mayo 1, 2026

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Congreso del Estado

Avances y pendientes en seguridad, tema a debate en el Congreso

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El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, atendió preguntas en su comparecencia ante diputados.

Por: Redacción.

En el segundo día de comparecencias con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el  general Guzmar Ángel González Castillo, atendió los cuestionamientos y dudas de las y los diputados integrantes de la LXIII Legislatura.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, diputado Rubén Guajardo Barrera expuso que el objetivo de este tipo de encuentros es hacer aportaciones para mejorar las políticas públicas en materia de seguridad, para que San Luis Potosí esté mejor.

Cuestionó el hecho de que versiones periodísticas con información oficial, colocan a la Capital de San Luis Potosí entre los 50 municipios más violentos del país y el secretario le respondió que se ha trabajado para combatir los diversos índices, de manera coordinada con la autoridad local, lo que ha generado resultados positivos en homicidios dolosos, secuestro, robo de vehículos, trata de personas. Esa misma coordinación se registra con otros municipios.

En su intervención inicial, el responsable de la seguridad pública, señaló que los ejes estratégicos están encaminados a reducir los índices de delincuencia en el estado y colocarlo entre los más seguros del país; por lo pronto, se ha logrado que todos los municipios sean seguros, que los ciudadanos puedan transitar sin peligro y eso se traduce en una disminución en la percepción de inseguridad, generando condiciones para el sano desarrollo y la convivencia.

Las y los diputados que asistieron a la comparecencia, expresaron sus condolencias por los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, quienes deberían ser considerados como héroes al arriesgar su integridad por proteger a los ciudadanos.

A pregunta expresa sobre las estrategias de combate a la inseguridad planteada por la diputada Dolores Eliza García Román, el secretario de Seguridad  destacó las reuniones diarias de la mesa de paz, donde además del gobernador participan autoridades municipales de la zona metropolitana, lo que permite modificar la estrategia y desplegar los elementos operativos porque en esta tarea “no existe una fórmula matemática ni una receta”.

Destacó que una tarea de prevención relevante se realiza en las escuelas y en las colonias, integrando 81 comités vecinales además de hablar con los jóvenes sobre el riesgo del uso de redes sociales, al aceptar solicitudes de amistad de gente desconocida y compartir información personal y familiar; hay 2,132 elementos operativos certificados, que les autoriza a emite informes policiales homologados y mandarlos al registro nacional de detenciones para continuar el debido proceso.

Las diputadas Yolanda Eugenia González Hernández y Bernarda Reyes Hernández abordaron el tema de las acciones en favor de los pueblos originarios; el general Guzmar Ángel González señaló que los elementos están capacitados en este rubro, en respeto a los derechos humanos e incluso de la academia han surgido alumnos procedentes de la zona huasteca.

Uno de los temas en que varios legisladores participaron como Gabriela Martínez Lárraga, Lidia Nalley Vargas, Ramón Torres y Edmundo Torrescano Medina, fue el funcionamiento de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, sus facultades y la compra de patrullas de alta gama.

Ante el problema de la inseguridad en las carreteras, el gobernador Ricardo Gallardo propuso adquirir 50 patrullas y se capacitó a 100 elementos; así, se patrullan las carreteras estatales y caminos municipales, pero también hay presencia en carreteras federales como la 57. Se actúa cuando hay flagrancia del delito y se coadyuva con la Guardia Nacional en el abanderamiento de accidentes.

No se invaden las funciones de la Guardia Nacional, se actúa en flagrancia ante un asalto, presencia de civiles armados o cualquier hecho delictivo en curso; también tienen facultades los elementos para aplicar infracciones en caminos rurales o carreteras estatales, pero no en las federales. Dijo que las patrullas de alta gama recorren caminos pavimentados y cuando hay que internarse en terracería se tienen vehículos especiales como camionetas pick up.

La inversión, programas y estrategias en el ámbito de la reinserción social, fue un tema abordado por los legisladores Roberto Ulices Mendoza Padrón, Cecilia Senllace Ochoa Limón, Martha Patricia Aradillas Aradillas, René Oyarvide Ibarra y José Luis Fernández Martínez.

El secretario general Guzmar Ángel González Castillo afirmó que se han invertido 718 mil pesos en capacitaciones para personal administrativo y de seguridad penitenciaria y se crean las condiciones para que, desde la Academia, los directores de prevención y reinserción social acudan a conocer a los alumnos y si encuentran características en ellos, los sumen a la seguridad de los centros penitenciarios.

Se han invertido 1.7 millones de pesos para la Coordinación Especializada de Justicia Penal para Adolescentes para incrementar las medidas de seguridad y obtener la certificación; en el sistema penitenciario se invirtieron cuatro millones de pesos para adquirir tecnología, video vigilancia, inhibidores y mejorar las acciones de revisión en las aduanas. Los centros penitenciarios de Ciudad Valles y Rioverde tienen la certificación de la Asociación de Correccionales de América al cumplir 142 requerimientos solicitados.

Destacó que se trabaja en las aduanas para impedir el acceso de aparatos de comunicación a los centros penitenciarios y así evitar el uso de inhibidores; para que el interno se comunique al exterior, se instalan teléfonos que funcionan con tarjetas cuya clave solo conocen ellos y sus familiares que les hacen recargas.

El diputado José Luis Fernández destacó la calidad en el trabajo artesanal de los centros penitenciarios que, incluso, reúnen las características para exportar. El secretario dijo que los internos tienen el apoyo no solo para trabajar durante su internamiento sino que con el SIFIDE, se les tramitan préstamos para que, al cumplir su condena, se puedan dedicar a esa actividad y subsistir. Este año tuvieron una utilidad de 120 mil pesos con sus trabajos, que se entregaron a sus familiares de manera íntegra.

El diputado René Oyarvide destacó el funcionamiento del C4 en Ciudad Valles y el funcionario añadió que incluso tiene mejor tecnología que el C5 y quienes lo operan, aprobaron los mecanismos de control y confianza. A pregunta de la diputada Emma Saldaña, hizo un recuento de las funciones que ha desempeñado en la administración pública el hoy titular de la Guardia Civil Estatal Jesús Juárez Hernández.

El general González Castillo le contestó a la diputada Emma Saldaña que  se ha capacitado a 1,175 policías en 40 municipios –hay quienes repiten el curso- y al diputado Cuauhtli Badillo, que la comandancia de la zona industrial se creó porque se mueven diariamente 140 mil trabajadores y además se cubre la zona poniente de la ciudad.

La diputada Aranzazú Puente Bustindui preguntó sobre el combate al robo de vehículos y el secretario dijo que, primero, quien va a comprar un vehículo, debe verificar que todo esté en regla, no se deje engañar y cuando se comete el robo a mano armada, si alguien lo graba y lo sube a redes, se magnifica el problema pero no quiere decir que sea algo frecuente. Además, diariamente se reciben 1,400 llamadas en el teléfono de emergencia 911, de las cuales solo 35 por ciento son procedentes.

A la diputada Claudia Tristán Alvarado le respondió que se trabaja en la prevención de los delitos cibernéticos, hablando con los jóvenes principalmente, para advertirles cómo funciona la extorsión, secuestro virtual, fraude, etcétera y se difunden los números telefónicos de donde llaman. En casos de hackeo, la atención es personalizada.

Se le preguntó sobre el “efecto cucaracha” por parte del diputado Eloy Franklin Sarabia y dijo que hay un blindaje y coordinación con 9 estados vecinos, con la coordinación de acciones disuasivas, cursos permanentes, intercambio de información, autorización para ingresar a otro estado en una persecución.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado general Guzmar Ángel González Castillo, señaló a partir del 16 de mayo del 2022 con la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado anteriormente llamada Secretaría de Seguridad del Estado, por iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se dotó a la institución de más de 100 vehículos 13 de ellos tácticos blindados fortaleciendo la capacidad de acción y reacción en temas de prevención y combate de los delitos.

Destacó ante los diputados que en recuperación de vehículos robados mientras que en el 2021 se aseguraban 1,522 vehículos con reporte de robo y 783 sin reporte de robo, en el 2022 se logró la recuperación de 1,533 unidades con reporte de robo y 842 sin reporte de robo.

Según el informe de la SSPC, durante el 2022 se pudo ver una disminución del 58% en secuestros, 44% en extorsiones, 41% en trata de personas, 50% en robo a casa habitación y 55% en feminicidios.

Además, la Federación confirmó que en el primer semestre del año comparado con el mismo periodo del 2022, disminuyeron los delitos de homicidio doloso en 24.8%, secuestro 28.5%, robo de vehículos 22.7% y la trata de personas 16.6%.

Al secretario de seguridad lo acompañaron Gracia Cristina Zúñiga directora del C5; Sergio Márquez Abelar coordinador especializado de justicia penal para adolescentes; Alba Luz Juárez Hernández directora de la Academia General de Seguridad Pública; Arturo Cruz Andrade director general de Prevención y Reinserción Social; Hugo Alberto Hernández Méndez director de Coordinación, Control y Gestión y Jesús Guzmán Juárez jefe de Sección Técnica.

La coordinación de los trabajos estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social presidida por el diputado Rubén Guajardo Barrera, la diputada Dolores Eliza García Román vicepresidenta, diputado Alejandro Leal Tovías secretario y los vocales Emma Idalia Saldaña Guerrero y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

 

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Proponen cartilla electrónica de vacunación en San Luis Potosí

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La diputada Frinné Azuara Yarzábal detalló que sería gratuita, única e individual, también coexistiría con la cartilla física

Por: Redacción

La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado para implementar la Cartilla Electrónica de Vacunación.

La propuesta busca establecer que el sistema de información en vacunación estatal se incluya en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el territorio potosino, e  incorporar la figura de la Cartilla Nacional de Vacunación Electrónica como un derecho de las y los potosinos.

Dicha cartilla  misma que será gratuita, única e individual y coexistirá con la versión física, garantizando la interoperabilidad del sistema estatal con las instituciones federales de salud  como son IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, para que el historial de vacunación sea accesible en todo momento; además de establecer la obligación de la Secretaría de Salud del Estado de implementar mecanismos de consulta digital y notificaciones oportunas a la población sobre los esquemas de vacunación.

En su exposición de motivos, la diputada Frinné Azuara, también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, establece que en nuestro país y particularmente en nuestro estado, el sector salud enfrenta un desafío histórico en materia de prevención, debido en gran parte, a la falta de un registro nominal y digitalizado que permita conocer con certeza el estatus de vacunación de cada persona.

Dijo que en la actualidad, la herramienta principal sigue siendo la cartilla de vacunación en formato físico, la cual enfrenta problemas estructurales ya que se extravía con facilidad, se presenta incompleta, se deteriora con el tiempo, y en muchas ocasiones, las familias recurren a la memoria para reconstruir el esquema de vacunación de sus hijos.

Mencionó que esta situación impide que el estado pueda planear con precisión sus campañas de salud, dado que sin un registro nominal, las autoridades sanitarias caminan sin precisión al no saber cuántos niños faltan por vacunar en cada colonia o comunidad rural, y no pueden identificar con nombre y apellido a quiénes les hace falta un refuerzo, y carecen de herramientas para reaccionar oportunamente ante brotes epidémicos.

Informó que en el legislativo federal, ya se ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, buscando establecer que el sistema de información en vacunación, se base en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el país, así como la existencia de una Cartilla Nacional de Vacunación tanto física como electrónica, gratuita, única e individual.

Por ello, en congruencia con este propuesta nacional, se propone también que nuestro estado cuente con esta armonización legislativa y cumpla con los principios de justicia social y modernización administrativa.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Hacienda del Estado.

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Congreso aprueba exhorto para fortalecer presupuesto federal para contingencia sanitaria

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El objetivo es conocer a fondo la campaña contra el gusano barrenador, las acciones implementadas en San Luis Potosí, así como el plan de trabajo

Por: Redacción

La Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a realizar una revisión profunda y, en su caso, una ampliación urgente al presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), para atender contingencias sanitarias como la presencia del gusano barrenador.

Las y los integrantes de la comisión legislativa, analizaron la propuesta promovida por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, la cual plantea revertir los recortes presupuestales y dotar a la SENASICA, así como a otras instituciones del sector, de los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar este tipo de problemáticas.

Al respecto, el diputado Marcelino Rivera Hernández, integrante de dicha Comisión Legislativa, destacó la relevancia de este Punto de Acuerdo, ya que también contempla exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al SENASICA, ambas instancias del Gobierno Federal, para que informen detalladamente a esta Soberanía sobre el presupuesto ejercido en los últimos cinco años.

Explicó que, el objetivo es conocer a fondo la campaña contra el gusano barrenador, las acciones implementadas en San Luis Potosí, así como el plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo que permita recuperar el estatus sanitario y con ello, facilitar la reapertura del mercado estadounidense para la exportación de ganado.

Asimismo, se incluye un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que, en coordinación con la SADER, gestione un acuerdo sanitario de emergencia con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a fin de restablecer la certificación de zonas libres de gusano barrenador y reactivar las exportaciones de ganado mexicano a la brevedad posible.

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Congreso del Estado

Congreso busca reforma al Código Familiar para proteger a personas vulnerables

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La reforma garantiza el derecho a reclamar alimentos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad y cuatro años más

Por: Redacción 

Los diputados integrantes de las comisiones unidas de Primera y Segunda de Justicia del Congreso del Estado, la iniciativa que propone reformar el artículo 164 del Código Familiar del Estado, sobre el derecho imprescriptible a recibir alimentos desde el nacimiento hasta los 18 años y cuatro años más, cuando la persona se encuentre estudiando o en condiciones de vulnerabilidad.

La presidenta de la comisión Primera de Justicia diputada Leticia Vázquez Hernández, informó que en esta reforma al Código Familiar, se garantiza el derecho a reclamar alimentos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad y cuatro años más, cuando la persona se encuentre estudiando o sea decretada incapaz de mantenerse a sí misma, el derecho no prescribirá durante esa temporalidad.

Por su parte, la diputada Jessica Gabriela López Torres presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, afirmó que si se condicionara la posibilidad de reclamar alimentos retroactivos a que él o la acreedora alimentaria fuera menor de edad, impidiendo que dicho reclamo pueda ser hecho por hijos e hijas que alcanzaron la mayoría de edad, entonces se estaría vulnerando el principio de igualdad y no discriminación.

 

 

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