Segam reconoce que la recolección privada de basura en la capital es uno de los servicios “más eficientes”

Por: Redacción

Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), advirtió que pese a que el servicio privado de recolección de basura en la capital es considerado uno de los más eficientes del estado, los tiraderos clandestinos siguen proliferando en diversas zonas de la ciudad.

La funcionaria señaló que, aunque el sistema privado garantiza regularidad en el servicio, esto no impide que continúe la práctica ilegal de depositar residuos en zonas no autorizadas. Entre los puntos donde la Segam ha detectado más basureros clandestinos mencionó Villa de Pozos, La Pila, la capital potosina y parte de Soledad de Graciano Sánchez.

Mendoza Díaz hizo un llamado directo a los ayuntamientos, especialmente a sus áreas de Ecología, para reforzar la vigilancia y sancionar a quienes tiren basura en espacios prohibidos

“Es importante que las autoridades municipales ayuden a evitar que la gente tire en lugares no permitidos”, enfatizó.

La titular de la Segam reiteró que, aunque el servicio de recolección funciona adecuadamente, la falta de cultura ambiental y la escasa supervisión local están generando focos de contaminación que afectan la imagen urbana y el entorno natural.

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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Las excluyentes se aplicarán cuando el embarazo sea resultado de violación, estupro, inseminación artificial indebida o implantación indebida

Por: Redacción 

Para incorporar diversos excluyentes de responsabilidad penal del delito de aborto, se aprobó el Decreto de reforma al artículo 150 del Código Penal del Estado, durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado realizada en el salón de Pleno “Ponciano Arriaga”.

Las excluyentes de responsabilidad, se aplicarán cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer o persona gestante; el embarazo sea resultado de un delito de violación, estupro, inseminación artificial indebida o implantación indebida de un óvulo fecundado, independientemente de que exista o no, denuncia o causa penal sobre dichos delitos previo al aborto.

Además, cuando se acredite por cualquier medio que una autoridad o institución pública de salud o su personal, haya negado previamente o prorrogado la interrupción del embarazo dentro del plazo de las doce semanas de embarazo, la mujer gestante se encuentre en una situación económica de pobreza extrema.

Y, cuando a juicio del médico o la médica que la asista, de no interrumpirse el embarazo, la mujer gestante, se encuentre en peligro de muerte o en riesgo de una afectación grave a su salud, y cuando a juicio de un médico o médica especialista exista razón suficiente para diagnosticar que el producto del embarazo presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer gestante.

Se indica que en el caso de que la consecuencia de la comisión del delito de estupro es el embarazo, debe garantizarse a la víctima de ese delito, al igual que en el delito de violación, y la implantación de un óvulo fecundado sin el consentimiento expreso de la paciente, se debe garantizar su derecho a la salud (psicológica y física), a su libertad reproductiva, y a su derecho a decidir.