con un trabajo, pero también asumimos la responsabilidad de con ello dar forma a la opinión ciudadana, entre otras cosas, sobre las causas de protesta, los hechos violentos, la realidad social, política, democrática, económica de nuestras ciudades.
En el marco de las actividades relacionadas con el 8M y 9M en San Luis Potosí, en esta colectiva independiente de mujeres periodistas consideramos necesario recordarles, pero también recordarnos a quienes integramos el gremio periodístico, que nuestro trabajo también cumple una función fiscalizadora para con las instituciones en cuanto a la violencia contra las mujeres, su acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
Consideramos necesario recordar a Odalys, a Mitzi, a Ana Karina, a Viviana, a Karla y a otras víctimas, cuyos casos han hecho parte de nuestros relatos, porque al contarlas y al dibujarlas y al preguntar por ellas, de alguna forma, también estamos escribiendo nuestra historia.
Porque si mañana nos toca:
-No queremos que revelen información que nos estigmatice y nos cargue la culpa de habernos convertido en víctimas: http://bit.ly/2TCK7mo
-No queremos que filtren imágenes de nuestros cuerpos: http://bit.ly/2TBg52c
-No queremos que su corrupción nos impida el acceso a la justicia: http://bit.ly/2VXtByQ
-No queremos ser blanco de sus conductas misóginas: http://bit.ly/332aSUh
-No queremos que nos persigan o criminalicen por protestar ante su indolencia y la falta de resultados para garantizar nuestros derechos: http://bit.ly/330Wn34
Queremos seguir contando historias y vamos a seguir haciendo preguntas que los incomoden. Que los obliguen a calzarse nuestros zapatos y los de las víctimas. Vamos a continuar exhibiendo su indolencia, sus omisiones y todas las veces que nos respondan con sorna.
Hasta que cumplan y, hasta entonces, que a nadie se le olvide.
Colectivo Independiente de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
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Cianuro para el Interapas. Apuntes de Jorge Saldaña
Culto público, hijos de la sed y la burocracia:
San Luis no se seca por falta de agua, sino por exceso de políticos…
El dilema sobre el aumento a las tarifas de agua y la prestación del servicio es como una negociación marital de esas tóxicas: “Si no me depositas no ves a los niños…pero si no me dejas ver a los niños…pues no te deposito”.
El Interapas está igual. No puede dar mejor servicio porque no tiene recursos y no le autorizan recursos porque da un mal servicio.
Es un Impasse o callejón sin salida, añejo, terco y convenenciero. Es de esas ocasiones en que los diputados se perfuman de sensibilidad con los contribuyentes cuando en realidad esconden mezquindad para que el estado de las cosas permanezca. Tener un culpable a quién señalar por la falta de agua siempre ha sido útil políticamente.
Por eso, lo raro del asunto es la condena a muerte del organismo lanzada por parte del gobernador Gallardo como condición para que el servicio mejore y el agua llegue a las casas de los potosinos, cuando se sabe que no será un proceso automático, ni mágico ni inmediato.
Sepultar al Interapas conlleva trabajo técnico, jurídico y político que no se reflejará al abrir la llave, por lo menos no pronto.
Además, darle cianuro al Interapas en un año pre electoral y meterse en esa sepultura compleja podría resultar contraproducente. Ahí está el ejemplo de la municipalización de Pozos, que sigue teniendo fallas de origen.
Sin un plan técnico, profesional y bien ejecutado, la desaparición del organismo puede dar más dolores de cabeza que alivios, sin contar con que, en el presupuesto de egresos del próximo año tendrán que apartar una muy buena cantidad de recursos para la reestructura de la red hidráulica por separado que ello implica e invertir, por fin, los miles de millones que se ocupan para acabar con las fugas de una red tripartita.
No vayan a salir después con el asunto de que son gastos “imprevistos”.
A todo esto vendría bien un examen de conciencia por parte de las autoridades y preguntarse ¿No se quiere al organismo o se quiere controlar al organismo? Porque no es lo mismo,…aguas.
Por lo pronto la junta de gobierno acordó no aumentar la tarifa y solo ajustarla en términos del Índice Nacional de Precios al Productor.
Con ello el organismo se suma a la rarísima organización de generación espontánea y sin existencia jurídica llamada “Consejo Potosino de Organismos Operadores de Agua” formado en su mayoría por alcaldes de municipios que no se pueden comparar con lo complejo del universo que significa llevar agua potable, alcantarillado y saneamiento para la capital, Soledad y Cerro de San Pedro, pero en fin, se está apostando a la prudencia política, esa que luego sale cara y pagamos los ciudadanos.
Por otro lado, el tema de la Ley de Aguas propuesta por la presidenta Sheinbaum, y específicamente la revisión y regularización de las concesiones de pozos es un tema que para San Luis y Soledad es crucial y nadie está hablando de ello.
Solo por poner un ejemplo, con el 20 por ciento de agua de los pozos irregulares o con concesiones añejas, se podría inyectar a la red la cantidad suficiente para no necesitar del Realito…un botón nada más.
En el mismo tema pero en otra pista, me percaté que en el paquete de infraestructura por más de 5 mil millones que anunció el gobernador hay muchas obras que destacan como el tercer Tangamanga, la rehabilitación del Circuito Potosí, la continuación de la Vía Alterna hasta el eje 140 y la inversión privada por 22 mil millones para construir una carretera paralela de la Pila a Querétaro, entre otras.
Todas parecen obras que harán del 2026 un buen año, sin embargo no he visto por ningún lado (pero quizás sea solo un descuido e ignorancia de quien esto escribe) el anuncio respecto a los montos de inversión para el acueducto de la presa del Peaje a los Filtros.
Lo que si he visto son ya algunas expresiones de pobladores de la comunidad de Escalerillas quejándose respecto a que a pesar de estar rodeados de cuerpos de agua, no tengan red de distribución ni red sanitaria…y tienen razón.
El problema es que Escalerillas aún está enredado en un debate que lleva décadas respecto a que si son ejido o son comunidad, y mientras tanto no están bajo el cobijo de la autoridad municipal, ni estatal ni de ninguna porque además sus comisariados ejidales y al mismo tiempo sus representantes comunales, están metidos en un berenjenal agrario tan grande que las hojas del expediente ya deben como un bosque de árboles.
Aprovechando la intervención de la infraestructura hidráulica anunciada, amenazaron con detener el proyecto y manifestarse, ojalá que el caos traiga por fin orden a ese enorme polígono de terreno social en beneficio de sus habitantes y no sean un obstáculo sino un motivo que aporte soluciones al problema del hache dos O en la Zona Metropolitana, al mismo tiempo que les ayude a obtener certezas jurídicas y servicios.
Escalerillas merece toda una entrega y hay una deuda histórica con su gente.
Hablando de terrenos sociales, he encontrado varias señales de alerta que estaré compartiendo pronto con ustedes porque estoy en búsqueda de confirmaciones, pero les adelanto una pregunta: ¿Será que regrese el proyecto Cañadas a la agenda pública?
Los mantendré al tanto.
BEMOLES
DE UNA VEZ
No lo tomen como información oficial y sean juiciosos, pero tengo información respecto a que el pago de la deuda de gobierno a la UASLP quizás llegue antes de la fecha prometida del 14 de noviembre, es decir, que puede ser cualquier día de la semana próxima. Habrá que ver en qué términos se realiza el pago, cómo se dará el anuncio, quién dará el anuncio… o a quién le dan la de ocho. #LosModosCuentan
BUENA NOTICIA
Celebro que desde hace algunas semanas el diputado Héctor Serrano y la Jucopo hayan depositado la confianza en Javier Gutiérrez para llevar las riendas de la comunicación social del Congreso del Estado. Estoy seguro que las cosas van a mejorar porque mucha falta les hace. Ayúdales negrito. #Éxitos
Se me quedan cosas en el tintero, pero serán para la siguiente entrega.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña
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Gallardo fortalece seguridad, movilidad y apoyo en Valles
El gobernador realizó la mesa regional de seguridad, entregó apoyos a ganaderos, escrituras a familias y tarjetas de transporte gratuito a jóvenes
Por: Redacción
En una intensa gira de trabajo por Ciudad Valles, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, revisó la estrategia integral de seguridad con alcaldesas y alcaldes de la Huasteca, además de entregar apoyos a productores agropecuarios por 20 millones de pesos, escrituras a 140 familias y más de mil tarjetas de transporte gratuito para la juventud, fortaleciendo la economía familiar, el desarrollo regional y una movilidad sin límites.
Durante la Mesa de Seguridad el Jefe de Gobierno Estatal dio seguimiento a las estrategias que se implementan, exhortó a los alcaldes de El Naranjo, Tamasopo y Ciudad Valles a dignificar los salarios de las y los policías municipales, y anunció un operativo especial junto con la Fiscalía Gen eral del Estado para prevenir el delito de extorsión.
Posteriormente en un evento con familias y productores, el gobernador Ricardo Gallardo entregó tractores, equipos e implementos agropecuarios con inversión de 20 millones de pesos para diversos municipios de la huasteca, además de escrituras a 140 familias vallenses que por más de 20 años habían solicitado regularizarse de las colonias: Hermosa Provincia, Montecillos, Luis Donaldo Colosio, Balcones, Troncones, La Corriente y Cañitas, con el programa “Tu Casa, Tu Apoyo”.
En una gran fiesta con cientos de jóvenes de la región que agradecieron por los apoyos que antes la herencia maldita les negaba, Ricardo Gallardo entregó mil tarjetas del programa “Mi Pase”, que otorga 40 viajes gratuitos al mes a alumnas y alumnos de nivel medio superior y superior, eliminando barreras económicas, que representa un importante apoyo a la economía familiar y que se suma al Sistema de transporte gratuito y eléctrico MetroRed que ya funciona con dos líneas en Valles.
También lee: Gallardo anuncia paquete de obras para 2026
#4 Tiempos
¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva
CORREDOR HUMANITARIO
Imaginemos que dentro de unos años, alguien desde el poder diga: “En San Luis Potosí ya ni se practican abortos, ¿para qué mantenerlo legal?” Esa frase, tan simplona como peligrosa, podría ser suficiente para justificar que se dé marcha atrás a un derecho conquistado a pulso. Y lo más grave es que, si revisamos los datos oficiales, el argumento ya estaría servido.
Porque según los Servicios de Salud del Estado, desde que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, 132 mujeres han interrumpido su embarazo en San Luis Potosí. Pero —y aquí está la trampa— ninguna lo hizo por decisión propia. De acuerdo con las cifras, las 132 interrupciones fueron por motivos médicos. Cero voluntarias. Cero por libre elección.
Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Que en todo un estado, con más de dos millones de mujeres, ni una sola decidió interrumpir su embarazo de forma voluntaria? ¿O que los hospitales y las instituciones están borrando esos datos, diluyéndolos entre diagnósticos clínicos para esconder una realidad incómoda?
Hace un año, San Luis Potosí celebraba lo que parecía un triunfo de la razón sobre el prejuicio: la despenalización del aborto. Hoy, ese avance empieza a parecerse a una mentira institucional. Porque si las cifras se maquillan, si la objeción de conciencia se convierte en excusa y si las mujeres siguen siendo rechazadas en hospitales, entonces el derecho a decidir se está convirtiendo en una simulación.
De los 107 puestos médicos en hospitales habilitados para practicar la ILE, uno de cada tres profesionales es objetor de conciencia. En Ciudad Valles, por ejemplo, 10 de 17 médicos y enfermeros se niegan a realizar el procedimiento. ¿Y qué pasa con las mujeres que viven en la Huasteca o en el Altiplano, donde no hay alternativas cercanas? ¿Qué pasa si una mujer llega al hospital de Valles, con doce semanas cumplidas, y le dicen que nadie puede atenderla porque todos son objetores ? Lo que pasa es que su derecho desaparece.
La colectiva ILE San Luis Potosí ha documentado estos casos, las negativas, la opacidad y la simulación. Han sido ellas —y muchas otras colectivas— quienes han tenido que acompañar a mujeres que, en teoría, ya no deberían estar suplicando por un derecho reconocido por la ley.
Y entonces hay que decirlo con claridad: un derecho que no se garantiza, es un derecho abolido en silencio. La resistencia institucional existe, y es tan sutil como efectiva: se disfraza de papeleo, de moral médica, de estadísticas convenientes. Pero su consecuencia es brutal: mujeres obligadas a continuar embarazos que no desean, porque el Estado decide mirar hacia otro lado.
San Luis Potosí tiene una ley que reconoce el derecho a decidir, pero no una estructura que lo haga realidad. Y si las autoridades siguen escondiendo las decisiones de las mujeres tras diagnósticos médicos, no solo están borrando datos: están borrando voces.
A un año de la despenalización, el aborto en San Luis Potosí sigue siendo un privilegio y no una garantía. Y si no se exige transparencia y acceso real, pronto podrían decirnos —con una sonrisa burocrática— que aquí ya nadie aborta. Y entonces, el silencio sería la excusa perfecta para volver atrás.
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