Estado
Alejandro Fernández: de potosino distinguido a culpable de abuso sexual
Conocido por su labor como activista a favor de las personas ciegas, ahora está a la espera de su sentencia por violentar a un menor de edad
Por: Ana G Silva
Ayer el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Estado de San Luis Potosí dictó sentencia condenatoria para Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del DIF estatal, por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad. Este caso ha sido controversial, pues el enjuiciado fue una figura pública, reconocido con las preseas Potosino Distinguido en 2006 y en 2012 al Plan de San Luis.
Alejandro Fernández Montiel fungía como procurador de la defensa de las personas adultas mayores del DIF Estatal durante la gestión de Juan Manuel Carreras, hasta el 2019, cuando fue detenido acusado de abusar sexualmente de un menor de edad.
Fernández Montiel es el fundador y presidente del Instituto de Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, el cual se inauguró en octubre de 1997, según la página web del mismo Instituto.
En el año 2006, Fernández Montiel fue reconocido con la presea Potosino Distinguido. De acuerdo con su currículum, publicado por el DIF Estatal en la página de Cegaip, Fernández Montiel fue profesor en la Benemérita Escuela Normal del Estado durante el año 2004. En 2006 fue director de la empresa “Artículos de Limpieza Damarli” y de 2007 a 2009 laboró como coordinador de atención a personas con discapacidad del DIF municipal. Extrañamente, el currículum en la página de Cegaip solo llega al año 2009.
Alejandro Fernández Montiel también recibió la Presea Plan de San Luis del año 2012, de parte del Congreso del Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y Debilidad Visual, por la Escuela Normal del Estado.
Para el miércoles 6 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí dio aviso que la madre de la víctima en el caso de Alejandro, no se presentó a declarar, a pesar de haber sido citada para la audiencia de ese día en el Centro Integral de Justicia Penal.
Al día siguiente, la FGE ofreció como testigos a una médico legista y una perito en psicología adscritas a la Fiscalía de la Mujer, quienes realizaron estudios a la víctima. Ambos declararon que encontraron en el joven indicios consistentes de agresión sexual por una lesión que le habría provocado Fernández Montiel y porque la víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicida.
La defensa del ex funcionario presentó el 12 de julio a la primera testigo a su favor, una ex trabajadora social del DIF que laboró en las oficinas de la PDPAM durante el tiempo en que la víctima realizaba actividades en dicha dependencia, que indicó que el día de la agresión no se percató de “nada raro” en la oficina y afirmó que el trato entre el acusado y el denunciante era respetuoso y cordial. Agregó que el 14 de octubre de 2019, día en que se habría llevado a cabo una agresión sexual, ella no se percató de nada raro en las oficinas.
En la audiencia celebrada el 13 de julio fue como testigo de la defensa la ex esposa del ahora sentenciado, quien presentó capturas de pantalla de una conversación que sostuvo su ex pareja con la víctima los días 12, 14 y 17 de octubre de 2019, fechas en las que el joven escapó del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto, donde estaba albergado. En los mensajes Alejandro Fernández cuestionó a la víctima sobre el por qué de su decisión y la trató de convencer de volver. Sin embargo, la víctima respondió: “Ya te metí en muchos problemas”.
La defensa presentó a seis testigos más, de los cuales, cinco relataron la forma en que se contactaron con el ex trabajador del DIF el 14 de octubre de 2019, fecha en que ocurrió una de las agresiones, quienes confirmaron haber hablado con él o haberlo visto con la víctima sin notar nada sospechoso.
Ante el periodo vacacional, el Poder Judicial suspendió el juicio y se reanudó hasta el 11 de agosto. Ese día, la defensa de Fernández Montiel presentó como testigo a una perito en psicología forense, especialista en psicoanálisis y maestra en hipnosis, que realizó un metaperitaje del primer diagnóstico que realizaron psicólogas forenses a la víctima del caso en octubre de 2019 y comentó en que la víctima presentó una afectación psicosexual, no obstante, afirmó que las psicólogas no pudieron llegar a dicha conclusión sin tener la historia de vida y antecedentes del joven para determinar si el daño fue causado por un hecho reciente y el testimonio “baja credibilidad” debido a que tenía inconsistencias.
El pasado 18 de agosto la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de San Luis Potosí cambió al asesor jurídico de la víctima, por segunda vez, pues el anterior justificó que atendía otro juicio. Ese día la defensa del ahora sentenciado presentó un testigo médico especialista, coloproctólogo; su análisis consistía en determinar si las seis lesiones en la zona anal de la víctima que se encontraron en dicho estudio, coincidían con la temporalidad del supuesto último abuso. Aseguró que la valoración hecha a la víctima fue superficial y no se puede considerar que fue un estudio proctológico adecuado, debido a que no se realizaron procedimientos necesarios como una colposcopia.
El juicio fue nuevamente aplazado por las agendas de uno de los jueces y el 2 de septiembre se anunció que el representante jurídico de la víctima fue despedido sin ofrecer razón alguna, por lo que cambió de abogado por tercera vez.
Durante la última jornada del juicio oral se presentó como testigo a un perito en informática quien tuvo acceso a un celular y un reloj inteligente que presuntamente pertenecían a Alejandro N. y que mencionó comprobar la existencia de cuentas de Facebook y WhatsApp, con llamadas y mensajes con la víctima del 14 de octubre de 2019.
El segundo testigo fue un médico psiquiatra que realizó una valoración de la víctima a través de tres entrevistas entre 2019 y 2020, a través de las que buscaba analizar su situación mental, emocional y conductual, quien refirió que el joven sufría de depresión, ansiedad, trastorno del vínculo afectivo y trastorno de estrés post traumático. Así mismo señaló que era muy “directo”, “frio” y “apático”, comportamiento que lo llevó a concluir que no había “indicios de una agresión sexual”.
Finalmente, el 11 de octubre Alejandro Fernández rindió su declaración donde negó las acusaciones en su contra; sin embargo, el juez relator afirmó que se había comprobado como un hecho que el joven fue agredido sexualmente por el ex funcionario del DIF estatal, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Estado le dictó sentencia condenatoria por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad.
Luego del fallo condenatorio, el Tribunal informó que será el próximo 19 de octubre cuando se celebre la audiencia de individualización de las causas penales.
También lee: El rico al bote. Hasta que anota la justicia en caso Alejandro Fernández | Apuntes de Jorge Saldaña
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Violencia e influyentismo: el caso que persigue al alcalde de Cerro de San Pedro
El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
También lee: Dos elementos de la Guardia Civil Estatal mueren tras agresión armada en Cerritos, La Pila
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Operativo interinstitucional asegura a un presunto agresor de elementos de la GCE
La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
.La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
También lee: Dos elementos de la Guardia Civil Estatal mueren tras agresión armada en Cerritos, La Pila
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JCV listo para el 2027: “seremos factor de unidad para San Luis”
Aseguró que San Luis Potosí requiere una visión de crecimiento a mediano y largo plazo, alineando a los tres niveles de gobierno para consolidar inversiones, seguridad y resolver la crisis hídrica
Por: Redacción
Rumbo al proceso electoral de 2027, el diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Valladares Eichelmann, se declaró abiertamente preparado para abanderar el proyecto de continuidad y modernización en San Luis Potosí.
Lejos de las confrontaciones y las ambiciones aisladas, el legislador potosino fijó su postura como un perfil técnico, de resultados y, sobre todo, como el factor de unidad que requiere la entidad.
“Estoy abierto y completamente preparado para lo que se necesite. Mi compromiso no es con un cargo, es con un proyecto de Estado. Si tengo la oportunidad de encabezar un esfuerzo que consolide todo lo que hemos logrado en San Luis Potosí y que deje un legado real para las próximas generaciones, voy a ser el primero en anotarme en la lista“,
sentenció el diputado al ser cuestionado sobre su futuro político.
Ante las especulaciones sobre la posición específica que buscará en 2027, Valladares Eichelmann fue contundente al elevar el debate por encima de la geografía municipal. Como exsecretario de Desarrollo Económico y actual representante único de su bancada en la revisión del T-MEC, advirtió que la transformación de San Luis Potosí exige una visión que abarque a las cuatro regiones, alineando el desarrollo industrial con soluciones urgentes en materia de agua y seguridad pública.
“Conozco mi estado, conozco los sectores productivos y sé lo que cuesta traer inversiones de clase mundial a nuestra tierra. Hoy la política está demasiado polarizada, y yo no creo en la polarización; yo creo en los resultados. Lo he dicho siempre: cuando hay voluntad y los diferentes niveles de gobierno se vinculan en la misma línea, los proyectos verdaderamente trascienden”, explicó el legislador, reafirmando su alianza estratégica y de trabajo coordinado con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El diputado federal marcó una profunda distancia con los perfiles políticos que buscan el poder por el poder. Haciendo énfasis en que su trayectoria empresarial y legislativa (donde ha impulsado reformas pioneras como la Ventanilla Digital de Inversiones y la modernización de infraestructura) le permite actuar con total independencia de los viejos vicios partidistas.
“Yo no comparto la visión de quienes vienen a la política a servirse y no a servir. San Luis ya no tiene tiempo para eso. Estamos aquí para construir el Estado potencia del futuro, y eso no depende de una sola persona, depende de un gran equipo y de un liderazgo que sepa sumar voluntades. A eso vengo y para eso estoy listo”, concluyó Valladares Eichelmann.
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