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Alejandro “N” y el recuento de los daños. De potosino distinguido a presunto violador
Por: Ana G Silva
Hasta el 18 de octubre del 2019 cuando fue separado de su cargo, Alejandro “N” fungía como procurador de la defensa de las personas adultas mayores del DIF estatal, posteriormente fue detenido el 23 de octubre luego de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por la presunta violación de un menor de edad.
A continuación, un recuento de quien fuera un día pasó de ganar la presa Plan de San Luis y Potosino Distinguido a ser un distinguido acusado violador de menores:
Alejandro “N” es el fundador y presidente del Instituto de Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, al que fundó en octubre de 1997, según la página web del mismo Instituto.
En el año 2006, fue reconocido con la presea Potosino Distinguido.
De acuerdo con su currículum, publicado por el DIF estatal en la página de Cegaip, fue profesor en la Benemérita Escuela Normal del Estado durante el año 2004. En 2006 fue director de la empresa “Artículos de Limpieza Damarli” y de 2007 a 2009 laboró como coordinador de atención a personas con capacidades diferentes del DIF municipal.
Extrañamente, el currículum oficial de Alejandro “N”, en la página de Cegaip solo llega al año 2009, sin especificar qué ha hecho durante los últimos diez años.
En 2012, Alejandro “N” también recibió la Presea Plan de San Luis, de parte del Congreso del Estado.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y Debilidad Visual, por la Escuela Normal del Estado.
El caso en contra de, Alejandro “N”, inició el 8 de octubre del 2019 cuando un menor de edad de identidad reservada denunció que desde hacía más de un año, el imputado lo mandaba a traer desde un refugio estatal donde se encontraba albergado, situación que ocurría al menos tres veces por semana, esto con la finalidad de que pasara la tarde en sus oficinas donde le realizaba, presuntamente, actos sexuales en contra de la voluntad del menor.
El 18 de octubre de 2019 se solicitó una Alerta Migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se había librado ya la orden de aprehensión en contra del entonces titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social.
También se tuvo conocimiento de que sus oficinas en la dependencia fueron selladas y clausuradas desde esa fecha por parte de la Contraloría General del Estado; y que fue separado del cargo, no bien se tuvo conocimiento por parte de la dirección General del DIF.
La tarde del miércoles 23 de octubre de 2019, agentes de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión librada en contra de Alejandro “N”.
El mandato judicial lo originó una demanda que pesa contra el exfuncionario por la presunta violación de un menor de edad; sin embargo, durante estas fechas se rumoraba que podría tratarse al menos tres víctimas.
Al día siguiente, el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo” publicó un comunicado para mostrar su apoyo y su solidaridad a su exdirector.
“El personal académico y administrativo del IPACIDEVI, así como integrantes del Consejo Directivo, Alumnos y Padres de Familia damos fe de tu valioso testimonio de amor y entrega incansable a favor de cientos de niños y jóvenes ciegos, débiles visuales o con capacidades diferentes, desde hace cerca de 25 años cuando comenzaste esta labor siendo apenas un niño”.
La publicación afirma que Alejandro “N” ha contribuido “a que muchas personas den sentido a su vida, se formen y se valgan por sí mismas logrando ser autosuficientes e independientes (…) Con tu entrega y dedicación has motivado e inspirado muchas vidas como las de nosotros”.
El 25 de octubre de 2019 Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado, comentó que el caso del ex trabajador del DIF estatal en San Luis Potosí, “no es un tema que tenga que ver con el desempeño en el servicio público, 
La primera audiencia de Alejandro “N” se llevó a cabo el 29 de octubre de 2019 donde se determinó su situación jurídica, y por el peso de las pruebas, físicas, médicas y de compatibilidad de ADN se le vinculó a proceso.
Durante casi doce horas se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, misma en donde el abogado defensor Rafael Aguilar y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Juana María Castillo Ortega, desahogaron pruebas documentales; sin embargo, el juez consideró que había elementos suficientes para iniciar juicio y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe señalar que desde que se dio a conocer la detención del exfuncionario del gobierno estatal hasta la fecha de la primera audiencia, a través de redes sociales, usuarios cercanos a su familia y la de su esposa, así como una asociación civil fundada por él, emprendió una campaña de defensa utilizando como argumento la labor social por la que, incluso, ha recibido reconocimientos de los diferentes órganos de gobierno.
A ello se suman también convocatorias a través de WhatsApp para realizar misas en su honor, presuntamente convocadas por autoridades eclesiásticas radicadas en la capital del estado.
También a través de ese servicio de mensajería, un familiar directo de Alejandro N, habría hecho circular un mensaje en el que acusó a la presunta víctima de ser un delincuente juvenil con la intención de causarle daño al exfuncionario público, quien a partir de ahora permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila en San Luis Potosí.
El 23 de diciembre de 2019 se solicitó una audiencia para pedir una ampliación del plazo de la investigación, que fue concedido y vencerá el último día de febrero.
El día de hoy, el extitular de la Procuraduría de la Defensas de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del DIF estatal logró, junto a sus abogados defensores, reponer por completo el proceso instaurado en su contra.
Tras la reposición completa del proceso, a petición de su defensa se fijaron 2 meses, a partir del primero de octubre pasado para cerrar la investigación y se aporten nuevos datos y evidencias en su proceso.
No obstante fue vinculado nuevamente y mantenido en detención oficiosa pues las pruebas médicas y de compatibilidad de ADN lo hunden.
Conforme a la información a la que tuvo acceso La Orquesta.mx, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en San Luis Potosí fue informada el pasado 2 de octubre sobre la situación que guarda la causa penal 1098/2019, en la que sobresale la reposición del procedimiento tras la ejecutoria de amparo promovida por la defensa del exfuncionario en el centro de justicia integral.
En contexto, su defensa está encabezada por el mismo despacho de abogados que representan a Eduardo N, conocido como el “homicida del campestre” y representaron también al ex sacerdote salesiano que logró su libertad tras ser acusado por el homicidio de la joven Itzachel Shantal.
También lee: Defensa de “Alejandro N.” Ex funcionario del DIF logró reposición del proceso. Nuevamente fue vinculado
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
También lee: Tren de pasajeros usará vías ferroviarias existentes en SLP
Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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