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Cae el muro de San Luis | Apuntes de Jorge Saldaña
Apuntes
No es Berlín amigos de la concordia e hijos de mi guerra fría, pero parece que por fin en 2022 no se cae, se derrumba en San Luis un muro hecho de añejo dolor, de históricos resentimientos, de diferencias que cavaron brechas tan profundas como el agravio, y que estuvieron clavadas por siglos como flecha envenenada de clasismo en el corazón de un pueblo.
Lo que brevemente anuncio hoy, hijos de “siempre vendrán tiempos mejores”, es por mucho lo que con esperanza aguardé para ver algún día con dos ojos despiertos: el primer paso necesario para erradicar el San Luis dividido en dos. En ese siempre sometido a la dualidad y a la competencia de la ideología, circunstancia o hasta geografía.
Les anuncio en exclusiva que viene un Abrazo de Acatempan, una caída del muro de San Luis, la firma de un tratado social con el que se pone fin a una guerra de 430 años.
No son las manos del gobernador Gallardo, son los brazos del Estado que por fin están dispuestos y encuentran disponibilidad para pactar con una clase social punta de la pirámide, una clase vieja y oligárquica que al paso de las décadas engendró, parece, una generación dispuesta a los nuevos tiempos.
No quiero dar muchas vueltas ni extenderme en el contexto, sin embargo, no exponerlo sería corto y desatinado.
La elección de junio pasado no fue una en la que el poder cambió de color o de nombre de partido, que lo hizo. Tampoco fue una que necesariamente fuera estructural, que lo es, ni tampoco puramente de sistema, que se transforma… La elección de junio pasado fue un cambio de clase social en el gobierno.
Ya no fueron los capitanes y dueños de la riqueza y los activos, los herederos de la historia afrancesada de los apellidos y los “abolengos” quienes, en un partido u otro, se adjudicaban cada seis años un título virtual de “gobernantes adjuntos”, ostentando una especie de “poder tras el poder” y ser la “casta de los mueve hilos” justificados en el “a mí el gobernador me contesta”.
El poder cambió de clase social y dolió.
Pero no se tuvo miedo al dolor, al contrario, desde el primer día este gobierno no se asumió “paliativo” (en términos y contexto de la filosofía política) ni intentó sobar o zurcir la rasgadura que hizo en la historia política potosina.
No. Se afrontó el suplicio que significa gobernar para unos y otros, derrumbando las barreras sociales conscientes e inconscientes entre ricos y pobres, poniente y oriente, escuela de paga y sin escuela, curros y huastecos, fresas y nacos, pauperrimos y multimillonarios, los “muy, muy” gobernados por la mayoría de los “nada, nada”. La oligarquía perdió el poder frente al democrático y mayoritario “infelizaje” (Serrato dixit).
Todos juntos, arrebatados de sellos, de marcas y sin código postal, superan los dolores y se encaminan a un nuevo pacto.
Es el Pacto por San Luis, la caída del muro, el abrazo social, el fin del “potosinismo” o vaya usted a saber qué nombre la historia le pondrá.
Falta una decena de días quizás para que lo que aquí le adelanto se haga público, y se trata de la creación por decreto y oficial, de un consejo consultivo en el que el infelizaje tiende la mano, sin agravios, a la oligarquía.
Será un pacto en el que las mayorías reconocen sin rencor la arquitectura social del Estado e invitan a los Mahbub, Valladares, Chatos López, Rangeles, Lozanos, Torres Corzo y muchos otros más, a trabajar de la mano y sin secrecía, sin pose de misterio ni actitud de privilegio.
Serán ellos, el consejo consultivo, los que a la vista del estado, formal y legalmente constituidos, por decreto y publicados en el periódico oficial del Estado, los que de la mano del gobierno aporten su visión y experiencia en la ejecución de proyectos de gran calado.
No, no son cámaras ni asociaciones de empresarios (que seguramente tendrán representación), son personas que aportarán con tiros largos y capacidad de miras y amor al estado, proyectos de infraestructura, de movilidad, sociales y de detonación económica en beneficio, no de ellos como en el pasado, sino de todo un colectivo al que también rendirán cuentas.
Serán ellos los encargados de sugerir el destino de una bolsa de recursos de más de 4 mil 200 millones de pesos para con ellos transformar, ahora sí, el rostro del San Luis.
No lo harán solos, todo el que quiera aportar será escuchado y tendrán la tutela celosa del recurso público por parte de las instancias y controles de la autoridades correspondientes, responsables del dinero público.
¿Y de dónde viene el recurso? Provendrá del dinero del propio gobierno y un préstamo de casi 2,500 MDP del que, además, el consejo será responsable de asegurarse de que antes de que termine el sexenio quede totalmente saldado.
En suma, serán 4,200 MDP para puentes, parques ecológicos, carreteras, segundos pisos, desniveles, avenidas que respeten las ANP y den movilidad a los ciudadanos, atracción de empresas, construcción de nuevos parques industriales y docenas de cosas más que a quien esto escribe ni siquiera se le alcanzan a ocurrir, para eso estará el consejo consultivo con el que, de alguna manera, todos tendremos un pacto.
Estos recursos serán independientes a los destinados a la vía alterna, a la carretera Valles-Tamazunchale, al aeropuerto de las huastecas, a la rehabilitación del Rocha Cordero y totalmente distintos al presupuesto asignado a los programas sociales.
Faltan días pues para que se presente a los convocados, quizás un par de meses para que se formalice el decreto y sea público cada una de sus obligaciones en las páginas del Periódico Oficial del Estado.
Será el “pacto” social para el desarrollo y detonación de San Luis durante los próximos 30 años. Un apretón de manos de todos los “San Luis” sin bandos.
¿Es este un gobierno eminentemente social? Sí, y lo seguirá siendo, pero uno que ni se sienta ni despacha desde el agravio y borra con la goma de la apertura y pluralidad, las divisiones físicas o intrínsecas de los actores de su sociedad y los une a construir el futuro dejando los sesgos entre “unos y otros” en el pasado.
Dará mucho de qué hablar el pacto que hoy me he atrevido a adelantarle, Culto Publico, y estaremos atentos a su formación paso a paso.
BEMOLES
Los cambios en el gabinete son inminentes. Hoy lunes se harán oficiales las modificaciones en SEGE a donde llega el otrora titular del SEER. El maestro Ernesto Barajas tomará las riendas del Cefim porque urge la mano de un experto en la congruencia y atención a los municipios. Arturo Segoviano se convertirá en asesor del gobernador del estado, el Inpode cambiará de mando y al parecer Francisco Reyes Novelo ya recibirá por fin la llamada que espera desde la semana pasada para tomar las riendas de Sectur.
El titular de Sedeco será el “plan b” del gobierno estatal y lo más seguro es que recaerá en Ricardo Pérez “El Topo” la nueva responsabilidad. El Plan “A” siempre fue Juan Carlos Valladares Eichelmann, opción que por desafortunada sincronía vinculada a asuntos de salud hasta el sábado pasado no había podido ser concretada.
Increíblemente, la titular de Cultura todavía se queda, aunque con cambios también inminentes en su estructura interna.
Hasta la próxima.
Atentamente,
Jorge Saldaña
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Las demandas contra los decretos 0571 y 0586 alegan la misma falta que tumbó la ley de 2020
Por: Carlos Ruíz
La alternancia de género cayó el lunes, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no termina de revisar la reforma electoral potosina. Le quedan dos decretos. Si los tumba, San Luis Potosí podría votar en 2027 con las reglas de antes, porque ya no da tiempo de hacer una reforma nueva.
El proceso electoral local arranca el 15 de noviembre, según el dato de la autoridad electoral que aparece en el proyecto de sentencia de la propia Corte. Y aquí está el punto: la Constitución federal, en su artículo 105, dice que una ley electoral debe publicarse por lo menos 90 días antes de que empiece la elección en que se va a usar, y que ya iniciado el proceso no se pueden cambiar las reglas de fondo. Esos 90 días se cumplieron el 17 de agosto.
El primer decreto pendiente, el 0571, se publicó el 29 de junio en el Periódico Oficial del Estado. Cambia cómo se forman los ayuntamientos: fija una sola sindicatura en cada uno. Los síndicos son los integrantes del cabildo encargados de vigilar las finanzas municipales. El decreto también permite que los aspirantes hagan, si quieren, exámenes de control de confianza, y pide que las candidaturas se registren, de preferencia, por un sistema electrónico que defina el Ceepac.
El partido Somos México y el Poder Ejecutivo Federal le pidieron a la Corte que lo anule (acciones de inconstitucionalidad 94/2026 y 98/2026). Si les da la razón, el decreto deja de valer, y para 2027 se aplicarían las reglas que había antes. El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García lleva los dos casos. Desde el 28 de agosto, las partes ya estaban presentando sus argumentos finales.
El segundo, el 0586, se publicó el 12 de agosto, cinco días antes de que se venciera el plazo. Deja en 20 días, en lugar de 40, el tiempo que tienen los aspirantes a gobernador para buscar la candidatura dentro de sus partidos. Somos México argumentó que un plazo tan corto perjudica a los partidos nuevos y a quienes quieren ir como independientes.
Las dos demandas coinciden en algo: el Congreso del Estado no preguntó antes a los pueblos indígenas, a las comunidades afromexicanas ni a las personas con discapacidad, como obliga la ley cuando un cambio les afecta.
Ya pasó en 2020
Por esa misma razón se cayó completa la ley electoral potosina hace seis años. El 5 de octubre de 2020, la Corte anuló la Ley Electoral de ese año (Decreto 0703) porque no se consultó a los pueblos indígenas. Ordenó volver a usar la ley anterior, la de 2014, y con esa se organizó la elección de 2021.
La Corte le dio al Congreso un año, después de esa elección, para hacer la consulta y aprobar una ley nueva. El Congreso respondió con el Decreto 0392, en septiembre de 2022. Pero el 11 de julio de 2023 la Corte volvió a anular una parte, porque la consulta no se hizo como debía. Esta vez le dio 12 meses, contados desde que terminara la elección de 2024, para hacer esas consultas. Ese plazo ya venció.
Qué dicen los diputados
Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, afirmó el 15 de septiembre que la reforma “va a salir adelante”. Sostuvo que las modificaciones son “muy pequeñas y muy simples que no tienen impacto en materia electoral, en materia indígena”.
Héctor Serrano Cortés, coordinador de los diputados del Partido Verde, dijo el 17 de septiembre que, si la Corte modifica o anula las reformas, esas decisiones serán bienvenidas.
¿Y si la Corte tumba los dos decretos antes del 15 de noviembre? Los aspirantes a gobernador podrían volver a tener 40 días para buscar la candidatura, y los ayuntamientos podrían formarse con las reglas que había antes de la reforma.
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La ley fijaría penas de hasta cinco años de prisión y multas económicas por el uso no autorizado de identidades gráficas gubernamentales
Por: Roberto Mendoza
El Pleno del Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 34 en contra el dictamen que adiciona el artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y modifica el Código Penal Federal. La reforma establece sanciones de uno a cinco años de prisión, así como multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización, a quien utilice, reproduzca o imite a escala comercial la identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con la intención de inducir al engaño o cometer un ilícito.
Durante el debate en lo particular, legisladores de oposición y organizaciones defensoras de la libertad de expresión denominaron a esta iniciativa como la “Ley Antimemes”. El bloque opositor argumentó que la redacción del dictamen deja abierta la puerta a la criminalización, alertando que las disposiciones podrían utilizarse como herramienta jurídica para hostigar a periodistas, activistas y ciudadanos
Por su parte, el bloque mayoritario defendió la reforma asegurando que obedece al combate masivo a la piratería y responde a los compromisos adquiridos en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La postura oficialista insistió en que el objetivo central es frenar fraudes y encubrimientos criminales, no perseguir la sátira, posición que resumió el senador morenista Cuauhtémoc Ochoa: “Al meme, libertad; al fraude y a la piratería, la ley”. Tras su aprobación, la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su proceso de revisión final.
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119 nacimientos fueron de niñas de entre 10 y 14 años
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí registró mil 956 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años durante 2025, de acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La cifra representa una tasa de 9.5 nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo de edad, prácticamente en el mismo nivel que la tasa nacional de 9.6.
El dato adquiere otra dimensión al revisar las edades de las madres. De los mil 956 nacimientos registrados en el estado, 119 correspondieron a niñas de entre 10 y 14 años, mientras que 277 fueron de madres de 15 años, 660 de 16 años y 900 de 17 años.
Es decir, casi una de cada diez madres adolescentes registradas en esta estadística tenía menos de 15 años.
La ENR contabilizó en total 38 mil 318 nacimientos registrados en San Luis Potosí durante 2025, por lo que los nacimientos de madres de 10 a 17 años representaron alrededor de 5.1 por ciento del total estatal.
El registro de INEGI también permite observar que el fenómeno no se limita a las adolescentes de mayor edad: aunque la mayor parte de los casos se concentra entre los 16 y 17 años, existen también registros de maternidad en edades de 10 a 14 años.
A nivel nacional, INEGI contabilizó 85 mil 357 nacimientos de madres de 10 a 17 años, con una tasa de 9.6 por cada mil mujeres. Las tasas más altas correspondieron a Chiapas, Oaxaca y Puebla.
En San Luis Potosí, además, el dato puede contrastarse con las características generales de los nacimientos registrados. Más de nueve de cada diez partos registrados en el estado ocurrieron en hospital o clínica, de acuerdo con la tabla estatal de INEGI.
La estadística, sin embargo, registra nacimientos y no permite por sí sola establecer las circunstancias en que ocurrió cada embarazo. Para dimensionar las causas detrás de los casos en niñas y adolescentes sería necesario contrastar estos datos con información de salud, educación, violencia sexual, uniones tempranas y acceso a servicios de prevención.
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