junio 28, 2025

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México

Aprueban diputados reforma a la Ley de Obras Públicas

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El diputado potosino José Luis Fernández destaca su impacto positivo para San Luis Potosí.

Por Roberto Mendoza

 

Con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención en lo general, y 324 votos a favor, 119 en contra y una abstención en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La propuesta, impulsada por la Presidencia de la República, fue turnada al Senado para su análisis y votación final.

La nueva legislación busca alinear la ejecución de obra pública con principios de eficiencia, transparencia, economía y honradez, a través de una plataforma digital centralizada y obligatoria: la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que será administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta herramienta tecnológica será el único medio para llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y administración de contratos en todo el país.

Además, la reforma fortalece mecanismos de control, endurece sanciones e inhabilitaciones y permite nuevas prácticas como los “diálogos estratégicos” entre funcionarios y proveedores antes del inicio formal de un procedimiento, para mejorar las condiciones de contratación. También se establece el uso obligatorio de bitácoras electrónicas para el seguimiento puntual de cada obra.

El diputado federal potosino José Luis Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, explicó en entrevista exclusiva para La Orquesta que esta reforma representa una actualización indispensable de una ley vigente desde los años noventa, y que hoy ya no respondía a los desafíos de un Estado moderno.

“Uno de los principales objetivos es incorporar herramientas tecnológicas para garantizar la correcta aplicación de los recursos y la transparencia en la ejecución de la obra pública. La bitácora digital, por ejemplo, permitirá dar seguimiento en tiempo real a los trabajos que se realicen, lo que hoy aún se hace en papel”, señaló.

Fernández también subrayó que la nueva ley introduce candados importantes para evitar conflictos de interés: “Antes, un funcionario no podía participar directamente en una licitación, pero sí podía hacerlo a través de una empresa en la que fuera socio. Ahora, eso también queda prohibido.”

En respuesta a las críticas de la oposición —que considera que esta reforma podría abrir la puerta a prácticas poco transparentes—, el legislador potosino defendió el contenido de la ley: “Yo creo todo lo contrario. Esta reforma promueve la transparencia y abre espacios de diálogo regulado entre funcionarios y participantes, lo cual puede mejorar las decisiones. En el marco actual, ni siquiera puedes escuchar a quien está ofreciendo un servicio. Ahora eso será posible, con reglas claras.”

Sobre el impacto en San Luis Potosí, Fernández dijo que habrá que hacer adecuaciones a la ley estatal para armonizar con esta reforma federal, pero confía en que los cambios sean positivos. “La gente quiere que el dinero público se invierta bien, que se hagan obras duraderas y de calidad, que gane la mejor propuesta y no quien tiene más cercanía con el poder. Eso es lo que busca esta ley.”

La reforma, que también regula procedimientos como la adjudicación directa y las condiciones para que entidades públicas realicen obras sin recurrir a terceros.

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México

Trump allana el camino para gobernar por decreto

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La controversia sobre la ciudadanía por nacimiento continúa en litigio y la Corte Suprema no ha resuelto aún sobre su constitucionalidad

 

 

Por: Roberto Mendoza

La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión de seis votos contra tres, resolvió limitar el alcance de los mandatos judiciales federales, conocidos como nationwide injunctions, que hasta ahora permitían a jueces bloquear a nivel nacional las órdenes ejecutivas del presidente. La sentencia, redactada por la jueza Amy Coney Barrett, dispone que los jueces federales solo podrán emitir fallos con efecto sobre las partes involucradas en cada caso, y no de manera general para toda la población.

La resolución fue celebrada por el presidente Donald Trump, quien afirmó que se trata de una “victoria monumental para la Constitución y la separación de poderes”. El mandatario anticipó que esta decisión le facilitará el camino para impulsar nuevas órdenes ejecutivas, entre ellas su controvertido proyecto para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes, aunque dicha medida todavía enfrenta procesos judiciales en instancias inferiores.

El plan de eliminar la ciudadanía por nacimiento ha encontrado oposición en diversos tribunales. El juez federal John C. Coughenour, del Distrito Oeste de Washington, bloqueó en enero de este año el decreto presidencial al considerarlo “rotundamente inconstitucional” y contrario a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Otros jueces, como Leo Sorokin, Deborah Boardman y Joseph Laplante, también han emitido resoluciones en el mismo sentido.

En su voto disidente, la jueza Sonia Sotomayor advirtió sobre el riesgo de que el Gobierno federal pueda eludir obligaciones constitucionales de alcance general, al señalar textualmente:

“Today’s decision is a sleight of hand against the rule of law. It allows the Government to comply with constitutional commands only in individual cases, while continuing to violate the rights of countless others nationwide.”
En español: “La decisión de hoy es una artimaña contra el Estado de Derecho. Permite que el Gobierno cumpla con los mandatos constitucionales solo en casos individuales, mientras sigue violando los derechos de incontables personas en todo el país.”

La controversia sobre la ciudadanía por nacimiento continúa en litigio y la Corte Suprema no ha resuelto aún sobre su constitucionalidad, por lo que el futuro de esta política se mantiene incierto y sujeto a revisión judicial.
Con esta resolución, Trump obtiene mayor margen para gobernar mediante decretos ejecutivos, aunque las decisiones específicas seguirán siendo objeto de impugnaciones caso por caso ante el Poder Judicial.

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México

“No hay pruebas de lavado de dinero contra bancos”: Sheinbaum

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“Nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro es: Que envíe las pruebas, si es que las tiene”

 

Por: Redacción

Sobre las sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la posición del Gobierno de México es que si hay pruebas contundentes de lavado de dinero se actuará sin importar quién sea, ya que no hay impunidad; sin embargo, señaló que, hasta ahora, dicha institución no ha enviado mayor información.

“Nosotros actuamos si hay pruebas. Al Departamento del Tesoro es: Que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero; tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces: ni lo negamos, ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicano, de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, destacó.

Enfatizó en que en México no se va a cubrir a nadie y no habrá impunidad, pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes que hubo lavado de dinero.

Informó que, hace unas algunas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron información confidencial del Departamento del Tesoro y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) de EUA, ante lo cual se solicitó más detalles, ya que sólo se exponían transferencias entre empresas chinas y mexicanas realizadas a través de las instituciones bancarias.

 

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México

Lenacapavir: la inyección semestral que previene el VIH con casi 100 % de eficacia

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Lenacapavir aún no está disponible en México ni ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Por: Roberto Mendoza

 

El 18 de junio de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el uso de lenacapavir como medicamento preventivo contra el VIH, marcando un parteaguas en la lucha global contra el virus. Esta aprobación convierte a lenacapavir, comercializado bajo el nombre Yeztugo, en la primera opción de profilaxis preexposición (PrEP) que requiere una sola inyección subcutánea cada seis meses para ofrecer protección casi total contra el contagio.

Lenacapavir es un inhibidor de la cápside del VIH, es decir, interfiere con la estructura proteica que recubre el material genético del virus, impidiendo que se replique dentro del organismo. Su mecanismo de acción es distinto a los tratamientos tradicionales y ha mostrado resultados extraordinarios. En los ensayos clínicos PURPOSE 1 y PURPOSE 2, realizados en varias regiones del mundo, no se reportaron casos de infección por VIH entre los participantes que recibieron lenacapavir, lo que le valió a este avance ser nombrado por la revista Science como el descubrimiento biomédico más importante de 2024.

El esquema consiste en una dosis oral de inducción seguida por una inyección subcutánea, que ofrece cobertura durante seis meses completos. Esta modalidad representa una mejora significativa frente a los esquemas actuales de PrEP, basados en la ingesta diaria de comprimidos, cuya efectividad depende en gran medida de la constancia del paciente. Lenacapavir

elimina ese riesgo y plantea un nuevo paradigma en la prevención del virus.

A pesar del entusiasmo internacional, lenacapavir aún no está disponible en México ni ha sido aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, organismos como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA y UNICEF ya colaboran con países de ingresos bajos y medios para facilitar su acceso. Gilead Sciences, la empresa desarrolladora, ha anunciado acuerdos de licenciamiento para permitir su producción genérica en más de 120 países, lo que podría reducir su costo de más de 43 mil dólares anuales en Estados Unidos a menos de 50 dólares al año en versiones genéricas.

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Opinión

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