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AMLO calla y da oxígeno a Gabino Morales
El presidente evitó pronunciarse respecto a las denuncias por violencia política de género y acoso sexual que pesan sobre su delegado en San Luis Potosí
Por: La Orquesta
Pese ser suspendido de Morena por un caso de violencia política de género y a sabiendas de que sobre él pesa una querella por hostigamiento y acoso sexual, Gabino Morales Mendoza se mantiene, al menos por ahora, en su cargo como coordinador estatal de Programas de Desarrollo Integral del gobierno federal en San Luis Potosí. Y no solo eso, el silencio del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a su caso le hace ganar margen de maniobra.
El lunes por la noche se dio a conocer que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) había suspendido los derechos partidarios de Gabino Morales por seis meses. Entonces el panorama lucía obscuro para el delegado, en especial en las vísperas de la visita que López Obrador haría el martes a San Luis Potosí. Pero ayer, durante su gira por Cedral, el mandatario evadió pronunciarse ante el escándalo que rodea a una de sus figuras más cercanas en el estado y también sugirió que todo se trataba de un mero pleito. Con ello el camino para Morales se iluminó.
Sergio Serrano Soriano fue quien precisó que Gabino Morales continuará trabajando como coordinador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente estatal de Morena en San Luis Potosí apuntó que la sanción aplica tan solo a la dimensión de Gabino como militante, y que no se extiende a su labor dentro del gobierno federal que se maneja de otro modo.
“Son cosas distintas. Una cosa es Morena, partido. Otra cosa es gobierno. Antes allá con el PRI y con el PAN uno nunca sabía los límites entre partido y gobierno. Y acá no. El partido es respetuoso del gobierno, no nos metemos”, aseguró Serrano.
Serrano Soriano no se posicionó respecto a la conveniencia de que Gabino pudiera ser separado de su cargo como una medida del ejecutivo. Adujo que ello no le correspondía ya que se trataba estrictamente de un asunto de la presidencia. “Y Morena partido no nos metemos con los asuntos del gobierno federal. No nos metemos en la vida interna del gobierno. Es asunto del gobierno”.
DEL “ME CANSO GANSO” AL “YA CHOLE”
La visita a Cedral de López Obrador se dio con motivo del arranque del programa de apoyo a comunidades marginadas en donde se presentó la nueva canasta básica que pasó de tener 23 a 40 productos. Y a eso se limitó. El tabasqueño se negó en todo momento a hablar sobre la suspensión que Morena impuso a su delegado, Gabino Morales.
Desde un principio, al ser abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, López Obrador se mantuvo al margen. “No, con todo respeto, ese es otro asunto, yo no vengo a eso”.
Durante su discurso en la presentación de la nueva canasta básica, López Obrador recordó que no contestó a los cuestionamientos de la prensa en la capital potosina. “¿Por qué?, Porque todo es intriga, todo es pleito, divisiones. Ya, como dicen los jóvenes… ya chole con eso”.
UN DELEGADO MUY CAMPANTE
Gabino Morales se mostró optimista sobre una situación que, aunque mediática, hasta ahora no le ha causado una sanción contundente. Si bien al principio se negó a declarar sobre su suspensión de derechos partidarios por incurrir en violencia política en razón de género, ayer en Cedral dio una breve declaración que resulta significativa.
Al ser cuestionado por un reportero sobre el lío legal en el que se encuentra envuelto, Gabino Morales se limitó a decir: “eso es otro tema, ahorita estamos esperando al presidente”.
“Sí, todo bien”, dijo sobre su sanción y luego se alejó del lugar sin dar otro tipo de mensaje
UN HISTORIAL DE LÍOS PARA GABINO
Desde su designación como delegado federal (e incluso antes), la figura de Gabino Morales ha estado envuelta en una serie de polémicas y animadversiones.
En septiembre pasado, los integrantes de Morena en el Congreso del Estado denunciaron la intromisión que Morales Mendoza quien, de manera turbia y con intereses ajenos a la representación popular, estaría haciendo negociaciones con otras fuerzas políticas para controlar espacios específicos en este órgano.
“Es claro nuestro posicionamiento, exigimos respeto como representantes populares que somos, la gente nos dio su confianza y queremos trabajar para hacer bien las cosas. Pedimos que no haya intromisiones y que nos permita, a nosotros, tomar las decisiones que consideremos apropiadas. Queremos que nos dejen trabajar y que no se hagan negociaciones por debajo del agua. Tenemos el compromiso y la voluntad para cambiar la forma de hacer política, por ello no vamos a permitir que se sigan llevando a cabo estas prácticas que atentan contra la democracia” afirmó Pedro Carrizales Becerra en representación del grupo.
Un mes después, otra facción de militantes de Morena fue a más y aprovechando otra visita de López Obrador a San Luis Potosí para pedir que Gabino fuera removido de su cargo como coordinador estatal de programas integrales de desarrollo del Gobierno Federal. En aquel entonces le acusaron de tener un comportamiento déspota con quienes integraban en partido.
“Lo que queremos es que se sienten las autoridades y nos den cuenta a los compañeros, lo que pasa es que es un autoritarismo insoportable, eso es lo que queremos hacer ver al señor López Obrador”, señalaron.
Según las declaraciones vertidas por Joaquín Muñoz, afirmó que, al interior del partido, “existe un clamor para que Morales Mendoza no ocupe espacios de importancia política y financiera, (…) no podemos estar aceptando imposiciones, vengan de donde vengan”.
Sin embargo, en aquella vez, como ahora, López Obrador evitó pronunciarse en contra de Gabino Morales y dirigió la discusión a otros términos.
“Hay que dejar de pelear y dejar a un lado la politiquería, la patria es primero. ¿Luchamos por cargos? El que quiera un puesto que se vaya al mercado”, dijo el entonces presidente electo el 5 de octubre. “Yo soy libre y ustedes también y yo siempre digo lo que pienso”, recalcó, añadió bajo algunos abucheos.
+ENTONADO
AMLO reprueba que diputados de Morena no recorten su sueldo en SLP
“Totalmente contradictorio” que los diputados de Morena en San Luis Potosí no respetaran su promesa de campaña de reducirse el salario a la mitad, consideró Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario federal externó su desacuerdo durante su visita al municipio de Cedral. “Tienen que actuar con austeridad republicana, ya no se puede cobrar sueldos elevadísimos”.
También lea: (VIDEO) Todo bien, evade Gabino Morales hablar de denuncias en su contra
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Aunque pierde todo en tribunales, la UASLP mantiene al IFSE “en el chori”
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
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Tren Querétaro–SLP–Saltillo arrancaría obras este mismo año
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
También lee: Tren de pasajeros usará vías ferroviarias existentes en SLP
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Objeción de conciencia y desinformación frenan acceso al aborto legal en SLP
Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso .
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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