San Luis Potosí es el cuarto estado con más dinero para atender la Alerta de Género por cada municipio; pese al recurso, no se ha logrado resultados 

Por: Ana Dora y Roberto Rocha

San Luis Potosí es el cuarto estado con mayor presupuesto promedio para sus municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Pese a eso, la violencia contra las mujeres en el estado no se ha podido detener, pues entre enero y julio de este año se registraron 16 feminicidios en el estado, y hubo además 8 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso. A esos hay que sumar los crímenes de ese tipo ocurridos durante agosto. 

El estado recibió 6 millones 189 mil 239 pesos con 44 centavos para siete proyectos, aprobados por la Conavim. Eso quiere decir que en promedio, cada uno de los seis municipios potosinos con Alerta de Género: Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Rioverde y San Luis Potosí; recibieron un millón 31 mil pesos, mientras que el promedio nacional es de menos de la mitad, con 416 mil pesos por cada municipio con Alerta de Género.

Solo Quintana Roo, que obtuvo 3 millones 103 mil pesos para cada uno de sus tres municipios en alerta; Campeche, con un millón 758 millones y ocho municipios; y Michoacán, con un millón 71 mil pesos y 14 municipios en alerta, tienen mejores promedios que San Luis Potosí.

En cambio, otros 14 estado tienen menos que un millón de pesos para atender la Alerta de Género en cada municipio, siendo Zacatecas, con 132 mil pesos para cada uno de sus 58 municipios y Puebla, con solo 43 mil pesos para cada uno de los 50 municipios, son las entidades con peor presupuesto a repartir del subsidio de Conavim.

Este año, entre las acciones para implementar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí, se contemplan mesas de trabajo sobre la NOM-046, con el acompañamiento de MEXFAM, asociación civil dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población. 

La Norma en cuestión establece que, en caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria; lo anterior se desprende del acta de la Sesión de Trabajo del 19 de junio 2019, donde se conformó también el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de seguimiento.

El gobierno estatal informó que los recursos federales asignados ascienden a los seis millones de pesos; sin embargo, en el documento oficial federal solo se señalan poco más de tres millones para San Luis Potosí, lo que podría ser tan sólo un error de transcripción.

Dentro de los componentes para cumplir están: 

El Protocolo para Identificar y Atender situaciones de violencia de género en las escuelas de educación básica, a cargo de la Secretaría de Educación Pública y la organización MEXFAM

El Programa para atender violencia en el Transporte Público, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública

Un Taller de reeducación a jóvenes sobre erradicación de conductas violentas hacia las mujeres, a cargo del Instituto de las Mujeres del Estado

El Protocolo especializado para la tramitación, cumplimiento y seguimiento de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, cuya coordinación es por parte del Centro de Justicia para Mujeres

Campaña publicitaria para la prevención de la violencia en el noviazgo, a cargo de la Secretaría de Salud

Un programa de capacitación a las personas servidoras públicas que atienden a mujeres víctimas de violencia en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

Además, en la Sesión de Trabajo mencionada al inicio de la nota, también se aprobó el Primer Dictamen del Cumplimiento de las Medidas de la Declaratoria, con esto la comisionada nacional de CONAVIM, Candelaria Ochoa Ávalos, avaló en parte el desempeño de las autoridades potosinas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

En 2018 se cumplió con la Alerta… dice el gobierno

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Centro de Justicia para las Mujeres, gestionó ante la Secretaría de Gobernación Federal, 20 millones de pesos para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) en la capital potosina, según informó en un comunicado de prensa. 

En entrevista para La Orquesta

, Julieta Méndez Salas, directora del CJM, informó que el recurso fue asignado después de cumplir con los lineamientos de la convocatoria nacional emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Méndez Salas consideró que se cumplieron las metas señaladas en el año 2018: “Cumplimos, no hubo observaciones, es por eso que nos asignaron nuevamente recursos”, y añadió que durante la visita de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, en el mes de junio, no hubo observaciones negativas.

La titular del CJM, informó que en este año se han albergado a setenta y dos familias en los centros de Rioverde, Matlapa y San Luis, y que “algunas se canalizaron a refugios, otras se les brindó un plan de atención”.

Mendez Salas también adelantó que un nuevo inmueble “se construirá en el espacio que el gobierno del estado asignó para las instituciones de acceso a la justicia”, ubicado en el Boulevard Rocha Cordero muy cerca de la Feria Nacional Potosina. 

Asimismo, indicó que una de las necesidades del CJM es aumentar la plantilla de personal, puesto que actualmente funciona con trabajadores comisionados de otras instituciones, lo que genera que la atención al público sea limitada los fines de semana, situación que posiblemente provoque que mujeres violentadas en sábados o domingos tengan que acudir a otras instancias fuera de sus posibilidades.

“La limitante de abrir fines de semana es por el personal. El presupuesto asignado contempla la operatividad de todos los centros de justicia del estado, y dada nuestra carencia, el Congreso aprobó un aumento”. 

AVG: presupuesto mal concursado y botín político

Pese a los esfuerzos, se han levantado voces que, del todo, no aprueban los resultados de la AVGM en el estado, entre ellos la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, quien señaló que “el estado no tiene capacidad para bajar un presupuesto sólido para cumplir las medidas de la declaratoria”, puesto que “en este año la cifra fue menor en relación con otros estados”. 

La investigadora recordó que en dos años consecutivos la Conavim ha concursado presupuesto entre los estados y que el proyecto de San Luis Potosí “no ha integrado a los municipios para que estos cuenten con recursos extraordinarios para atender el problema”. 

Consideró que “el presupuesto de la alerta ha sido muy poco”, por lo que las instituciones “han tenido que aportar de su dinero para cubrir las medidas de la declaratoria” y acusó que los recursos federales llegan directamente a la Secretaría General de Gobierno sin incluir a los municipios para solicitar recursos extras.

“La secretaría general no ha integrado proyectos del municipio para que este acceda a presupuesto extraordinario y garantice acciones encaminadas a la seguridad, como alumbrado, mayor presencia de cuerpos policiales, etc”.

Por su parte, la diputada federal Guadalupe Almaguer Pardo acusó que las autoridades estatales “no dieron los resultados” y añadió que el gobierno estatal debe informar sobre el destino del recurso federal de cuatro millones de pesos que se otorgó el año pasado, en 2018, “cuál fue el destino y si su uso ha contribuido para el objetivo”.

Almaguer Pardo también comentó que el tema de la violencia hacia la mujer es utilizado por actores políticos: “es el ingrediente más mezquino que se utiliza, porque se señalan unos a otros y hacen responsable de feminicidios a las administraciones o partidos políticos, sin que exista una preocupación genuina”.

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