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Cae el muro de San Luis | Apuntes de Jorge Saldaña
Apuntes
No es Berlín amigos de la concordia e hijos de mi guerra fría, pero parece que por fin en 2022 no se cae, se derrumba en San Luis un muro hecho de añejo dolor, de históricos resentimientos, de diferencias que cavaron brechas tan profundas como el agravio, y que estuvieron clavadas por siglos como flecha envenenada de clasismo en el corazón de un pueblo.
Lo que brevemente anuncio hoy, hijos de “siempre vendrán tiempos mejores”, es por mucho lo que con esperanza aguardé para ver algún día con dos ojos despiertos: el primer paso necesario para erradicar el San Luis dividido en dos. En ese siempre sometido a la dualidad y a la competencia de la ideología, circunstancia o hasta geografía.
Les anuncio en exclusiva que viene un Abrazo de Acatempan, una caída del muro de San Luis, la firma de un tratado social con el que se pone fin a una guerra de 430 años.
No son las manos del gobernador Gallardo, son los brazos del Estado que por fin están dispuestos y encuentran disponibilidad para pactar con una clase social punta de la pirámide, una clase vieja y oligárquica que al paso de las décadas engendró, parece, una generación dispuesta a los nuevos tiempos.
No quiero dar muchas vueltas ni extenderme en el contexto, sin embargo, no exponerlo sería corto y desatinado.
La elección de junio pasado no fue una en la que el poder cambió de color o de nombre de partido, que lo hizo. Tampoco fue una que necesariamente fuera estructural, que lo es, ni tampoco puramente de sistema, que se transforma… La elección de junio pasado fue un cambio de clase social en el gobierno.
Ya no fueron los capitanes y dueños de la riqueza y los activos, los herederos de la historia afrancesada de los apellidos y los “abolengos” quienes, en un partido u otro, se adjudicaban cada seis años un título virtual de “gobernantes adjuntos”, ostentando una especie de “poder tras el poder” y ser la “casta de los mueve hilos” justificados en el “a mí el gobernador me contesta”.
El poder cambió de clase social y dolió.
Pero no se tuvo miedo al dolor, al contrario, desde el primer día este gobierno no se asumió “paliativo” (en términos y contexto de la filosofía política) ni intentó sobar o zurcir la rasgadura que hizo en la historia política potosina.
No. Se afrontó el suplicio que significa gobernar para unos y otros, derrumbando las barreras sociales conscientes e inconscientes entre ricos y pobres, poniente y oriente, escuela de paga y sin escuela, curros y huastecos, fresas y nacos, pauperrimos y multimillonarios, los “muy, muy” gobernados por la mayoría de los “nada, nada”. La oligarquía perdió el poder frente al democrático y mayoritario “infelizaje” (Serrato dixit).
Todos juntos, arrebatados de sellos, de marcas y sin código postal, superan los dolores y se encaminan a un nuevo pacto.
Es el Pacto por San Luis, la caída del muro, el abrazo social, el fin del “potosinismo” o vaya usted a saber qué nombre la historia le pondrá.
Falta una decena de días quizás para que lo que aquí le adelanto se haga público, y se trata de la creación por decreto y oficial, de un consejo consultivo en el que el infelizaje tiende la mano, sin agravios, a la oligarquía.
Será un pacto en el que las mayorías reconocen sin rencor la arquitectura social del Estado e invitan a los Mahbub, Valladares, Chatos López, Rangeles, Lozanos, Torres Corzo y muchos otros más, a trabajar de la mano y sin secrecía, sin pose de misterio ni actitud de privilegio.
Serán ellos, el consejo consultivo, los que a la vista del estado, formal y legalmente constituidos, por decreto y publicados en el periódico oficial del Estado, los que de la mano del gobierno aporten su visión y experiencia en la ejecución de proyectos de gran calado.
No, no son cámaras ni asociaciones de empresarios (que seguramente tendrán representación), son personas que aportarán con tiros largos y capacidad de miras y amor al estado, proyectos de infraestructura, de movilidad, sociales y de detonación económica en beneficio, no de ellos como en el pasado, sino de todo un colectivo al que también rendirán cuentas.
Serán ellos los encargados de sugerir el destino de una bolsa de recursos de más de 4 mil 200 millones de pesos para con ellos transformar, ahora sí, el rostro del San Luis.
No lo harán solos, todo el que quiera aportar será escuchado y tendrán la tutela celosa del recurso público por parte de las instancias y controles de la autoridades correspondientes, responsables del dinero público.
¿Y de dónde viene el recurso? Provendrá del dinero del propio gobierno y un préstamo de casi 2,500 MDP del que, además, el consejo será responsable de asegurarse de que antes de que termine el sexenio quede totalmente saldado.
En suma, serán 4,200 MDP para puentes, parques ecológicos, carreteras, segundos pisos, desniveles, avenidas que respeten las ANP y den movilidad a los ciudadanos, atracción de empresas, construcción de nuevos parques industriales y docenas de cosas más que a quien esto escribe ni siquiera se le alcanzan a ocurrir, para eso estará el consejo consultivo con el que, de alguna manera, todos tendremos un pacto.
Estos recursos serán independientes a los destinados a la vía alterna, a la carretera Valles-Tamazunchale, al aeropuerto de las huastecas, a la rehabilitación del Rocha Cordero y totalmente distintos al presupuesto asignado a los programas sociales.
Faltan días pues para que se presente a los convocados, quizás un par de meses para que se formalice el decreto y sea público cada una de sus obligaciones en las páginas del Periódico Oficial del Estado.
Será el “pacto” social para el desarrollo y detonación de San Luis durante los próximos 30 años. Un apretón de manos de todos los “San Luis” sin bandos.
¿Es este un gobierno eminentemente social? Sí, y lo seguirá siendo, pero uno que ni se sienta ni despacha desde el agravio y borra con la goma de la apertura y pluralidad, las divisiones físicas o intrínsecas de los actores de su sociedad y los une a construir el futuro dejando los sesgos entre “unos y otros” en el pasado.
Dará mucho de qué hablar el pacto que hoy me he atrevido a adelantarle, Culto Publico, y estaremos atentos a su formación paso a paso.
BEMOLES
Los cambios en el gabinete son inminentes. Hoy lunes se harán oficiales las modificaciones en SEGE a donde llega el otrora titular del SEER. El maestro Ernesto Barajas tomará las riendas del Cefim porque urge la mano de un experto en la congruencia y atención a los municipios. Arturo Segoviano se convertirá en asesor del gobernador del estado, el Inpode cambiará de mando y al parecer Francisco Reyes Novelo ya recibirá por fin la llamada que espera desde la semana pasada para tomar las riendas de Sectur.
El titular de Sedeco será el “plan b” del gobierno estatal y lo más seguro es que recaerá en Ricardo Pérez “El Topo” la nueva responsabilidad. El Plan “A” siempre fue Juan Carlos Valladares Eichelmann, opción que por desafortunada sincronía vinculada a asuntos de salud hasta el sábado pasado no había podido ser concretada.
Increíblemente, la titular de Cultura todavía se queda, aunque con cambios también inminentes en su estructura interna.
Hasta la próxima.
Atentamente,
Jorge Saldaña
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De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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De forma preliminar no presentaba huellas visibles de violencia. Fiscalía ya investiga y la necropsia determinará la causa de muerte
Por: Redacción
Un hombre de entre 65 y 70 años fue localizado sin vida la noche del sábado dentro de un taxi estacionado en calles de la colonia San Ángel, en San Luis Potosí.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando vecinos de la zona reportaron a los servicios de emergencia que una persona se encontraba aparentemente inconsciente al interior de una unidad de transporte público, estacionada en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha, cerca del deportivo municipal.
El hombre se encontraba en el asiento del copiloto del taxi con número económico 2215. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que ya no presentaba signos vitales,
De manera preliminar, las autoridades no detectaron huellas visibles de violencia en el cuerpo; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué provocó su fallecimiento.
Al lugar acudieron posteriormente agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y determinar si existe algún delito que investigar.
Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizará la necropsia correspondiente.
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El nuevo Hospital contará con 250 nuevas camas y se prevé sumar más de 2 mil camas de hospital durante los dos sexenios de la Cuarta Transformación: ISSSTE
Por: Redacción
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la primera etapa del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, el cual beneficiará a 564 mil 457 derechohabientes.
“¿Cuál es la visión ahora? Esa visión que tuvimos con Martí desde entonces, que la educación pública sea un derecho para todas y todos los mexicanos, que el acceso a la salud pública sea un derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave y lo estamos consiguiendo, poco a poco, pero estamos consiguiendo recuperar la salud como un derecho humano para todas y todos los mexicanos, esa es la visión de la Cuarta Transformación de la vida pública”, afirmó.
La jefa del Ejecutivo Federal reconoció a las y los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por el trabajo que realizan todos los días en atención directa a las y los derechohabientes.
Informó que previo a la inauguración de este hospital, realizó un recorrido de supervisión por la presa Vicente Guerrero, así como por el acueducto Victoria II, en Ciudad Victoria.
El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que este nuevo Hospital General del ISSSTE contará con un total de 250 nuevas camas de hospital y sustituye al viejo hospital de Tampico, con lo que pasarán de 20 a 37 consultorios de especialidades, una farmacia 10 veces más grande con el 100 por ciento de las claves que le corresponden; 20 servicios médicos más, entre los que destacó una sala de hemodinamia, resonancia magnética, sala de hemodiálisis peritoneal, hidroterapia, medicina física, una cabina de audiometría, además de una tienda Superissste.
El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que estas nuevas instalaciones no le piden nada a ningún hospital del mundo y cuentan con todo para brindar una atención integral en todas las áreas para garantizar calidad y seguridad en la atención médica.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció a la presidenta por esta visita a la entidad, pues resaltó que nunca en la entidad les había tocado que estuvieran tan pendientes del sistema de salud desde la Presidencia de México.
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