agosto 7, 2026

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Estado

Alejandro Fernández: de potosino distinguido a culpable de abuso sexual

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Conocido por su labor como activista a favor de las personas ciegas, ahora está a la espera de su sentencia por violentar a un menor de edad

Por: Ana G Silva

Ayer el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Estado de San Luis Potosí dictó sentencia condenatoria para Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del DIF estatal, por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad. Este caso ha sido controversial, pues el enjuiciado fue una figura pública, reconocido con las preseas Potosino Distinguido en 2006 y en 2012 al Plan de San Luis.

Alejandro Fernández Montiel fungía como procurador de la defensa de las personas adultas mayores del DIF Estatal durante la gestión de Juan Manuel Carreras, hasta el 2019, cuando fue detenido acusado de abusar sexualmente de un menor de edad.

Fernández Montiel es el fundador y presidente del Instituto de Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, el cual se inauguró en octubre de 1997, según la página web del mismo Instituto.

En el año 2006, Fernández Montiel fue reconocido con la presea Potosino Distinguido. De acuerdo con su currículum, publicado por el DIF Estatal en la página de Cegaip, Fernández Montiel fue profesor en la Benemérita Escuela Normal del Estado durante el año 2004. En 2006 fue director de la empresa “Artículos de Limpieza Damarli” y de 2007 a 2009 laboró como coordinador de atención a personas con discapacidad del DIF municipal. Extrañamente, el currículum en la página de Cegaip solo llega al año 2009.

Alejandro Fernández Montiel también recibió la Presea Plan de San Luis del año 2012, de parte del Congreso del Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y Debilidad Visual, por la Escuela Normal del Estado.

Para el miércoles 6 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí dio aviso que la madre de la víctima en el caso de Alejandro, no se presentó a declarar, a pesar de haber sido citada para la audiencia de ese día en el Centro Integral de Justicia Penal.

Al día siguiente, la FGE ofreció como testigos a una médico legista y una perito en psicología adscritas a la Fiscalía de la Mujer, quienes realizaron estudios a la víctima. Ambos declararon que encontraron en el joven indicios consistentes de agresión sexual por una lesión que le habría provocado Fernández Montiel y porque la víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicida.

La defensa del ex funcionario presentó el 12 de julio a la primera testigo a su favor, una ex trabajadora social del DIF que laboró en las oficinas de la PDPAM durante el tiempo en que la víctima realizaba actividades en dicha dependencia, que indicó que el día de la agresión no se percató de “nada raro” en la oficina y afirmó que el trato entre el acusado y el denunciante era respetuoso y cordial. Agregó que el 14 de octubre de 2019, día en que se habría llevado a cabo una agresión sexual, ella no se percató de nada raro en las oficinas.

En la audiencia celebrada el 13 de julio fue como testigo de la defensa la ex esposa del ahora sentenciado, quien presentó capturas de pantalla de una conversación que sostuvo su ex pareja con la víctima los días 12, 14 y 17 de octubre de 2019, fechas en las que el joven escapó del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto, donde estaba albergado. En los mensajes Alejandro Fernández cuestionó a la víctima sobre el por qué de su decisión y la trató de convencer de volver. Sin embargo, la víctima respondió: “Ya te metí en muchos problemas”.

La defensa presentó a seis testigos más, de los cuales, cinco relataron la forma en que se contactaron con el ex trabajador del DIF el 14 de octubre de 2019, fecha en que ocurrió una de las agresiones, quienes confirmaron haber hablado con él o haberlo visto con la víctima sin notar nada sospechoso.

Ante el periodo vacacional, el Poder Judicial suspendió el juicio y se reanudó hasta el 11 de agosto. Ese día, la defensa de Fernández Montiel presentó como testigo a una perito en psicología forense, especialista en psicoanálisis y maestra en hipnosis, que realizó un metaperitaje del primer diagnóstico que realizaron psicólogas forenses a la víctima del caso en octubre de 2019 y comentó en que la víctima presentó una afectación psicosexual, no obstante, afirmó que las psicólogas no pudieron llegar a dicha conclusión sin tener la historia de vida y antecedentes del joven para determinar si el daño fue causado por un hecho reciente y el testimonio “baja credibilidad” debido a que tenía inconsistencias.

El pasado 18 de agosto la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de San Luis Potosí cambió al asesor jurídico de la víctima, por segunda vez, pues el anterior justificó que atendía otro juicio. Ese día la defensa del ahora sentenciado presentó un testigo médico especialista, coloproctólogo; su análisis consistía en determinar si las seis lesiones en la zona anal de la víctima que se encontraron en dicho estudio, coincidían con la temporalidad del supuesto último abuso. Aseguró que la valoración hecha a la víctima fue superficial y no se puede considerar que fue un estudio proctológico adecuado, debido a que no se realizaron procedimientos necesarios como una colposcopia.

El juicio fue nuevamente aplazado por las agendas de uno de los jueces y el 2 de septiembre se anunció que el representante jurídico de la víctima fue despedido sin ofrecer razón alguna, por lo que cambió de abogado por tercera vez.

Durante la última jornada del juicio oral se presentó como testigo a un perito en informática quien tuvo acceso a un celular y un reloj inteligente que presuntamente pertenecían a Alejandro N. y que mencionó comprobar la existencia de cuentas de Facebook y WhatsApp, con llamadas y mensajes con la víctima del 14 de octubre de 2019.

El segundo testigo fue un médico psiquiatra que realizó una valoración de la víctima a través de tres entrevistas entre 2019 y 2020, a través de las que buscaba analizar su situación mental, emocional y conductual, quien refirió que el joven sufría de depresión, ansiedad, trastorno del vínculo afectivo y trastorno de estrés post traumático. Así mismo señaló que era muy “directo”, “frio” y “apático”, comportamiento que lo llevó a concluir que no había “indicios de una agresión sexual”.

Finalmente, el 11 de octubre Alejandro Fernández rindió su declaración donde negó las acusaciones en su contra; sin embargo, el juez relator afirmó que se había comprobado como un hecho que el joven fue agredido sexualmente por el ex funcionario del DIF estatal, por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Estado le dictó sentencia condenatoria por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad.

Luego del fallo condenatorio, el Tribunal informó que será el próximo 19 de octubre cuando se celebre la audiencia de individualización de las causas penales.

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Estado

Agencias de viaje de SLP ya reciben reservas para la Fenapo

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La presidenta de la AMAV filial SLP dijo que la cifra exacta de paquetes se sabrá hasta el cierre de la temporada

Por: Redacción

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026 arranca hoy con Guanajuato como estado invitado y estará hasta el 30 de agosto, con la meta de superar los siete millones de visitantes de la edición anterior.

Daniela Alejandra Alonso Barrón, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) filial San Luis Potosí, señaló que las agencias de viaje locales ya registran reservaciones para las fechas de la feria.

Alonso explicó que hay viajeros reservando estancias de al menos una noche. Además de la Fenapo, invitó a conocer las cuatro regiones del estado con estancias de una o dos noches.

El número exacto de paquetes vendidos o apartados por las agencias solo se conocerá al cierre de la temporada, dijo Alonso.

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Ciudad

Fiscalía indaga a policías municipales en punto de venta de drogas

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Manuela García informó que la Fiscalía actuó de oficio a partir de lo difundido en redes, sin que mediara denuncia

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, fiscal general del Estado de San Luis Potosí, informó que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) abrió una investigación contra los policías municipales que fueron captados en cámara en un sitio que las autoridades tienen identificado como punto de venta de drogas.

La indagatoria arrancó sin que mediara denuncia ciudadana. “Por las redes es un acto que se puede hacer de oficio y nosotros lo estamos haciendo”, dijo la fiscal al ser cuestionada sobre el caso.

García Cázares planteó que el eje de la revisión será determinar la conducta de los elementos en ese punto: qué acción realizaban y por qué se detuvieron ahí. Adelantó que el resultado de las diligencias definirá si hubo alguna irregularidad.

Al momento de la entrevista, la fiscal no había tenido contacto con Juan Antonio Villa Gutiérrez

, comisario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPC), ni con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, sobre este caso.

La titular de la FGESLP sostuvo que el escrutinio sobre la actuación policial es de interés público. “A todo el mundo nos conviene saber qué está haciendo nuestro policía”, afirmó.

García Cázares llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta irregular y aclaró que el llamado no se limita a la corporación municipal, sino que abarca a todas las policías que operan en el estado. Habló de una “apertura total” de la dependencia para recibir esas denuncias.

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El Realito: la presa con huellas de Televisa y Slim

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Detrás de las fallas de agua que ya suman casi un centenar de reportes desde 2021, hay un consorcio con dueños muy conocidos que maneja el contrato que blinda su pago… pase lo que pase

Por: Carlos Ruíz

Están bien documentados los numerosos problemas que ha tenido San Luis Potosí con la Presa El Realito, un proyecto diseñado para surtir de agua a alrededor de 46 colonias de la Zona Metropolitana potosina, pero que tan solo en lo que va del año, ya ha fallado en al menos siete ocasiones. Múltiples veces se ha propuesto retirarle la concesión a la empresa operadora, la cual tiene a personajes muy poderosos detrás.

El consorcio Aquos El Realito, operador del acueducto que ha fallado al menos 73 veces desde 2021 y dejado 277 días sin agua a las colonias que dependen de él, pertenece a dos de los grupos empresariales más grandes de México: uno controlado por el magnate Carlos Slim, y otro por el financiero regiomontano David Martínez Guzmán, en sociedad con la cúpula de Grupo Televisa.

Aquos El Realito es una sociedad integrada por Aqualia Gestión Integral de Agua (44%) y Aqualia Infraestructura (5%), filiales del grupo español FCC; Conoinsa (50.999%), filial de Empresas ICA; y Servicios de Agua Trident (0.001%), filial de la japonesa Mitsui.

El bloque Aqualia (49% del consorcio) responde, en última instancia, a Carlos Slim: de acuerdo con registros financieros citados por Bankinter y El Economista en octubre de 2025, Slim controla 81.46% de FCC de forma directa y otro 7.247% a través de Operadora Inbursa de Fondos de Inversión. FCC, a su vez, mantiene 51% de Aqualia después de vender 49% de esa filial al fondo australiano IFM Investors.

Históricamente propiedad de la familia Koplowitz, FCC se consolidó como una de las constructoras más importantes de España, pero fue acumulando una deuda que la dejó al borde de la quiebra a mediados de la década pasada, hasta que el ingeniero Slim inyectó el capital necesario para salvar a la compañía y convertirse en su principal accionista. Desde su llegada, se han hecho con proyectos de la talla de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y de la ampliación del Metro de Nueva York.

El vínculo de Slim con El Realito no se limita a su participación como socio operador. La propia constructora de Carlos Slim, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), fue la que diseñó y construyó físicamente la presa, bajo un contrato adjudicado en 2008. Así lo documenta el propio sitio de CICSA, que enlista la obra en su portafolio de proyectos de agua, junto con reportes de la revista Expansión y los reportes anuales de Grupo Carso, que reportan el avance de la construcción en 2008 y su conclusión en 2012. Es decir: antes de cobrar por operar el acueducto, Slim ya había cobrado por levantarlo.

El otro bloque, Conoinsa/Empresas ICA (50.999% del consorcio, la porción mayor), no es de Slim (o no del todo). Según documentó el periodista Mathieu Tourliere en un reportaje de investigación para la revista Proceso (15 de marzo de 2025), con actas de asamblea y registros públicos, el conglomerado ICA lo controla desde el rescate financiero de 2016-2018 el financiero regiomontano David Martínez Guzmán, vía vehículos de Luxemburgo ligados a su fondo Fintech Advisory, en sociedad con Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, los dos copresidentes de Grupo Televisa. 

La estructura accionaria de ICA Tenedora se ha modificado con el tiempo: tras la venta a la francesa Vinci, en diciembre de 2022, de la participación conjunta en Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), quedó en 30% para Martínez y 23.95% para cada uno de los dos ejecutivos de Televisa y un 1.2% de Control Empresarial de Capitales, filial de Grupo Carso de Carlos Slim, es decir, el propio Slim también tiene una participación minoritaria, aunque simbólica, dentro del bloque de ICA. 

Gómez y De Angoitia han sido por muchos años los hombre de confianza de Emilio Azcárraga Jean, al grado que cuando en 2024 este último dio un paso al costado de la presidencia de Grupo Televisa en medio de las investigaciones por el presunto soborno a ejecutivos de la FIFA para asegurar los derechos del Mundial, fueron ellos dos quienes asumieron el puesto de Co-Presidentes Ejecutivo

s.

Su relación con Martínez no se limita a Empresas ICA, pues desde octubre de 2024 (justo unos días antes del cambio en la presidencia) el oriundo de Monterrey ha comprado, además, acciones de la propia Televisa. Empezó con 7.8%, lo que lo volvió su tercer mayor accionista; y hace unas semanas, se acabó se consolidar. El pasado mes de junio, como parte de un aumento de capital de alrededor de 7 mil millones de pesos aprobado por los accionistas de Televisa, la empresa informó que la participación de Martínez podría llegar a 22.3% una vez se conviertan las obligaciones que compró, lo que lo convertiría en el mayor accionista individual de la compañía. 

Esa conversión todavía no ocurre: se proyecta para 2027. Azcárraga ha reducido considerablemente sus acciones de la compañía, aunque conserva (vía un fideicomiso familiar y una clase especial de acciones) el control formal del voto de la empresa, independientemente de cuánto capital tenga cada quien. En resumidas cuentas, aunque Emilio Azcárraga tiene el poder de decisión, el mismo financiero que reparte el control de El Realito con los dos hombres más poderosos de Televisa está, al mismo tiempo, camino a convertirse en el mayor dueño accionario de la propia televisora.

David Martínez es apodado coloquialmente como “El Fantasma de Wall Street”, y ha adquirido un poder inmenso en Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde ha servido como negociador para la deuda nacional y en 2017, fue considerado por Forbes como el hombre más rico de dicho país. El regiomontano tiene un historial documentado de tomar control de empresas en dificultades financieras a partir de deuda: lo hizo con la textilera CYDSA en los años 90, con la vidriera Vitro entre 2009 y 2012, y con las ya mencionadas Empresas ICA desde 2016. 

Algo similar realizó en 2020 con Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), el operador de, entre otros, el Aeropuerto Ponciano Arriaga de la capital potosina. Fintech compró primero acciones especiales que garantizaban el control de la aeroportuaria y luego concretó una oferta pública con la que en julio de 2021, alcanzó el 30.1% de participación económica, suficiente para mantener el control hasta que lo vendieron a la francesa Vinci Airports en 2022 (El Economista, dic. 2020 y jul. 2021; Folleto Informativo Definitivo, Bolsa Mexicana de Valores, may. 2021). 

Si bien todos estos empresarios se han aliado en otras ocasiones (en 2017 ganaron la licitación para construir el ahora cancelado Aeropuerto de Texcoco), cuando se otorgó la concesión para la administración de El Realito, ni Slim ni Martínez ni los copresidentes de Televisa tenían sus actuales injerencias en Aquos, por lo que se podría decir que ésta fue heredada, y acabó dejando el control de la presa en las manos de cuatro de los hombres más poderosos del país.

Desde entonces, al menos tres intentos de rescindir o modificar el contrato se han hecho sin haber prosperado: en agosto de 2018, la Comisión Estatal del Agua abrió un expediente que no avanzó pese a 350 mil afectados y una queja de oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; en abril de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una petición del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con un “a lo mejor se lo cambiamos” que no derivó en ningún trámite documentado; y desde 2025, la Comisión Nacional del Agua asegura estar “evaluando” el retiro de la concesión, hasta el momento, sin resolución.

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