septiembre 25, 2026

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Ceepac e INE piden erradicar la violencia política de género

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Ceepac

En una videoconferencia realizada por el Ceepac se abordó el tema de la violencia política de género, que será sancionada en el próximo proceso electoral

Por: Redacción

En conferencia virtual organizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela Herrera, convocó a los organismos públicos locales, tribunales electorales, fiscalías y en general organismos defensores de la mujer en el país, a unir esfuerzos para combatir y erradicar el fenómeno de violencia política en razón de género que a partir del inicio del proceso electoral -en septiembre de 2020- será sancionado por el reconocimiento legal que aprobó la Cámara Federal de Diputados.

En la conferencia denominada “La Reforma Federal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad, y su aplicación en el ámbito administrativo electoral”, los integrantes del Organismo Electoral, Laura Elena Fonseca Leal, Zelandia Borquez Estrada y Martín Faz Mora, coincidieron en que se hace necesario un cambio cultural en favor de la igualdad, de la no discriminación y de la creación de mecanismos de sensibilización en favor de la participación política de las mujeres.

Para dar inicio a la videoconferencia impulsada a través de la Comisión Permanente de Igualdad del Ceepac, Adriana Favela dijo que las reformas que hoy se suscitan en nuestro país sobre Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género han sido el resultado del trabajo legislativo hecho por mujeres de diversos partidos políticos durante seis años, mismo que el pasado 13 de abril del presente ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

También dijo que el reconocimiento del término de violencia política en razón de género como toda acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto limitar o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, es un hecho histórico en la vida política de México.

Destacó que el próximo año se realizará la renovación de más de 21 mil 101 cargos de elección popular entre gubernaturas, diputaciones y cargos de tipo municipal, por lo que será importante que las instituciones se sumen para prevenir la violencia política en razón de género.

Explicó que en el INE se tuvieron 76 quejas por violencia política por razón de género, por lo que se impulsó una reforma a 8 leyes para regular la violencia política contra las mujeres, en la que se define el término violencia política en razón de género y en las que se prevén 22 conductas que son acciones y omisiones en contra de la mujer, basadas en hechos reales que se dieron en pasados procesos electorales en el país.

En la conferencia las consejeras, Adriana Fave la y Zelandia Borquez, destacaron que en la aprobación de la nueva reforma que tendrán que armonizar los estados, se prevé lo siguiente:

  • Concepto de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género.
  • 22 conductas (acciones u omisiones) que expresan Violencia Política contra las Mujeres (basadas en hechos reales).
  • Se garantiza protección desde las precandidaturas, candidaturas, contender en condiciones de igualdad con los hombres (apoyo para campañas electorales, acceso a tiempos de radio y tv de los partidos, monitoreo de spots), posesión del cargo y el ejercicio del mismo.
  • Se determina que la VPCM puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
  • Faculta al INE, OPLES, TEPJF y Tribunales Electorales Locales para solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas de protección (precautorias y cautelares).
  • INE se integra al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
  • Faculta al INE y OPLES para PROMOVER LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA; incorporar la perspectiva de género al MONITOREO de transmisiones sobre precampañas y campañas electorales en programas de radio y televisión; SANCIONAR las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género.

Por su parte la consejera Zelandia Borquez Estrada informó que una vez que el Poder Legislativo estableció un plazo de inicio del proceso electoral por un período hasta el 30 de septiembre de 2020, tendrán un plazo hasta el 01 de julio para armonizar la ley local con el decreto publicado el pasado 13 de abril en materia de violencia política en razón de género.

La conferencia virtual fue transmitida por las plataformas de Facebook y canal de Youtube del Ceepac, medios a través de los cuales los interesados despejaron sus dudas acerca de la aplicación de esta nueva legislación y a través de las cuáles Ceepac continuará transmitiendo eventos en pro de la igualdad, la no violencia y la no discriminación, entre otros.

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Estado

Abogadas piden reforzar juzgados familiares ante rezago de hasta cuatro meses

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Una de las activistas dijo que niñas y niños esperan hasta cuatro meses para regularizar una convivencia

Por: Redacción

Abogadas postulantes que acompañan a los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reforzar con personal a los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante un rezago que retrasa hasta cuatro meses los acuerdos de convivencia y de pensión alimenticia.

Alejandra Rivera, abogada postulante, dijo que niñas, niños y adolescentes esperan hasta tres o cuatro meses para que se regularice una convivencia en el centro de convivencia familiar, y que lo mismo ocurre con los alimentos. “Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos”, señaló.

Explicó que, para destrabar los casos, los litigantes han tenido que recurrir a la justicia federal. En los juzgados de distrito obtienen la suspensión de plano en beneficio de los menores, lo que obliga a la primera instancia a acordar de inmediato. “Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo”, dijo.

Rivera aclaró que la petición “no es un golpeteo al tribunal” y atribuyó el rezago a la falta de personal frente al número de demandas y acuerdos que se presentan cada día. Los más afectados, afirmó, son los menores y los padres que no pueden tener acceso a las visitas, además de niñas y niños que viven una vida judicializada.

Otra de las abogadas señaló que los juzgados dictan acuerdos hasta uno o dos meses después de presentada la promoción, pese a los plazos que fija el Código de Procedimientos, y recordó que existen tesis aisladas que obligan a resolver con celeridad.

Dirigió el reclamo a los jueces electos tras la reforma judicial: “Sobre todo a estos nuevos jueces que prometieron que iban a cambiar el sistema de acceso a la justicia, que hagan su trabajo”.

Este mes, la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, defendió que el rezago no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial y citó más de 25 mil resoluciones familiares como parte del primer informe tras la reforma.

 

Violencia vicaria, cada 25 de mes

Los colectivos anunciaron que se manifestarán cada 25 de mes y señalaron que lo que viven las mujeres a las que acompañan “se llama violencia vicaria“. Pidieron a los abogados conducirse con ética en los procesos de convivencia y buscar el interés superior de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

En agosto, Zarazúa Martínez reconoció que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados del estado.

 

Congreso desechó iniciativa escolar

Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de Red Libres, informó que el Congreso del Estado desechó la iniciativa de los colectivos para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia en escuelas de educación básica.

De acuerdo con las opiniones técnicas, explicó, las escuelas ya cuentan con comités de seguridad que cubren esa función, y no había presupuesto para aplicarla. Cuellar sostuvo que esos comités existen, pero tienen otras funciones y no la de prevenir la violencia.

“¿Por qué hay dinero para todo menos para lo que es urgente?”, cuestionó. Recordó que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, y afirmó que hay “aviadores” en el gobierno cuyo sueldo podría destinarse a prevenir la violencia contra las infancias. Calificó la decisión de los diputados como “un adultocentrismo total”.

Los colectivos preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar al Congreso en noviembre, para fortalecer los comités de seguridad escolar y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

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Estado

Gallardo anuncia segunda etapa de vialidad hacia la Zona Industrial

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La obra de cinco kilómetros conectará el Eje 122 con el Eje 140

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, una obra de cinco kilómetros que conectará el Eje 122 con el Eje 140 para ampliar las opciones de acceso y salida de la Zona Industrial, la principal zona productiva del estado. Dijo que la conexión beneficiará a más de 500 mil usuarios.

El gobernador explicó que esta etapa se suma a la transformación del antiguo Periférico, hoy Circuito Potosí, y a los puentes, pasos a desnivel y vialidades que ya mejoraron la conexión hasta el Eje 122. Dijo que la obra busca distribuir de mejor manera el flujo vehicular que hoy se concentra en las principales rutas hacia la Zona Industrial.

A estas acciones se suma el Puente La Familia, que mejorará la circulación en el sector surponiente del Circuito Potosí y facilitará los desplazamientos hacia fábricas, empresas y centros de trabajo al sur de la capital.

Gallardo Cardona dijo que mejores vialidades también generan condiciones más favorables para la actividad económica, al facilitar el traslado de personal, mercancías y servicios, y acompañar el crecimiento de la Zona Industrial.

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Presupuesto federal 2027: SLP recibirá 45 millones más para salud

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Desde enero, las clínicas públicas no podrán rechazar a nadie por no ser derechohabiente

Por: Carlos Ruíz

El gobierno federal propone gastar 1 billón 105 mil 963 millones de pesos en salud durante 2027, 10.9% más que este año ya descontada la inflación. Aun con ese aumento, el dinero equivale a 2.8% de todo lo que produce el país en un año, el llamado Producto Interno Bruto (PIB).

Dicho de otra forma: de cada 100 pesos que genera la economía mexicana, poco menos de 3 irían a la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que sean al menos 6, según su agenda regional de salud 2018-2030.

Las cifras vienen del Paquete Económico 2027, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Es una propuesta: los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para aprobarla o modificarla.

Qué significa “10.9% más”

Cuando Hacienda habla de un aumento “en términos reales”, ya le quitó el efecto de la inflación, es decir, lo que suben los precios de un año a otro. Sin descontar la inflación, el gasto en salud crece 140 mil 300 millones de pesos.

El aumento llega después de un año de ajuste: en el presupuesto aprobado para 2026, el gasto en salud había bajado 3.2% en términos reales respecto a 2025. Desde 2020, su peso en la economía se ha mantenido entre 2.5 y 2.8% del PIB según Hacienda.

Quién recibe el dinero

El presupuesto de salud no está en una sola bolsa. La Secretaría de Salud, que opera los institutos nacionales y los hospitales federales, tendría 72 mil 306 millones de pesos, 4.8% más en términos reales.

El aumento mayor es para el IMSS-Bienestar, el sistema que atiende a quienes no tienen IMSS ni ISSSTE por su trabajo. Recibiría 193 mil 987 millones de pesos, 8.9% más que en 2026.

El programa de atención y medicamentos gratuitos que se entrega a los estados pasa de 88 mil 850 a 91 mil 718 millones de pesos. Descontada la inflación, se mantiene en el mismo nivel de este año.

“Cero rechazos” desde enero

La novedad del paquete es el Servicio Universal de Salud, que arrancará el 1 de enero de 2027; el presupuesto del IMSS-Bienestar incluye para ello un programa nuevo de 2 mil 500 millones de pesos. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, planteó en la carta con la que envió el presupuesto la regla de “cero rechazos”: ninguna persona podrá ser rechazada en una unidad médica pública por no ser derechohabiente.

En la primera etapa, el IMSS, el IMSS-Bienestar, el ISSSTE y Pemex intercambiarán servicios en urgencias, partos de emergencia, infartos, cáncer de mama e insuficiencia renal, entre otros casos. La credencialización empezará con las personas de 85 años y más.

Qué le toca a San Luis Potosí

San Luis Potosí firmó en agosto de 2022 el acuerdo con el gobierno federal para ampliar el IMSS-Bienestar en el estado, por lo que la atención de las personas sin seguridad social se paga, sobre todo, desde ese sistema.

Lo que sí llega etiquetado al estado es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), dinero federal que se entrega a los gobiernos estatales para salud. Para 2027, a San Luis Potosí le tocarían 670 millones de pesos, 45 millones más que los 625 millones de este año.

Con la inflación que estima Hacienda para 2027, el aumento real para el estado ronda 3.9%, por encima del 2.7% que crece el fondo a nivel nacional.

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