Madres trabajadoras y jóvenes serán prioridad en el reparto de apoyos

Por: Redacción

Guillermo Morales López, delegado de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí, informó que, hasta el momento, no se ha reanudado la construcción de las viviendas pertenecientes al programa “Vivienda del Bienestar” en la entidad, aunque aseguró que la fecha de reinicio será anunciada próximamente.

Una vez concluidas las obras, se llevará a cabo el “Censo del Bienestar”, mediante el cual se determinará quiénes serán las primeras personas beneficiadas. Entre los grupos prioritarios se incluirán madres trabajadoras y jóvenes de entre 18 y 29 años con bajos recursos económicos.

El delegado subrayó que tanto la fecha de inicio de las construcciones como la ubicación de las viviendas será determinada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Hasta ahora, únicamente se han destinado ocho predios dentro del estado para este programa, distribuidos en los municipios de Charcas, Ciudad Valles y la capital potosina.

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El titular de CEA Gabino Manzo detalló que la reparación del Realito es de mil 400 mdp, cuando el presupuesto para Las Escobas es de 600 millones

Por: Redacción

Gabino Manzo Castrejón, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de San Luis Potosí, criticó el diseño y la ejecución del proyecto de la presa El Realito, al señalar que, además de tener múltiples fallas estructurales desde su origen, representa un gasto mucho mayor que el nuevo proyecto de la presa Las Escobas, cuyo presupuesto inicial es menos de la mitad.

Manzo Castrejón comparó directamente los costos y la viabilidad de ambos proyectos. “La reparación del ducto de El Realito, el último dato que nosotros tenemos, es de mil 400 millones de pesos. ¿A costa de qué? ¿De dónde sacaríamos mil 400 millones si el presupuesto de saque para la presa de Las Escobas son 600 millones?”, cuestionó. Aseguró que destinar una cifra tan elevada para corregir fallas ajenas carece de sentido y sería injustificable financieramente.

El funcionario señaló que las fallas de El Realito derivan de decisiones tomadas desde la firma del contrato original y del tipo de materiales empleados,

Asimismo, informó que el gobierno estatal ha emprendido acciones legales desde el inicio de la actual administración, exigiendo a los responsables del proyecto original que respondan por las deficiencias: “Estamos enfrascados en un tema legal muy fuerte. Si no lo haces como lo marca el proyecto, se viene abajo. Pero hay mucho dinero en riesgo, las penalizaciones son muy altas”, explicó, y agregó que incluso el contrato penaliza por anticipar pagos, lo que complica aún más la resolución.

El titular de la CEA reiteró que la responsabilidad de las fallas no debe recaer en el erario público y que los proveedores y constructores originales deben responder por los vicios de origen: “¿Por qué lo hemos de pagar nosotros, si está mal hecho desde el proveedor? Tiene que entregar garantías sobre ese proyecto”, concluyó.

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Denuncias a través de redes sociales señalan a perfiles que buscan un cargo en la elección judicial, con presuntos antecedentes de violencia de género

Por: Redacción

Las campañas de aspirantes a algún cargo en la elección al Poder Judicial que se realizará el 1 de junio han progresado con el paso de los días a través de redes sociales.

Sin embargo estas mismas plataformas han servido para exhibir casos de presunta violencia ejercida por quienes actualmente contienden por algún cargo en estos comicios.

Uno de ellos es el caso de Raúl Martínez Quiroz, notario público en Ciudad Valles y aspirante a juez en el sistema judicial potosino.

Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputada local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, denunció la candidatura de Martínez Quiroz tras señalar que ejerció violencia digital en perjuicio de su ex pareja, al difundir videos de contenido sexual sin su consentimiento.

“Es increíble que una persona con una denuncia penal por un delito tan grave no solo siga libre, sino que además aspire a ser juez. ¿Qué clase de justicia podemos esperar si quienes deben impartirla, ya tienen antecedentes de violencia?”, cuestionó la legisladora.

Otro de los casos señalados es el de Jesús Edgardo Ramírez González, candidato a Juez Familiar del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Desde el perfil de facebook de Telma González, señalan que el aspirante a juez ejerció como cómplice de sustracción y ocultamiento de una menor, y en los cuales estarían implicados sus familiares.

En esta publicación en particular se señala que Jesús Edgardo Ramírez González no merece ser electo como juez debido a este antecedente.

El propio Edgardo Ramírez publicó un video en sus redes sociales en el que se desmarcó de los hechos señalados. Aclaró que inicialmente formó parte del conflicto mencionado, sin embargo, refirió que no tuvo nada que ver con lo que se señala en las publicaciones de redes sociales. Lamentó que estos actos se usen para denostar la trayectoria de una persona sin pruebas suficientes por lo que refrendó que su carrera está intacta y se pronunció a favor de la justicia.

Estas denuncias se suman a la efectuada contra Sabas Santiago Ipiña Ramírez, cuyo caso fue dado a conocer por la propia víctima, Rosalinda Ávalos el pasado 12 de febrero de 2025, cuando se mencionó el nombre de este aspirante en la insaculación llevada a cabo por el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

En esta denuncia, Rosalinda Ávalos señalaba a Ipiña Ramírez de haber estado inscrito en dos listas (la del poder ejecutivo y la del poder legislativo). Así mismo, de haber atentado contra sus dos hijos en Soledad de Graciano Sánchez, cuando formó parte de la entonces Policía Ministerial el 11 de noviembre de 2020; así como de vincularlo como miembro de una organización criminal, al ser integrante de la misma corporación.

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