La legisladora manifestó que el abandono de personas en situación de vulnerabilidad constituye una grave violación a los derechos humanos

Por: Redacción

Jacquelinn Jáuregui Mendoza, impulsa una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, para incorporar dentro del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, el que se investigue de oficio cuando la víctima de abandono sea niña, niño, persona adulta mayor o persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Se señala que en estos casos, el Ministerio Público deberá actuar con debida diligencia para garantizar su protección, dictar las medidas necesarias conforme a la legislación aplicable, procurar el acceso efectivo a la justicia y prevenir la repetición de hechos similares.

En su exposición de motivos, la legisladora manifestó que el abandono de personas en situación de vulnerabilidad constituye una grave violación a los derechos humanos y una expresión de violencia estructural que no puede pasar desapercibida ante el Estado, en particular, niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad requieren una protección reforzada, tanto por su condición de edad, física o mental, como por los múltiples factores sociales que los colocan en situación de desventaja o riesgo.

Señala que actualmente, el Código Penal del Estado ya tipifica el abandono en los artículos 204 y 204 Bis, lo hace con base en la lógica de la denuncia o querella, lo cual no es suficiente cuando se trata de personas que, por sus condiciones particulares, difícilmente pueden ejercer sus derechos de forma plena. Por ello, se propone la adición del artículo 204 Ter, que establece la obligatoriedad de investigar de oficio estos delitos cuando las víctimas pertenezcan a estos grupos.

Verónica Rodríguez, presidenta estatal del PAN, subrayó que este proceso de renovación es fundamental para el fortalecimiento del partido

Por: Redacción

En cumplimiento con los estatutos y con el objetivo de acercar el partido a la ciudadanía, el PAN en San Luis Potosí continúa con la renovación de sus estructuras internas. En los últimos días, se han recibido los registros de las planillas de quienes aspiran a integrar los Comités Directivos Municipales en San Luis capital, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Arriaga; así como el registro de aspirantes al Consejo Estatal y Nacional.

El próximo 14 de septiembre concluirá el plazo para el registro de planillas, dando paso al inicio de las asambleas municipales, en las que se elegirá a los nuevos integrantes de los CDM. Además, en el mes de octubre se celebrará la Asamblea Estatal donde se elegirán a los nuevos consejeros estatales, completando así la renovación de las estructuras del partido en nuestro estado.

Verónica Rodríguez, presidenta estatal del PAN, subrayó que este proceso de renovación es fundamental para el fortalecimiento del partido. Señaló que las estructuras municipales son el motor del PAN en cada rincón del estado, ya que permiten mantener contacto directo con la ciudadanía, escuchar sus necesidades e impulsar soluciones reales.

Subrayó que, la renovación de las estructuras municipales representa, además, una excelente oportunidad para atraer nuevos liderazgos y dar espacio a voces frescas, jóvenes, y comprometidas con los valores del PAN. Con ello, el partido busca consolidarse como una opción real para San Luis Potosí y darle el gobierno humanista que merecen los potosinos.

Finalmente, Rodríguez Hernández hizo un llamado a militantes y simpatizantes del partido a sumarse activamente a la integración de los comités y participar en las asambleas municipales. “Vamos a renovar desde los municipios a nuestro partido, porque tenemos mucho que trabajar rumbo al 2027”, concluyó.

Era señalado por un testigo colaborador de la FGR de recibir sobornos de hasta 100 mil pesos por cada buque con combustible ilegal

Por: Roberto Mendoza

El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, fue hallado muerto este lunes en sus oficinas. Su fallecimiento ocurre en medio del escándalo por una red de huachicol fiscal que ha sacudido a la Secretaría de Marina (Semar) y que ya derivó en la detención de varios funcionarios y empresarios.

De acuerdo con un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), Pérez Ramírez habría recibido sobornos por hasta 100 mil pesos por cada buque que descargaba combustible ilegal en el puerto de Altamira.

Aunque la Semar confirmó la muerte del oficial, no precisó las causas. Sin embargo, diversas fuentes aseguran que se trató de un suicidio.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la investigación llegará “tope hasta donde tope” y que no habrá impunidad. En el mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó su respaldo a la institución naval.

Este caso refleja la magnitud del entramado de corrupción ligado al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal. Hasta el momento, 14 personas han sido detenidas, entre ellas un vicealmirante y mandos de la Semar. La muerte del capitán Pérez Ramírez, figura clave en la estructura portuaria, abre nuevas interrogantes sobre la presión ejercida a los implicados y anticipa posibles revelaciones conforme la investigación avance hacia los niveles más altos de la red.

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