Ciudad
Anexos de SLP piden al gobierno subsidiarlos para regularizarse
De 100 centros que existen en SLP, solo cinco cumplen con la normativa impuesta por la autoridad estatal
Por: Bernardo Vera
Daniel Acosta Díaz de León, titular de los Servicios de Salud en el estado de San Luis Potosí, dio a conocer en días pasados que solo operan cinco centros de rehabilitación y atención contra las adicciones –conocidos como “anexos”– bajo las normas reglamentarias que se establecen, de los más de 100 centros existentes en la entidad. El funcionario señaló que la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Protección Civil Municipal de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez y los Servicios de Salud han colaborado conjuntamente para evitar su proliferación y entren a la regulación correspondiente. Sin embargo, esta decisión ha generado que trabajadores, familiares de pacientes y operadores de anexos que no están regularizados se manifiesten contra el accionar del Gobierno Estatal.
Saúl Montenegro Mendoza, director de “Comunidad Terapéutica Vista Hermosa” está detrás de un movimiento pacifico de solidaridad con los centros ya clausurados, donde efectuaron el cierre temporal y simbólico de sus instalaciones, y sus integrantes vivirán en las calles, simulando condiciones de indigencia para concientizar sobre lo que podría ocurrir con el cierre definitivo de estos espacios.
El director de este centro de atención dijo que los anexos requieren una regulación, y no se han manifestado en contra de la misma. Sin embargo, explicó que hace falta asesoría por parte de las autoridades, dado que les solicitan condiciones similares a las de un giro comercial, cuando la tarea que realizan no implica fines lucrativos, sino un esfuerzo de la sociedad civil.
“No estamos reacios a cumplir con lo que pide la ley de Protección Civil, lo que pasa es que el costo de todas estas cosas solo se podría cubrir siendo un negocio. El gobierno nos está regulando, cosa a la que no nos oponemos, pero sería necesario que subsidiara una parte del proyecto, como infraestructura, por ejemplo”, expuso el representante de los centros contra adicciones.
Montenegro Mendoza dijo que los anexos podrían ser una alternativa a las necesidades que actualmente se cubren por parte del Instituto Temazcalli y los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPAS), 
“El común de la gente tenemos viene por voluntad, pero, por ejemplo, acaban de llevar a mi centro a una persona que detuvo la policía, nosotros podemos recibirlo si es remitido por alguna autoridad. La gente que está en los penales le cuesta al gobierno, la gente que está con nosotros le cuesta a la familia, cuando la familia tiene la posibilidad de aportar. La cuestión es: si no estuvieran con nosotros, ¿en qué lugar pudieran atenderlos?”.
Saúl Montenegro dijo que alrededor de un 90 por ciento de los casos que llegan a anexos, guardan relación con el uso de la droga ‘cristal’, incluso entre jóvenes y niños de ocho a diez años, lo que ha generado una crisis de atención a adicciones y de salud mental puesto que “si ahorita todos los centros que hay en San Luis Potosí estuvieran llenos, todavía habría gente en la calle consumiendo cristal”.
Finalmente, Saúl Montenegro detalló que han tenido acercamiento con representantes de la Secretaría General de Gobierno y de Protección Civil, quienes demostraron una apertura al diálogo: “Lo que nosotros pretendemos es que se nos tome en cuenta para generar políticas públicas que hagan más cómodo nuestro trabajo”, enfatizó.
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El titular Juan Antonio Villa, informó que actualmente se encuentran activos más de 13 botones activos en la Zona Universitaria así como otra decena en algunas partes estratégicas del Centro Histórico como lo son los corredores estudiantiles
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina aseguró en entrevista que desde el 2022 se trabaja en conjunto con la Federación Universitaria Potosina (FUP) y en días recientes se atendió la solicitud para rehabilitar y poner en funcionamiento los botones de pánico ubicados en los campus universitarios.
Villa Gutierrez informó ademas que los 13 botones de pánico ubicados en diferentes puntos de la zona universitaria están funcionando de manera correcta y que de los otros 10 botones instalados en la Zona Centro, algunos están recibiendo mantenimiento.
Además de esta herramienta, se cuenta con cámaras de vigilancia en dichas zonas que conectadas directamente al C4.
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Torres Cedillo aclaró que el protocolo estatal autoriza cualquier prenda que proteja a los alumnos, tras el conflicto en la Ciriaco Cruz
Por: Cristian Betancourt
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, reiteró que ninguna escuela está autorizada a condicionar el uso de otra ropa diferente que no sea el uniforme deportivo.
El funcionario recordó que existe un protocolo que permite a los estudiantes asistir con pants, chamarras, sudaderas o cualquier prenda que les proteja del clima, sin que pueda ser motivo de sanciones o restricciones esto tras los hechos recientes sucedidos en la escuela Secundaria José Ciriaco Cruz: donde se reportó que los alumnos no podían usar uniforme deportivo.
Torres Cedillo informó que la SEGE ya tomó medidas respecto al caso de la secundaria Ciriaco Cruz, luego de comunicarse con el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y advirtió que los directivos que incumplan la instrucción recibirán sanciones.
El secretario destacó que, hasta el momento no se han recibido más reportes de escuelas que limiten el uso de ropa abrigadora. También hizo un llamado a padres de familia y alumnos para que denuncien cualquier caso que les impide usar prendas para protegerse del frío.
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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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