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Acusan a juez de despojo y corrupción a días de elección judicial en SLP
Denuncian a Juan Fernando Salazar, juez primero del ramo familiar, por abuso de autoridad, corrupción y colusión con abogados; se suma a otros testimonios públicos en su contra
Por: Redacción
A pocos días de que se celebre la elección extraordinaria del Poder Judicial en San Luis Potosí, una nueva denuncia pública pone bajo severo cuestionamiento la candidatura del juez Juan Fernando Salazar Hernández, quien busca reelegirse como juez primero del ramo familiar. La acusación, realizada por el ciudadano Omar Monsiváis Guzmán, expone presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, despojo de bienes y una red operativa de complicidades que incluiría a abogados, personal del juzgado y funcionarios del sistema judicial.
La denuncia llega en un contexto delicado: el Poder Judicial del estado enfrenta presiones sociales por mayor transparencia, imparcialidad y combate a la impunidad, justo cuando se lleva a cabo un inédito proceso de selección mediante voto ciudadano para cargos clave.
En entrevista, Omar Monsiváis relató cómo su vida cambió radicalmente tras un proceso de divorcio incausado promovido por su esposa, el cual —asegura— fue tramitado de forma irregular, violando múltiples normas del Código Civil y del Código Penal del estado. Según su testimonio, la demanda fue recibida directamente por el juez Salazar Hernández sin pasar por la Oficialía de Partes, como establece la ley.
“Ese simple acto administrativo ilegal descalifica todo el juicio”, afirma Monsiváis, quien incluso acudió con un notario público a constatar que el expediente jamás fue registrado en la ventanilla correspondiente: “En cambio, en solo cuatro horas ya tenían lista una orden para congelarme mis cuentas, sacar mis cosas de la casa y restringirme el acceso a mi propio domicilio”.
Lo que siguió, dice, fue una cadena de atropellos. Su cuenta fue congelada por 900 mil pesos, su casa fue gravada y se le impidió el acceso a bienes personales y comerciales valuados en más de dos millones de pesos, incluyendo vehículos, electrónicos y equipo profesional. También acusa que se le impuso una orden de restricción sin pruebas ni audiencia previa, en supuesta respuesta a una acusación verbal de violencia intrafamiliar.
“Ni una prueba, ni una audiencia, ni siquiera un derecho de réplica. En cambio, cuando yo interpongo un escrito en defensa propia, el juez tarda 60 días en responderlo. ¿Por qué en mi contra actúa en horas, y a mi favor, nunca?”, cuestiona.
Monsiváis asegura que detrás de estas acciones existe un “modus operandi” ya conocido entre abogados del ramo familiar en San Luis Potosí. Señala directamente al abogado de su esposa, de apellido Esparza, como parte de una red de corrupción que incluye al propio juez, a su secretaria Ana Esmeralda Badillo Martínez, y a su actuario.
“Cinco abogados míos se vendieron. Este abogado tiene poder, reparte dinero, y con eso compran resoluciones. Es una mafia judicial. Si alguien paga, te destruyen la vida”, denunció.
Como parte de su defensa, Monsiváis presentó una denuncia penal contra el juez Salazar, su equipo y el abogado Esparza. También está en curso una recusación formal para que el juez se excuse del caso. Pero ahora, dice, el objetivo no es solo que el juez deje de conocer su expediente, sino que se le inhabilite de por vida y enfrente cargos penales. 
“Este señor no puede seguir siendo juez. Ha violado al menos 11 artículos del Código Penal vigente. No es un error administrativo, son delitos con consecuencias. Tiene que pagar con cárcel, no solo con su puesto”.
Lo más alarmante es que no se trata de un caso aislado. Hace apenas unos meses, otra víctima, Liliana Vázquez, denunció públicamente haber sido despojada de su casa y dejada en la calle por resolución del mismo juez Juan Fernando Salazar, en presunta complicidad con su agresor.
Vázquez acusó a Salazar y al secretario de acuerdos Luis Daniel Cifuentes Velázquez de haberla desalojado con uso de la fuerza pública en febrero pasado, sin tomar en cuenta las múltiples denuncias de violencia que ya había presentado.
“Es el mismo patrón: despojos ilegales, complicidad judicial, desprotección institucional. Este juez no protege ni a mujeres ni a hombres, protege a quien le paga”, dijo Monsiváis al conocer el testimonio de Vázquez.
Omar Monsiváis ha sido claro en su postura: no se trata de un conflicto conyugal, ni de una disputa patrimonial. Lo que está en juego, dice, es el derecho de cualquier ciudadano a ser tratado con legalidad, imparcialidad y debido proceso.
“Lo que me hicieron fue brutal. Estoy fuera de mi casa, sin acceso a mis cuentas, sin mis herramientas de trabajo. Si no fuera por algunos amigos que me han ayudado, estaría en la calle. ¿Eso es justicia? ¿Eso merece ser juez otra vez?”, cuestionó.
Durante la preparación de su denuncia, afirma que incluso otras personas se le acercaron en las oficinas judiciales para contarle historias similares. “Hay decenas de víctimas, pero nadie se atreve a denunciar formalmente. O los callan, o los aplastan”.
La figura de Juan Fernando Salazar Hernández aparece entre los perfiles elegibles para ser ratificado o removido en la elección del próximo fin de semana.
Sin embargo, la aparición de estas denuncias públicas y penales, con pruebas notariales y expedientes documentados, ponen en entredicho la idoneidad del juez para continuar en funciones.
“Estamos a tiempo de impedir que personas con este historial permanezcan impartiendo justicia. Si gana, el mensaje será claro: la corrupción no solo es tolerada, es premiada”, concluyó Monsiváis.
También lee: Denuncian a juez de SLP por corrupción y abuso en caso de violencia contra una mujer
Culto Público, hijos de la coartada perfecta:
Si usted planea lavar dinero, cobrarle fortunas a Pemex con bendición de Tabvástagos, empresas facturalotodo y beneficiarse del huachicol, por favor no busque abogados: declare que quiere ser candidato.
Así, cuando la UIF le congele las cuentas, no tendrá que explicar los 400 millones inyectados de la noche a la mañana por su medio hermano ni decir nada sobre los socios compartidos y “casualidades” hasta de vecindad y notario con las empresas de Andy López Beltrán (-perdón, quise decir de su impecable y honorable amigo Amilcar Olán)
Que nada de eso le quite el sueño febril de octubre. Deje eso para los “malos” y que somos menos.
Para “los buenos que son los más” (los más…luego le digo que) basta con huir a Estados Unidos y ponerse en el papel de víctima y gimotear como damisela en apuros que se le persigue solo por ser aspirante a mejorar la vida de “sus hermanos potosinos a los que quiere mucho”.
A otra orca con esa foca. El periódico Reforma confirmó hoy lo que nosotros habíamos humildemente aportado en LaOrquesta con el anexo documental y reportaje publicado hace poco menos de dos semanas.
Reforma hoy es irrefutable y su investigación no deja dudas: a Gerardo Sánchez Zumaya no lo investiga la autoridad por sus votos en potencia, lo hicieron correr sus cuentas de banco hinchadas de dinero público ilícitamente obtenido y que hoy están bajo cero.
Y un asunto fundamental: El Huasteco NO es investigado por sus “enemigos”, y no está huyendo de miedo por un gobernador.
Pasó de Forbes a “Porfas” en las oficinas de sus “amigos” con los que tanto presumió cercanía.
Aquí no se vale engatusar a nadie: Es el gobierno de la 4T, el de Claudia Sheinbaum
Es el que está separándose justamente de personajes que están manchados de huachicol con billetes pegajosos de crudo y perfume de Villahermosa.
El Huasteco está huyendo sin ser aún perseguido (otra casualidad con Amilcar Olán)
Está siendo investigado por autoridades con las que presumió cercanía a los dos pares de vientos.
El Huasteco la hizo de Gulliver: pasó de la isla en la que se sentía un gigante, a la otra isla, en la que es un “inútil, pequeño y perdido”, como lo canta Miguel Bosé.
Entonces que nadie llore como Niño, todos ya están grandes, sabían lo que hacían y las reglas del juego.
30 millones no compran impunidad transexenal y ya le quedó claro a Gerardo, que anda a salto de mata en Texas, en una de esas, se convierte en colaborador voluntario de los Estados Unidos… o en involuntario eslabón más débil.
Aquí le dejo el documento que publica hoy Reforma y que -bien raro- me encontré bajo unos correos de la UIF en mi escritorio.
El joven que aparece en el documento, Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, es medio hermano del Huasteco, comparten padre, empresa, chequera, colonia en Tabasco y congelador de liquidez.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Enrique Galindo dijo que antes nadie se quejaba de los socavones y que este año suman más de 80
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que en cinco años los socavones “no habían sido tendencia ni nota” y que nadie se quejaba, y que “de repente” hay muchos: más de 80 este año, de los cuales el Ayuntamiento de San Luis Potosí atiende más de 50 al mismo tiempo.
Galindo recordó a los reporteros que en cinco años nunca le habían preguntado por socavones y calificó de extraordinario lo ocurrido este año. Dijo que “hay muchos socavones todavía pendientes” y que están en toda la ciudad, no en una zona específica.
Cada reparación cuesta entre 300 mil y 700 mil pesos, explicó, porque no basta con llegar y taparlo: hay que abrir, cambiar el drenaje, volver a tapar y repavimentar. El miércoles empezaron a reparar ocho o nueve.
Los socavones con fuga de aguas negras llevan prioridad, dijo, porque lo más preocupante es el tema de salud pública
En julio, Galindo atribuyó los socavones a la antigüedad de la red hidrosanitaria, de más de 80 años, y a la lluvia. El 10 de septiembre dijo que en los últimos tres meses aparecían entre dos y cuatro al día y que no quería especular sobre la causa.
Este jueves, Interapas revisó un hundimiento en la calle La Lonja, a un costado del bulevar Jacobo Payán, en la colonia Julián Carrillo, que quedó acordonado como medida preventiva.
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En cambio, el personal ocupado en los servicios de información en medios masivos cayó 5.3%
Por: Ana G Silva
Los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas en San Luis Potosí aumentaron sus ingresos reales 4.1% y su personal ocupado 2.3% en agosto de 2026, respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En este rubro avanzaron los dos indicadores: hubo más ingresos y más personas trabajando.
Con los servicios de información en medios masivos pasó lo contrario en el empleo. Su personal ocupado disminuyó 5.3% aunque sus ingresos reales crecieron 26.1%.
Hoteles y restaurantes suman ingresos y trabajadores
En los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, los ingresos reales crecieron 4.1% anual y el personal ocupado aumentó 2.3% en agosto.
Los datos no permiten establecer si el crecimiento se concentró en hoteles, restaurantes, establecimientos de bebidas u otras actividades comprendidas en la clasificación. Tampoco identifican qué municipios contribuyeron más al resultado. Para eso habría que contrastar las cifras con información turística y económica de la capital, los Pueblos Mágicos y otros destinos de la entidad.
La ocupación hotelera, la llegada de visitantes, la actividad restaurantera y el gasto turístico podrían ayudar a explicar si el incremento de ingresos responde a una mayor demanda, a cambios en los precios o a otros factores.
El aumento del personal ocupado es un indicador favorable para el sector. Sin embargo, este cuadro de la encuesta estatal no trae información sobre salarios o remuneraciones que permita saber si los trabajadores también obtuvieron mejores ingresos.
SLP frente a otros estados
El crecimiento de los ingresos de hoteles y restaurantes en San Luis Potosí quedó por debajo del de algunas entidades durante agosto. Durango reportó un incremento anual de 16.3% y Querétaro, de 5%. Jalisco tuvo un crecimiento de 2.6%.
En el extremo contrario, Quintana Roo presentó una disminución de 13.6% en los ingresos reales de estas actividades, pese a su importancia turística.
En empleo, San Luis Potosí superó a Querétaro: el personal ocupado del sector creció 2.3%
Estas variaciones reflejan cambios porcentuales anuales y no el monto absoluto de los ingresos. Por eso no bastan para determinar qué estado tiene mayor actividad turística o mejor desempeño económico general.
Medios masivos: menos personas empleadas
En los servicios de información en medios masivos, el personal ocupado cayó 5.3% en agosto, en comparación con el mismo mes de 2025.
La reducción ocurrió aunque los ingresos reales del sector aumentaron 26.1%, el mayor crecimiento entre los dos rubros estatales que destaca la encuesta. Es decir, la actividad generó más ingresos con menos personas.
El caso potosino contrasta con el de Querétaro, donde los ingresos de esta actividad subieron 30.8% y el personal ocupado aumentó 7.5%. En Durango los ingresos crecieron 25.6% y en Jalisco, 11.6%.
La información publicada por el INEGI no permite determinar por sí sola qué actividades específicas explican la reducción de personal. Para eso sería necesario revisar los subsectores que integran la actividad, la evolución del empleo formal, las remuneraciones y la productividad.
Ingresos y empleo, dos indicadores que no siempre avanzan juntos
Los resultados de agosto muestran que el aumento de los ingresos de una actividad no necesariamente implica que se contrate a más personas. En alojamiento y preparación de alimentos crecieron tanto los ingresos como la ocupación. En los servicios de información en medios masivos, más ingresos coincidieron con menos personal.
La Encuesta Mensual de Servicios proporciona información sobre ingresos, personal ocupado, gastos y remuneraciones de los servicios privados no financieros. Los datos de agosto de 2026 son preliminares: permiten identificar tendencias en los dos sectores analizados, pero no concluir que toda la economía de servicios potosina creció en la misma proporción.
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