El Código Penal del estado dicta una sanción de cinco años, pero al negocio solo le impusieron una multa de tres mil pesos y la donación de algunos arbolitos

Por: Jorge Saldaña

De acuerdo al Código Penal del Estado, el negocio “Mueblerías Garza”, responsable de derribar un árbol en la avenida Carranza sin permiso de la autoridad, podría haber incurrido en el supuesto de una consecuencia jurídica “accesoria”, misma que contempla el ordenamiento legal que consiste en la prohibición de continuar en operaciones hasta por cinco años.

El artículo 298 del Código Penal del Estado así lo dicta en su segundo párrafo reformado en octubre del año 2019:

“Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo amparo o a beneficio de una persona moral, a ésta se impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por cinco años, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido”.

A la mueblería solo se le impuso una sanción de 30 Umas, lo que equivalen a 2 mil 886 pesos, así como la donación de árboles para reparar el daño.

Luis González Lozano, presidente de la asociación ecologista Cambio de Ruta, manifestó para La Orquesta que al Ayuntamiento lo “novatearon”, ya que la multa impuesta fue muy baja porque la autoridad se remitió a la Ley de Ingresos Municipal y no a la Ley de Conservación de del Árbol Urbano.

“Dicha situación; además, deja un mensaje y un antecedente muy negativo al pensar que un árbol en San Luis Potosí vale 3 mil pesos y la donación de arbolitos…”.

González Lozano explicó que no existe una armonización en la legislación ambiental y por lo tanto no hay procedimientos ni criterios claros de actuación

cuando ocurre una situación como la que denunciaron cientos de potosinos cuando a plena luz del día se derribó el árbol que estaba ubicado en plena Avenida Venustiano Carranza.

Sobre la donación de árboles tras la tala irregular, el presidente de Cambio de Ruta hizo hincapié en que lo costoso no son los propios árboles, sino sembrarlos y mantenerlos por lo menos un año ya que solo entre el 7 y el 10 por ciento que se plantan se convierten en verdaderos árboles.

Por su parte, la asociación se encuentra buscando la asesoría legal de abogados penalistas para interponer la denuncia correspondiente porque desde su perspectiva se cometió un delito que debe ser castigado.

“Tanto la autoridad estatal como la municipal durante décadas no han tenido el tino de educar a la gente ni de generar medidas de mitigación” agregó.

Finalmente, dijo que no se trata de cerrar el negocio de nadie; sin embargo, la solución no era regalar arbolitos sino obligar a la empresa a mantener por lo menos durante un año un área verde o recuperar otras durante el mismo lapso de tiempo, y recordó que la violencia y la delincuencia es inversamente proporcional al número de áreas verdes que existen en las ciudades.

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