El Consejo determinó la procedencia de medidas cautelares ante la violencia de género ejercida contra la jueza Fátima Viera Gutiérrez

Por: Redacción

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), emitió una resolución dentro del expediente PSE-01/2026, en la que determinó la procedencia de medidas cautelares derivadas de una denuncia por presuntos actos de violencia política en razón de género contra la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez.

Se trata de una determinación inédita en San Luis Potosí, pues es la primera vez en que se involucra el ejercicio de la función jurisdiccional y la difusión de contenidos que inciden en el desempeño público de una mujer en un cargo de decisión.

El organismo electoral ordenó la implementación de acciones provisionales y de precaución, con el fin garantizar la protección de los derechos de la denunciante, así como la supervisión de su cumplimiento por parte de la autoridad correspondiente.

El análisis realizado por el CEEPAC advierte que el contenido difundido en redes sociales (incluyendo la circulación reiterada de un video en el que la juzgadora aparece en un contexto de confrontación dentro de un órgano jurisdiccional) no se limita a informar sobre un hecho de interés público, sino que incorpora elementos que pueden colocarla en una posición de descrédito, vulnerabilidad y cuestionamiento de su capacidad para ejercer el cargo,

generando un impacto negativo en su imagen pública.

Asimismo, el organismo señaló que la forma en que dicho contenido ha sido presentado incorpora narrativas que buscan quitar legitimidad al actuar de una mujer en ejercicio de funciones públicas, lo cual, bajo un análisis con perspectiva de género, puede reproducir estereotipos y formas de violencia simbólica.

En este sentido, se determinó la adopción de medidas orientadas a la eliminación de contenidos digitales que formen parte de estas conductas, así como el seguimiento institucional para verificar su cumplimiento, en apego a la normatividad aplicable.

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La magistrada presidenta Lourdes Zarazúa informó que se atiende la falta de personal en juzgados y ya operan mecanismos disciplinarios con primeros casos registrados

Por: Redacción

A seis meses de la implementación del nuevo esquema operativo derivado de la reforma judicial, el Poder Judicial de San Luis Potosí avanza en la consolidación de su estructura interna, con énfasis en la reducción del rezago de personal en áreas clave.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, informó que en los próximos días se darán a conocer los resultados del examen para secretarios de acuerdos, una de las categorías con mayor déficit dentro de los juzgados.

“Vamos a encontrar un desahogo muy grande en los juzgados, porque era una de las áreas donde más nos faltaba personal”, señaló. Además, adelantó que se llevarán a cabo evaluaciones adicionales para cubrir plazas de proyectistas y actuarios, como parte de una estrategia integral para mejorar la eficiencia en la impartición de justicia.

Zarazúa Martínez indicó que, tras medio año de operación, el Poder Judicial ya cuenta con un diagnóstico más preciso de sus necesidades, lo que ha permitido identificar áreas de oportunidad y enfocar esfuerzos en una mayor eficacia institucional.

En materia disciplinaria, destacó que el nuevo órgano de control ya registra al menos cuatro casos, principalmente relacionados con incumplimientos administrativos, como la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales y faltas de asistencia. Aclaró que estos procedimientos han sido dirigidos, hasta ahora, a personal y no a jueces.

Sobre el padrón de deudores alimentarios, explicó que la información se mantiene bajo carácter restringido y únicamente es accesible para las partes involucradas, en cumplimiento con la normativa de protección de datos personales. Añadió que las personas pueden entrar o salir del registro dependiendo de si cumplen o no con sus obligaciones.

En otros temas, la magistrada rechazó que actividades recientes dentro del Poder Judicial, como la presencia de personas de pueblos originarios ofreciendo productos, deban considerarse incidentes, al señalar que forman parte de una política institucional de inclusión y fomento cultural.

“El Poder Judicial está abierto a todos, incluyendo a nuestros pueblos originarios. Es parte de nuestra responsabilidad como institución”, afirmó.

Finalmente, señaló que la institución continuará realizando ajustes conforme avance la implementación del nuevo marco legal, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y responder de manera más eficiente a las demandas de la ciudadanía.

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Gobierno estatal fijó su postura: no a proyectos que destruyan identidad

Por: Redacción

El titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que el gobierno estatal no se opone a la inversión minera, pero advirtió que estas actividades deben ser socialmente responsables y no afectar el entorno ni la identidad del estado, tras la reciente resolución judicial sobre concesiones en Wirikuta.

El funcionario explicó que las concesiones mineras anuladas recientemente son de carácter federal, por lo que no fueron otorgadas por el gobierno estatal, lo que limita su intervención directa en este tipo de decisiones.

“Las concesiones son permisos que otorga la Federación, no el estado”, puntualizó.

Sin embargo, Torres Sánchez subrayó que existen antecedentes negativos en San Luis Potosí, como el caso de Cerro de San Pedro

, donde —dijo— la actividad minera dejó afectaciones ambientales y a la identidad histórica de la zona: “Nos dejó peor que un topo y acabó con la identidad de San Luis Potosí”, expresó.

En ese sentido, reiteró que, aunque la entidad está abierta a la llegada de inversiones, no se permitirán proyectos que dañen ecosistemas o el patrimonio cultural, en referencia a territorios como Wirikuta, considerado sagrado por el pueblo wixárika.

Cabe recordar que recientemente el Poder Judicial de la Federación resolvió revocar diversas concesiones mineras otorgadas durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa dentro de Wirikuta, tras más de una década de litigio impulsado por comunidades indígenas.

La sentencia reconoce el derecho del pueblo wixárika a ser consultado antes de cualquier proyecto que impacte su territorio, por lo que no prohíbe la minería, pero condiciona su desarrollo a procesos de consulta previa, libre e informada.

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