Ciudad
Ayto de Nava ocultará por 3 años toda la información catastral de SLP
Por: Redacción
¿Qué ocurrió? El pasado 10 de marzo, el Comité de Transparencia del Municipio de San Luis Potosí decidió clasificar como información reservada la información catastral de la capital del estado, a solicitud de la Dirección de Catastro, encabezada por Patricia Rodríguez, funcionaria del Ayuntamiento de Xavier Nava Palacios, de acuerdo con un documento de la administración municipal publicado por la organización Ciudadanos Observando.
¿Qué significa esto? Que las licencias, permisos y autorizaciones que otorgue la Dirección de Catastro estarán ocultas de la ciudadanía, aunque de acuerdo con la Ley de Transparencia deben ser públicas. “Precisamente entregar esta información o que la ciudadanía pueda consultarla, es un ejercicio de rendición de cuentas que puede mostrar la legalidad de las mismas y que validen el correcto proceder de las autoridades que mantienen en posesión estos documentos”, aseguró Ciudadanos Observando.
¿Cuánto tiempo se mantendrá oculta esa información? Por tres años, de acuerdo con el documento del Comité de Transparencia de la administración navista, si es que debiera seguir considerándose “de transparencia”. Esto incluye a la totalidad de la información contenida en el Padrón Catastral, y los expedientes físicos y digitales de la Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos, así como la de los Departamentos de Catastro en las delegaciones de Bocas, La Pila y Pozos.
¿Esto es legal? No. Según Ciudadanos Observando, “existen resoluciones de Institutos de Transparencia del país y de la misma Suprema Corte que sostienen que la clave catastral, ni el registro catastral contiene información concerniente a la persona física, identificada o identificable, y relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad; ya que solo se trata de datos que identifican un predio, por lo tanto, no se puede considerar como información confidencial al no encuadrar en los supuestos de información confidencial o reservada, la información es pública y puede ser consultada por cualquier persona”.
¿Cuál es el golpe que asesta el navismo a la transparencia? Ciudadanos Observando considera que los Registros Públicos son considerados un medio para brindar certidumbre respecto de la titularidad de diferentes derechos, por lo que constituyen una garantía de seguridad jurídica, la cual deriva del hecho de poder conocer con certeza qué personas tienen qué derechos sobre qué bienes y cuál es el estado jurídico de los mismos, velando así por el interés general. Todo eso se va al traste con esta resolución.
¿Y para la ciudadanía? Una decepción, pues según lo publicado por Ciudadanos Observando, la administración de Xavier Nava Palacios había prometido ser un ejemplo en transparencia y que provocaría avances en la materia, pero a 21 meses del inicio de su gestión se ha demostrado que es justamente lo contrario. “Se van alejando cada día, aquellos principios que el Dr. Salvador Nava dejar como un gran legado y que lo llevó a ser considerado ´el precursor de la transparencia´, cuando en su tiempo de alcalde, publicitaba y transparentaba todo sin que la ley lo obligara”, aseguró la organización dedicada a evaluar la rendición de cuentas.
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Regidoras potosinas pidieron garantizar presupuesto, personal capacitado y autonomía técnica
Por: Redacción
Durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Cabildo capitalino, las y los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron por unanimidad la creación de la Unidad Especializada para la Atención de las Poblaciones LGBTIQ+, un nuevo órgano municipal que buscará combatir la discriminación, la violencia y la exclusión institucional que enfrenta este sector en San Luis Potosí.
La regidora Margarita Hernández Fiscal celebró la aprobación como “un paso firme para saldar una deuda histórica” con la comunidad diversa. Reconoció que la discriminación sigue presente incluso dentro del gobierno municipal, y recordó casos recientes como la agresión de un agente de seguridad contra una persona no binaria y la negativa del Registro Civil a reconocer a una pareja de madres.
“Queremos una ciudad donde nadie sea discriminado por a quién ama, por cómo se viste o por cómo se nombra”, enfatizó Hernández Fiscal, quien precisó que la unidad fue diseñada junto con activistas, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, para garantizar que funcione como un espacio real de atención y no solo como una oficina de papel.
Por su parte, la regidora Adriana Urbina Aguilar subrayó que la creación de esta unidad “no es un acto simbólico, sino una respuesta institucional a una realidad que duele”. Citó datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género
Urbina también recordó que entre 2017 y 2024 se han documentado 27 crímenes de odio en San Luis Potosí, la mayoría contra mujeres trans, de acuerdo con el informe de la organización Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad A.C., lo que refleja, dijo, una violencia estructural y una impunidad que persiste.
Finalmente, ambas regidoras coincidieron en que la creación del organismo no será suficiente sin recursos, personal capacitado y autonomía técnica. La meta —subrayaron— es que la nueva unidad brinde atención jurídica, acompañamiento digno y espacios seguros para las personas LGBTIQ+, marcando un precedente en materia de inclusión y derechos humanos en el ámbito municipal.
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La SSPC municipal reporta 60 franeleros registrados hasta el momento; el objetivo es ordenar su labor y prevenir abusos hacia automovilistas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que continúa con el registro de franeleros que operan en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ordenar su actividad y evitar abusos hacia los automovilistas.
El titular de la dependencia, Juan Antonio Villa Gutiérrez, precisó que actualmente alrededor de 60 trabajadores ya están empadronados, como parte de un esfuerzo que, subrayó, no comenzó en esta administración, sino que responde a una problemática acumulada durante años.
“Vamos avanzando. Tenemos un promedio de 60 franeleros registrados y seguimos trabajando para que esta actividad no se convierta en una presión hacia los automovilistas”, señaló el funcionario.
Villa Gutiérrez explicó que el padrón permitirá vigilar el comportamiento de quienes se dedican a cuidar autos, asegurando que no se obligue a los conductores a pagar cuotas ni se cobren servicios adicionales como lavadas:
El funcionario reconoció que la presencia de franeleros genera opiniones divididas: por un lado, representan una fuente de ingreso informal para decenas de familias, pero por otro, ciudadanos denuncian actitudes intimidantes y la apropiación de espacios públicos, sobre todo en zonas como el Centro Histórico, donde apartan lugares con cubetas, llantas o botes.
El Ayuntamiento continuará con la supervisión y el registro gradual de quienes realizan esta labor, con el fin de que su trabajo se desarrolle en condiciones reguladas y sin afectar la movilidad ni la convivencia urbana.
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El Ayuntamiento fortalecerá programas de mantenimiento urbano y ampliará recursos técnicos y humanos
Por: Redacción
El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la Dirección de Servicios Municipales, con el propósito de fortalecer la estrategia de atención a los servicios públicos y ampliar su cobertura en beneficio de la ciudadanía.
Durante el encuentro se acordó reforzar programas como Capital al 100 y Domingo de Pi las
Asimismo, se planteó intensificar el mantenimiento de camellones, evaluar el arrendamiento de grúas para optimizar la atención al alumbrado público y diseñar un nuevo plan integral de mejora de servicios urbanos
El Alcalde Galindo Ceballos señaló que estas acciones buscan garantizar una atención más eficiente y elevar la calidad de vida de las y los potosinos mediante una gestión pública coordinada y con mayor capacidad operativa.
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