Estado
Ceepac e INE piden erradicar la violencia política de género
En una videoconferencia realizada por el Ceepac se abordó el tema de la violencia política de género, que será sancionada en el próximo proceso electoral
Por: Redacción
En conferencia virtual organizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela Herrera, convocó a los organismos públicos locales, tribunales electorales, fiscalías y en general organismos defensores de la mujer en el país, a unir esfuerzos para combatir y erradicar el fenómeno de violencia política en razón de género que a partir del inicio del proceso electoral -en septiembre de 2020- será sancionado por el reconocimiento legal que aprobó la Cámara Federal de Diputados.
En la conferencia denominada “La Reforma Federal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad, y su aplicación en el ámbito administrativo electoral”, los integrantes del Organismo Electoral, Laura Elena Fonseca Leal, Zelandia Borquez Estrada y Martín Faz Mora, coincidieron en que se hace necesario un cambio cultural en favor de la igualdad, de la no discriminación y de la creación de mecanismos de sensibilización en favor de la participación política de las mujeres.
Para dar inicio a la videoconferencia impulsada a través de la Comisión Permanente de Igualdad del Ceepac, Adriana Favela dijo que las reformas que hoy se suscitan en nuestro país sobre Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género han sido el resultado del trabajo legislativo hecho por mujeres de diversos partidos políticos durante seis años, mismo que el pasado 13 de abril del presente ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.
También dijo que el reconocimiento del término de violencia política en razón de género como toda acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto limitar o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, es un hecho histórico en la vida política de México.
Destacó que el próximo año se realizará la renovación de más de 21 mil 101 cargos de elección popular entre gubernaturas, diputaciones y cargos de tipo municipal, por lo que será importante que las instituciones se sumen para prevenir la violencia política en razón de género.
Explicó que en el INE se tuvieron 76 quejas por violencia política por razón de género, por lo que se impulsó una reforma a 8 leyes para regular la violencia política contra las mujeres, en la que se define el término violencia política en razón de género y en las que se prevén 22 conductas que son acciones y omisiones en contra de la mujer, basadas en hechos reales que se dieron en pasados procesos electorales en el país.
En la conferencia las consejeras, Adriana Fave la y Zelandia Borquez, destacaron que en la aprobación de la nueva reforma que tendrán que armonizar los estados, se prevé lo siguiente:
- Concepto de Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género.
- 22 conductas (acciones u omisiones) que expresan Violencia Política contra las Mujeres (basadas en hechos reales).
- Se garantiza protección desde las precandidaturas, candidaturas, contender en condiciones de igualdad con los hombres (apoyo para campañas electorales, acceso a tiempos de radio y tv de los partidos, monitoreo de spots), posesión del cargo y el ejercicio del mismo.
- Se determina que la VPCM puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
- Faculta al INE, OPLES, TEPJF y Tribunales Electorales Locales para solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas de protección (precautorias y cautelares).
- INE se integra al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
- Faculta al INE y OPLES para PROMOVER LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA; incorporar la perspectiva de género al MONITOREO de transmisiones sobre precampañas y campañas electorales en programas de radio y televisión; SANCIONAR las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género.
Por su parte la consejera Zelandia Borquez Estrada informó que una vez que el Poder Legislativo estableció un plazo de inicio del proceso electoral por un período hasta el 30 de septiembre de 2020, tendrán un plazo hasta el 01 de julio para armonizar la ley local con el decreto publicado el pasado 13 de abril en materia de violencia política en razón de género.
La conferencia virtual fue transmitida por las plataformas de Facebook y canal de Youtube del Ceepac, medios a través de los cuales los interesados despejaron sus dudas acerca de la aplicación de esta nueva legislación y a través de las cuáles Ceepac continuará transmitiendo eventos en pro de la igualdad, la no violencia y la no discriminación, entre otros.
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La Fiscalía General del Estado aparece como la dependencia contra la que se han emitido más quejas
Por: Redacción
En información publicada por El Sol de San Luis, de enero a abril del presente año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió más de 150 denuncias contra distintos organismos gubernamentales e instituciones educativas, según datos de la Plataforma Estatal de Transparencia.
En ese lapso, se registraron un total de 152 quejas, con el mes de abril siendo donde más se presentaron con 63. En enero hubo 26, bajaron en febrero con 21 y volvieron a subir en marzo con 42, antes de alcanzar su pico en el cuarto mes.
La Fiscalía General del Estado fue la que más denuncias registró, siendo éstas principalmente por amenazas, detenciones arbitrarias, retrasos injustificados en procesos y negativa a recibir denuncias.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también recibió varias acusaciones en su contra por maltratos durante las detenciones, ejercicio de la fuerza excesiva y apropiación ilícita de bienes.
Interapas fue objeto de múltiples inconformidades por cobros injustificados del servicio del agua, la suspensión del mismo y deficiencias en la atención a la población.
En cuanto a las instituciones educativas, se efectuaron múltiples señalamientos contra la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por ignorar casos de acoso, maltrato estudiantil y discriminación.
Giovana Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH, reconoció que, al menos en el tema de la educación, las entidades sí han mostrado voluntad para corregir estas situaciones, citando específicamente a la SEGE y al Cobach
Por otro lado, también se efectuaron denuncias en contra de ayuntamientos como los de Tamazunchale, Ciudad Valles, Xilitla y Soledad, reclamando principalmente omisión a solicitudes ciudadanas y actos administrativos sin sustento.
Argüelles Moreno reveló que emitieron varias recomendaciones a estas dependencias, con una de ellas siendo dirigida al Gobierno de Tamazunchale, recalcando que buscan atender estas situaciones teniendo como pilar la prevención
La dependencia aseguró que la maestra demandante no pertenecía a la plantilla oficial y que había sido contratada por la Asociación de Padres de Familia
Por: Redacción
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) aclaró que el embargo ejecutado en la primaria “Lic. Antero G. González” de Ciudad Valles no fue en contra de la dependencia estatal, sino derivado de un conflicto laboral entre una docente de inglés y la Asociación de Padres de Familia del plantel.
A través de un comunicado oficial, la SEGE explicó que la maestra que promovió la demanda laboral “no formaba parte de la plantilla laboral adscrita a la dependencia”, ya que había sido contratada directamente por la Asociación de Padres de Familia y posteriormente no se le renovó el contrato.
La dependencia estatal precisó que el procedimiento fue resuelto por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en Ciudad Valles,
La aclaración surge luego de que trascendiera públicamente el embargo de diversos bienes dentro de la escuela primaria, situación que generó confusión sobre una posible responsabilidad directa de la SEGE en el conflicto laboral.
En el posicionamiento, la dependencia reiteró que se mantiene ajena al proceso legal y sostuvo que continuará trabajando en favor de los derechos laborales de las y los docentes que sí forman parte de su plantilla oficial.
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En redes sociales también surgieron denuncias de presuntas represalias laborales
Por: Redacción
Trabajadores de la Subdelegación Oriente del IMSS en San Luis Potosí denunciaron en redes sociales que desde el pasado lunes permanecen sin servicio de agua potable en las oficinas administrativas ubicadas sobre avenida Universidad, en la colonia El Paseo, situación que ha provocado afectaciones en las condiciones laborales y el funcionamiento básico del inmueble.
De acuerdo con testimonios enviados por empleados, la falta de agua dejó fuera de servicio los sanitarios y obligó al personal a continuar sus actividades en condiciones complicadas mientras la administración buscaba resolver el problema.
“Hola buen día, se les informa que no se cuenta con agua en la subdelegación, los baños estarán fuera de servicio, estamos checando para que se restablezca el servicio pronto”, señala uno de los mensajes internos difundidos entre trabajadores.
Según las denuncias, inicialmente se habló de un posible problema administrativo relacionado con el pago del servicio, aunque posteriormente comenzó a circular entre el personal la versión de que existiría una falla en las bombas del sistema hidráulico.
Trabajadores señalaron que, pese a la falta de agua, personal sindicalizado y de confianza continuó laborando dentro de las instalaciones.
Los empleados indicaron además que durante la mañana del martes se gestionó el envío de una pipa para abastecer temporalmente la cisterna y restablecer parcialmente las operaciones del inmueble.
La subdelegación estaría bajo la responsabilidad de Nereyda Covarrubias Rubio, según mencionaron los denunciantes. Paralelamente, en redes sociales comenzaron a difundirse mensajes de inconformidad por presuntas represalias contra trabajadores que denuncian situaciones internas dentro del IMSS.
Uno de los testimonios publicados corresponde a la enfermera especialista Leticia Ávila González, quien aseguró haber sido rescindida laboralmente tras denunciar públicamente presuntos actos de violencia, acoso y hostigamiento dentro de la institución.
“Es lamentable que el sindicato no defienda a sus trabajadores… no sigan permitiendo que se vulneren sus derechos”, escribió la trabajadora en una publicación difundida en redes sociales.
En otro mensaje compartido entre empleados del instituto, se acusa que mientras a nivel nacional pueden cuestionarse públicamente las deficiencias del IMSS, dentro de la delegación estatal existirían sanciones para quienes señalan directamente a funcionarios locales o personal de confianza.
Los testimonios también cuestionan el actuar del sindicato y denuncian un ambiente de miedo entre la base trabajadora.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre la falta de agua en la Subdelegación Oriente ni sobre las acusaciones difundidas por trabajadores en redes sociales.
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