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Alerta de Género en SLP: Sí hay dinero… pero no resultados
San Luis Potosí es el cuarto estado con más dinero para atender la Alerta de Género por cada municipio; pese al recurso, no se ha logrado resultados
Por: Ana Dora y Roberto Rocha
San Luis Potosí es el cuarto estado con mayor presupuesto promedio para sus municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Pese a eso, la violencia contra las mujeres en el estado no se ha podido detener, pues entre enero y julio de este año se registraron 16 feminicidios en el estado, y hubo además 8 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso. A esos hay que sumar los crímenes de ese tipo ocurridos durante agosto.
El estado recibió 6 millones 189 mil 239 pesos con 44 centavos para siete proyectos, aprobados por la Conavim. Eso quiere decir que en promedio, cada uno de los seis municipios potosinos con Alerta de Género: Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Rioverde y San Luis Potosí; recibieron un millón 31 mil pesos, mientras que el promedio nacional es de menos de la mitad, con 416 mil pesos por cada municipio con Alerta de Género.
Solo Quintana Roo, que obtuvo 3 millones 103 mil pesos para cada uno de sus tres municipios en alerta; Campeche, con un millón 758 millones y ocho municipios; y Michoacán, con un millón 71 mil pesos y 14 municipios en alerta, tienen mejores promedios que San Luis Potosí.
En cambio, otros 14 estado tienen menos que un millón de pesos para atender la Alerta de Género en cada municipio, siendo Zacatecas, con 132 mil pesos para cada uno de sus 58 municipios y Puebla, con solo 43 mil pesos para cada uno de los 50 municipios, son las entidades con peor presupuesto a repartir del subsidio de Conavim.
Este año, entre las acciones para implementar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en San Luis Potosí, se contemplan mesas de trabajo sobre la NOM-046, con el acompañamiento de MEXFAM, asociación civil dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población.
La Norma en cuestión establece que, en caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria; lo anterior se desprende del acta de la Sesión de Trabajo del 19 de junio 2019, donde se conformó también el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de seguimiento.
El gobierno estatal informó que los recursos federales asignados ascienden a los seis millones de pesos; sin embargo, en el documento oficial federal solo se señalan poco más de tres millones para San Luis Potosí, lo que podría ser tan sólo un error de transcripción.
Dentro de los componentes para cumplir están:
El Protocolo para Identificar y Atender situaciones de violencia de género en las escuelas de educación básica, a cargo de la Secretaría de Educación Pública y la organización MEXFAM
El Programa para atender violencia en el Transporte Público, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública
Un Taller de reeducación a jóvenes sobre erradicación de conductas violentas hacia las mujeres, a cargo del Instituto de las Mujeres del Estado
El Protocolo especializado para la tramitación, cumplimiento y seguimiento de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, cuya coordinación es por parte del Centro de Justicia para Mujeres
Campaña publicitaria para la prevención de la violencia en el noviazgo, a cargo de la Secretaría de Salud
Un programa de capacitación a las personas servidoras públicas que atienden a mujeres víctimas de violencia en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Además, en la Sesión de Trabajo mencionada al inicio de la nota, también se aprobó el Primer Dictamen del Cumplimiento de las Medidas de la Declaratoria, con esto la comisionada nacional de CONAVIM, Candelaria Ochoa Ávalos, avaló en parte el desempeño de las autoridades potosinas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En 2018 se cumplió con la Alerta… dice el gobierno
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Centro de Justicia para las Mujeres, gestionó ante la Secretaría de Gobernación Federal, 20 millones de pesos para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres (CJM) en la capital potosina, según informó en un comunicado de prensa.
En entrevista para La Orquesta 
Méndez Salas consideró que se cumplieron las metas señaladas en el año 2018: “Cumplimos, no hubo observaciones, es por eso que nos asignaron nuevamente recursos”, y añadió que durante la visita de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, en el mes de junio, no hubo observaciones negativas.
La titular del CJM, informó que en este año se han albergado a setenta y dos familias en los centros de Rioverde, Matlapa y San Luis, y que “algunas se canalizaron a refugios, otras se les brindó un plan de atención”.
Mendez Salas también adelantó que un nuevo inmueble “se construirá en el espacio que el gobierno del estado asignó para las instituciones de acceso a la justicia”, ubicado en el Boulevard Rocha Cordero muy cerca de la Feria Nacional Potosina.
Asimismo, indicó que una de las necesidades del CJM es aumentar la plantilla de personal, puesto que actualmente funciona con trabajadores comisionados de otras instituciones, lo que genera que la atención al público sea limitada los fines de semana, situación que posiblemente provoque que mujeres violentadas en sábados o domingos tengan que acudir a otras instancias fuera de sus posibilidades.
“La limitante de abrir fines de semana es por el personal. El presupuesto asignado contempla la operatividad de todos los centros de justicia del estado, y dada nuestra carencia, el Congreso aprobó un aumento”.
AVG: presupuesto mal concursado y botín político
Pese a los esfuerzos, se han levantado voces que, del todo, no aprueban los resultados de la AVGM en el estado, entre ellos la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, quien señaló que “el estado no tiene capacidad para bajar un presupuesto sólido para cumplir las medidas de la declaratoria”, puesto que “en este año la cifra fue menor en relación con otros estados”.
La investigadora recordó que en dos años consecutivos la Conavim ha concursado presupuesto entre los estados y que el proyecto de San Luis Potosí “no ha integrado a los municipios para que estos cuenten con recursos extraordinarios para atender el problema”.
Consideró que “el presupuesto de la alerta ha sido muy poco”, por lo que las instituciones “han tenido que aportar de su dinero para cubrir las medidas de la declaratoria” y acusó que los recursos federales llegan directamente a la Secretaría General de Gobierno sin incluir a los municipios para solicitar recursos extras.
“La secretaría general no ha integrado proyectos del municipio para que este acceda a presupuesto extraordinario y garantice acciones encaminadas a la seguridad, como alumbrado, mayor presencia de cuerpos policiales, etc”.
Por su parte, la diputada federal Guadalupe Almaguer Pardo acusó que las autoridades estatales “no dieron los resultados” y añadió que el gobierno estatal debe informar sobre el destino del recurso federal de cuatro millones de pesos que se otorgó el año pasado, en 2018, “cuál fue el destino y si su uso ha contribuido para el objetivo”.
Almaguer Pardo también comentó que el tema de la violencia hacia la mujer es utilizado por actores políticos: “es el ingrediente más mezquino que se utiliza, porque se señalan unos a otros y hacen responsable de feminicidios a las administraciones o partidos políticos, sin que exista una preocupación genuina”.
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La detención se da tras múltiples exigencias ciudadanas por justicia; el joven fue asesinado a las afueras de un antro en la zona de Tequis
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó sobre la captura de Brayan Guadalupe “N”, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años asesinado la madrugada del 1 de mayo de 2023 a las afueras de un bar en avenida Carranza, en el barrio de Tequisquiapan.
De acuerdo con las investigaciones, Sua fue atacado por al menos dos personas con un arma blanca cuando salía de un centro nocturno, presuntamente al resistirse a un asalto. Gravemente herido, fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida horas más tarde. El caso generó una fuerte movilización social, particularmente entre la comunidad juvenil, que exigió justicia y denunció la inacción de las autoridades.
Tras una larga espera, la Policía de Investigación (PDI) logró identificar y ubicar a uno de los presuntos agresores. La detención de Brayan Guadalupe “N” se realizó mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. El detenido fue trasladado al centro penitenciario de San Luis Potosí, donde permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica. La audiencia inicial ya ha sido programada.
El caso Sua se convirtió en un símbolo del hartazgo juvenil ante la violencia en San Luis Potosí. A pocos días del asesinato, más de 700 personas firmaron un pliego petitorio dirigido a los gobiernos estatal y municipal, acusando: Ineficiencia en la investigación y omisión de las autoridades, revictimización de la familia y minimización del crimen, falta de presencia policial en zonas de alto riesgo y ausencia de protocolos de seguridad en centros nocturnos.
El homicidio ocurrió a tan solo una cuadra del inmueble conocido como el “Nido del Crimen”, una casa abandonada en la avenida Carranza 905, señalada por vecinos como refugio de delincuentes y epicentro de múltiples delitos. La comunidad vecinal denunció años de omisión gubernamental frente al deterioro de la seguridad en la zona.
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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona mencionó que Villa de Reyes y Matehuala han evidenciado a policías municipales sin requerimientos para su función
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han acudido a los municipios a realizar las evaluaciones de control y confianza a las corporaciones de seguridad pública en los municipios.
Derivado de ello, han resaltado los casos de Villa de Reyes y Matehuala, en los que se han tomado medidas para el cese de elementos no aptos para su función pública, o llamados directos a los presidentes municipales.
En el caso de Matehuala, recordó que hace un par de días se realizó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en la que se le hizo la recomendación al presidente municipal, Raúl Ortega, para continuar con la limpieza de sus policías municipales, ante lo que el alcalde camelense ha mostrado la disposición de actuar. Mientras que en Villa de Reyes se evidenció la situación de su director de Policía municipal, que dio positivo al consumo de sustancias no aptas para el desempeño de su función.
Gallardo Cardona enfatizó que al inicio de su administración, las corporaciones municipales se comprometieron a evaluar a todos sus elementos municipales. Sin embargo, al no hacerlo, la acción del Ejecutivo ha sido realizar estas pruebas municipio a municipio con el objetivo de hacer cumplir la ley y como parte de la profesionalización de los elementos.
Finalmente, el gobernador del estado recordó que la SSPCE continuará estas evaluaciones a los municipios de manera sorpresiva, para no alertar a las corporaciones, en las que se realizan los exámenes toxicológicos y de polígrafo, y al momento se les entrega una certificación que les indica si son capaces de desempeñar su función o deben someterse a lo que mandate la autoridad.
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Esta es la iniciativa que discute el Congreso de Jalisco, pero ¿qué tan viable sería un contrato de convivencia civil de 2 a 5 años en la entidad potosina?
Por: Redacción
Enrique Velazquez, diputado local en el Congreso del Estado de Jalisco, presentó una iniciativa a la legislatura local de aquella entidad para agregar la figura de “matrimonio por tiempo determinado”. Una iniciativa que pretende replantear el concepto del matrimonio entre las nuevas generaciones, como un método de adecuar las leyes civiles a las nuevas formas de unión civil de las parejas, además de reducir los costos económicos, legales y emocionales ante los divorcios.
Ante esta iniciativa, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Directiva en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, considera necesario el análisis d el contexto social en la entidad potosina
El legislador remarcó que el matrimonio es un contrato, por lo que hacerlo efectivo por un periodo determinado de tiempo lo consideró inviable para San Luis Potosí. No obstante, enfatizó que este tema debe analizarse para considerar una iniciativa similar en el estado.
“Habrá que leer esta propuesta del Congreso de Jalisco, pero está sujeto a interpretaciones. Habrá que analizarla, ver las condiciones que existen en San Luis Potosí, pero de entrada aquí no se ha visto nada de ese tema”, mencionó.
La iniciativa del diputado jalisciense contempla matrimonios temporales, mediante un contrato de convivencia civil con vigencia de entre 2 y 5 años. Algunos puntos destacados son la opción de las parejas a renovar su vínculo, modificar los términos, o disolverlo sin necesidad de un proceso judicial complejo.
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