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Comisiones analizarán iniciativa para multar a quienes no usen cubrebocas
Aquí te decimos los posibles lugares donde deberás usar el cubrebocas y las sanciones por no usarlo
Por: Redacción
En sesión de la Diputación Permanente, se recibió la el diputado Eugenio Govea Arcos presentó una iniciativa para expedir la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas y demás Medidas Para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad COVID-19 en el Estado de San Luis Potosí.
Indica que esta legislación tendrá como objetivo, establecer como medida de prevención y cuidado a la salud pública, el uso obligatorio de cubrebocas en las personas, así como otras medidas, para prevenir la transmisión y riesgos de contagio de la enfermedad COVID-19, durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria ocasionada por dicha pandemia y hasta que la autoridad sanitaria estatal declare oficialmente su conclusión.
Esto con el fin de establecer mecanismos para la prevención y disminución de contagios a consecuencia de COVID-19, ya que como se ha informado por Consejo Nacional de Salud, el Estado de San Luis Potosí ha registrado incrementos considerables al paso de los meses, no solo en el índice de contagios, sino también en el número de decesos y de ocupación hospitalaria.
“Por ello, es más que evidente la urgencia de crear mecanismos coercitivos que establezcan sanciones para las personas que no acaten las medidas sanitarias, en especial lo relativo al uso de cubrebocas”, señala.
La iniciativa propone establecer el uso de cubrebocas obligatorio en los lugares siguientes:
I. En vías y espacios públicos o de uso común, cerrados o al aire libre;
II. En el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios;
III. En los centros laborales públicos o privados;
IV. En los lugares de culto religioso;
V. En los medios de transporte de pasajeros, ya sea como usuario, operador o conductor;
VI. En los establecimientos que elaboren o manipulen alimentos;
VII. En consultorios, hospitales o centros de salud, públicos o privados, y
VIII. Los demás que determinen las autoridades sanitarias.
A la persona física o moral, que incumpla con las medidas sanitarias previstas en esta ley, le serán aplicadas las sanciones siguientes:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Trabajo en favor de la comunidad;
IV. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, o
V. Entrega de material médico.
La entrega de material médico será hasta por el equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización, se llevará en favor de la autoridad que haya impuesto esta sanción, la cual determinará su destino.
Esta sanción no podrá ser impuesta sin que previamente se haya amonestado con apercibimiento al infractor.
La aplicación de las sanciones de entrega de material médico y multa solo podrán tener como destinatarios a:
I. Los concesionarios y/o permisionarios de las unidades del servicio de transporte público de pasajeros, y
II. Los propietarios y/o administradores de los establecimientos comerciales, industriales, empresariales, de negocios o de servicios.
La aplicación de las multas será sin perjuicio de que se dicten las medidas de seguridad sanitaria que procedan, hasta en tanto se subsanen las irregularidades.
En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos de este artículo, se entiende por reincidencia al hecho de que el infractor cometa la misma violación a las disposiciones de esta Ley dos o más veces, dentro del período de un año, contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción.
Para imponer alguna de las sanciones, se tomará en cuenta lo siguiente:
I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;
II. La gravedad de la infracción;
III. Las condiciones Socioeconómicas del infractor;
IV. La calidad de reincidente del infractor;
V. Grado de intencionalidad o negligencia;
VI. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción, y
VII. Otras agravantes o atenuantes.
La multa consiste en el pago de una cantidad de que se impone al infractor en beneficio del Estado, y se hará efectiva mediante el procedimiento económico coactivo que corresponda.
Se aplicará multa para personas físicas de 2 a 4 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, a quien infrinja las disposiciones de esta ley.
Se aplicará multa para personas morales de 40 hasta 80 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria, a quien infrinja las disposiciones de esta ley.
Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas previstas en esta Ley, serán transferidos a los Servicios de Salud para destinarlos en la compra de insumos y suministros médicos para las áreas de atención COVID-19.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. También a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y Hacienda del Estado, fue turnada la iniciativa que insta expedir la Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo del Arte Cinematográfico del Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por el C. Omar Miguel Esparza Velducea.
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De los más de mil 250 nuevos elementos, 450 son mujeres, y según el propio gobernador, destacan en tiro, disciplina y eficiencia
Por: Redacción
Durante la graduación de la cuarta generación de la Guardia Civil Estatal (GCE), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que, en los últimos cuatro años, la corporación ha sido sometida a un proceso de depuración que ha resultado en la baja de más de 800 elementos señalados por prácticas irregulares y corrupción. En contraste, aseguró que se han incorporado más de mil 250 nuevos policías, entre ellos un número histórico de mujeres.
Gallardo destacó que el relevo en la corporación era necesario para erradicar “viejas prácticas” heredadas por gobiernos anteriores, como extorsiones a ciudadanos, cobros indebidos y abuso de autoridad.
“Había elementos que pedían dinero, que buscaban borrachitos en las esquinas para llevárselos y sacarles una lana. Eso ya no puede existir en la Guardia Civil Estatal”, declaró el gobernador, al señalar que incluso recientemente dos policías fueron dados de baja por estas conductas.
El mandatario subrayó que la incorporación de mujeres ha sido uno de los avances más relevantes. De los más de mil 200 elementos que han ingresado a la corporación, alrededor de 450 son mujeres
“En años anteriores no había cabida para mujeres. Hoy se les prepara, se les capacita y son iguales o mejores. Las mujeres van a ser una parte fundamental de la seguridad en San Luis Potosí”, afirmó.
Gallardo recordó que desde la creación de la Guardia Civil Estatal en 2022, la corporación obtuvo facultades para enfrentar delitos federales, lo que —dijo— ha contribuido a la reducción de diversos indicadores delictivos.
“El cambio se nota porque hoy la GCE enfrenta de frente delitos federales. Antes nadie quería meterse. Ahora sí se está actuando”, concluyó.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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La lista está integrada por perfiles afines a Morena
Por: Roberto Mendoza
El Senado de la República aprobó este martes la lista definitiva de diez candidatos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), documento que fue enviado de inmediato al Ejecutivo Federal para la siguiente etapa del procedimiento constitucional. La relación de los diez aspirantes seleccionados de entre los 43 inscritos originalmente es la siguiente:
1. Luis Manuel Pérez de Acha
2. Luz María Zarza Delgado
3. Alfredo Barrera Flores
4. Maribel Bojorges Beltrán
5. Sandra Luz González Mogollón
6. Ernestina Godoy Ramos
7. Hamlet García Almaguer
8. Mirna Lucía Grande Hernández
9. David Borja Padilla
10. Miguel Nava Alvarado.
Entre los perfiles seleccionados se encuentra Ernestina Godoy Ramos, quien actualmente es la encargada de despacho de la Fiscalía General tras la renuncia de Gertz Manero. También figura Hamlet García Almaguer, ex diputado federal por Morena y quien es miembro de la iglesia de La Luz del Mundo. La lista incluye a Luis Manuel Pérez de Acha, abogado y ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
El resto de los aspirantes ocupan o han ocupado diversos cargos públicos y judiciales: Luz María Zarza Delgado se desempeña en la Consejería Jurídica del Estado de México; Alfredo Barrera Flores es Magistrado de Circuito del Poder Judicial Federal; Maribel Bojorges Beltrán es funcionaria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; Sandra Luz González Mogollón trabaja en la Fiscalía de Veracruz; David Borja Padilla fue Secretario de Seguridad Pública en Coyuca de Benítez, Guerrero; y Mirna Lucía Grande Hernández.
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