Estado
Alejandro Fernández: de potosino distinguido a culpable de abuso sexual
Conocido por su labor como activista a favor de las personas ciegas, ahora está a la espera de su sentencia por violentar a un menor de edad
Por: Ana G Silva
Ayer el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Estado de San Luis Potosí dictó sentencia condenatoria para Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del DIF estatal, por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad. Este caso ha sido controversial, pues el enjuiciado fue una figura pública, reconocido con las preseas Potosino Distinguido en 2006 y en 2012 al Plan de San Luis.
Alejandro Fernández Montiel fungía como procurador de la defensa de las personas adultas mayores del DIF Estatal durante la gestión de Juan Manuel Carreras, hasta el 2019, cuando fue detenido acusado de abusar sexualmente de un menor de edad.
Fernández Montiel es el fundador y presidente del Instituto de Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, el cual se inauguró en octubre de 1997, según la página web del mismo Instituto.
En el año 2006, Fernández Montiel fue reconocido con la presea Potosino Distinguido. De acuerdo con su currículum, publicado por el DIF Estatal en la página de Cegaip, Fernández Montiel fue profesor en la Benemérita Escuela Normal del Estado durante el año 2004. En 2006 fue director de la empresa “Artículos de Limpieza Damarli” y de 2007 a 2009 laboró como coordinador de atención a personas con discapacidad del DIF municipal. Extrañamente, el currículum en la página de Cegaip solo llega al año 2009.
Alejandro Fernández Montiel también recibió la Presea Plan de San Luis del año 2012, de parte del Congreso del Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y Debilidad Visual, por la Escuela Normal del Estado.
Para el miércoles 6 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí dio aviso que la madre de la víctima en el caso de Alejandro, no se presentó a declarar, a pesar de haber sido citada para la audiencia de ese día en el Centro Integral de Justicia Penal.
Al día siguiente, la FGE ofreció como testigos a una médico legista y una perito en psicología adscritas a la Fiscalía de la Mujer, quienes realizaron estudios a la víctima. Ambos declararon que encontraron en el joven indicios consistentes de agresión sexual por una lesión que le habría provocado Fernández Montiel y porque la víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicida.

La defensa del ex funcionario presentó el 12 de julio a la primera testigo a su favor, una ex trabajadora social del DIF que laboró en las oficinas de la PDPAM durante el tiempo en que la víctima realizaba actividades en dicha dependencia, que indicó que el día de la agresión no se percató de “nada raro” en la oficina y afirmó que el trato entre el acusado y el denunciante era respetuoso y cordial. Agregó que el 14 de octubre de 2019, día en que se habría llevado a cabo una agresión sexual, ella no se percató de nada raro en las oficinas.
En la audiencia celebrada el 13 de julio fue como testigo de la defensa la ex esposa del ahora sentenciado, quien presentó capturas de pantalla de una conversación que sostuvo su ex pareja con la víctima los días 12, 14 y 17 de octubre de 2019, fechas en las que el joven escapó del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto, donde estaba albergado. En los mensajes Alejandro Fernández cuestionó a la víctima sobre el por qué de su decisión y la trató de convencer de volver. Sin embargo, la víctima respondió: “Ya te metí en muchos problemas”.
La defensa presentó a seis testigos más, de los cuales, cinco relataron la forma en que se contactaron con el ex trabajador del DIF el 14 de octubre de 2019, fecha en que ocurrió una de las agresiones, quienes confirmaron haber hablado con él o haberlo visto con la víctima sin notar nada sospechoso.

Ante el periodo vacacional, el Poder Judicial suspendió el juicio y se reanudó hasta el 11 de agosto. Ese día, la defensa de Fernández Montiel presentó como testigo a una perito en psicología forense, especialista en psicoanálisis y maestra en hipnosis, que realizó un metaperitaje del primer diagnóstico que realizaron psicólogas forenses a la víctima del caso en octubre de 2019 y comentó en que la víctima presentó una afectación psicosexual, no obstante, afirmó que las psicólogas no pudieron llegar a dicha conclusión sin tener la historia de vida y antecedentes del joven para determinar si el daño fue causado por un hecho reciente y el testimonio “baja credibilidad” debido a que tenía inconsistencias.
El pasado 18 de agosto la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de San Luis Potosí cambió al asesor jurídico de la víctima, por segunda vez, pues el anterior justificó que atendía otro juicio. Ese día la defensa del ahora sentenciado presentó un testigo médico especialista, coloproctólogo; su análisis consistía en determinar si las seis lesiones en la zona anal de la víctima que se encontraron en dicho estudio, coincidían con la temporalidad del supuesto último abuso. Aseguró que la valoración hecha a la víctima fue superficial y no se puede considerar que fue un estudio proctológico adecuado, debido a que no se realizaron procedimientos necesarios como una colposcopia.
El juicio fue nuevamente aplazado por las agendas de uno de los jueces y el 2 de septiembre se anunció que el representante jurídico de la víctima fue despedido sin ofrecer razón alguna, por lo que cambió de abogado por tercera vez.
Durante la última jornada del juicio oral se presentó como testigo a un perito en informática quien tuvo acceso a un celular y un reloj inteligente que presuntamente pertenecían a Alejandro N. y que mencionó comprobar la existencia de cuentas de Facebook y WhatsApp, con llamadas y mensajes con la víctima del 14 de octubre de 2019.
El segundo testigo fue un médico psiquiatra que realizó una valoración de la víctima a través de tres entrevistas entre 2019 y 2020, a través de las que buscaba analizar su situación mental, emocional y conductual, quien refirió que el joven sufría de depresión, ansiedad, trastorno del vínculo afectivo y trastorno de estrés post traumático. Así mismo señaló que era muy “directo”, “frio” y “apático”, comportamiento que lo llevó a concluir que no había “indicios de una agresión sexual”.
Finalmente, el 11 de octubre Alejandro Fernández rindió su declaración donde negó las acusaciones en su contra; sin embargo, el juez relator afirmó que se había comprobado como un hecho que el joven fue agredido sexualmente por el ex funcionario del DIF estatal, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Estado le dictó sentencia condenatoria por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad.
Luego del fallo condenatorio, el Tribunal informó que será el próximo 19 de octubre cuando se celebre la audiencia de individualización de las causas penales.
También lee: El rico al bote. Hasta que anota la justicia en caso Alejandro Fernández | Apuntes de Jorge Saldaña
Estado
Sala Monterrey devuelve inscripción y financiamiento a Somos y PAZ en SLP
La Sala Regional Monterrey ordenó devolver a ambos partidos el financiamiento de noviembre y diciembre que les retiró el CEEPAC
Por: Redacción
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto las sentencias del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) que habían quitado la inscripción local y el financiamiento público a los partidos Somos y PAZ, y los restituyó en sus derechos en San Luis Potosí.
La Sala votó por unanimidad este 18 de noviembre los expedientes SM-JRC-78/2026, de Somos, y SM-JRC-79/2026, de PAZ. Con ello quedan vigentes los acuerdos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó en agosto para inscribir a ambos partidos nacionales en el estado y asignarles recursos.
El CEEPAC deberá devolverles las prerrogativas de noviembre y diciembre de 2026, que había repartido entre las otras siete fuerzas políticas. En agosto, el organismo les asignó 1 millón 529 mil 153 pesos a cada uno para el periodo de septiembre a diciembre.
El argumento central fue que a Somos y PAZ no se les podía exigir el 3% de la votación válida en la elección local anterior, criterio con el que el tribunal local dio la razón a Morena. Ambos obtuvieron su registro nacional después de esos comicios, por lo que no tuvieron oportunidad legal de competir en ellos.
“Desde mi visión jurídica, la autoridad responsable partió de una premisa inexacta”, señaló la magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco durante la sesión.
La magistrada citó el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, que protege el acceso al financiamiento local de los partidos nacionales que se acreditan en un estado después de la última elección, además de los criterios 43/2015 y 75/2016 de la Sala Superior sobre recursos para partidos de nueva acreditación. Recordó que, dos semanas antes, la Sala Superior
reconoció que el registro nacional de Somos está vigente desde el 1 de julio.Sobre los requisitos de inscripción, la Sala concluyó que ambos partidos los cumplieron. Somos entregó al CEEPAC copia certificada del acta de la sesión del 11 de julio en la que eligió a su comité estatal. PAZ presentó los documentos de sus órganos directivos dentro del plazo que el INE le dio, que vencía el 14 de septiembre.
Morena impugnó la inscripción y el financiamiento de los dos partidos. El 9 de octubre, el TEESLP revocó por unanimidad los acuerdos de Somos, que en el estado encabeza el exalcalde capitalino Francisco Xavier Nava Palacios. El 15 de octubre, por mayoría de dos votos contra uno, hizo lo mismo con PAZ, dirigido en San Luis Potosí por Alejandro Leal Tovías.
El CEEPAC repitió el procedimiento y volvió a inscribir a Somos el 27 de octubre y a PAZ el 3 de noviembre, pero sin recursos. En esa última sesión redistribuyó 27.6 millones de pesos de financiamiento ordinario de noviembre y diciembre entre el Partido Verde, Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PT, con cero pesos para los dos partidos nuevos.
Días después, el diputado de Morena Carlos Arreola Mallol celebró que Somos se quedara sin presupuesto y sostuvo que primero debía obtener “el tres por ciento de la votación en todo el estado”.
También lee: Tribunal Electoral tumba registro a Somos
Estado
Jueza da 48 horas a Soledad por basura en El Zapote
El Ayuntamiento de Soledad aseguró que desde hace semanas no deposita residuos en el tiradero
Por: Redacción
Un juzgado federal dio 48 horas al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a partir de la notificación, para acreditar que dejó de usar el tiradero de El Zapote. El municipio respondió que sus unidades y los recolectores que autoriza ya no depositan ahí desde hace varias semanas.
En un posicionamiento, el Ayuntamiento añadió que la recolección en las colonias continúa y que la basura se lleva a instalaciones autorizadas.
El Ayuntamiento informó que no ha recibido la notificación formal del nuevo requerimiento judicial. Señaló que, cuando la reciba, atenderá lo que disponga el juzgado dentro de los plazos y presentará la documentación de las medidas adoptadas. También reiteró que el tiradero no es propiedad municipal, sino de un particular.
Aracely del Rocío Hernández Castillo, titular del Juzgado Sexto de Distrito, declaró fundado el 13 de noviembre el incidente por incumplimiento dentro del amparo 474/2026, que promovieron vecinos de Puerta Real.
En las 48 horas, el Ayuntamiento debe informar cómo cumplió, con copias certificadas. También tiene que indicar dónde está el sitio alterno de unas tres hectáreas al que llevará la basura. Si ese terreno es privado, debe exhibir los contratos con la empresa que reciba los residuos.
La jueza también ordenó al Ayuntamiento, a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y a la operadora del sitio, Servicios Primarios y Reciclados del Potosí, presentar un programa calendarizado de remediación. Los trabajos deben empezar por el sector más cercano a Puerta Real. A la Segam le pidió monitorear el acuífero y al Ministerio Público de la Federación le dio vista del incumplimiento.
Desde octubre, Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad, ha dicho que la basura del municipio se deposita en el Centro Integral de Procesamiento de Residuos (CIPRES), en Peñasco.
Trece años sin relleno sanitario
El Reglamento de Aseo Público de Soledad obliga desde 2013 a construir un relleno sanitario, y el municipio sigue sin tenerlo. Desde 2017, la basura se concentró en El Zapote, un predio particular. Los vecinos de Puerta Real se quejan desde entonces de olores y fauna nociva, y en mayo de 2025 bloquearon el Periférico Norte para exigir el cierre.
En octubre de 2025, tras una denuncia del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente el sitio. Encontró que recibía residuos peligrosos, operaba sin manifestación de impacto ambiental y no captaba lixiviados ni biogás. El plazo para cerrarlo venció el 31 de diciembre.
En febrero de 2026, la Profepa impuso la clausura total temporal; en marzo comprobó que el tirad ero seguía recibiendo basura. En julio acreditó 19 infracciones
e impuso una multa de 8.1 millones de pesos. El juzgado concedió la suspensión provisional en abril y la definitiva el 22 de junio.En septiembre, sin un destino para las 165 toneladas diarias de Soledad, los camiones fueron enviados a Valle de la Palma y a Enrique Estrada. En ambos lugares hubo bloqueos de vecinos.
La Ley de Amparo castiga con tres a nueve años de prisión, multa, destitución e inhabilitación a la persona servidora pública que, como autoridad responsable, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado. La pena recae en quien desobedece, no en la institución.
Una detención no sería inmediata. Primero, la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que investigar a partir de la vista del juzgado, y después un juez federal tendría que emitir la orden. El Ayuntamiento de Soledad sostiene que ya dejó de usar el tiradero y que lo acreditará ante el juzgado.
Si el juicio termina con una sentencia que conceda el amparo y esta no se cumple, el caso puede llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene facultad para separar del cargo a la autoridad omisa.
Peñasco, mientras llega un relleno propio
La salida que hoy usa Soledad es Peñasco, el relleno de la capital que opera Red Ambiental por concesión del Ayuntamiento de San Luis Potosí. En octubre, Horacio Guerra Marroquín, director general de la empresa, informó que recibía entre 300 y 350 toneladas diarias de Soledad y Villa de Pozos, con autorización del alcalde Enrique Galindo Ceballos, aunque sin convenios firmados.
Galindo dijo entonces que su Ayuntamiento no pagaría nada: “Cualquier tema económico lo tienen que ver con Red Ambiental”. Navarro, del Partido Verde, espera rubricar el convenio antes de que termine el año. Mientras se formaliza el convenio, Soledad deposita en Peñasco con el aval de Galindo, quien mantiene diferencias con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Las otras opciones no están listas. La propia jueza advirtió que el sitio alterno de tres hectáreas no basta como solución definitiva. El relleno conjunto con Villa de Pozos no tiene fecha, y la Segam no ha definido cuál de los cinco terrenos que evalúa será el nuevo relleno.
También lee: SEGAM y Soledad buscan terreno para su nuevo relleno sanitario
Ciudad
Villa de Pozos desplegará operativos de vigilancia y seguridad por actividades del 20 de noviembre
Para el desfile de la Plaza Las Águilas se cerrará la circulación en Prolongación de Calle 30, Prolongación de Calle 103
Por: Redacción
Con motivo de los desfiles cívicos por el CXVI Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos implementará un operativo especial de vialidad y prevención este 20 de noviembre, con presencia en distintos puntos del municipio para mantener el orden durante las actividades, proteger a las familias asistentes y facilitar la movilidad de la población.
El director de Vialidad de la Guardia Civil Municipal, Juan Ramón Velázquez Urista, informó que se establecerán puestos de mando en la Plaza Principal, Plaza Las Águilas y Ciudad Satélite, donde se contará con personal operativo para regular la circulación, mantener el monitoreo de puntos estratégicos y brindar atención oportuna ante cualquier emergencia, incluidos posibles incidentes médicos.
Como parte del dispositivo, se realizarán cierres de circulación en las siguientes vialidades: Galeana y Saturnino Cedillo, Saturnino Cedillo y Francisco de Asís, Ignacio Rayón y Villerías, 5 de Mayo y Los Rodríguez, Camino Antiguo a Santa María y Julián de los Reyes, Mariano Escobedo y Pozo Zarco, Camino Antiguo a Santa María y Mezquitito, Francisco I. Madero y Jocoyota, Francisco I. Madero y Porfirio Díaz, José María Morelos y Pavón y Jocoyota, Ciriaco Cruz y Saturnino Cedillo, avenida Santa Rita y Los Castañón, Ignacio Rayón y Callejón de los Tovares, Placita y 5 de Mayo.
Asimismo, para el desfile de la Plaza Las Águilas se cerrará la circulación en Prolongación de Calle 30, Prolongación de Calle 103, Prolongación de Calle 101, Calle 26 y Calle 71. En Ciudad Satélite, los cierres comprenderán avenida Altiplano, Tlaxcala, avenida Panalillo y avenida San Nicolás de los Jassos.
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