Por: Ana G Silva

Hasta el 18 de octubre del 2019 cuando fue separado de su cargo, Alejandro “N” fungía como procurador de la defensa de las personas adultas mayores del DIF estatal, posteriormente fue detenido el 23 de octubre luego de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por la presunta violación de un menor de edad.

A continuación, un recuento de quien fuera un día pasó de ganar la presa Plan de San Luis y Potosino Distinguido a ser un distinguido acusado violador de menores:

Alejandro “N” es el fundador y presidente del Instituto de Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, al que fundó en octubre de 1997, según la página web del mismo Instituto.

En el año 2006, fue reconocido con la presea Potosino Distinguido.

De acuerdo con su currículum, publicado por el DIF estatal en la página de Cegaip, fue profesor en la Benemérita Escuela Normal del Estado durante el año 2004. En 2006 fue director de la empresa “Artículos de Limpieza Damarli” y de 2007 a 2009 laboró como coordinador de atención a personas con capacidades diferentes del DIF municipal.

Extrañamente, el currículum oficial de Alejandro “N”, en la página de Cegaip solo llega al año 2009, sin especificar qué ha hecho durante los últimos diez años.

En 2012, Alejandro “N” también recibió la Presea Plan de San Luis, de parte del Congreso del Estado.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y Debilidad Visual, por la Escuela Normal del Estado.

El caso en contra de, Alejandro “N”, inició el 8 de octubre del 2019 cuando un menor de edad de identidad reservada denunció que desde hacía más de un año, el imputado lo mandaba a traer desde un refugio estatal donde se encontraba albergado, situación que ocurría al menos tres veces por semana, esto con la finalidad de que pasara la tarde en sus oficinas donde le realizaba, presuntamente, actos sexuales en contra de la voluntad del menor.

El 18 de octubre de 2019 se solicitó una Alerta Migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se había librado ya la orden de aprehensión en contra del entonces titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social.

También se tuvo conocimiento de que sus oficinas en la dependencia fueron selladas y clausuradas desde esa fecha por parte de la Contraloría General del Estado; y que fue separado del cargo, no bien se tuvo conocimiento por parte de la dirección General del DIF.

La tarde del miércoles 23 de octubre de 2019, agentes de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión librada en contra de Alejandro “N”.

El mandato judicial lo originó una demanda que pesa contra el exfuncionario por la presunta violación de un menor de edad; sin embargo, durante estas fechas se rumoraba que podría tratarse al menos tres víctimas.

Al día siguiente, el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo” publicó un comunicado para mostrar su apoyo y su solidaridad a su exdirector.

“El personal académico y administrativo del IPACIDEVI, así como integrantes del Consejo Directivo, Alumnos y Padres de Familia damos fe de tu valioso testimonio de amor y entrega incansable a favor de cientos de niños y jóvenes ciegos, débiles visuales o con capacidades diferentes, desde hace cerca de 25 años cuando comenzaste esta labor siendo apenas un niño”.

La publicación afirma que Alejandro “N” ha contribuido “a que muchas personas den sentido a su vida, se formen y se valgan por sí mismas logrando ser autosuficientes e independientes (…) Con tu entrega y dedicación has motivado e inspirado muchas vidas como las de nosotros”.

El 25 de octubre de 2019 Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado, comentó que el caso del ex trabajador del DIF estatal en San Luis Potosí, “no es un tema que tenga que ver con el desempeño en el servicio público,

La primera audiencia de Alejandro “N” se llevó a cabo el 29 de octubre de 2019 donde se determinó su situación jurídica, y por el peso de las pruebas, físicas, médicas y de compatibilidad de ADN se le vinculó a proceso.

Durante casi doce horas se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, misma en donde el abogado defensor Rafael Aguilar y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Juana María Castillo Ortega, desahogaron pruebas documentales; sin embargo, el juez consideró que había elementos suficientes para iniciar juicio y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que desde que se dio a conocer la detención del exfuncionario del gobierno estatal hasta la fecha de la primera audiencia, a través de redes sociales, usuarios cercanos a su familia y la de su esposa, así como una asociación civil fundada por él, emprendió una campaña de defensa utilizando como argumento la labor social por la que, incluso, ha recibido reconocimientos de los diferentes órganos de gobierno.

A ello se suman también convocatorias a través de WhatsApp para realizar misas en su honor, presuntamente convocadas por autoridades eclesiásticas radicadas en la capital del estado.

También a través de ese servicio de mensajería, un familiar directo de Alejandro N, habría hecho circular un mensaje en el que acusó a la presunta víctima de ser un delincuente juvenil con la intención de causarle daño al exfuncionario público, quien a partir de ahora permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila en San Luis Potosí.

El 23 de diciembre de 2019 se solicitó una audiencia para pedir una ampliación del plazo de la investigación, que fue concedido y vencerá el último día de febrero.

El día de hoy, el extitular de la Procuraduría de la Defensas de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del DIF estatal logró, junto a sus abogados defensores, reponer por completo el proceso instaurado en su contra.

Tras la reposición completa del proceso, a petición de su defensa se fijaron 2 meses, a partir del primero de octubre pasado para cerrar la investigación y se aporten nuevos datos y evidencias en su proceso.

No obstante fue vinculado nuevamente y mantenido en detención oficiosa pues las pruebas médicas y de compatibilidad de ADN lo hunden.

Conforme a la información a la que tuvo acceso La Orquesta.mx, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en San Luis Potosí fue informada el pasado 2 de octubre sobre la situación que guarda la causa penal 1098/2019, en la que sobresale la reposición del procedimiento tras la ejecutoria de amparo promovida por la defensa del exfuncionario en el centro de justicia integral.

En contexto, su defensa está encabezada por el mismo despacho de abogados que representan a Eduardo N, conocido como el “homicida del campestre” y representaron también al ex sacerdote salesiano que logró su libertad tras ser acusado por el homicidio de la joven Itzachel Shantal.

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