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Carreras frente a la violencia de género: omisión y deuda con las víctimas
Expertas en temas de derechos humanos de las mujeres criticaron la gestión del gobierno estatal ante la Alerta de Género
Por: Abelardo Medellín
El pasado 20 de septiembre, el gobernador Juan Manuel Carreras López ofreció un mensaje con motivo del el 4 Informe de su gobierno; sin embargo, no mencionó ni la Alerta de Género que tiene el estado potosino, ni sus estrategias para combatir la violencia contra las mujeres.
Al respecto, la activista y promotora de los derechos humanos de las mujeres, Arely Torres Miranda comentó para La Orquesta que invisibilizar la situación de riesgo para las mujeres en San Luis Potosí, ha sido una constante en el gobierno de Juan Manuel Carreras.
“Los gobernadores siempre hablan de las cosas bonitas, pero no mencionan el tema de los feminicidios o la puesta en marcha de la Alerta de Género. Es una muestra de que no se han hecho las cosas como deberían haberse hecho; si no, pues te aseguro que las presumiría”.
La activista consideró que la voluntad del gobierno carrerista, si existiera, habría iniciado por las capacitaciones a funcionariado o las unidades de género.
Sobre la que podría ser una acción a corto plazo que el gobierno podría implementar para mostrar voluntad de combatir la violencia feminicida, la activista consideró que “ninguna, creo que todavía no llegamos a ese punto donde podamos señalar que alguna acción está teniendo impacto para prevenir la violencia contra la mujer”.
Torres Miranda señaló que en esta administración ni siquiera se está cumpliendo con lo mínimo que solicita la Ley y que por ello parece lógico que no aparezca en el informe. “No he visto una buena acción, ni siquiera se ha transparentado bien. A lo mejor se están implementando, pero los ciudadanos no lo podemos ver”.
Por su parte, la académica Urenda Queletzú Navarro Sánchez, también integrante de la mesa de Seguimiento de la Alerta de Género, explicó que el tema de la violencia hacia la mujer en San Luis Potosí fue omitido en el informe puesto que, en su opinión, “hay un discurso que se ha intentado de colocar donde se dice que no sirven las alertas, y por lo tanto no hay que colocarlas, por lo tanto es mejor desaparecerlas, por lo tanto es mejor no activarlas y, concretamente, el gobernador tiene una mirada poco compleja del tema”.
Navarro Sánchez señaló que la gestión del gobernador se ha sujetado a los recursos que puede mostrar: “por ejemplo, lo que sí dijo en su informe fue de que San Luis tenía 4 centros de justicia para mujeres[…] pero una cosa es que el estado tenga infraestructura para la gestión y la otra es que esa infraestructura opere”.
En opinión de la académica, el hecho de que el gobernador no mencionara el problema de violencia de género en su mensaje, “tiene que ver con su desconocimiento, y que sus instituciones que le reportan, le reportan gestiones institucionales, pero no acciones que realmente podamos denominar emergentes o que erradiquen la problemática”.
La activista consideró que el gobernador “debió ser reiterativo donde reconociera que existe el problema, y que dijera en qué etapa va su estrategia […] lo entenderíamos si explicara que hay un vacío institucional, pero no se menciona eso, solo menciona los centros de justicia”.
Puntualizó que, hoy en día, las instituciones no pueden coordinarse para atender los reportes de violencia en contra de mujeres.”Sentarse a hablar con las víctimas, el gobernador tiene dos años, desde que se implementó la alerta de género, sin sentarse a hablar con las víctimas, y no puede haber política pública sin acercarse a la población a quien busca ayudar”.
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#4 Tiempos
SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva
Corredor Humanitario
Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.
Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.
Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.
En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.
Aquí no.
En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.
Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.
En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.
Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.
Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?
Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.
Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC) .
Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.
Han sido omisos profesionales.
Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.
¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?
Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.
Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.
Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.
Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.
Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.
Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.
Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.
Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.
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Ciudad
¿Será removido el lirio de la presa San José en 2026?
Mientras el Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio en El Realito, la CEA insiste en removerlo totalmente del embalse
Por: Redacción
Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que se continúa trabajando en el saneamiento del río que va desde la cortina de la presa El Peaje hasta San José y en el retiro definitivo del lirio de esta última.
Según Martínez Sánchez la primera parte del proyecto, de conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consiste en el entubamiento de un porcentaje del agua de El Peaje para que sea utilizada en el área metropolitana, la siguiente fase incluiría un saneamiento integral de la zona y los drenajes que pudieran estar obstruidos o dañados.
La segunda parte de este proyecto planea la remoción completa del lirio de agua de la presa San José, a pesar del llamado del alcalde municipal, Enrique Galindo, al cultivo controlado de estas plantas.
Un estudio realizado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) encontró metales pesados en las raíces de los lirios, si bien dichos metales contribuyen a la limpieza del agua, no deberían ser tratados como un desecho simple.
La propuesta del Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio también en El Realito como controlador natural de la limpieza de la misma, mientras que la CEA insiste en removerlo totalmente.
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Destacadas
SLP apunta a erradicar el analfabetismo en 2026: SEGE
El titular de la dependencia dijo que la entidad ocupa el primer lugar en alfabetización a nivel nacional
Por: Redacción
El 2026 podría ser un año histórico para San Luis Potosí, pues Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que este año el Estado podría erradicar el analfabetismo entre la población.
El secretario apuntó que San Luis Potosí actualmente ocupa el primer lugar nacional en alfabetización, y se están redob lando esfuerzos en la educación para adultos, en donde además de la primaria y la secundaria, se está buscando que también puedan completar la preparatoria .
Torres Cedillo comentó que ya se encuentran en conversaciones con Armando Contreras Castillo, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de firmar un convenio que certifique a San Luis como uno de los estados que elimina el analfabetismo.
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