Más de mil personas privadas de la libertad participaron labores remuneradas, mientras que mil 249 recibieron capacitación en diversas áreas

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, informó que el sistema penitenciario mantiene un modelo basado en educación, trabajo, capacitación, salud y deporte para generar nuevas oportunidades y favorecer una reinserción social efectiva.

Como parte de los resultados presentados en el Quinto Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, mil 444 personas privadas de la libertad participaron en actividades laborales remuneradas, mientras que mil 249 recibieron capacitación en gastronomía, mantenimiento técnico, cuidado personal y artesanías regionales, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat).

En materia educativa, mil 277 personas participaron en programas de alfabetización y educación, además de la entrega de 754 certificados de primaria y secundaria. A ello se sumaron 91 mil 170 servicios médicos y la participación de más de mil 500 personas en actividades deportivas.

Una de las activistas dijo que niñas y niños esperan hasta cuatro meses para regularizar una convivencia

Por: Redacción

Abogadas postulantes que acompañan a los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reforzar con personal a los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante un rezago que retrasa hasta cuatro meses los acuerdos de convivencia y de pensión alimenticia.

Alejandra Rivera, abogada postulante, dijo que niñas, niños y adolescentes esperan hasta tres o cuatro meses para que se regularice una convivencia en el centro de convivencia familiar, y que lo mismo ocurre con los alimentos. “Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos”, señaló.

Explicó que, para destrabar los casos, los litigantes han tenido que recurrir a la justicia federal. En los juzgados de distrito obtienen la suspensión de plano en beneficio de los menores, lo que obliga a la primera instancia a acordar de inmediato. “Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo”, dijo.

Rivera aclaró que la petición “no es un golpeteo al tribunal” y atribuyó el rezago a la falta de personal frente al número de demandas y acuerdos que se presentan cada día. Los más afectados, afirmó, son los menores y los padres que no pueden tener acceso a las visitas, además de niñas y niños que viven una vida judicializada.

Otra de las abogadas señaló que los juzgados dictan acuerdos hasta uno o dos meses después de presentada la promoción, pese a los plazos que fija el Código de Procedimientos, y recordó que existen tesis aisladas que obligan a resolver con celeridad.

Dirigió el reclamo a los jueces electos tras la reforma judicial: “Sobre todo a estos nuevos jueces que prometieron que iban a cambiar el sistema de acceso a la justicia, que hagan su trabajo”.

Este mes, la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, defendió que el rezago no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial y citó más de 25 mil resoluciones familiares como parte del primer informe tras la reforma.

Violencia vicaria, cada 25 de mes

Los colectivos anunciaron que se manifestarán cada 25 de mes y señalaron que lo que viven las mujeres a las que acompañan “se llama violencia vicaria“. Pidieron a los abogados conducirse con ética en los procesos de convivencia y buscar el interés superior de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

En agosto, Zarazúa Martínez reconoció que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados del estado.

Congreso desechó iniciativa escolar

Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de Red Libres, informó que el Congreso del Estado desechó la iniciativa de los colectivos para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia en escuelas de educación básica.

De acuerdo con las opiniones técnicas, explicó, las escuelas ya cuentan con comités de seguridad que cubren esa función, y no había presupuesto para aplicarla. Cuellar sostuvo que esos comités existen, pero tienen otras funciones y no la de prevenir la violencia.

“¿Por qué hay dinero para todo menos para lo que es urgente?”, cuestionó. Recordó que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, y afirmó que hay “aviadores” en el gobierno cuyo sueldo podría destinarse a prevenir la violencia contra las infancias. Calificó la decisión de los diputados como “un adultocentrismo total”.

Los colectivos preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar al Congreso en noviembre, para fortalecer los comités de seguridad escolar y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

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La obra de cinco kilómetros conectará el Eje 122 con el Eje 140

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, una obra de cinco kilómetros que conectará el Eje 122 con el Eje 140 para ampliar las opciones de acceso y salida de la Zona Industrial, la principal zona productiva del estado. Dijo que la conexión beneficiará a más de 500 mil usuarios.

El gobernador explicó que esta etapa se suma a la transformación del antiguo Periférico, hoy Circuito Potosí, y a los puentes, pasos a desnivel y vialidades que ya mejoraron la conexión hasta el Eje 122. Dijo que la obra busca distribuir de mejor manera el flujo vehicular que hoy se concentra en las principales rutas hacia la Zona Industrial.

A estas acciones se suma el Puente La Familia, que mejorará la circulación en el sector surponiente del Circuito Potosí y facilitará los desplazamientos hacia fábricas, empresas y centros de trabajo al sur de la capital.

Gallardo Cardona dijo que mejores vialidades también generan condiciones más favorables para la actividad económica, al facilitar el traslado de personal, mercancías y servicios, y acompañar el crecimiento de la Zona Industrial.

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