Ciudad
Empresarios inmobiliarios culpan a la ciclovía de las bajas ventas en Carranza
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios aseguró que el principal responsable de este fenómeno es que los automovilistas no tienen espacio para estacionarse
Por: Redacción
Luis Alberto Alvarado Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), declaró que la presencia de la ciclovía en la avenida Venustiano Carranza, en el tramo que va del Jardín de Tequis a Uresti, ha generado falta de estacionamiento y, por consecuencia, que los locales y oficinas ahí ubicados ya no sean atractivos para la renta, lo cual ha provocado que los precios de rentas cayeran entre un 30 y 35 por ciento.
El empresario dijo que los locales y oficinas ubicados en ese tramo ya no son atractivos, ya que los negocios que llegan a instalarse ahí terminan quebrando a los pocos meses, dado que sus clientes no tienen espacio para estacionarse debido a la ciclovía. Esta situación ha provocado que haya al menos 60 locales comerciales desocupados entre Tequis y Uresti y algunos edificios de oficinas hasta con el 70 por ciento de desocupación.
Alvarado Moreno comentó: “Se genera un canibalismo de clientes, entonces hay un cliente interesado en rentar un local ahí y se entera el vecino y se baja más la renta y se entera el otro vecino y le baja más la renta y entonces no gana nadie y los pocos que se arriesgan a invertir en esa zona, que debería ser una de las más importantes, no terminan durando más de seis meses”.
El presidente de AMPI aseguró que esta asociación está a favor de que se instalen ciclovías en la ciudad, sin embargo, la que está en Carranza ha causado más afectaciones que beneficios, debido a que se han hecho recorridos donde se ha constatado que casi no es usada, no es segura para los ciclistas, no conecta puntos clave de la ciudad y provoca grandes afectaciones al comercio de la zona.
Luis Alvarado mencionó que hay estudios que indican que circulan mayor número de ciclistas en vialidades que no cuentan con ciclovía, como Circuito Potosí, Carretera Matehuala o Carretera Rioverde, que en Carranza, en donde la ciclovía se llega a usar únicamente con fines recreativos y no de movilidad, por lo que el empresario hizo un exhorto a las autoridades a darle una solución a la problemática que están viviendo los inmuebles comerciales y oficinas ahí ubicados.
“Ahorita el problema es que está en desuso, entonces genera inseguridad, hay casas viejas que ya nadie le quiere invertir ahí y se mete gente, el problema que viene es que los edificios que no están ocupados ya no hay capital para mantenerlos, empieza a haber un deterioro de los inmuebles y cada vez se está agravando más la situación”, dijo Luis Alvarado.
Alvarado Moreno comentó que la AMPI no se está pronunciando en torno a qué es lo que se tiene qué hacer, ya que es decisión de la autoridad determinar si la ciclovía debe ser reubicada o debe mantenerse en Carranza únicamente con un reacomodo del espacio que permita que se deje de afectar a los comercios, pero sí se están solicitando acciones oportunas para evitar mayores afectaciones a esa recién remodelada avenida en la capital potosina.
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El titular Juan Antonio Villa, informó que actualmente se encuentran activos más de 13 botones activos en la Zona Universitaria así como otra decena en algunas partes estratégicas del Centro Histórico como lo son los corredores estudiantiles
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina aseguró en entrevista que desde el 2022 se trabaja en conjunto con la Federación Universitaria Potosina (FUP) y en días recientes se atendió la solicitud para rehabilitar y poner en funcionamiento los botones de pánico ubicados en los campus universitarios.
Villa Gutierrez informó ademas que los 13 botones de pánico ubicados en diferentes puntos de la zona universitaria están funcionando de manera correcta y que de los otros 10 botones instalados en la Zona Centro, algunos están recibiendo mantenimiento.
Además de esta herramienta, se cuenta con cámaras de vigilancia en dichas zonas que conectadas directamente al C4.
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Torres Cedillo aclaró que el protocolo estatal autoriza cualquier prenda que proteja a los alumnos, tras el conflicto en la Ciriaco Cruz
Por: Cristian Betancourt
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, reiteró que ninguna escuela está autorizada a condicionar el uso de otra ropa diferente que no sea el uniforme deportivo.
El funcionario recordó que existe un protocolo que permite a los estudiantes asistir con pants, chamarras, sudaderas o cualquier prenda que les proteja del clima, sin que pueda ser motivo de sanciones o restricciones esto tras los hechos recientes sucedidos en la escuela Secundaria José Ciriaco Cruz: donde se reportó que los alumnos no podían usar uniforme deportivo.
Torres Cedillo informó que la SEGE ya tomó medidas respecto al caso de la secundaria Ciriaco Cruz, luego de comunicarse con el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y advirtió que los directivos que incumplan la instrucción recibirán sanciones.
El secretario destacó que, hasta el momento no se han recibido más reportes de escuelas que limiten el uso de ropa abrigadora. También hizo un llamado a padres de familia y alumnos para que denuncien cualquier caso que les impide usar prendas para protegerse del frío.
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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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