mayo 20, 2026

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Congreso del Estado

Avances y pendientes en seguridad, tema a debate en el Congreso

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El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, atendió preguntas en su comparecencia ante diputados.

Por: Redacción.

En el segundo día de comparecencias con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el  general Guzmar Ángel González Castillo, atendió los cuestionamientos y dudas de las y los diputados integrantes de la LXIII Legislatura.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, diputado Rubén Guajardo Barrera expuso que el objetivo de este tipo de encuentros es hacer aportaciones para mejorar las políticas públicas en materia de seguridad, para que San Luis Potosí esté mejor.

Cuestionó el hecho de que versiones periodísticas con información oficial, colocan a la Capital de San Luis Potosí entre los 50 municipios más violentos del país y el secretario le respondió que se ha trabajado para combatir los diversos índices, de manera coordinada con la autoridad local, lo que ha generado resultados positivos en homicidios dolosos, secuestro, robo de vehículos, trata de personas. Esa misma coordinación se registra con otros municipios.

En su intervención inicial, el responsable de la seguridad pública, señaló que los ejes estratégicos están encaminados a reducir los índices de delincuencia en el estado y colocarlo entre los más seguros del país; por lo pronto, se ha logrado que todos los municipios sean seguros, que los ciudadanos puedan transitar sin peligro y eso se traduce en una disminución en la percepción de inseguridad, generando condiciones para el sano desarrollo y la convivencia.

Las y los diputados que asistieron a la comparecencia, expresaron sus condolencias por los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, quienes deberían ser considerados como héroes al arriesgar su integridad por proteger a los ciudadanos.

A pregunta expresa sobre las estrategias de combate a la inseguridad planteada por la diputada Dolores Eliza García Román, el secretario de Seguridad  destacó las reuniones diarias de la mesa de paz, donde además del gobernador participan autoridades municipales de la zona metropolitana, lo que permite modificar la estrategia y desplegar los elementos operativos porque en esta tarea “no existe una fórmula matemática ni una receta”.

Destacó que una tarea de prevención relevante se realiza en las escuelas y en las colonias, integrando 81 comités vecinales además de hablar con los jóvenes sobre el riesgo del uso de redes sociales, al aceptar solicitudes de amistad de gente desconocida y compartir información personal y familiar; hay 2,132 elementos operativos certificados, que les autoriza a emite informes policiales homologados y mandarlos al registro nacional de detenciones para continuar el debido proceso.

Las diputadas Yolanda Eugenia González Hernández y Bernarda Reyes Hernández abordaron el tema de las acciones en favor de los pueblos originarios; el general Guzmar Ángel González señaló que los elementos están capacitados en este rubro, en respeto a los derechos humanos e incluso de la academia han surgido alumnos procedentes de la zona huasteca.

Uno de los temas en que varios legisladores participaron como Gabriela Martínez Lárraga, Lidia Nalley Vargas, Ramón Torres y Edmundo Torrescano Medina, fue el funcionamiento de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, sus facultades y la compra de patrullas de alta gama.

Ante el problema de la inseguridad en las carreteras, el gobernador Ricardo Gallardo propuso adquirir 50 patrullas y se capacitó a 100 elementos; así, se patrullan las carreteras estatales y caminos municipales, pero también hay presencia en carreteras federales como la 57. Se actúa cuando hay flagrancia del delito y se coadyuva con la Guardia Nacional en el abanderamiento de accidentes.

No se invaden las funciones de la Guardia Nacional, se actúa en flagrancia ante un asalto, presencia de civiles armados o cualquier hecho delictivo en curso; también tienen facultades los elementos para aplicar infracciones en caminos rurales o carreteras estatales, pero no en las federales. Dijo que las patrullas de alta gama recorren caminos pavimentados y cuando hay que internarse en terracería se tienen vehículos especiales como camionetas pick up.

La inversión, programas y estrategias en el ámbito de la reinserción social, fue un tema abordado por los legisladores Roberto Ulices Mendoza Padrón, Cecilia Senllace Ochoa Limón, Martha Patricia Aradillas Aradillas, René Oyarvide Ibarra y José Luis Fernández Martínez.

El secretario general Guzmar Ángel González Castillo afirmó que se han invertido 718 mil pesos en capacitaciones para personal administrativo y de seguridad penitenciaria y se crean las condiciones para que, desde la Academia, los directores de prevención y reinserción social acudan a conocer a los alumnos y si encuentran características en ellos, los sumen a la seguridad de los centros penitenciarios.

Se han invertido 1.7 millones de pesos para la Coordinación Especializada de Justicia Penal para Adolescentes para incrementar las medidas de seguridad y obtener la certificación; en el sistema penitenciario se invirtieron cuatro millones de pesos para adquirir tecnología, video vigilancia, inhibidores y mejorar las acciones de revisión en las aduanas. Los centros penitenciarios de Ciudad Valles y Rioverde tienen la certificación de la Asociación de Correccionales de América al cumplir 142 requerimientos solicitados.

Destacó que se trabaja en las aduanas para impedir el acceso de aparatos de comunicación a los centros penitenciarios y así evitar el uso de inhibidores; para que el interno se comunique al exterior, se instalan teléfonos que funcionan con tarjetas cuya clave solo conocen ellos y sus familiares que les hacen recargas.

El diputado José Luis Fernández destacó la calidad en el trabajo artesanal de los centros penitenciarios que, incluso, reúnen las características para exportar. El secretario dijo que los internos tienen el apoyo no solo para trabajar durante su internamiento sino que con el SIFIDE, se les tramitan préstamos para que, al cumplir su condena, se puedan dedicar a esa actividad y subsistir. Este año tuvieron una utilidad de 120 mil pesos con sus trabajos, que se entregaron a sus familiares de manera íntegra.

El diputado René Oyarvide destacó el funcionamiento del C4 en Ciudad Valles y el funcionario añadió que incluso tiene mejor tecnología que el C5 y quienes lo operan, aprobaron los mecanismos de control y confianza. A pregunta de la diputada Emma Saldaña, hizo un recuento de las funciones que ha desempeñado en la administración pública el hoy titular de la Guardia Civil Estatal Jesús Juárez Hernández.

El general González Castillo le contestó a la diputada Emma Saldaña que  se ha capacitado a 1,175 policías en 40 municipios –hay quienes repiten el curso- y al diputado Cuauhtli Badillo, que la comandancia de la zona industrial se creó porque se mueven diariamente 140 mil trabajadores y además se cubre la zona poniente de la ciudad.

La diputada Aranzazú Puente Bustindui preguntó sobre el combate al robo de vehículos y el secretario dijo que, primero, quien va a comprar un vehículo, debe verificar que todo esté en regla, no se deje engañar y cuando se comete el robo a mano armada, si alguien lo graba y lo sube a redes, se magnifica el problema pero no quiere decir que sea algo frecuente. Además, diariamente se reciben 1,400 llamadas en el teléfono de emergencia 911, de las cuales solo 35 por ciento son procedentes.

A la diputada Claudia Tristán Alvarado le respondió que se trabaja en la prevención de los delitos cibernéticos, hablando con los jóvenes principalmente, para advertirles cómo funciona la extorsión, secuestro virtual, fraude, etcétera y se difunden los números telefónicos de donde llaman. En casos de hackeo, la atención es personalizada.

Se le preguntó sobre el “efecto cucaracha” por parte del diputado Eloy Franklin Sarabia y dijo que hay un blindaje y coordinación con 9 estados vecinos, con la coordinación de acciones disuasivas, cursos permanentes, intercambio de información, autorización para ingresar a otro estado en una persecución.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado general Guzmar Ángel González Castillo, señaló a partir del 16 de mayo del 2022 con la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado anteriormente llamada Secretaría de Seguridad del Estado, por iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se dotó a la institución de más de 100 vehículos 13 de ellos tácticos blindados fortaleciendo la capacidad de acción y reacción en temas de prevención y combate de los delitos.

Destacó ante los diputados que en recuperación de vehículos robados mientras que en el 2021 se aseguraban 1,522 vehículos con reporte de robo y 783 sin reporte de robo, en el 2022 se logró la recuperación de 1,533 unidades con reporte de robo y 842 sin reporte de robo.

Según el informe de la SSPC, durante el 2022 se pudo ver una disminución del 58% en secuestros, 44% en extorsiones, 41% en trata de personas, 50% en robo a casa habitación y 55% en feminicidios.

Además, la Federación confirmó que en el primer semestre del año comparado con el mismo periodo del 2022, disminuyeron los delitos de homicidio doloso en 24.8%, secuestro 28.5%, robo de vehículos 22.7% y la trata de personas 16.6%.

Al secretario de seguridad lo acompañaron Gracia Cristina Zúñiga directora del C5; Sergio Márquez Abelar coordinador especializado de justicia penal para adolescentes; Alba Luz Juárez Hernández directora de la Academia General de Seguridad Pública; Arturo Cruz Andrade director general de Prevención y Reinserción Social; Hugo Alberto Hernández Méndez director de Coordinación, Control y Gestión y Jesús Guzmán Juárez jefe de Sección Técnica.

La coordinación de los trabajos estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social presidida por el diputado Rubén Guajardo Barrera, la diputada Dolores Eliza García Román vicepresidenta, diputado Alejandro Leal Tovías secretario y los vocales Emma Idalia Saldaña Guerrero y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

 

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Prepara JUCOPO exhorto a tribunal federal para caso de Villa de Pozos

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El diputado Héctor Serrano Cortés insistió en la necesidad de generar condiciones legales para que sus autoridades sean electas en las urnas en 2027

Por: Redacción

El Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) emitirá un exhorto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito para que resuelva a la brevedad, los temas que impiden a las autoridades electorales tener certeza legal para organizar los próximos comicios en el municipio de Villa de Pozos, para que las y los ciudadanos elijan a sus autoridades en 2027.

Así lo señaló el secretario de la JUCOPO, diputado Héctor Serrano Cortés al manifestar que este retraso, está generando una crisis política y social, al dejar a las autoridades correspondientes en un estado de indefensión porque una vez más podría no permitirse que se lleve a cabo la elección, con todo lo que ello implica.

Explicó que la justificación del Tribunal es el turno, es decir, se trata de un tema de encarte pero ya se resolvió uno que era el más complejo y hay dos más que se promueven precisamente con ese fin, que se retrase todo el proceso para no dar continuidad, mientras en la instancia jurisdiccional no se puede desahogar por la carga de trabajo.

El diputado Héctor Serrano señaló que el tema ya fue abordado desde la delegación del Instituto Nacional Electoral

, en el sentido de que no se puede avanzar en la cartografía precisamente por esa situación, por lo que todos los integrantes de la JUCOPO de manera unánime han decidido preparar el exhorto y el área jurídica buscará a los juzgadores para comunicarles la decisión.

“Deben saber que el tema está escalando a una preocupación política y social, todos queremos que se haga una elección, que los representantes municipales sean electos de forma democrática, pero hay organizaciones que pretenden frenar este proceso con acciones que lastiman la vida social de ese municipio”.

De no resolverse el tema y no realizarse elecciones nuevamente, habrá una severa crisis que nadie desea, por ello es necesario que la autoridad jurisdiccional resuelva inmediatamente el tema, que seguramente procederá como ya se resolvió un primer asunto relacionado, a favor de la municipalización de Villa de Pozos.

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Congreso del Estado

Congreso se matendrá al pendiente de avances en auditorías de obra municipal

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Diputado Luis Fernando Gámez indica que es importante la verificación de obras para que se cumpla lo establecido en las licitaciones

Por: Redacción

La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización se mantendrá al pendiente de los avances en las auditorías de obra que realiza el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), como parte del proceso de revisión a las cuentas públicas 2025 a los municipios del estado, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de esta comisión legislativa.

Precisó que actualmente los auditores se encuentran en la etapa de despliegue en los diferentes municipios para la revisión de obras, por lo que se hace el llamado a que las y los presidentes municipales, brinden las facilidades para la revisión de este trabajo.

“Estamos en la etapa de despliegue de todos los auditores del estado de San Luis Potosí para revisar obra principalmente, lo que se está verificando es que las obras de los municipios cumplan las características de las licitaciones y las convocatorias y en ese sentido, lo que le hemos pedido a los alcaldes es que les permitan realizar su trabajo”.

Precisó que es importante la verificación de estas obras, ya que se trata de recursos que deben ser aplicados en atender las necesidades de la población, en cuanto a infraestructura pública.

“Las auditorías tienen un fin social dentro de la etapa de presupuesto, que inicia con la planeación, ejecución, distribución de los recursos, ejecución de auditoria y finalmente comprobar que esta obras llegaron a satisfacer las necesidades de los potosinos”, señaló el diputado Gámez Macías.

Puntualizó que, con ello, se da respuesta a algunas peticiones de los mismos habitantes en relación a la calidad y avance de las obras, “que los mismos ciudadanos reportan, sobre todo en el tema de agua y de drenaje, y estamos muy atentos a la revisión de este presupuesto y conforme se vayan dando los avances, estaremos informando”.

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Congreso del Estado

Congreso busca reforma a la Ley de Aguas del Estado

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Busca establecer parámetros que informen a la población sobre distribución de recursos hídricos

Por: Redacción

El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa para modificar el artícu lo 191 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí

, con el objetivo de incorporar la realización de campañas de información que tengan como función, informar a la población la distribución transparente del agua como elementos del Plan Operativo Anual que deben elaborar los organismos operadores de agua.

El legislador señala que la ley en la materia resulta ineficiente para garantizar que el derecho humano al agua se materialice, al no establecer parámetros que informen la distribución del recurso entre la población.

Esto, debido a que las obligaciones de informar, se encuentran dirigidas principalmente a autoridades y se limitan a aspectos financieros y administrativos; sin embargo, no establece procedimientos de transparencia operativa accesible a la ciudadanía.

Señala que la problemática no radica únicamente en la disponibilidad del recurso hídrico, sino en la falta de mecanismos de información, lo cual genera un escenario de desinformación para la población, lo que dificulta situaciones como el acceso al agua al distribuirse

, esta condición impacta de manera desproporcionada a sectores vulnerables, particularmente en zonas con menor acceso histórico al servicio profundizando las brechas de desigualdad.

Por ello, con esta iniciativa se propone generar un impacto positivo, abonando al derecho humano al agua, mediante el establecimiento de criterios que permiten una distribución del recurso, así como el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.

Entre los impactos positivos esperados se encuentra la reducción de desigualdades en el acceso al servicio, el fortalecimiento de la confianza en las instituciones y la mejora en la calidad de vida de la población.

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