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Cae el muro de San Luis | Apuntes de Jorge Saldaña
Apuntes
No es Berlín amigos de la concordia e hijos de mi guerra fría, pero parece que por fin en 2022 no se cae, se derrumba en San Luis un muro hecho de añejo dolor, de históricos resentimientos, de diferencias que cavaron brechas tan profundas como el agravio, y que estuvieron clavadas por siglos como flecha envenenada de clasismo en el corazón de un pueblo.
Lo que brevemente anuncio hoy, hijos de “siempre vendrán tiempos mejores”, es por mucho lo que con esperanza aguardé para ver algún día con dos ojos despiertos: el primer paso necesario para erradicar el San Luis dividido en dos. En ese siempre sometido a la dualidad y a la competencia de la ideología, circunstancia o hasta geografía.
Les anuncio en exclusiva que viene un Abrazo de Acatempan, una caída del muro de San Luis, la firma de un tratado social con el que se pone fin a una guerra de 430 años.
No son las manos del gobernador Gallardo, son los brazos del Estado que por fin están dispuestos y encuentran disponibilidad para pactar con una clase social punta de la pirámide, una clase vieja y oligárquica que al paso de las décadas engendró, parece, una generación dispuesta a los nuevos tiempos.
No quiero dar muchas vueltas ni extenderme en el contexto, sin embargo, no exponerlo sería corto y desatinado.
La elección de junio pasado no fue una en la que el poder cambió de color o de nombre de partido, que lo hizo. Tampoco fue una que necesariamente fuera estructural, que lo es, ni tampoco puramente de sistema, que se transforma… La elección de junio pasado fue un cambio de clase social en el gobierno.
Ya no fueron los capitanes y dueños de la riqueza y los activos, los herederos de la historia afrancesada de los apellidos y los “abolengos” quienes, en un partido u otro, se adjudicaban cada seis años un título virtual de “gobernantes adjuntos”, ostentando una especie de “poder tras el poder” y ser la “casta de los mueve hilos” justificados en el “a mí el gobernador me contesta”.
El poder cambió de clase social y dolió.
Pero no se tuvo miedo al dolor, al contrario, desde el primer día este gobierno no se asumió “paliativo” (en términos y contexto de la filosofía política) ni intentó sobar o zurcir la rasgadura que hizo en la historia política potosina.
No. Se afrontó el suplicio que significa gobernar para unos y otros, derrumbando las barreras sociales conscientes e inconscientes entre ricos y pobres, poniente y oriente, escuela de paga y sin escuela, curros y huastecos, fresas y nacos, pauperrimos y multimillonarios, los “muy, muy” gobernados por la mayoría de los “nada, nada”. La oligarquía perdió el poder frente al democrático y mayoritario “infelizaje” (Serrato dixit).
Todos juntos, arrebatados de sellos, de marcas y sin código postal, superan los dolores y se encaminan a un nuevo pacto.
Es el Pacto por San Luis, la caída del muro, el abrazo social, el fin del “potosinismo” o vaya usted a saber qué nombre la historia le pondrá.
Falta una decena de días quizás para que lo que aquí le adelanto se haga público, y se trata de la creación por decreto y oficial, de un consejo consultivo en el que el infelizaje tiende la mano, sin agravios, a la oligarquía.
Será un pacto en el que las mayorías reconocen sin rencor la arquitectura social del Estado e invitan a los Mahbub, Valladares, Chatos López, Rangeles, Lozanos, Torres Corzo y muchos otros más, a trabajar de la mano y sin secrecía, sin pose de misterio ni actitud de privilegio.
Serán ellos, el consejo consultivo, los que a la vista del estado, formal y legalmente constituidos, por decreto y publicados en el periódico oficial del Estado, los que de la mano del gobierno aporten su visión y experiencia en la ejecución de proyectos de gran calado.
No, no son cámaras ni asociaciones de empresarios (que seguramente tendrán representación), son personas que aportarán con tiros largos y capacidad de miras y amor al estado, proyectos de infraestructura, de movilidad, sociales y de detonación económica en beneficio, no de ellos como en el pasado, sino de todo un colectivo al que también rendirán cuentas.
Serán ellos los encargados de sugerir el destino de una bolsa de recursos de más de 4 mil 200 millones de pesos para con ellos transformar, ahora sí, el rostro del San Luis.
No lo harán solos, todo el que quiera aportar será escuchado y tendrán la tutela celosa del recurso público por parte de las instancias y controles de la autoridades correspondientes, responsables del dinero público.
¿Y de dónde viene el recurso? Provendrá del dinero del propio gobierno y un préstamo de casi 2,500 MDP del que, además, el consejo será responsable de asegurarse de que antes de que termine el sexenio quede totalmente saldado.
En suma, serán 4,200 MDP para puentes, parques ecológicos, carreteras, segundos pisos, desniveles, avenidas que respeten las ANP y den movilidad a los ciudadanos, atracción de empresas, construcción de nuevos parques industriales y docenas de cosas más que a quien esto escribe ni siquiera se le alcanzan a ocurrir, para eso estará el consejo consultivo con el que, de alguna manera, todos tendremos un pacto.
Estos recursos serán independientes a los destinados a la vía alterna, a la carretera Valles-Tamazunchale, al aeropuerto de las huastecas, a la rehabilitación del Rocha Cordero y totalmente distintos al presupuesto asignado a los programas sociales.
Faltan días pues para que se presente a los convocados, quizás un par de meses para que se formalice el decreto y sea público cada una de sus obligaciones en las páginas del Periódico Oficial del Estado.
Será el “pacto” social para el desarrollo y detonación de San Luis durante los próximos 30 años. Un apretón de manos de todos los “San Luis” sin bandos.
¿Es este un gobierno eminentemente social? Sí, y lo seguirá siendo, pero uno que ni se sienta ni despacha desde el agravio y borra con la goma de la apertura y pluralidad, las divisiones físicas o intrínsecas de los actores de su sociedad y los une a construir el futuro dejando los sesgos entre “unos y otros” en el pasado.
Dará mucho de qué hablar el pacto que hoy me he atrevido a adelantarle, Culto Publico, y estaremos atentos a su formación paso a paso.
BEMOLES
Los cambios en el gabinete son inminentes. Hoy lunes se harán oficiales las modificaciones en SEGE a donde llega el otrora titular del SEER. El maestro Ernesto Barajas tomará las riendas del Cefim porque urge la mano de un experto en la congruencia y atención a los municipios. Arturo Segoviano se convertirá en asesor del gobernador del estado, el Inpode cambiará de mando y al parecer Francisco Reyes Novelo ya recibirá por fin la llamada que espera desde la semana pasada para tomar las riendas de Sectur.
El titular de Sedeco será el “plan b” del gobierno estatal y lo más seguro es que recaerá en Ricardo Pérez “El Topo” la nueva responsabilidad. El Plan “A” siempre fue Juan Carlos Valladares Eichelmann, opción que por desafortunada sincronía vinculada a asuntos de salud hasta el sábado pasado no había podido ser concretada.
Increíblemente, la titular de Cultura todavía se queda, aunque con cambios también inminentes en su estructura interna.
Hasta la próxima.
Atentamente,
Jorge Saldaña
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La ENVE estimó alrededor de 35 mil 366 extorsiones en el estado, aunque el INEGI advierte que este cálculo tiene precisión estadística baja
Por: Ana G. Silva
La extorsión fue el delito más frecuente contra los negocios de San Luis Potosí en 2025: concentró 39 de cada 100 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el país, la proporción fue de 26 por ciento.
La encuesta estimó 35 mil 366 extorsiones contra unidades económicas en el estado. Es una tasa de 3 mil 161 por cada 10 mil, más del doble de la nacional, de mil 467.
El propio INEGI clasifica esas estimaciones estatales con precisión baja, es decir, con un coeficiente de variación de 30 por ciento o más, por lo que su uso requiere cautela.
El dato más firme de la encuesta es otro: cuántos negocios fueron extorsionados. En San Luis Potosí fueron 628 de cada 10 mil, prácticamente igual que los 612 del promedio nacional. Con esa tasa, el estado se ubicó en el lugar 18 del país.
Las mismas víctimas
Esa tasa equivale a alrededor de 7 mil negocios potosinos extorsionados durante el año.
La combinación de ambos datos sugiere que la extorsión no alcanzó a más negocios que en otros estados, sino que se repitió sobre los mismos. Con las cifras de la ENVE, a cada negocio extorsionado en San Luis Potosí le habrían correspondido unas cinco extorsiones en el año,
El peso de la extorsión fue mayor en las microempresas, donde representó 42 por ciento de los delitos, y en el sector servicios, donde llegó a 53 por ciento. Ambas estimaciones también tienen precisión baja.
En el país, la tasa de extorsión pasó de mil 562 a mil 467 por cada 10 mil negocios entre 2023 y 2025, un cambio que el INEGI no consideró estadísticamente significativo.
Cuotas en persona
El 3 de noviembre, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la extorsión había bajado tras la detención de unas 35 personas de células que operaban en la Huasteca y el Altiplano.
El secretario explicó entonces que en San Luis Potosí el modus operandi es “más físico”: los extorsionadores se presentan en persona y piden cuotas con el argumento de que pertenecen a un grupo criminal.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la SSPC anunciaron en octubre una campaña preventiva contra la extorsión en las cuatro regiones del estado.
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En México no existe un tope legal general para los precios de los medicamentos vendidos en farmacias privadas, por lo que los laboratorios tienen margen para establecer sus propios precios
Por: Ana G Silva
Los precios de la salud en México suben más rápido que la inflación general, y la tendencia seguirá en 2027. La consultora WTW proyecta en su estudio Global Medical Trends una inflación médica de 12.8 por ciento para el país el próximo año, frente a 10.8 por ciento a nivel mundial.
El cálculo incluye atención privada, medicamentos y dispositivos médicos. Según el estudio, los medicamentos de especialidad son el factor que más presiona los costos. Los tratamientos para cáncer de mama, colorrectal y de próstata registraron la mayor presión de precios en los últimos 18 meses.
Lo que registra el INEGI
En agosto, el rubro de salud del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 4.77 por ciento anual, mientras la inflación general fue de 3.26 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La brecha viene de meses atrás. En mayo, cuando el índice general bajó 0.21 por ciento respecto a abril, el de salud subió 0.22 por ciento, según un análisis de Consultor Salud con datos del INEGI. En ese mes, la salud acumulaba 5.07 por ciento anual, frente a 3.94 por ciento de la inflación general.
El INEGI también ha reportado que los antibióticos y los medicamentos cardiovasculares, gastrointestinales y para la diabetes llevan meses con alzas por encima de la inflación general.
Sin tope en el mostrador
La ley no fija precios para los medicamentos que se venden en farmacias privadas. En los de patente, el precio máximo al público
Ese mercado ya tuvo sanciones por acuerdos de precios. En 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con 903 millones de pesos a las distribuidoras Marzam, Casa Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas por coludirse. Una de las conductas fue un aumento coordinado de 3.66 por ciento en el precio farmacia de varios medicamentos entre 2011 y 2013. La Cofece calculó el daño a los consumidores en más de 2 mil 359 millones de pesos.
El gasto de bolsillo de las familias es el que resiente estos aumentos. Con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la Cofece documentó que los medicamentos representaban 28 por ciento de lo que los hogares gastaban en salud en 2018.
En el sector público, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 destina 164 mil 245 millones de pesos a medicamentos, material médico y suministros de laboratorio, 4.6 por ciento más que en 2026, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La partida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que concentra 71.4 por ciento de ese gasto, baja 5.9 por ciento.
También lee: PAN propone cadena perpetua a “narcopolíticos” y vales para medicinas
Apuntes
Culto Público, hijos de las matemáticas mágicas:
En la primaria (sí la hice) había un compañero que entregaba la tarea cuando la maestra ya había cerrado la lista y repartido las calificaciones. Llegaba con las hojas subrayadas con regla y pedía que se le reconociera el esfuerzo. Se le reconocía. La calificación no se movía.
La semana pasada, en la tribuna de San Lázaro —ese lugar donde el reglamento permite decir cualquier cosa siempre que ya no sirva para nada—, el diputado federal David Azuara Zúñiga hizo la versión adulta de aquel niño: presentó cinco reservas al Presupuesto de Egresos 2027, 2 mil 30 millones de pesos para salud, agua, movilidad, seguridad y jóvenes, cuando el Presupuesto ya estaba votado y calificado, y fue depositando cada propuesta en un bote de basura para que nadie se quedara sin entender el gesto.
El truco tiene su gracia aritmética: de cada 100 pesos de infraestructura aeroportuaria de la Defensa, cuatro alcanzan para dos centros médicos, en Escalerillas y en Bocas; de cada 100 pesos de la burocracia militar, 56 centavos para el acuaférico; del Tren Maya, 4.7 pesos de cada 100 para el bulevar Río Santiago; de la Agencia de Trenes, 46 centavos para un C5; de Pemex, 20 centavos para un distrito de innovación.
Así, con ese método, cualquier presupuesto financia cualquier cosa.
Con el de un año construimos una estación espacial. Con el de dos, la red de caminos de Oaxaca y de Tabasco. Con el de tres, el acueducto a Marte y todavía nos sobra para el inflable.
Lo que el diputado llama reasignación es una resta de centavos que nadie va a extrañar, y esa es justo la trampa: si no se extrañan, tampoco alcanzan. Cien proyectos caben en el mismo centavo, y el centavo se puede prometer cien veces porque nunca se entrega.
Es la aritmética del que promete con el dinero de otro.
“No pedimos más dinero. Propusimos invertir mejor”, dijo. Suena a eslogan de campaña porque lo es. En la política mexicana, “invertir mejor” quiere decir: quiero la chequera, no las cuentas.
Pero el asunto tiene hora y fecha, y ahí se cae el teatro. Las reservas llegaron cuando el Presupuesto ya tenía número. ¿Para qué se sube a tribuna un diputado a proponer lo que ya no puede cambiar? ¿Para qué carga un bote de basura hasta la curul? ¿Para qué ensaya el discurso que ya no sirve?
Ahora el cálculo, que es lo que aquí interesa: Azuara no habla para el Presupuesto; habla para la boleta.
Quiere la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital y en las encuestas que circulan esta semana aparece con 6.8 por ciento, abajo de Verónica Rodríguez y de Rubén Guajardo. En ese lugar, la tribuna es lo único gratis que queda.
Y hay un detalle de familia que conviene recordar antes de creerle el sermón tribunezco: su primo, Gerardo Sánchez Zumaya, es el empresario al que los peritajes le detectaron depósitos por más de 22 mil millones de pesos sin justificar entre 2019 y 2022; la UIF le congeló las cuentas y hoy está fuera del país (bien raro). Azuara no lo ha ocultado: lo ha defendido dos veces en conferencia de prensa. Entonces la pregunta no es por qué Morena mandó al basurero sus cinco proyectos. Es por qué él los sacó del basurero justo ahora y con qué autoridad los carga.
Si de veras quería esos 2 mil 30 millones para Escalerillas, tenía un primo con 22 mil.
El bote de la basura estaba vacío y el que lo cargó también.
Yo soy Jorge Saldaña.
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