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Alerta de Género en SLP: Sí hay dinero… pero no resultados
San Luis Potosí es el cuarto estado con más dinero para atender la Alerta de Género por cada municipio; pese al recurso, no se ha logrado resultados
Por: Ana Dora y Roberto Rocha
San Luis Potosí es el cuarto estado con mayor presupuesto promedio para sus municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Pese a eso, la violencia contra las mujeres en el estado no se ha podido detener, pues entre enero y julio de este año se registraron 16 feminicidios en el estado, y hubo además 8 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso. A esos hay que sumar los crímenes de ese tipo ocurridos durante agosto.
El estado recibió 6 millones 189 mil 239 pesos con 44 centavos para siete proyectos, aprobados por la Conavim. Eso quiere decir que en promedio, cada uno de los seis municipios potosinos con Alerta de Género: Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Rioverde y San Luis Potosí; recibieron un millón 31 mil pesos, mientras que el promedio nacional es de menos de la mitad, con 416 mil pesos por cada municipio con Alerta de Género.
Solo Quintana Roo, que obtuvo 3 millones 103 mil pesos para cada uno de sus tres municipios en alerta; Campeche, con un millón 758 millones y ocho municipios; y Michoacán, con un millón 71 mil pesos y 14 municipios en alerta, tienen mejores promedios que San Luis Potosí.
En cambio, otros 14 estado tienen menos que un millón de pesos para atender la Alerta de Género en cada municipio, siendo Zacatecas, con 132 mil pesos para cada uno de sus 58 municipios y Puebla, con solo 43 mil pesos para cada uno de los 50 municipios, son las entidades con peor presupuesto a repartir del subsidio de Conavim.
Este año, entre las acciones para implementar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí, se contemplan mesas de trabajo sobre la NOM-046, con el acompañamiento de MEXFAM, asociación civil dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población.
La Norma en cuestión establece que, en caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria; lo anterior se desprende del acta de la Sesión de Trabajo del 19 de junio 2019, donde se conformó también el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de seguimiento.
El gobierno estatal informó que los recursos federales asignados ascienden a los seis millones de pesos; sin embargo, en el documento oficial federal solo se señalan poco más de tres millones para San Luis Potosí, lo que podría ser tan sólo un error de transcripción.
Dentro de los componentes para cumplir están:
El Protocolo para Identificar y Atender situaciones de violencia de género en las escuelas de educación básica, a cargo de la Secretaría de Educación Pública y la organización MEXFAM
El Programa para atender violencia en el Transporte Público, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública
Un Taller de reeducación a jóvenes sobre erradicación de conductas violentas hacia las mujeres, a cargo del Instituto de las Mujeres del Estado
El Protocolo especializado para la tramitación, cumplimiento y seguimiento de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, cuya coordinación es por parte del Centro de Justicia para Mujeres
Campaña publicitaria para la prevención de la violencia en el noviazgo, a cargo de la Secretaría de Salud
Un programa de capacitación a las personas servidoras públicas que atienden a mujeres víctimas de violencia en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Además, en la Sesión de Trabajo mencionada al inicio de la nota, también se aprobó el Primer Dictamen del Cumplimiento de las Medidas de la Declaratoria, con esto la comisionada nacional de CONAVIM, Candelaria Ochoa Ávalos, avaló en parte el desempeño de las autoridades potosinas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En 2018 se cumplió con la Alerta… dice el gobierno
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Centro de Justicia para las Mujeres, gestionó ante la Secretaría de Gobernación Federal, 20 millones de pesos para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) en la capital potosina, según informó en un comunicado de prensa.
En entrevista para La Orquesta 
Méndez Salas consideró que se cumplieron las metas señaladas en el año 2018: “Cumplimos, no hubo observaciones, es por eso que nos asignaron nuevamente recursos”, y añadió que durante la visita de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, en el mes de junio, no hubo observaciones negativas.
La titular del CJM, informó que en este año se han albergado a setenta y dos familias en los centros de Rioverde, Matlapa y San Luis, y que “algunas se canalizaron a refugios, otras se les brindó un plan de atención”.
Mendez Salas también adelantó que un nuevo inmueble “se construirá en el espacio que el gobierno del estado asignó para las instituciones de acceso a la justicia”, ubicado en el Boulevard Rocha Cordero muy cerca de la Feria Nacional Potosina.
Asimismo, indicó que una de las necesidades del CJM es aumentar la plantilla de personal, puesto que actualmente funciona con trabajadores comisionados de otras instituciones, lo que genera que la atención al público sea limitada los fines de semana, situación que posiblemente provoque que mujeres violentadas en sábados o domingos tengan que acudir a otras instancias fuera de sus posibilidades.
“La limitante de abrir fines de semana es por el personal. El presupuesto asignado contempla la operatividad de todos los centros de justicia del estado, y dada nuestra carencia, el Congreso aprobó un aumento”.
AVG: presupuesto mal concursado y botín político
Pese a los esfuerzos, se han levantado voces que, del todo, no aprueban los resultados de la AVGM en el estado, entre ellos la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, quien señaló que “el estado no tiene capacidad para bajar un presupuesto sólido para cumplir las medidas de la declaratoria”, puesto que “en este año la cifra fue menor en relación con otros estados”.
La investigadora recordó que en dos años consecutivos la Conavim ha concursado presupuesto entre los estados y que el proyecto de San Luis Potosí “no ha integrado a los municipios para que estos cuenten con recursos extraordinarios para atender el problema”.
Consideró que “el presupuesto de la alerta ha sido muy poco”, por lo que las instituciones “han tenido que aportar de su dinero para cubrir las medidas de la declaratoria” y acusó que los recursos federales llegan directamente a la Secretaría General de Gobierno sin incluir a los municipios para solicitar recursos extras.
“La secretaría general no ha integrado proyectos del municipio para que este acceda a presupuesto extraordinario y garantice acciones encaminadas a la seguridad, como alumbrado, mayor presencia de cuerpos policiales, etc”.
Por su parte, la diputada federal Guadalupe Almaguer Pardo acusó que las autoridades estatales “no dieron los resultados” y añadió que el gobierno estatal debe informar sobre el destino del recurso federal de cuatro millones de pesos que se otorgó el año pasado, en 2018, “cuál fue el destino y si su uso ha contribuido para el objetivo”.
Almaguer Pardo también comentó que el tema de la violencia hacia la mujer es utilizado por actores políticos: “es el ingrediente más mezquino que se utiliza, porque se señalan unos a otros y hacen responsable de feminicidios a las administraciones o partidos políticos, sin que exista una preocupación genuina”.
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La Fiscalía determinó que el convoy circulaba por encima de los límites de velocidad autorizados en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República responsabilizó al conductor del Tren Interoceánico por el accidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el tramo ferroviario Nizandá–Chivela, en el estado de Oaxaca. En conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy informó que el dictamen técnico de la institución concluyó que la causa del siniestro fue el exceso de velocidad del convoy.
Godoy detalló que, de acuerdo con los registros analizados por peritos federales, la velocidad máxima permitida en la curva donde se produjo el descarrilamiento era de 50 kilómetros por hora, mientras que el tren ingresó a ese punto a aproximadamente 65 kilómetros por hora. Añadió que, en tramos previos, el convoy llegó a circular hasta 41 kilómetros por hora por encima de los límites establecidos para zonas rectas.
La fiscal explicó que la investigación incluyó la revisión de la infraestructura ferroviaria, el estado de las vías, el sistema de frenos y los componentes mecánicos del tren. Señaló que no se detectaron fallas técnicas ni defectos de construcción que hubieran contribuido al descarrilamiento, por lo que se descartó que la causa del accidente estuviera relacionada con la obra ferroviaria.
El accidente dejó un saldo final de 14 personas fallecidas y 25 personas lesionadas, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República.
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Jesús Juárez Hernández aseguró que el Centro es en donde más fuerzas policiacas hay, pero que deben incrementar la atención en ciertos puntos y horarios
Por: Redacción
Tras el incidente donde un joven fue golpeado a las afueras de un antro del Centro Histórico, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), señaló que esta zona no representa un “foco rojo” para la capital potosina.
El secretario reconoció que este no es el primer caso que tienen en el Centro, pero recalcó que es el punto de la ciudad en donde se tiene una mayor presencia de la Guardia Civil y la Policía Municipal.
Hernández aseguró que más allá de aumentar el número de elementos, lo que se tiene que hacer es poner un énfasis especial en algunos lugares en específico, así como incrementar la atención en ciertos horarios.
Finalmente, el funcionario pidió a las fuerzas de seguridad ubicadas en el Centro Histórico que no se relajen, pues muchas veces se piensa que estos incidentes solo ocurren en la periferia, cuando también pueden suceder en esta zona.
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El diputado señaló que, aunque hay inversión extranjera, los empresarios mexicanos no están invirtiendo de forma generalizada
Por: Redacción
Emilio Rosas Montiel, diputado local por Morena, advirtió que la inversión nacional en México, y particularmente en San Luis Potosí, se encuentra prácticamente estancada, al señalar que los empresarios mexicanos no están invirtiendo, pese a los esfuerzos por generar condiciones favorables para el desarrollo económico.
Durante su posicionamiento, el legislador reconoció que, si bien existe inversión extranjera directa —dato que calificó como relevante—, la inversión nacional no presenta el mismo dinamismo. No obstante, hizo un paréntesis para destacar que empresarios potosinos sí están apostando por el estado, mencionando a empresas sólidas como Grupo Valoran y Grupo Acerero, entre otras, que continúan invirtiendo.
Rosas Montiel explicó que el contexto económico actual es complejo y que se requieren estímulos y condiciones adecuadas para incentivar la inversión, especialmente ante escenarios internacionales adversos, como el comportamiento del presidente estadounidense Donald Trump, lo cual impacta el ánimo de los inversionistas y la generación de empleos.
El diputado señaló que actualmente existen 14 polos de desarrollo que ya se encuentran en vías de consolidación a nivel nacional, y expresó el interés de que San Luis Potosí cuente también con uno de estos polos, como parte de una estrategia para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Asimismo, destacó la incorporación de los conceptos de economía regenerativa y economía circular dentro de la Ley de Desarrollo Económico, subrayando que esta visión está alineada con los criterios impulsados a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum
Detalló que este enfoque contempla exenciones fiscales importantes, como la exención del 100 por ciento en activos fijos para maquinaria destinada a este tipo de negocios, la asignación de tierra y exenciones del 25 por ciento para innovación, tecnología y capacitaciones, lo que representa un incentivo directo para nuevas inversiones.
El legislador explicó que la economía regenerativa y circular busca atender problemáticas como el manejo de residuos, el aprovechamiento de energías limpias y renovables, así como el impulso al turismo ecológico, planteando estas áreas como oportunidades de negocio desde una perspectiva económica.
Finalmente, informó que también se aprobó la abrogación de la Ley de Mejora Regulatoria, al señalar que uno de los principales logros de la administración federal ha sido la aprobación de la Ley de Eliminación de Trámites Burocráticos, ante la existencia de más de siete mil trámites en todo el país, entre niveles municipal, estatal y federal, con el objetivo de avanzar hacia un sistema único y digitalizado.
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