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Cae el muro de San Luis | Apuntes de Jorge Saldaña
Apuntes
No es Berlín amigos de la concordia e hijos de mi guerra fría, pero parece que por fin en 2022 no se cae, se derrumba en San Luis un muro hecho de añejo dolor, de históricos resentimientos, de diferencias que cavaron brechas tan profundas como el agravio, y que estuvieron clavadas por siglos como flecha envenenada de clasismo en el corazón de un pueblo.
Lo que brevemente anuncio hoy, hijos de “siempre vendrán tiempos mejores”, es por mucho lo que con esperanza aguardé para ver algún día con dos ojos despiertos: el primer paso necesario para erradicar el San Luis dividido en dos. En ese siempre sometido a la dualidad y a la competencia de la ideología, circunstancia o hasta geografía.
Les anuncio en exclusiva que viene un Abrazo de Acatempan, una caída del muro de San Luis, la firma de un tratado social con el que se pone fin a una guerra de 430 años.
No son las manos del gobernador Gallardo, son los brazos del Estado que por fin están dispuestos y encuentran disponibilidad para pactar con una clase social punta de la pirámide, una clase vieja y oligárquica que al paso de las décadas engendró, parece, una generación dispuesta a los nuevos tiempos.
No quiero dar muchas vueltas ni extenderme en el contexto, sin embargo, no exponerlo sería corto y desatinado.
La elección de junio pasado no fue una en la que el poder cambió de color o de nombre de partido, que lo hizo. Tampoco fue una que necesariamente fuera estructural, que lo es, ni tampoco puramente de sistema, que se transforma… La elección de junio pasado fue un cambio de clase social en el gobierno.
Ya no fueron los capitanes y dueños de la riqueza y los activos, los herederos de la historia afrancesada de los apellidos y los “abolengos” quienes, en un partido u otro, se adjudicaban cada seis años un título virtual de “gobernantes adjuntos”, ostentando una especie de “poder tras el poder” y ser la “casta de los mueve hilos” justificados en el “a mí el gobernador me contesta”.
El poder cambió de clase social y dolió.
Pero no se tuvo miedo al dolor, al contrario, desde el primer día este gobierno no se asumió “paliativo” (en términos y contexto de la filosofía política) ni intentó sobar o zurcir la rasgadura que hizo en la historia política potosina.
No. Se afrontó el suplicio que significa gobernar para unos y otros, derrumbando las barreras sociales conscientes e inconscientes entre ricos y pobres, poniente y oriente, escuela de paga y sin escuela, curros y huastecos, fresas y nacos, pauperrimos y multimillonarios, los “muy, muy” gobernados por la mayoría de los “nada, nada”. La oligarquía perdió el poder frente al democrático y mayoritario “infelizaje” (Serrato dixit).
Todos juntos, arrebatados de sellos, de marcas y sin código postal, superan los dolores y se encaminan a un nuevo pacto.
Es el Pacto por San Luis, la caída del muro, el abrazo social, el fin del “potosinismo” o vaya usted a saber qué nombre la historia le pondrá.
Falta una decena de días quizás para que lo que aquí le adelanto se haga público, y se trata de la creación por decreto y oficial, de un consejo consultivo en el que el infelizaje tiende la mano, sin agravios, a la oligarquía.
Será un pacto en el que las mayorías reconocen sin rencor la arquitectura social del Estado e invitan a los Mahbub, Valladares, Chatos López, Rangeles, Lozanos, Torres Corzo y muchos otros más, a trabajar de la mano y sin secrecía, sin pose de misterio ni actitud de privilegio.
Serán ellos, el consejo consultivo, los que a la vista del estado, formal y legalmente constituidos, por decreto y publicados en el periódico oficial del Estado, los que de la mano del gobierno aporten su visión y experiencia en la ejecución de proyectos de gran calado.
No, no son cámaras ni asociaciones de empresarios (que seguramente tendrán representación), son personas que aportarán con tiros largos y capacidad de miras y amor al estado, proyectos de infraestructura, de movilidad, sociales y de detonación económica en beneficio, no de ellos como en el pasado, sino de todo un colectivo al que también rendirán cuentas.
Serán ellos los encargados de sugerir el destino de una bolsa de recursos de más de 4 mil 200 millones de pesos para con ellos transformar, ahora sí, el rostro del San Luis.
No lo harán solos, todo el que quiera aportar será escuchado y tendrán la tutela celosa del recurso público por parte de las instancias y controles de la autoridades correspondientes, responsables del dinero público.
¿Y de dónde viene el recurso? Provendrá del dinero del propio gobierno y un préstamo de casi 2,500 MDP del que, además, el consejo será responsable de asegurarse de que antes de que termine el sexenio quede totalmente saldado.
En suma, serán 4,200 MDP para puentes, parques ecológicos, carreteras, segundos pisos, desniveles, avenidas que respeten las ANP y den movilidad a los ciudadanos, atracción de empresas, construcción de nuevos parques industriales y docenas de cosas más que a quien esto escribe ni siquiera se le alcanzan a ocurrir, para eso estará el consejo consultivo con el que, de alguna manera, todos tendremos un pacto.
Estos recursos serán independientes a los destinados a la vía alterna, a la carretera Valles-Tamazunchale, al aeropuerto de las huastecas, a la rehabilitación del Rocha Cordero y totalmente distintos al presupuesto asignado a los programas sociales.
Faltan días pues para que se presente a los convocados, quizás un par de meses para que se formalice el decreto y sea público cada una de sus obligaciones en las páginas del Periódico Oficial del Estado.
Será el “pacto” social para el desarrollo y detonación de San Luis durante los próximos 30 años. Un apretón de manos de todos los “San Luis” sin bandos.
¿Es este un gobierno eminentemente social? Sí, y lo seguirá siendo, pero uno que ni se sienta ni despacha desde el agravio y borra con la goma de la apertura y pluralidad, las divisiones físicas o intrínsecas de los actores de su sociedad y los une a construir el futuro dejando los sesgos entre “unos y otros” en el pasado.
Dará mucho de qué hablar el pacto que hoy me he atrevido a adelantarle, Culto Publico, y estaremos atentos a su formación paso a paso.
BEMOLES
Los cambios en el gabinete son inminentes. Hoy lunes se harán oficiales las modificaciones en SEGE a donde llega el otrora titular del SEER. El maestro Ernesto Barajas tomará las riendas del Cefim porque urge la mano de un experto en la congruencia y atención a los municipios. Arturo Segoviano se convertirá en asesor del gobernador del estado, el Inpode cambiará de mando y al parecer Francisco Reyes Novelo ya recibirá por fin la llamada que espera desde la semana pasada para tomar las riendas de Sectur.
El titular de Sedeco será el “plan b” del gobierno estatal y lo más seguro es que recaerá en Ricardo Pérez “El Topo” la nueva responsabilidad. El Plan “A” siempre fue Juan Carlos Valladares Eichelmann, opción que por desafortunada sincronía vinculada a asuntos de salud hasta el sábado pasado no había podido ser concretada.
Increíblemente, la titular de Cultura todavía se queda, aunque con cambios también inminentes en su estructura interna.
Hasta la próxima.
Atentamente,
Jorge Saldaña
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Alcalde de San Vicente Tancuayalab, presuntamente captado disparando al aire
Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
con 15 cartuchos, y presunto “halconeo”, es decir, vigilancia de los recorridos de los agentes estatales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), uno de ellos estaba contratado formalmente y el otro no; ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Ciudad
Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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Costó a potosinos 66 mil pesos cada solicitud a la CEGAIP
El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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