De 100 centros que existen en SLP, solo cinco cumplen con la normativa impuesta por la autoridad estatal

Por: Bernardo Vera

Daniel Acosta Díaz de León, titular de los Servicios de Salud en el estado de San Luis Potosí, dio a conocer en días pasados que solo operan cinco centros de rehabilitación y atención contra las adicciones –conocidos como “anexos”– bajo las normas reglamentarias que se establecen, de los más de 100 centros existentes en la entidad. El funcionario señaló que la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Protección Civil Municipal de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez y los Servicios de Salud han colaborado conjuntamente para evitar su proliferación y entren a la regulación correspondiente. Sin embargo, esta decisión ha generado que trabajadores, familiares de pacientes y operadores de anexos que no están regularizados se manifiesten contra el accionar del Gobierno Estatal.

Saúl Montenegro Mendoza, director de “Comunidad Terapéutica Vista Hermosa” está detrás de un movimiento pacifico de solidaridad con los centros ya clausurados, donde efectuaron el cierre temporal y simbólico de sus instalaciones, y sus integrantes vivirán en las calles, simulando condiciones de indigencia para concientizar sobre lo que podría ocurrir con el cierre definitivo de estos espacios.

El director de este centro de atención dijo que los anexos requieren una regulación, y no se han manifestado en contra de la misma. Sin embargo, explicó que hace falta asesoría por parte de las autoridades, dado que les solicitan condiciones similares a las de un giro comercial, cuando la tarea que realizan no implica fines lucrativos, sino un esfuerzo de la sociedad civil.

“No estamos reacios a cumplir con lo que pide la ley de Protección Civil, lo que pasa es que el costo de todas estas cosas solo se podría cubrir siendo un negocio. El gobierno nos está regulando, cosa a la que no nos oponemos, pero sería necesario que subsidiara una parte del proyecto, como infraestructura, por ejemplo”, expuso el representante de los centros contra adicciones.

Montenegro Mendoza dijo que los anexos podrían ser una alternativa a las necesidades que actualmente se cubren por parte del Instituto Temazcalli y los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPAS),

dado que ahí solamente admiten personas que llegan por voluntad propia. Mientras que establecimientos como el que representa, acuden personas, en su mayoría, referidas por la autoridad o alguna institución médica o legal. Agregó que pudiera generarse un esquema de apoyos, como ocurre en los centros de readaptación social.

“El común de la gente tenemos viene por voluntad, pero, por ejemplo, acaban de llevar a mi centro a una persona que detuvo la policía, nosotros podemos recibirlo si es remitido por alguna autoridad. La gente que está en los penales le cuesta al gobierno, la gente que está con nosotros le cuesta a la familia, cuando la familia tiene la posibilidad de aportar. La cuestión es: si no estuvieran con nosotros, ¿en qué lugar pudieran atenderlos?”.

Saúl Montenegro dijo que alrededor de un 90 por ciento de los casos que llegan a anexos, guardan relación con el uso de la droga ‘cristal’, incluso entre jóvenes y niños de ocho a diez años, lo que ha generado una crisis de atención a adicciones y de salud mental puesto que “si ahorita todos los centros que hay en San Luis Potosí estuvieran llenos, todavía habría gente en la calle consumiendo cristal”.

Finalmente, Saúl Montenegro detalló que han tenido acercamiento con representantes de la Secretaría General de Gobierno y de Protección Civil, quienes demostraron una apertura al diálogo: “Lo que nosotros pretendemos es que se nos tome en cuenta para generar políticas públicas que hagan más cómodo nuestro trabajo”, enfatizó.

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