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Agua del Realito, escasa para la ciudad… disponible para el Chato López
En plena crisis de agua, dos tanques del acueducto se entregan en bandeja de plata al empresario
Por Redacción
Aunque casi toda la zona metropolitana de San Luis Potosí sufre una crisis por problemas de abasto de agua, la Comisión Estatal del Agua (CEA) entregó al empresario inmobiliario, Carlos “El Chato” López Medina, una autorización para almacenar en dos tanques, miles de litros por segundo de agua provenientes de la presa y acueducto El Realito.
Convenientemente, los tanques se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Reserva San Luis SA de CV, que el empresario busca poner en marcha en la comunidad de San Juan de Guadalupe, junto al inmobiliario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.
En un oficio de la CEA, del que este medio tiene copia, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.
El oficio, firmado con fecha del 31 de octubre de 2017, se giró en respuesta a una solicitud de Carlos López Medina, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Espacios en el Horizonte SA de CV, empresa que pretende formar la Inmobiliaria Reserva San Luis SA de CV.
En la solicitud, López Medina preguntó acerca de la disponibilidad de agua para su proyecto, a lo que apenas tres días después la CEA respondió mediante oficio CEA/DG/2017/938 factibilidad y hasta plano de la infraestructura que estaría disponible para Reserva San Luis SA de CV.
Los tanques disponibles, uno de nombre “Aguaje” y el otro “Cordillera”, fueron “curiosamente ubicados en terrenos estratégicamente destinados para favorecer inmobiliarias”, dijo a La Orquesta el abogado Carlos Covarrubias Rendón, asesor legal de los comuneros de San Juan de Guadalupe, que se niegan a ceder terrenos al proyecto inmobiliario de López Medina y Tamayo Ibarra, entre otros inversionistas.
“Recuerdo bien que en sesión de Cabildo de octubre del 2008, nosotros acusamos que El Realito sería manipulado por los fraccionadores, que era una perversa iniciativa apoyada por Urbano Díaz de León, Marcelo de los Santos, los Torres Corzo y sobre todo, Carlos López Medina”, dijo Covarrubias Rendón, quien en aquel momento era regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a La Orquesta.
El proyecto inmobiliario del “Chato” López Medina incluye 5 millones 25 mil 105 metros cuadrados de lotes para construcción residencial; 425 mil metros cuadrados de zona parcelada; 127 mil metros cuadrados de espacios para clubes y 255 mil 800 metros cuadrados que se donarán a la UASLP entre otras áreas que necesitarán no menos de 30 mil tomas de agua, de acuerdo a estimaciones de comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a ceder espacios a Reserva San Luis SA de CV.
Además de los espacios anteriores, se deben considerar los lagos y la ampliación del Club de Golf La Loma que ya proyecta Reserva San Luis.
El Realito, desde su origen
De acuerdo con las condiciones de los contratos con la empresa El Realito, el agua proveniente de la presa y el uso del acueducto, se paga con dinero comprometido por parte del Interapas para pagar la infraestructura que ejecutó la empresa privada, y el precio pactado es fijo independientemente de la cantidad de agua que en realidad se pueda usar y distribuir a los potosinos.
La presa y el acueducto El Realito involucró desde su origen a los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. Su objetivo era reducir los abatimientos del acuífero y evitar el hundimiento gradual que afecta a la infraestructura urbana.
La Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato proyectaron construir esa presa, que regularía 2 metros cúbicos por segundo, uno para cada entidad.
El manifiesto de impacto ambiental para El Realito fue aprobado el 21 de abril del 2008, mediante oficio S.G.P.A.DGIRA.DG.1258/08.
En San Luis Potosí, se determinó distribuir el agua en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
El Realito fue publicitado por autoridades locales y federales como la gran panacea de la solución al problema del abastecimiento de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí. Consistió en la constitución de la cortina de la presa y el acueducto para abastecer la parte poniente de la Ciudad, un programa integral de mejoramiento y eficiencia del Interapas y el saneamiento de la Planta del Morro, al nororiente de la ciudad.
Luis Alberto Suárez Castillo, asesor de comuneros opositores al proyecto inmobiliario del “Chato” López, refirió que el programa de modernización de Interapas (MIG) fue un proyecto que fracasó totalmente, pues la planta del Morro está más abandonada que nunca.
El Realito además sufre una crisis respecto a la construcción del acueducto. Es un completo fraude en cuanto a la calidad de la obra, aseguró Suárez Castillo.
También hay una serie de acusaciones realizadas entre el año 2007 y 2008, de acuerdo a lo que el asesor: El Realito fue construido para abastecer los desarrollos inmobiliarios del Gran Peñón, al sur de la ciudad. Esto es ahora evidente -dice el asesor de los comuneros de San Juan de Guadalupe-, pues uno de los tanques se ubica en el Aguaje, en los terrenos adquiridos por la empresa cuyo principal accionista es Urbano Díaz de León, director de la CEA cuando la aprobación del Proyecto. El otro tanque, Cordillera, se ubica en terrenos donados por los desarrolladores que se apoderaron de las tierras del ejido Garita de Jalisco: Carlos López Medina, Vicente Rangel y Eduardo García Navarro.
Una de las razones estructurales del desabasto en la ciudad es que esos dos tanques sólo se usan de forma integral en los fraccionamientos de los hombres del poder económico, explica Carlos Covarrubias Rendón. “En las colonias se aplica y usan de forma sesgada. Se impone el tandeo”.
Hay que guardarle el agua a la nueva ciudad amurallada de los Barones del Poder Económico, señaló Luis Alberto Suárez Castillo.
Otro documento espurio del Chato
La carta emitida por la Comisión Estatal del Agua a Carlos “El Chato” López Medina, en la que acepta la disponibilidad de dos tanques del acueducto El Realito para el proyecto de Reserva San Luis, fue también apoyada por los comuneros afines al grupo del empresario frente a la solicitud de opinión que entregaron a la Procuraduría Agraria, para que ésta emita una opinión positiva respecto a la cesión de 2 mil 64 hectáreas de San Juan de Guadalupe a la empresa Reserva San Luis.
Espacios en el Horizonte SA de CV, de Carlos López Medina; e Inmobiliaria Cañada de Lobos, propiedad de Alejandro Tamayo Ibarra; entregaron también como prueba a la Procuraduría Agraria una decisión tomada en sesión de cabildo del 28 de febrero de 2013, durante la administración de Mario García Valdez, en la que se aceptaba la viabilidad del proyecto, pero que sin embargo no autorizaba el cambio de uso de suelo en esa parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexas Tierra Blanca y San Miguelito.
“La sacaron del escombro del Plan de Desarrollo de Mario García Valdez”, dijo Covarrubias Rendón a La Orquesta el 11 de enero de este año. Por lo tanto, a decir del abogado, la prueba de Espacios en el Horizonte SA de CV e Inmobiliaria Cañada de Lobos no tendría efectos legales.
También lea: “Chato” López tardará al menos dos años más en apropiarse de San Juan
Congreso del Estado
Sigue en estudio continuidad de concejales de Pozos
Héctor Serrano afirmó que los concejales no fueron electos y que el Congreso es la autoridad competente para tomar decisiones sobre ellos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Héctor Serrano Cortés, confirmó que los concejales de Villa de Pozos que incurrieron en una “mala actuación” ya se encuentran bajo revisión jurídica y administrativa por parte del propio Legislativo y del órgano de control interno del municipio.
Serrano explicó que, tras diversas observaciones y conductas presuntamente irregulares dentro del concejo, se inició un proceso formal para integrar expedientes y deslindar posibles responsabilidades.
“¿Qué es preferible? ¿Atender un acto que a la luz pública muestra por lo menos una ilegalidad, o dejarlo pasar con la impunidad que eso implica?”, cuestionó el legislador, al señalar que su obligación es concluir estos procedimientos con estricto apego a la legalidad.
El diputado destacó que esta revisión interna ocurre en paralelo al reciente fallo del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que confirmó que la designación de Martha Patricia Aradillas como presidenta concejal no es un tema electoral, sino estrictamente administrativo y de competencia del Congreso.
“Siempre lo dijimos: los concejales no fueron electos, no son producto de la voluntad popular; por tanto, el órgano que tiene injerencia sobre sus decisiones es el que los designó, en este caso, el Congreso del Estado”, afirmó. Añadió que el Tribunal desechó las impugnaciones precisamente por ser improcedentes y no tener materia qué analizar.
Serrano reiteró que para el Congreso lo fundamental es mantener la estabilidad y la seguridad social de los habitantes de Villa de Pozos. Recordó que no hubo elecciones previas debido a diversos amparos que frenaron el proceso, por lo que los comicios se realizarán hasta 2027.
Mientras tanto, el órgano de control municipal integra observaciones, evalúa responsabilidades y da seguimiento a las conductas de los concejales señalados. El diputado sostuvo que el compromiso del Congreso es claro: “He pugnado siempre por la legalidad”.
También lee: Torres Sánchez pide a concejal de Villa de Pozos “dejar el protagonismo y ponerse a trabajar”
Destacadas
¿Tocan mujeres? CEEPAC propone paridad total y alternancia en candidaturas
La propuesta incluye que si en la elección pasada un partido postuló a un hombre para la gubernatura o ayuntamientos, obligatoriamente ahora deberá postular a una mujer, y viceversa
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceeoac) entregó al Congreso del Estado una Iniciativa Integral de Reforma Constitucional y Electoral que busca modernizar el sistema comicial potosino, fortalecer sus instituciones y garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía.
La propuesta incorpora ajustes operativos, nuevas obligaciones para los partidos y un énfasis inédito en la paridad, incluida una medida clave: alternancia obligatoria de género en la candidatura a la gubernatura, es decir, si en la elección pasada el partido postuló a un hombre, la siguiente deberá ser una mujer, y viceversa.
La iniciativa plantea al Legislativo analizar cambios de fondo como:
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Nuevo calendario electoral, adelantando el arranque del proceso al 15 de noviembre del año previo a la elección.
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Pago para integrantes de Comisiones Distritales y Comités Municipales, reconociendo su labor durante el proceso electoral.
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Procedimientos más sólidos para sustituir o revocar a personas integrantes de órganos desconcentrados.
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Modernización en el manejo de boletas, documentos y sistemas de resultados preliminares.
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Nuevas atribuciones del Ceepac en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.
La iniciativa establece que los partidos políticos deberán destinar al menos 5% de su financiamiento a programas de formación política, desarrollo de habilidades y liderazgo, enfocados especialmente en:
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Personas con discapacidad
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Personas de la diversidad sexual
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La participación real en espacios de decisión
Uno de los ejes más robustos de la propuesta es el fortalecimiento sustantivo al principio de paridad:
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Alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura según el género del registro previo.
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Integraciones paritarias en todos los ayuntamientos, incluidas las presidencias municipales.
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Armonización de la Comisión de Género con principios de igualdad y no discriminación.
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Facultad del Ceepac para rechazar registros que incumplan con la paridad.
En conjunto, la reforma busca construir un sistema electoral:
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Moderno y eficiente
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Con procesos confiables y transparentes
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Con igualdad sustantiva para todas las personas
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Que garantice participación equitativa de grupos históricamente excluidos
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Que consolide la pluralidad y la democracia potosina
El CEEPAC destacó que la discusión debe abrirse a diversos espacios públicos, académicos y políticos, a fin de que el Congreso defina la actualización legal que permita desarrollar procesos electorales íntegros, incluyentes y accesibles en San Luis Potosí.
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Gallardo acuerda más obras y apoyos con alcaldes
El Gobernador sostuvo reuniones con ediles de la capital, Alaquines, Axtla de Terrazas y Santo Domingo para consolidar más proyectos
Por: Redacción
El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, acordó obras estratégicas que fortalecerán la infraestructura, mejorarán la movilidad, ampliarán el acceso al agua y crearán nuevos espacios deportivos, en reuniones de trabajo con los alcaldes de la capital, Alaquines, Axtla de Terrazas y Santo Domingo, además de coordinar más proyectos en los 59 municipios.
En la capital, el Gobernador y el alcalde Enrique Galindo Ceballos acordaron arrancar dos proyectos de infraestructura con una inversión histórica de 600 millones de pesos, que consolidarán un avance sin precedentes garantizando mejores condiciones de vida para las familias potosinas.
En Alaquines, Ricardo Gallardo y la presidenta municipal Laura Moctezuma de la Cruz definieron el inicio de una nueva unidad deportiva en Los Viveros, dentro de la colonia indígena, así como la rehabilitación con carpeta asfáltica del camino A laquines–El Llanito.
Durante la reunión con la presidenta de Axtla de Terrazas, Clara María Castro Jonguitud, el Mandatario confirmó la rehabilitación de la carretera principal Comoca–Axtla, la intervención del camino Jalpilla–Tenexio y el impulso a un proyecto integral de agua con sistema de bombeo en Cuayo–Cerro.
Finalmente, en Santo Domingo, junto al alcalde Filiberto Rodríguez Alvarado, el Gobernador anunció la instalación de nuevas luminarias, la construcción de una unidad deportiva en la cabecera municipal, un pozo de agua en la comunidad de Illescas y la ampliación de programas sociales orientados al bienestar de la población.
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