Durante sesión de Cabildo y del Consejo de Administración del INMUVI, el Alcalde, Juan Manuel Navarro destacó avances en la regularización de predios en El Huizache y anunció la entrega próxima de más de 300 escrituras

Por: Redacción

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la Trigésimo Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo y la Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVI), donde destacó los avances en la regularización de predios en diversas zonas del municipio, destacando la preparación de entrega de más de 300 escrituras para familias que han estado en espera de certeza jurídica, generando bienestar a través de la atención a rezagos históricos y soluciones reales.

Especificó que entre estos logros en regularización, se beneficiarán alrededor de 12 familias de la comunidad El Huizache, que durante más de 10 años permanecieron sin certidumbre legal sobre sus propiedades. Durante la sesión, el alcalde informó que, además de los avances en El Huizache, el Ayuntamiento mantiene procesos de regularización que beneficiarán a más de 650 familias asentadas rumbo a Cerro de San Pedro, fortaleciendo el patrimonio de cientos de hogares soledenses bajo una política cercana a la población y de atención directa a quienes más lo necesitan.

Asimismo, se presentaron y aprobaron informes financieros, presupuestales y de actividades correspondientes al primer trimestre de 2026

De acuerdo con información del Instituto Municipal de la Vivienda, actualmente se cuenta con alrededor de 250 escrituras listas para entrega y entre 60 y 70 más en proceso de firma, por lo que próximamente podrían concretarse más de 300 escrituras para familias de diversas colonias del municipio, cifra que supera ampliamente la meta anual planteada al inicio de la administración.

El Gobierno municipal reafirma que estos resultados son reflejo de la coordinación entre autoridades municipales y estatales, así como de la confianza ciudadana en un Gobierno que escucha, atiende y brinda acompañamiento directo para evitar fraudes relacionados con falsos gestores.

El INMUVI continúa ofreciendo atención personalizada en sus oficinas ubicadas en la calle Blas Escontria en la Cabecera municipal, en horario de 8:00 a 15:00 horas, orientando a las y los ciudadanos en procesos de escrituración y regularización de asentamientos humanos.

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Los alumnos dominaron en diferentes competencias de varias disciplinas científicas

Por: Redacción

El doctor Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres (COBACH) del Estado de San Luis Potosí, compartió información sobre los alumnos que representaron a la entidad en competencias extranjeras y sobre los planes a futuro que se tienen respecto al tema.

El director informó que un equipo de estudiantes estuvo en Brasil la semana pasada y destacó la participación de otro grupo de COBACH 01 que fue a Rumanía y volvió con una medalla histórica del tercer lugar en Infomatrix.

Centeno Trejo también resaltó la preparación de grupos de jóvenes que irán a Inglaterra y Costa Rica, además del anuncio de una nueva acreditación que enviará estudiantes a Singapur en materia de matemáticas.

Finalmente, el doctor también destacó que, dentro de la república, otros jóvenes participarán en más competencias, como la Olimpiada Nacional de Matemáticas y otras relacionadas con la materia de física.

“Son seis alumnos, cinco son de COBACH y uno del Tec de Monterrey. Entonces, se conformó la delegación de matemáticas. También estamos muy contentos con los eventos que hemos tenido en física que fueron allá a Zacatecas. Primer y segundo lugar de la Olimpiada de física de aquí de San Luis Potosí”, subrayó.

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El periodismo se defiende con el método; la simulación destruye el derecho a saber

Por: La Orquesta 

En los últimos días, San Luis Potosí se ha visto inmerso en un debate tan enconado como confuso tras la detención de personas vinculadas a diversas páginas de Facebook e involucradas en procesos del orden penal.

Mientras que las narrativas oficiales encuadran los hechos estrictamente en la persecución de delitos tecnológicos y comunes, diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión a nivel nacional e internacional han alertado de inmediato sobre una presunta “cacería” en contra de voces críticas.

Ante este escenario, este medio de comunicación fija una postura clara, rigurosa y desprovista de corporativismos: la libertad de expresión es un derecho inalienable de los ciudadanos, pero el periodismo no puede ser utilizado como patente de corso ni como un escudo de impunidad para el anonimato calumnioso.

El periodismo no se define por el soporte tecnológico ni por el volumen de interacciones en una red social; el periodismo se define por su método.

Nuestra profesión descansa en la verificación factual, el contraste de fuentes, el apego a los géneros periodísticos —la nota, la crónica, el reportaje— y, sobre todo, en la responsabilidad ética y legal de firmar con nombre y apellido lo que se publica, garantizando siempre el derecho constitucional de réplica.

Confundir la gestión de comunidades digitales de ataque o la difusión anónima de contenidos sin sustento con el ejercicio de la prensa libre es un grave error de diagnóstico.

Cuando organizaciones defensoras de comunicadores omiten auditar la naturaleza y la responsabilidad editorial de los cascarones que defienden, terminan desprotegiendo al periodista real.

Lejos de salvaguardar el derecho a la información, se fomenta un ecosistema donde la denostación secreta queda blindada, dejando a la sociedad en la indefensión y diluyendo el valor de quienes arriesgan la vida ejerciendo el oficio de manera honesta y transparente.

Debemos entender que la desinformación no es solo mentira; es una arquitectura emocional, algorítmica y económica diseñada para capturar atención, polarizar sociedades y erosionar la confianza pública.

En nuestra región, este fenómeno es doblemente peligroso. La vulnerabilidad de San Luis Potosí y de toda Latinoamérica frente a la desinformación aumenta exponencialmente debido a la desigualdad educativa, la hiperpolitización, la concentración mediática, la dependencia tecnológica extranjera y el consumo masivo de información vía plataformas cerradas como WhatsApp, donde el origen de los datos se difumina y la rendición de cuentas desaparece.

Por ello, exigimos a las autoridades locales actuar con estricto apego a la legalidad, con total transparencia procesal y sin utilizar los tipos penales de forma selectiva u oportuna para silenciar disidencias legítimas.

Las causas penales ordinarias deben resolverse en los tribunales bajo el debido proceso, no en la arena del martirizadero mediático.

Al mismo tiempo, llamamos al gremio y a los colectivos de derechos humanos a una profunda autocrítica: defender la libertad de prensa exige, primero, saber distinguir el periodismo de la propaganda y de la difamación oculta. Validar la simulación solo acelera la degradación del debate público. El periodismo en San Luis Potosí se defiende con la verdad, con la metodología y de frente a la ciudadanía; nunca desde las sombras.

Hacerle creer a organismos nacionales e internacionales de protección al periodismo que Eréndira Reyes Aguillón, su hija Alejandra Hermosillo y el hasta ahora desconocido personaje de Christian Herrera —detenido por participar en el asalto a una farmacia— son “víctimas” de una persecución del Estado en su contra, es una medida oportunista sostenida en una narrativa tramposa, equivocada y peligrosa.

Equiparar a un medio de comunicación serio —con estructura, reporteros, directorio, ubicación física y registros legales ante la SHCP, el Indautor y el IMPI— con simples páginas o comunidades anónimas de Facebook, es un error gravísimo de criterio. Al proteger sin mayor contexto a personas que no ejercen la profesión ni sus métodos, las organizaciones internacionales desvirtúan su propio propósito, fomentando colateralmente la calumnia, la irresponsabilidad editorial y el impulso a las noticias falsas con autores ocultos.

Eso no es periodismo y, por lo tanto, no se le puede cobijar en los mismos términos.

El código penal potosino, desde el 2009, no resuelve los delitos contra el honor a través de la vía penal, sino por la vía civil. Por lo tanto, si la Fiscalía y el Poder Judicial de San Luis Potosí consideraron tener elementos para la integración de una carpeta de investigación que derivó en la ejecución de una orden de aprehensión de tipo penal con medidas precautorias, es claro que no se les acusa ni persigue como consecuencia de ningún acto relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión.

De no ser así, y si los personajes mencionados fueron apresados arbitrariamente, sin procedimiento, sin una denuncia o bajo imputaciones de cárcel por delitos que no lo ameritan, entonces exigimos al Estado su inmediata liberación.

Pero si están respondiendo ante la ley por asaltar una farmacia, por fraudes o por cualquier otra conducta delictiva, demandamos que se les aplique la norma: que vayan a juicio, que ejerzan su derecho a la defensa y, de encontrarse culpables, se les castigue. Igual que a cualquier otro ciudadano, de forma rápida y expedita.

Ser reportero, periodista, o llamarse así a conveniencia, no es un manto protector ni un salvoconducto para estar por encima de la ley.

Por último, sobre la lista de diez o más reporteros contra los que se presume existen órdenes de aprehensión, hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes: al órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado, a sus mandos medios, a la titular de la institución y a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, para que expliquen públicamente cómo es que documentos de carácter reservado terminaron circulando en las redes.

No solo en este, sino en todos los casos, es un despropósito estructural que las investigaciones y órdenes de captura estén a disposición de los acusados o fluyan en listas informales escritas por cualquiera.

El Poder Judicial y la Fiscalía deben responder y aclarar esta filtración si es que responde a la verdad.

De otra forma y si se comprueba que no existen tales órdenes de aprehensión en contra de periodistas locales —argumento con el que se sostiene la narrativa de la “cacería”—, entonces la sociedad y autoridad debe exigir cuentas a los promotores de este engaño.

Manipular la opinión pública, saturar a la autoridad con solicitudes de amparo sin sustento real y utilizar tramposamente a los organismos protectores para generar un blindaje injustificado, es un acto de profunda irresponsabilidad.

Tengamos las cosas claras: El periodismo se firma; el delito se juzga.

Jorge Francisco Saldaña Hernández
Director General de LaOrquesta MX