noviembre 20, 2025

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Asesino de Julio Galindo recibió condena 32 años de prisión

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Raúl Trejo mandó a asesinar al ex titular de la Coparmex el 1 de marzo de 2021 por desacuerdos empresariales

Por: Redacción

Raúl Trejo recibió 32 años y seis meses de condena, esto tras ser declarado como el autor intelectual del homicidio de Julio César Galindo, ex titular de la Coparmex, ocurrido el 1 de marzo de 2021, cuando fue baleado por un comando armado en avenida Potosí, en la colonia Lomas, al poniente de la capital potosina.

Trejo fue declarado culpable el pasado 7 de marzo, luego de que el fallo condenatorio contra el sujeto se diera por mayoría de dos jueces contra uno.

Al homicida de Julio César Galindo también se le impuso una multa de 268 mil 260 pesos bajo el concepto de reparación del daño, además tendrá que pagar cinco mil 377 pesos para cubrir los gastos funerarios.

Galindo fue atacado el primero de marzo del 2021 cuando estaba en una vulcanizadora, hasta el lugar llegó una camioneta de la que bajó un hombre armado que abrió fuego en al menos tres ocasiones, los impactos dieron en el tórax y abdomen de la víctima, por lo que tuvo que ser operado de emergencia, sin embargo, no lograron salvar su vida.

Al día siguiente, distintos sectores de la población, incluyendo familiares y empresariales cercanos, se reunieron y marcharon ese martes por la avenida Carranza, para exigir justicia por el asesinato del ex presidente de Coparmex.

Federico Garza Herrera, entonces fiscal general del estado, informó que, de acuerdo a la carpeta de investigación, el asesinato se dio en su entorno personal y no por su calidad de empresario; además de que ya se contaba con cuatro testigos de los hechos y material de video para establecer cómo ocurrió el homicidio.

Solo dos días después del homicidio, el fiscal dio una rueda de prensa para informar que fueron detenidas cuatro personas (Rudy “N” y Ramiro “N” de 34 años, Abel “N” de 31 años y Nicolás “N” de 36) en Ciudad Valles quienes estarían relacionadas en el asesinato, luego de encontrarlos en un vehículo con características similares a las del hecho de violencia.

Entre las similitudes destacaron el parabrisas con franja polarizada, faros de niebla y rin de siete puntos; también en el momento de la detención, los sujetos portaban dos armas de fuego y droga, que al ser analizadas fue localizada el arma que se usó para privar de la vida al empresario, una calibre de 9 milímetros. A pesar de la premura, el autor intelectual aún continuaba libre.

Para el primero de mayo de ese año, se informó la detención de Raúl Trejo de 50 años de edad en Monterrey, Nuevo León, presunto autor intelectual del asesinato de Julio Galindo y quien era socio de la víctima en diversos negocios en la región Huasteca del estado potosino y en Veracruz, que al parecer planeó el homicidio luego de tener diferencias por situaciones contables y de dinero.

A Raúl Trejo se le imputa el delito de homicidio calificado con alevosía, premeditación, ventaja y traición a título de partícipe inductor, por lo que se consiguió que continuara en prisión preventiva hasta que se resolviera el caso.

Luego de que pasara un año y 11 meses de este homicidio, la Coparmex se manifestó en contra de la lentitud del proceso para hacer justicia, además de que existe inquietud en los organismos empresariales por la falta de una decisión rápida; por lo que José Luis Ruiz Contreras, actual fiscal general del estado, informó que el 1 de febrero se reanudó el juicio en contra del presunto responsable.

Se había mencionado que el 20 de febrero se concluiría el juicio del caso Julio Galindo, por lo que varios amigos y familiares se posicionaron a través de redes sociales y quienes indicaron que esperan que exista justicia para el empresario; no obstante, el falló se estableció el pasado 7 de marzo.

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Congreso del Estado

Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones

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gobierno entrega paquete económico al congreso en slp el presupuesto es de mas de 70 mil millones de pesos

La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.

El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.

La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.

Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.

La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.

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Ciudad

No hay huachicoleo en pozos públicos; Se vende agua ilegalmente de pozos privados: Galindo.

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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.

Por: Redacción

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.

Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo  140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.

El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.

“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal. 

Galindo aclaró que el huachicol  o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.

Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Ciudad

Ciudadanos de Villa de Pozos se rebelan: impugnan nombramiento de Aradillas

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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo

Por: Redacción

La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.

El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.

Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.

El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.

En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.

Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.

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Opinión

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