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Asesino de Julio Galindo recibió condena 32 años de prisión
Raúl Trejo mandó a asesinar al ex titular de la Coparmex el 1 de marzo de 2021 por desacuerdos empresariales
Por: Redacción
Raúl Trejo recibió 32 años y seis meses de condena, esto tras ser declarado como el autor intelectual del homicidio de Julio César Galindo, ex titular de la Coparmex, ocurrido el 1 de marzo de 2021, cuando fue baleado por un comando armado en avenida Potosí, en la colonia Lomas, al poniente de la capital potosina.
Trejo fue declarado culpable el pasado 7 de marzo, luego de que el fallo condenatorio contra el sujeto se diera por mayoría de dos jueces contra uno.
Al homicida de Julio César Galindo también se le impuso una multa de 268 mil 260 pesos bajo el concepto de reparación del daño, además tendrá que pagar cinco mil 377 pesos para cubrir los gastos funerarios.
Galindo fue atacado el primero de marzo del 2021 cuando estaba en una vulcanizadora, hasta el lugar llegó una camioneta de la que bajó un hombre armado que abrió fuego en al menos tres ocasiones, los impactos dieron en el tórax y abdomen de la víctima, por lo que tuvo que ser operado de emergencia, sin embargo, no lograron salvar su vida.
Al día siguiente, distintos sectores de la población, incluyendo familiares y empresariales cercanos, se reunieron y marcharon ese martes por la avenida Carranza, para exigir justicia por el asesinato del ex presidente de Coparmex.
Federico Garza Herrera, entonces fiscal general del estado, informó que, de acuerdo a la carpeta de investigación, el asesinato se dio en su entorno personal y no por su calidad de empresario; además de que ya se contaba con cuatro testigos de los hechos y material de video para establecer cómo ocurrió el homicidio.
Solo dos días después del homicidio, el fiscal dio una rueda de prensa para informar que fueron detenidas cuatro personas (Rudy “N” y Ramiro “N” de 34 años, Abel “N” de 31 años y Nicolás “N” de 36) en Ciudad Valles quienes estarían relacionadas en el asesinato, luego de encontrarlos en un vehículo con características similares a las del hecho de violencia.
Entre las similitudes destacaron el parabrisas con franja polarizada, faros de niebla y rin de siete puntos; también en el momento de la detención, los sujetos portaban dos armas de fuego y droga, que al ser analizadas fue localizada el arma que se usó para privar de la vida al empresario, una calibre de 9 milímetros. A pesar de la premura, el autor intelectual aún continuaba libre.
Para el primero de mayo de ese año, se informó la detención de Raúl Trejo de 50 años de edad en Monterrey, Nuevo León, presunto autor intelectual del asesinato de Julio Galindo y quien era socio de la víctima en diversos negocios en la región Huasteca del estado potosino y en Veracruz, que al parecer planeó el homicidio luego de tener diferencias por situaciones contables y de dinero.
A Raúl Trejo se le imputa el delito de homicidio calificado con alevosía, premeditación, ventaja y traición a título de partícipe inductor, por lo que se consiguió que continuara en prisión preventiva hasta que se resolviera el caso.
Luego de que pasara un año y 11 meses de este homicidio, la Coparmex se manifestó en contra de la lentitud del proceso para hacer justicia, además de que existe inquietud en los organismos empresariales por la falta de una decisión rápida; por lo que José Luis Ruiz Contreras, actual fiscal general del estado, informó que el 1 de febrero se reanudó el juicio en contra del presunto responsable.
Se había mencionado que el 20 de febrero se concluiría el juicio del caso Julio Galindo, por lo que varios amigos y familiares se posicionaron a través de redes sociales y quienes indicaron que esperan que exista justicia para el empresario; no obstante, el falló se estableció el pasado 7 de marzo.
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Mataperros de Soledad obtiene amparo y evita su detención
Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
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SSPCE cuestiona a jueces que liberan a detenidos por delitos graves
Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva, incluso en asuntos relacionados con delitos de alto impacto o portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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Fiscalía de SLP investiga un aborto practicado fuera del plazo legal
El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal. García Cázares no precisó en qué municipio ocurrió ni si hay personas imputadas.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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