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Alejandro “N” y el recuento de los daños. De potosino distinguido a presunto violador
Por: Ana G Silva
Hasta el 18 de octubre del 2019 cuando fue separado de su cargo, Alejandro “N” fungía como procurador de la defensa de las personas adultas mayores del DIF estatal, posteriormente fue detenido el 23 de octubre luego de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por la presunta violación de un menor de edad.
A continuación, un recuento de quien fuera un día pasó de ganar la presa Plan de San Luis y Potosino Distinguido a ser un distinguido acusado violador de menores:
Alejandro “N” es el fundador y presidente del Instituto de Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, al que fundó en octubre de 1997, según la página web del mismo Instituto.
En el año 2006, fue reconocido con la presea Potosino Distinguido.
De acuerdo con su currículum, publicado por el DIF estatal en la página de Cegaip, fue profesor en la Benemérita Escuela Normal del Estado durante el año 2004. En 2006 fue director de la empresa “Artículos de Limpieza Damarli” y de 2007 a 2009 laboró como coordinador de atención a personas con capacidades diferentes del DIF municipal.
Extrañamente, el currículum oficial de Alejandro “N”, en la página de Cegaip solo llega al año 2009, sin especificar qué ha hecho durante los últimos diez años.
En 2012, Alejandro “N” también recibió la Presea Plan de San Luis, de parte del Congreso del Estado.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y Debilidad Visual, por la Escuela Normal del Estado.
El caso en contra de, Alejandro “N”, inició el 8 de octubre del 2019 cuando un menor de edad de identidad reservada denunció que desde hacía más de un año, el imputado lo mandaba a traer desde un refugio estatal donde se encontraba albergado, situación que ocurría al menos tres veces por semana, esto con la finalidad de que pasara la tarde en sus oficinas donde le realizaba, presuntamente, actos sexuales en contra de la voluntad del menor.
El 18 de octubre de 2019 se solicitó una Alerta Migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se había librado ya la orden de aprehensión en contra del entonces titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social.
También se tuvo conocimiento de que sus oficinas en la dependencia fueron selladas y clausuradas desde esa fecha por parte de la Contraloría General del Estado; y que fue separado del cargo, no bien se tuvo conocimiento por parte de la dirección General del DIF.
La tarde del miércoles 23 de octubre de 2019, agentes de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión librada en contra de Alejandro “N”.
El mandato judicial lo originó una demanda que pesa contra el exfuncionario por la presunta violación de un menor de edad; sin embargo, durante estas fechas se rumoraba que podría tratarse al menos tres víctimas.
Al día siguiente, el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo” publicó un comunicado para mostrar su apoyo y su solidaridad a su exdirector.
“El personal académico y administrativo del IPACIDEVI, así como integrantes del Consejo Directivo, Alumnos y Padres de Familia damos fe de tu valioso testimonio de amor y entrega incansable a favor de cientos de niños y jóvenes ciegos, débiles visuales o con capacidades diferentes, desde hace cerca de 25 años cuando comenzaste esta labor siendo apenas un niño”.
La publicación afirma que Alejandro “N” ha contribuido “a que muchas personas den sentido a su vida, se formen y se valgan por sí mismas logrando ser autosuficientes e independientes (…) Con tu entrega y dedicación has motivado e inspirado muchas vidas como las de nosotros”.
El 25 de octubre de 2019 Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado, comentó que el caso del ex trabajador del DIF estatal en San Luis Potosí, “no es un tema que tenga que ver con el desempeño en el servicio público, es un tema que tiene que ver con cuestiones de carácter privado, y él ya está en un proceso de lo cual yo no tengo nada que opinar”.
La primera audiencia de Alejandro “N” se llevó a cabo el 29 de octubre de 2019 donde se determinó su situación jurídica, y por el peso de las pruebas, físicas, médicas y de compatibilidad de ADN se le vinculó a proceso.
Durante casi doce horas se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, misma en donde el abogado defensor Rafael Aguilar y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Juana María Castillo Ortega, desahogaron pruebas documentales; sin embargo, el juez consideró que había elementos suficientes para iniciar juicio y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe señalar que desde que se dio a conocer la detención del exfuncionario del gobierno estatal hasta la fecha de la primera audiencia, a través de redes sociales, usuarios cercanos a su familia y la de su esposa, así como una asociación civil fundada por él, emprendió una campaña de defensa utilizando como argumento la labor social por la que, incluso, ha recibido reconocimientos de los diferentes órganos de gobierno.
A ello se suman también convocatorias a través de WhatsApp para realizar misas en su honor, presuntamente convocadas por autoridades eclesiásticas radicadas en la capital del estado.
También a través de ese servicio de mensajería, un familiar directo de Alejandro N, habría hecho circular un mensaje en el que acusó a la presunta víctima de ser un delincuente juvenil con la intención de causarle daño al exfuncionario público, quien a partir de ahora permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila en San Luis Potosí.
El 23 de diciembre de 2019 se solicitó una audiencia para pedir una ampliación del plazo de la investigación, que fue concedido y vencerá el último día de febrero.
El día de hoy, el extitular de la Procuraduría de la Defensas de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del DIF estatal logró, junto a sus abogados defensores, reponer por completo el proceso instaurado en su contra.
Tras la reposición completa del proceso, a petición de su defensa se fijaron 2 meses, a partir del primero de octubre pasado para cerrar la investigación y se aporten nuevos datos y evidencias en su proceso.
No obstante fue vinculado nuevamente y mantenido en detención oficiosa pues las pruebas médicas y de compatibilidad de ADN lo hunden.
Conforme a la información a la que tuvo acceso La Orquesta.mx, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en San Luis Potosí fue informada el pasado 2 de octubre sobre la situación que guarda la causa penal 1098/2019, en la que sobresale la reposición del procedimiento tras la ejecutoria de amparo promovida por la defensa del exfuncionario en el centro de justicia integral.
En contexto, su defensa está encabezada por el mismo despacho de abogados que representan a Eduardo N, conocido como el “homicida del campestre” y representaron también al ex sacerdote salesiano que logró su libertad tras ser acusado por el homicidio de la joven Itzachel Shantal.
También lee: Defensa de “Alejandro N.” Ex funcionario del DIF logró reposición del proceso. Nuevamente fue vinculado
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Amplían suspensión de clases en la Huasteca y Zona Media por lluvias
Indicaron que el objetivo es seguir protegiendo a la comunidad educativa, por lo que la medida se aplicará este miércoles y jueves
Por: Redacción
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informa que la medida de prevención de suspender clases en educación básica en las regiones Media y Huasteca para proteger a la comunidad educativa se amplía el miércoles 25 y jueves 26 de junio.
La dependencia detalló que el regreso se programa para el viernes 27 de junio, sin embargo, se abre la posibilidad de seguir aplicando la medida pues se pronostica que continúen las lluvias de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Cabe mencionar que las escuelas están funcionando como albergues en los distintos municipios afectados por lo que es necesario mantenerse al tanto de las indicaciones que emitan las autoridades estatales y municipales por medio de sus canales oficiales.
También lee: “Quien se caliente, se va”: Gallardo advierte sobre anticiparse a tiempos electorales
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#NuevoPleito | SCT no sabe sobre obra en El Saucito
Araceli Martínez advirtió que esta obra obligaría a modificar la ruta de la MetroRed y ello requiere planificación técnica especial
Por: Redacción
La obra del paso deprimido que se construirá sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena (frente a la iglesia de El Saucito) al norte de la capital potosina, podría obligar a una modificación importante en la ruta de la MetroRed, advirtió Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.
La funcionaria declaró que hasta el momento la dependencia no ha recibido notificación oficial sobre el inicio de la obra, ni detalles de su duración o afectaciones viales, pese a que el proyecto contempla intervenir la avenida antes mencionada, una de las rutas centrales del sistema de transporte articulado.
“Por esa razón es muy importante, siempre, la coordinación con todos los niveles de gobierno, para no afectar la operación del sistema de transporte, que de alguna manera implica complicaciones a la ciudadanía”, expresó Martínez Acosta.
La titular de SCT adelantó que si la obra interfiere con el trazo actual de la MetroRed, será necesario desarrollar un plan de contingencia . Sin embargo, señaló que no cualquier calle puede ser utilizada por los autobuses, debido a sus dimensiones y necesidades técnicas: “Estas unidades son de 12 metros, no pueden circular por todas las calles y la ruta establecida es justamente donde se puede acceder con las unidades”.
El 16 de junio, el alcalde Enrique Galindo anunció que el proyecto del paso deprimido ya cuenta con aprobación vecinal y que será licitado y ejecutado este mismo año, con una inversión que podría superar los 500 millones de pesos. El edil aseguró que la versión actual del proyecto respeta la ruta procesional y mejora la imagen urbana del entorno, sin embargo, que aún no ha dado fechas para el posible arranque de obras.
También lee: Habrá cambios en el proyecto del paso a desnivel del Saucito
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Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
Con la promesa de empleos, denuncian fraude s en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí
La cabeza de la operación apunta a una mujer que se nombra “gobernadora indígena de San Luis Potosí”
Por: Carlos Hernández
A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país. Nada fue cierto.
Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas (solo en el estado) con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.
La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”.
Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada “gobernadora indígena” del estado de San Luis Potosí, y señalada como la principal operadora del esquema.

Mariano Ávila #224

Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos

Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”
En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.

Supuesto manual de operaciones

Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos
Los reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.
Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.
Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.

Formato de afiliación del supuesto sindicato
A pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 70 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.
Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.
Checa el documento dando click AQUÍ.
Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida. Se la creyeron.
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