Estado
Alejandro Fernández: de potosino distinguido a culpable de abuso sexual
Conocido por su labor como activista a favor de las personas ciegas, ahora está a la espera de su sentencia por violentar a un menor de edad
Por: Ana G Silva
Ayer el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Estado de San Luis Potosí dictó sentencia condenatoria para Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del DIF estatal, por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad. Este caso ha sido controversial, pues el enjuiciado fue una figura pública, reconocido con las preseas Potosino Distinguido en 2006 y en 2012 al Plan de San Luis.
Alejandro Fernández Montiel fungía como procurador de la defensa de las personas adultas mayores del DIF Estatal durante la gestión de Juan Manuel Carreras, hasta el 2019, cuando fue detenido acusado de abusar sexualmente de un menor de edad.
Fernández Montiel es el fundador y presidente del Instituto de Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, el cual se inauguró en octubre de 1997, según la página web del mismo Instituto.
En el año 2006, Fernández Montiel fue reconocido con la presea Potosino Distinguido. De acuerdo con su currículum, publicado por el DIF Estatal en la página de Cegaip, Fernández Montiel fue profesor en la Benemérita Escuela Normal del Estado durante el año 2004. En 2006 fue director de la empresa “Artículos de Limpieza Damarli” y de 2007 a 2009 laboró como coordinador de atención a personas con discapacidad del DIF municipal. Extrañamente, el currículum en la página de Cegaip solo llega al año 2009.
Alejandro Fernández Montiel también recibió la Presea Plan de San Luis del año 2012, de parte del Congreso del Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y Debilidad Visual, por la Escuela Normal del Estado.
Para el miércoles 6 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí dio aviso que la madre de la víctima en el caso de Alejandro, no se presentó a declarar, a pesar de haber sido citada para la audiencia de ese día en el Centro Integral de Justicia Penal.
Al día siguiente, la FGE ofreció como testigos a una médico legista y una perito en psicología adscritas a la Fiscalía de la Mujer, quienes realizaron estudios a la víctima. Ambos declararon que encontraron en el joven indicios consistentes de agresión sexual por una lesión que le habría provocado Fernández Montiel y porque la víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicida.
La defensa del ex funcionario presentó el 12 de julio a la primera testigo a su favor, una ex trabajadora social del DIF que laboró en las oficinas de la PDPAM durante el tiempo en que la víctima realizaba actividades en dicha dependencia, que indicó que el día de la agresión no se percató de “nada raro” en la oficina y afirmó que el trato entre el acusado y el denunciante era respetuoso y cordial. Agregó que el 14 de octubre de 2019, día en que se habría llevado a cabo una agresión sexual, ella no se percató de nada raro en las oficinas.
En la audiencia celebrada el 13 de julio fue como testigo de la defensa la ex esposa del ahora sentenciado, quien presentó capturas de pantalla de una conversación que sostuvo su ex pareja con la víctima los días 12, 14 y 17 de octubre de 2019, fechas en las que el joven escapó del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto, donde estaba albergado. En los mensajes Alejandro Fernández cuestionó a la víctima sobre el por qué de su decisión y la trató de convencer de volver. Sin embargo, la víctima respondió: “Ya te metí en muchos problemas”.
La defensa presentó a seis testigos más, de los cuales, cinco relataron la forma en que se contactaron con el ex trabajador del DIF el 14 de octubre de 2019, fecha en que ocurrió una de las agresiones, quienes confirmaron haber hablado con él o haberlo visto con la víctima sin notar nada sospechoso. 
Ante el periodo vacacional, el Poder Judicial suspendió el juicio y se reanudó hasta el 11 de agosto. Ese día, la defensa de Fernández Montiel presentó como testigo a una perito en psicología forense, especialista en psicoanálisis y maestra en hipnosis, que realizó un metaperitaje del primer diagnóstico que realizaron psicólogas forenses a la víctima del caso en octubre de 2019 y comentó en que la víctima presentó una afectación psicosexual, no obstante, afirmó que las psicólogas no pudieron llegar a dicha conclusión sin tener la historia de vida y antecedentes del joven para determinar si el daño fue causado por un hecho reciente y el testimonio “baja credibilidad” debido a que tenía inconsistencias.
El pasado 18 de agosto la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de San Luis Potosí cambió al asesor jurídico de la víctima, por segunda vez, pues el anterior justificó que atendía otro juicio. Ese día la defensa del ahora sentenciado presentó un testigo médico especialista, coloproctólogo; su análisis consistía en determinar si las seis lesiones en la zona anal de la víctima que se encontraron en dicho estudio, coincidían con la temporalidad del supuesto último abuso. Aseguró que la valoración hecha a la víctima fue superficial y no se puede considerar que fue un estudio proctológico adecuado, debido a que no se realizaron procedimientos necesarios como una colposcopia.
El juicio fue nuevamente aplazado por las agendas de uno de los jueces y el 2 de septiembre se anunció que el representante jurídico de la víctima fue despedido sin ofrecer razón alguna, por lo que cambió de abogado por tercera vez.
Durante la última jornada del juicio oral se presentó como testigo a un perito en informática quien tuvo acceso a un celular y un reloj inteligente que presuntamente pertenecían a Alejandro N. y que mencionó comprobar la existencia de cuentas de Facebook y WhatsApp, con llamadas y mensajes con la víctima del 14 de octubre de 2019.
El segundo testigo fue un médico psiquiatra que realizó una valoración de la víctima a través de tres entrevistas entre 2019 y 2020, a través de las que buscaba analizar su situación mental, emocional y conductual, quien refirió que el joven sufría de depresión, ansiedad, trastorno del vínculo afectivo y trastorno de estrés post traumático. Así mismo señaló que era muy “directo”, “frio” y “apático”, comportamiento que lo llevó a concluir que no había “indicios de una agresión sexual”.
Finalmente, el 11 de octubre Alejandro Fernández rindió su declaración donde negó las acusaciones en su contra; sin embargo, el juez relator afirmó que se había comprobado como un hecho que el joven fue agredido sexualmente por el ex funcionario del DIF estatal, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Estado le dictó sentencia condenatoria por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad.
Luego del fallo condenatorio, el Tribunal informó que será el próximo 19 de octubre cuando se celebre la audiencia de individualización de las causas penales.
También lee: El rico al bote. Hasta que anota la justicia en caso Alejandro Fernández | Apuntes de Jorge Saldaña
La reunión con la Presidenta Nacional Jenny Althair Rivas Padilla y el Presidente de AMPI San Luis Potosí Neil Castro sentó las bases para una nueva ley federal que regule la intermediación inmobiliaria en beneficio de los consumidores
Por: Redacción
El Diputado Federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura, se reunió con Jenny Althair Rivas
Padilla, Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), y
con Neil Castro, Presidente del capítulo San Luis Potosí de la misma asociación, para avanzar en
la construcción de un marco normativo que proteja el patrimonio de las familias mexicanas en sus
operaciones inmobiliarias.
El eje central de la reunión fue el espíritu que anima todo el paquete legislativo: proteger al
comprador de vivienda a través de la regulación de quienes intermedian en sus operaciones. El
ciudadano es el punto de partida, no el sector. Cuando una familia destina años de ahorro a la
compra de una propiedad, tiene derecho a saber con certeza quién la asesora, qué compromisos
está firmando y cuánto va a pagar por ello.
“Comprar una casa no debe ser un riesgo. Debe ser una decisión segura para las
familias mexicanas. Partimos del ciudadano, no del sector.” — Dip. Juan Carlos
Valladares Eichelmann
El primer paso: identificar quién puede ejercer la intermediación
La primera iniciativa del paquete, ya presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 10 de abril de 2026, responde a una pregunta que hoy no tiene respuesta en el ordenamiento federal: ¿quién puede ejercer la intermediación inmobiliaria en México?
En su estado actual, cualquier persona puede anunciarse como agente inmobiliario sin acreditar conocimiento alguno, sin exhibir un número de registro y sin sujetarse a ningún código de ética. Esta falta de regulación genera una competencia desleal frente a los profesionales certificados y facilita prácticas fraudulentas que destruyen el ahorro de miles de familias.
La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Profesionales Inmobiliarios, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con requisitos mínimos de capacitación, certificación y ética profesional, y una plataforma digital pública que permita a cualquier ciudadano verificar en tiempo real si quien le ofrece un servicio inmobiliario está debidamente acreditado.
El segundo paso: regular cómo se ejerce y cómo se cobra
Durante la reunión de hoy se sentaron las bases para el segundo componente del paquete: la Ley Federal de Intermediación Inmobiliaria, una nueva ley autónoma que responde la pregunta que la primera iniciativa no toca: ¿cómo debe ejercerse esa intermediación?
Esta segunda iniciativa regula por primera vez en el plano federal el contrato de intermediación inmobiliaria —que hoy es un contrato atípico sin regulación específica—, establece la obligación de declarar por escrito y de forma previa la comisión del agente, define el momento en que esa comisión se devenga según el tipo de operación, y prohíbe expresamente prácticas como el cobro doble y el cobro anticipado sin que la operación se haya formalizado.
Lo que la ley no regula: la libertad del propietario intacta
El legislador fue enfático en un punto que genera dudas frecuentes: este paquete legislativo no restringe de ninguna forma el derecho de cualquier ciudadano a vender, comprar, arrendar o administrar directamente sus propios bienes inmuebles. Quien vende su casa, quien renta su departamento por su cuenta o quien pide ayuda a un familiar sin cobrar, queda completamente fuera del ámbito de aplicación de estas leyes.
Las obligaciones aplican exclusivamente a quien ejerce la intermediación inmobiliaria de forma profesional, habitual y remunerada en bienes ajenos. Se trata del mismo principio que aplica en otras actividades de alto impacto: quien administra su propio patrimonio es libre; quien cobra por administrar el patrimonio de otros debe hacerlo con estándares y responsabilidad.
La AMPI: aliada estratégica en la implementación
La Presidenta Nacional Jenny Althair Rivas Padilla y el Presidente Neil Castro manifestaron su respaldo al paquete legislativo y reconocieron que sus asociados activos cumplen ya con los requisitos contemplados en ambas iniciativas. La AMPI no es el objeto de regulación de estas leyes: es su principal aliada en la implementación.
La asociación está llamada a jugar un papel central como organismo acreditado para la certificación de agentes, como contraparte en convenios de capacitación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y como voz técnica en la elaboración de los lineamientos de implementación. Ambas iniciativas reconocen expresamente el trabajo que la AMPI ha realizado durante años en la profesionalización del sector.
La aprobación de este paquete beneficia directamente al agente certificado: nivela el campo de juego frente a intermediarios informales, da certeza jurídica al profesional diligente y fortalece la confianza del consumidor en el sector inmobiliario en su conjunto.
“Un sector regulado no es un sector limitado. Es un sector en el que el comprador confía, el profesional honesto compite en igualdad de condiciones, y las familias pueden tomar la decisión más importante de su vida con información clara y protección real.” — Dip. Juan Carlos Valladares Eichelmann
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Más de 7 mil niñas y niños participan en actividades culturales durante la conmemoración del Día del Libro
Por: Redacción
Como parte del impulso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para acercar la cultura a todos los sectores, la Secretaría de Cultura (Secult) puso en marcha diversas actividades en las cuatro regiones, en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor.
El titular de la dependencia, Mario García Valdez, detalló que, durante esta jornada, museos y recintos culturales realizaron dinámicas especiales que incluyeron la entrega de libros y espacios de lectura para el público, logrando la participación de más de 7 mil niñas y niños
Además, como parte de las celebraciones por el Día de la Niñez, el programa continuará con actividades del programa “Lectura Sin Límites” durante los próximos días, en coordinación con Alas y Raíces y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), llevando experiencias de lectura a distintos espacios educativos.
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Renata Esquivel Yépez obtiene plata en duatlón y coloca al Estado en el medallero nacional
Por: Redacción
San Luis Potosí logró su primera medalla en la Olimpiada Nacional CONADE 2026. La atleta Renata Esquivel Yépez destacó con una sobresaliente participación en duatlón, disciplina en la que conquistó la medalla de plata.
La competencia se desarrolló en Bahía de Banderas, Nayarit, donde la joven potosina enfrentó una exigente prueba que combina atletismo y ciclismo, registrando un tiempo de 00:17:18.8. El primer lugar fue para Sofía Ramos, de Jalisco
Este resultado reconoce la disciplina y constancia de la deportista, al tiempo que posiciona a San Luis Potosí en el arranque de la justa nacional más importante para las y los jóvenes.
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