octubre 15, 2026

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Congreso del Estado

Avances y pendientes en seguridad, tema a debate en el Congreso

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El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, atendió preguntas en su comparecencia ante diputados.

Por: Redacción.

En el segundo día de comparecencias con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el  general Guzmar Ángel González Castillo, atendió los cuestionamientos y dudas de las y los diputados integrantes de la LXIII Legislatura.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, diputado Rubén Guajardo Barrera expuso que el objetivo de este tipo de encuentros es hacer aportaciones para mejorar las políticas públicas en materia de seguridad, para que San Luis Potosí esté mejor.

Cuestionó el hecho de que versiones periodísticas con información oficial, colocan a la Capital de San Luis Potosí entre los 50 municipios más violentos del país y el secretario le respondió que se ha trabajado para combatir los diversos índices, de manera coordinada con la autoridad local, lo que ha generado resultados positivos en homicidios dolosos, secuestro, robo de vehículos, trata de personas. Esa misma coordinación se registra con otros municipios.

En su intervención inicial, el responsable de la seguridad pública, señaló que los ejes estratégicos están encaminados a reducir los índices de delincuencia en el estado y colocarlo entre los más seguros del país; por lo pronto, se ha logrado que todos los municipios sean seguros, que los ciudadanos puedan transitar sin peligro y eso se traduce en una disminución en la percepción de inseguridad, generando condiciones para el sano desarrollo y la convivencia.

Las y los diputados que asistieron a la comparecencia, expresaron sus condolencias por los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, quienes deberían ser considerados como héroes al arriesgar su integridad por proteger a los ciudadanos.

A pregunta expresa sobre las estrategias de combate a la inseguridad planteada por la diputada Dolores Eliza García Román, el secretario de Seguridad  destacó las reuniones diarias de la mesa de paz, donde además del gobernador participan autoridades municipales de la zona metropolitana, lo que permite modificar la estrategia y desplegar los elementos operativos porque en esta tarea “no existe una fórmula matemática ni una receta”.

Destacó que una tarea de prevención relevante se realiza en las escuelas y en las colonias, integrando 81 comités vecinales además de hablar con los jóvenes sobre el riesgo del uso de redes sociales, al aceptar solicitudes de amistad de gente desconocida y compartir información personal y familiar; hay 2,132 elementos operativos certificados, que les autoriza a emite informes policiales homologados y mandarlos al registro nacional de detenciones para continuar el debido proceso.

Las diputadas Yolanda Eugenia González Hernández y Bernarda Reyes Hernández abordaron el tema de las acciones en favor de los pueblos originarios; el general Guzmar Ángel González señaló que los elementos están capacitados en este rubro, en respeto a los derechos humanos e incluso de la academia han surgido alumnos procedentes de la zona huasteca.

Uno de los temas en que varios legisladores participaron como Gabriela Martínez Lárraga, Lidia Nalley Vargas, Ramón Torres y Edmundo Torrescano Medina, fue el funcionamiento de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, sus facultades y la compra de patrullas de alta gama.

Ante el problema de la inseguridad en las carreteras, el gobernador Ricardo Gallardo propuso adquirir 50 patrullas y se capacitó a 100 elementos; así, se patrullan las carreteras estatales y caminos municipales, pero también hay presencia en carreteras federales como la 57. Se actúa cuando hay flagrancia del delito y se coadyuva con la Guardia Nacional en el abanderamiento de accidentes.

No se invaden las funciones de la Guardia Nacional, se actúa en flagrancia ante un asalto, presencia de civiles armados o cualquier hecho delictivo en curso; también tienen facultades los elementos para aplicar infracciones en caminos rurales o carreteras estatales, pero no en las federales. Dijo que las patrullas de alta gama recorren caminos pavimentados y cuando hay que internarse en terracería se tienen vehículos especiales como camionetas pick up.

La inversión, programas y estrategias en el ámbito de la reinserción social, fue un tema abordado por los legisladores Roberto Ulices Mendoza Padrón, Cecilia Senllace Ochoa Limón, Martha Patricia Aradillas Aradillas, René Oyarvide Ibarra y José Luis Fernández Martínez.

El secretario general Guzmar Ángel González Castillo afirmó que se han invertido 718 mil pesos en capacitaciones para personal administrativo y de seguridad penitenciaria y se crean las condiciones para que, desde la Academia, los directores de prevención y reinserción social acudan a conocer a los alumnos y si encuentran características en ellos, los sumen a la seguridad de los centros penitenciarios.

Se han invertido 1.7 millones de pesos para la Coordinación Especializada de Justicia Penal para Adolescentes para incrementar las medidas de seguridad y obtener la certificación; en el sistema penitenciario se invirtieron cuatro millones de pesos para adquirir tecnología, video vigilancia, inhibidores y mejorar las acciones de revisión en las aduanas. Los centros penitenciarios de Ciudad Valles y Rioverde tienen la certificación de la Asociación de Correccionales de América al cumplir 142 requerimientos solicitados.

Destacó que se trabaja en las aduanas para impedir el acceso de aparatos de comunicación a los centros penitenciarios y así evitar el uso de inhibidores; para que el interno se comunique al exterior, se instalan teléfonos que funcionan con tarjetas cuya clave solo conocen ellos y sus familiares que les hacen recargas.

El diputado José Luis Fernández destacó la calidad en el trabajo artesanal de los centros penitenciarios que, incluso, reúnen las características para exportar. El secretario dijo que los internos tienen el apoyo no solo para trabajar durante su internamiento sino que con el SIFIDE, se les tramitan préstamos para que, al cumplir su condena, se puedan dedicar a esa actividad y subsistir. Este año tuvieron una utilidad de 120 mil pesos con sus trabajos, que se entregaron a sus familiares de manera íntegra.

El diputado René Oyarvide destacó el funcionamiento del C4 en Ciudad Valles y el funcionario añadió que incluso tiene mejor tecnología que el C5 y quienes lo operan, aprobaron los mecanismos de control y confianza. A pregunta de la diputada Emma Saldaña, hizo un recuento de las funciones que ha desempeñado en la administración pública el hoy titular de la Guardia Civil Estatal Jesús Juárez Hernández.

El general González Castillo le contestó a la diputada Emma Saldaña que  se ha capacitado a 1,175 policías en 40 municipios –hay quienes repiten el curso- y al diputado Cuauhtli Badillo, que la comandancia de la zona industrial se creó porque se mueven diariamente 140 mil trabajadores y además se cubre la zona poniente de la ciudad.

La diputada Aranzazú Puente Bustindui preguntó sobre el combate al robo de vehículos y el secretario dijo que, primero, quien va a comprar un vehículo, debe verificar que todo esté en regla, no se deje engañar y cuando se comete el robo a mano armada, si alguien lo graba y lo sube a redes, se magnifica el problema pero no quiere decir que sea algo frecuente. Además, diariamente se reciben 1,400 llamadas en el teléfono de emergencia 911, de las cuales solo 35 por ciento son procedentes.

A la diputada Claudia Tristán Alvarado le respondió que se trabaja en la prevención de los delitos cibernéticos, hablando con los jóvenes principalmente, para advertirles cómo funciona la extorsión, secuestro virtual, fraude, etcétera y se difunden los números telefónicos de donde llaman. En casos de hackeo, la atención es personalizada.

Se le preguntó sobre el “efecto cucaracha” por parte del diputado Eloy Franklin Sarabia y dijo que hay un blindaje y coordinación con 9 estados vecinos, con la coordinación de acciones disuasivas, cursos permanentes, intercambio de información, autorización para ingresar a otro estado en una persecución.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado general Guzmar Ángel González Castillo, señaló a partir del 16 de mayo del 2022 con la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado anteriormente llamada Secretaría de Seguridad del Estado, por iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se dotó a la institución de más de 100 vehículos 13 de ellos tácticos blindados fortaleciendo la capacidad de acción y reacción en temas de prevención y combate de los delitos.

Destacó ante los diputados que en recuperación de vehículos robados mientras que en el 2021 se aseguraban 1,522 vehículos con reporte de robo y 783 sin reporte de robo, en el 2022 se logró la recuperación de 1,533 unidades con reporte de robo y 842 sin reporte de robo.

Según el informe de la SSPC, durante el 2022 se pudo ver una disminución del 58% en secuestros, 44% en extorsiones, 41% en trata de personas, 50% en robo a casa habitación y 55% en feminicidios.

Además, la Federación confirmó que en el primer semestre del año comparado con el mismo periodo del 2022, disminuyeron los delitos de homicidio doloso en 24.8%, secuestro 28.5%, robo de vehículos 22.7% y la trata de personas 16.6%.

Al secretario de seguridad lo acompañaron Gracia Cristina Zúñiga directora del C5; Sergio Márquez Abelar coordinador especializado de justicia penal para adolescentes; Alba Luz Juárez Hernández directora de la Academia General de Seguridad Pública; Arturo Cruz Andrade director general de Prevención y Reinserción Social; Hugo Alberto Hernández Méndez director de Coordinación, Control y Gestión y Jesús Guzmán Juárez jefe de Sección Técnica.

La coordinación de los trabajos estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social presidida por el diputado Rubén Guajardo Barrera, la diputada Dolores Eliza García Román vicepresidenta, diputado Alejandro Leal Tovías secretario y los vocales Emma Idalia Saldaña Guerrero y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

 

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Tras el caso “Lady Croquis”, Crisógono Pérez impulsa ley para proteger a maestros

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El presidente de la Comisión de Educación dijo que busca que los maestros tengan derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso

Por: Redacción

El diputado local de Nueva Alianza Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, afirmó que su propuesta de Ley de Atención Docente busca evitar casos como el del maestro de Veracruz denunciado por una madre de familia tras pedir a sus alumnos un croquis de tarea.

“No queremos que los maestros sean de primera o de segunda, queremos que se les trate igual que a todos, porque se les trata diferente en contra de sus intereses. Los maestros tienen derecho a la presunción de inocencia, tienen derecho al debido proceso”, dijo. La presunción de inocencia significa que a una persona se le considera inocente mientras no se demuestre lo contrario. El debido proceso es el derecho a que cualquier acusación se revise con las reglas y garantías que marca la ley.

“Sin ningún fundamento”

El caso ocurrió en Martínez de la Torre, Veracruz. Una madre acusó al docente de acoso por pedir a los alumnos que dibujaran un croquis de la escuela a su casa, y presentó una denuncia ante la Fiscalía. En redes sociales la bautizaron como “Lady Croquis”.

Pérez López dijo que ese tipo de ejercicios se hace “desde hace muchísimos años” en la primaria, por ejemplo cuando se prepara a los alumnos para el plano cartesiano, que se enseña en cuarto año y sirve para ubicarse en el espacio. Afirmó que la madre hizo la acusación “sin ningún fundamento”.

Según el diputado, al maestro “de inmediato lo sacaron de la escuela, le quitaron el grupo”. Añadió que, como era interino, “seguramente no le habían pagado y ni le pagarán”. Criticó también que la Fiscalía le diera entrada a la denuncia. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo que el maestro no sería suspendido y calificó el caso como “una injusticia”.

Ajustes pendientes

Sobre lo que le falta a la iniciativa para aprobarse, el legislador dijo que le pidieron algunas adecuaciones y que ya la enviaron a una nueva revisión. “Ojalá y ya nos la pasen para que podamos tener esa ley aquí, para que los maestros también estén un poco más protegidos”, señaló.

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“Tienen razón”: Frinné Azuara respalda a trabajadores de salud y culpa al modelo federal

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Frinné Azuara cuestionó que la reforma para dar un salario digno a los trabajadores de la salud todavía no se haga efectiva

Por: Redacción

La diputada local del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, respaldó las protestas de los trabajadores de salud. “Tienen razón, no se les ha hecho derecho, no se les ha dado el derecho a tener condiciones laborales dignas como lo marcan sus contratos colectivos de trabajo”, dijo.

Afirmó que las demandas de las marchas son algo “que no es sorpresa ya para nadie”. Según la legisladora, el origen está en la centralización de los servicios de salud, es decir, en que la Federación concentró su manejo, y en la desaparición del esquema de compra consolidada de medicamentos que existía con el Seguro Popular. En ese esquema se juntaban las compras de varias instituciones para conseguir mejores precios. También mencionó la pérdida del acceso a la salud de millones de mexicanos.

“Una crisis sanitaria”

Azuara Yarzábal dijo que las consecuencias ya se ven en las evaluaciones de organismos internacionales. Mencionó al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la OCDE, que según ella ubican a México en una crisis sanitaria por el aumento de muertes que se pudieron evitar. “La verdad es triste y es cruel”, señaló.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que, si no se destina alrededor del 6 por ciento del PIB a la salud, “no va a haber respuestas”. El PIB es el valor de todo lo que produce el país en un año.

Un salario digno que no llega

La diputada cuestionó que no se haya hecho efectiva la reforma al artículo 123 constitucional que, dijo, se aprobó en 2024 en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, incluido el de San Luis Potosí, para dar un salario digno a los trabajadores de la salud. “Ese dinero que le están destinando a otro tipo de obras y de instituciones que ya se vio que no están dando los resultados esperados, ¿por qué no se están aplicando estos recursos a la salud?”, preguntó.

Explicó que, con el convenio que firmaron los estados con el IMSS-Bienestar, en San Luis Potosí ya se transfirió “el noventa y tantos por ciento” de los servicios, incluidos el personal, los insumos y el abasto de medicamentos. “La respuesta está ya a nivel federal. El presupuesto no se ha incrementado, no vamos a poder dar atención médica a toda la población que lo demanda”, sostuvo.

El diputado de Morena Carlos Arreola Mallol también dijo que la solución a la demanda de los trabajadores tiene que venir de la Federación, aunque defendió que hay inversión y que se va “en la ruta correcta”.

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Congreso del Estado

Congreso trabajará con alcaldes para que los policías municipales se certifiquen

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Cuauhtli Badillo dijo que los agentes pueden acudir al órgano de fiscalización, al tribunal administrativo o promover un amparo

Por: Redacción

Los policías municipales que no reciben el salario mínimo de 14 mil pesos mensuales que fija la ley pueden denunciar a su ayuntamiento, dijo el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

“Los propios policías que no han recibido ese salario pueden realizar las denuncias correspondientes, ir al órgano de fiscalización, al tribunal de administración, y pueden generar hasta un amparo”, explicó. Un amparo es un juicio para pedir a un juez que proteja un derecho que la autoridad no está respetando.

El legislador reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo y que podrían recibir sanciones. Aclaró que eso depende de la revisión del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el órgano que revisa cómo gastan su dinero los gobiernos, y que “hay que esperar a que el tema se revise con puntualidad para conocer detalles”.

Los plazos ya vencieron

La obligación viene de la reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026, que fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Al cierre de ese plazo, 24 ayuntamientos entregaron documentos para demostrar que ya pagan ese sueldo, y Ciudad Valles y Soledad ya lo acreditaban. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona

dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados, es decir, que se les prohibiría ocupar cargos públicos durante un tiempo.

Sin certificado

Badillo dijo que la comisión trabajará con los presidentes municipales en la capacitación de los policías y en el Certificado Único Policial (CUP), un documento que acredita que un agente cumple con los requisitos de formación y evaluación que pide la Federación. Según el diputado, la mayoría de los policías municipales no lo tiene.

“Lo más importante es que tengan los CUP. Con ello, la Federación da cuenta de qué tan bien capacitados o cuántos policías están capacitados para brindarle seguridad a sus municipalidades”, dijo.

Contó que hace poco estuvo en San Luis Potosí personal del órgano certificador del Gobierno de México para evaluar el tema, y que el Congreso buscará la manera de apoyar con cambios a las leyes “para que existan mejores policías municipales”.

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