julio 23, 2026

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Cae el muro de San Luis | Apuntes de Jorge Saldaña

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Apuntes

 

No es Berlín amigos de la concordia e hijos de mi guerra fría, pero parece que por fin en 2022 no se cae, se derrumba en San Luis un muro hecho de añejo dolor, de históricos resentimientos, de diferencias que cavaron brechas tan profundas como el agravio, y que estuvieron clavadas por siglos como flecha envenenada de clasismo en el corazón de un pueblo.

Lo que brevemente anuncio hoy, hijos de “siempre vendrán tiempos mejores”, es por mucho lo que con esperanza aguardé para ver algún día con dos ojos despiertos: el primer paso necesario para erradicar el San Luis dividido en dos. En ese siempre sometido a la dualidad y a la competencia de la ideología, circunstancia o hasta geografía.

Les anuncio en exclusiva que viene un Abrazo de Acatempan, una caída del muro de San Luis, la firma de un tratado social con el que se pone fin a una guerra de 430 años.

No son las manos del gobernador Gallardo, son los brazos del Estado que por fin están dispuestos y encuentran disponibilidad para pactar con una clase social punta de la pirámide, una clase vieja y oligárquica que al paso de las décadas engendró, parece, una generación dispuesta a los nuevos tiempos.

No quiero dar muchas vueltas ni extenderme en el contexto, sin embargo, no exponerlo sería corto y desatinado.

La elección de junio pasado no fue una en la que el poder cambió de color o de nombre de partido, que lo hizo. Tampoco fue una que necesariamente fuera estructural, que lo es, ni tampoco puramente de sistema, que se transforma… La elección de junio pasado fue un cambio de clase social en el gobierno.

Ya no fueron los capitanes y dueños de la riqueza y los activos, los herederos de la historia afrancesada de los apellidos y los “abolengos” quienes, en un partido u otro, se adjudicaban cada seis años un título virtual de “gobernantes adjuntos”, ostentando una especie de “poder tras el poder” y ser la “casta de los mueve hilos” justificados en el “a mí el gobernador me contesta”.

El poder cambió de clase social y dolió.

Pero no se tuvo miedo al dolor, al contrario, desde el primer día este gobierno no se asumió “paliativo” (en términos y contexto de la filosofía política) ni intentó sobar o zurcir la rasgadura que hizo en la historia política potosina.

No. Se afrontó el suplicio que significa gobernar para unos y otros, derrumbando las barreras sociales conscientes e inconscientes entre ricos y pobres, poniente y oriente, escuela de paga y sin escuela, curros y huastecos, fresas y nacos, pauperrimos y multimillonarios, los “muy, muy” gobernados por la mayoría de los “nada, nada”. La oligarquía perdió el poder frente al democrático y mayoritario “infelizaje” (Serrato dixit).

Todos juntos, arrebatados de sellos, de marcas y sin código postal, superan los dolores y se encaminan a un nuevo pacto.

Es el Pacto por San Luis, la caída del muro, el abrazo social, el fin del “potosinismo” o vaya usted a saber qué nombre la historia le pondrá.

Falta una decena de días quizás para que lo que aquí le adelanto se haga público, y se trata de la creación por decreto y oficial, de un consejo consultivo en el que el infelizaje tiende la mano, sin agravios, a la oligarquía.

Será un pacto en el que las mayorías reconocen sin rencor la arquitectura social del Estado e invitan a los Mahbub, Valladares, Chatos López, Rangeles, Lozanos, Torres Corzo y muchos otros más, a trabajar de la mano y sin secrecía, sin pose de misterio ni actitud de privilegio.

Serán ellos, el consejo consultivo, los que a la vista del estado, formal y legalmente constituidos, por decreto y publicados en el periódico oficial del Estado, los que de la mano del gobierno aporten su visión y experiencia en la ejecución de proyectos de gran calado.

No, no son cámaras ni asociaciones de empresarios (que seguramente tendrán representación), son personas que aportarán con tiros largos y capacidad de miras y amor al estado, proyectos de infraestructura, de movilidad, sociales y de detonación económica en beneficio, no de ellos como en el pasado, sino de todo un colectivo al que también rendirán cuentas.

Serán ellos los encargados de sugerir el destino de una bolsa de recursos de más de 4 mil 200 millones de pesos para con ellos transformar, ahora sí, el rostro del San Luis.

No lo harán solos, todo el que quiera aportar será escuchado y tendrán la tutela celosa del recurso público por parte de las instancias y controles de la autoridades correspondientes, responsables del dinero público.

¿Y de dónde viene el recurso? Provendrá del dinero del propio gobierno y un préstamo de casi 2,500 MDP del que, además, el consejo será responsable de asegurarse de que antes de que termine el sexenio quede totalmente saldado.

En suma, serán 4,200 MDP para puentes, parques ecológicos, carreteras, segundos pisos, desniveles, avenidas que respeten las ANP y den movilidad a los ciudadanos, atracción de empresas, construcción de nuevos parques industriales y docenas de cosas más que a quien esto escribe ni siquiera se le alcanzan a ocurrir, para eso estará el consejo consultivo con el que, de alguna manera, todos tendremos un pacto.

Estos recursos serán independientes a los destinados a la vía alterna, a la carretera Valles-Tamazunchale, al aeropuerto de las huastecas, a la rehabilitación del Rocha Cordero y totalmente distintos al presupuesto asignado a los programas sociales.

Faltan días pues para que se presente a los convocados, quizás un par de meses para que se formalice el decreto y sea público cada una de sus obligaciones en las páginas del Periódico Oficial del Estado.

Será el “pacto” social para el desarrollo y detonación de San Luis durante los próximos 30 años. Un apretón de manos de todos los “San Luis” sin bandos.

¿Es este un gobierno eminentemente social? Sí, y lo seguirá siendo, pero uno que ni se sienta ni despacha desde el agravio y borra con la goma de la apertura y pluralidad, las divisiones físicas o intrínsecas de los actores de su sociedad y los une a construir el futuro dejando los sesgos entre “unos y otros” en el pasado.

Dará mucho de qué hablar el pacto que hoy me he atrevido a adelantarle, Culto Publico, y estaremos atentos a su formación paso a paso.

BEMOLES

Los cambios en el gabinete son inminentes. Hoy lunes se harán oficiales las modificaciones en SEGE a donde llega el otrora titular del SEER. El maestro Ernesto Barajas tomará las riendas del Cefim porque urge la mano de un experto en la congruencia y atención a los municipios. Arturo Segoviano se convertirá en asesor del gobernador del estado, el Inpode cambiará de mando y al parecer Francisco Reyes Novelo ya recibirá por fin la llamada que espera desde la semana pasada para tomar las riendas de Sectur.

El titular de Sedeco será el “plan b” del gobierno estatal y lo más seguro es que recaerá en Ricardo Pérez “El Topo” la nueva responsabilidad. El Plan “A” siempre fue Juan Carlos Valladares Eichelmann, opción que por desafortunada sincronía vinculada a asuntos de salud hasta el sábado pasado no había podido ser concretada.

Increíblemente, la titular de Cultura todavía se queda, aunque con cambios también inminentes en su estructura interna.

Hasta la próxima.

Atentamente,

Jorge Saldaña

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Ciudad

Galindo rechaza pipas como solución a fallas de El Realito

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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.

Por: Redacción

Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.

Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito

que carecen de aljibe y dependen por completo de la red para recibir el servicio.

El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.

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Segam va contra empresas que no acrediten el destino de sus residuos

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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam

Por: Redacción

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.

Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.

La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.

Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.

Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación

, aunque reconoció que no todos los ayuntamientos cumplen con esas condiciones.

La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.

En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.

La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Opinión

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