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Acusan a juez de despojo y corrupción a días de elección judicial en SLP
Denuncian a Juan Fernando Salazar, juez primero del ramo familiar, por abuso de autoridad, corrupción y colusión con abogados; se suma a otros testimonios públicos en su contra
Por: Redacción
A pocos días de que se celebre la elección extraordinaria del Poder Judicial en San Luis Potosí, una nueva denuncia pública pone bajo severo cuestionamiento la candidatura del juez Juan Fernando Salazar Hernández, quien busca reelegirse como juez primero del ramo familiar. La acusación, realizada por el ciudadano Omar Monsiváis Guzmán, expone presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, despojo de bienes y una red operativa de complicidades que incluiría a abogados, personal del juzgado y funcionarios del sistema judicial.
La denuncia llega en un contexto delicado: el Poder Judicial del estado enfrenta presiones sociales por mayor transparencia, imparcialidad y combate a la impunidad, justo cuando se lleva a cabo un inédito proceso de selección mediante voto ciudadano para cargos clave.
En entrevista, Omar Monsiváis relató cómo su vida cambió radicalmente tras un proceso de divorcio incausado promovido por su esposa, el cual —asegura— fue tramitado de forma irregular, violando múltiples normas del Código Civil y del Código Penal del estado. Según su testimonio, la demanda fue recibida directamente por el juez Salazar Hernández sin pasar por la Oficialía de Partes, como establece la ley.
Nuevo documento(27)“Ese simple acto administrativo ilegal descalifica todo el juicio”, afirma Monsiváis, quien incluso acudió con un notario público a constatar que el expediente jamás fue registrado en la ventanilla correspondiente: “En cambio, en solo cuatro horas ya tenían lista una orden para congelarme mis cuentas, sacar mis cosas de la casa y restringirme el acceso a mi propio domicilio”.
Nuevo documento(29)Lo que siguió, dice, fue una cadena de atropellos. Su cuenta fue congelada por 900 mil pesos, su casa fue gravada y se le impidió el acceso a bienes personales y comerciales valuados en más de dos millones de pesos, incluyendo vehículos, electrónicos y equipo profesional. También acusa que se le impuso una orden de restricción sin pruebas ni audiencia previa, en supuesta respuesta a una acusación verbal de violencia intrafamiliar.
“Ni una prueba, ni una audiencia, ni siquiera un derecho de réplica. En cambio, cuando yo interpongo un escrito en defensa propia, el juez tarda 60 días en responderlo. ¿Por qué en mi contra actúa en horas, y a mi favor, nunca?”, cuestiona.
Monsiváis asegura que detrás de estas acciones existe un “modus operandi” ya conocido entre abogados del ramo familiar en San Luis Potosí. Señala directamente al abogado de su esposa, de apellido Esparza, como parte de una red de corrupción que incluye al propio juez, a su secretaria Ana Esmeralda Badillo Martínez, y a su actuario.
“Cinco abogados míos se vendieron. Este abogado tiene poder, reparte dinero, y con eso compran resoluciones. Es una mafia judicial. Si alguien paga, te destruyen la vida”, denunció.
Como parte de su defensa, Monsiváis presentó una denuncia penal contra el juez Salazar, su equipo y el abogado Esparza. También está en curso una recusación formal para que el juez se excuse del caso. Pero ahora, dice, el objetivo no es solo que el juez deje de conocer su expediente, sino que se le inhabilite de por vida y enfrente cargos penales. 
“Este señor no puede seguir siendo juez. Ha violado al menos 11 artículos del Código Penal vigente. No es un error administrativo, son delitos con consecuencias. Tiene que pagar con cárcel, no solo con su puesto”.
Lo más alarmante es que no se trata de un caso aislado. Hace apenas unos meses, otra víctima, Liliana Vázquez, denunció públicamente haber sido despojada de su casa y dejada en la calle por resolución del mismo juez Juan Fernando Salazar, en presunta complicidad con su agresor.
Vázquez acusó a Salazar y al secretario de acuerdos Luis Daniel Cifuentes Velázquez de haberla desalojado con uso de la fuerza pública en febrero pasado, sin tomar en cuenta las múltiples denuncias de violencia que ya había presentado.
“Es el mismo patrón: despojos ilegales, complicidad judicial, desprotección institucional. Este juez no protege ni a mujeres ni a hombres, protege a quien le paga”, dijo Monsiváis al conocer el testimonio de Vázquez.
Omar Monsiváis ha sido claro en su postura: no se trata de un conflicto conyugal, ni de una disputa patrimonial. Lo que está en juego, dice, es el derecho de cualquier ciudadano a ser tratado con legalidad, imparcialidad y debido proceso.
“Lo que me hicieron fue brutal. Estoy fuera de mi casa, sin acceso a mis cuentas, sin mis herramientas de trabajo. Si no fuera por algunos amigos que me han ayudado, estaría en la calle. ¿Eso es justicia? ¿Eso merece ser juez otra vez?”, cuestionó.
Durante la preparación de su denuncia, afirma que incluso otras personas se le acercaron en las oficinas judiciales para contarle historias similares. “Hay decenas de víctimas, pero nadie se atreve a denunciar formalmente. O los callan, o los aplastan”.
La figura de Juan Fernando Salazar Hernández aparece entre los perfiles elegibles para ser ratificado o removido en la elección del próximo fin de semana.
Sin embargo, la aparición de estas denuncias públicas y penales, con pruebas notariales y expedientes documentados, ponen en entredicho la idoneidad del juez para continuar en funciones.
“Estamos a tiempo de impedir que personas con este historial permanezcan impartiendo justicia. Si gana, el mensaje será claro: la corrupción no solo es tolerada, es premiada”, concluyó Monsiváis.
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El delegado advirtió riesgos graves para mantos acuíferos, además de que la Huasteca es considerada una zona altamente vulnerable
Por: Redacción
Darío Fernando González Castillo, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, aseguró que en la entidad no se otorgarán permisos para la práctica del fracking, al advertir que representa un alto riesgo ambiental, particularmente en la región Huasteca.
El funcionario fue enfático: mientras esté al frente de la dependencia, no se permitirá este tipo de extracción energética en el estado: “Mientras yo esté en la titularidad de la Conagua en San Luis Potosí, no habrá permisos de fracking como se conoce”, declaró.
González Castillo explicó que la técnica de fracturación hidráulica implica riesgos significativos, especialmente por el uso intensivo de agua, químicos y la imposibilidad de controlar completamente la presión en el subsuelo.
Advirtió que en una zona como la Huasteca, caracterizada por su compleja geología, el fracking podría provocar contaminación de mantos acuíferos o alterar corrientes subterráneas.
“Sería un alto riesgo, no solo por la cantidad de agua que se utiliza, sino por la posibilidad de afectar los mantos freáticos”, señaló.
El delegado subrayó que, aunque el río Pánuco ha sido considerado una de las principales fuentes de agua en el país, su disponibilidad no es constante durante todo el año. Detalló que la suficiencia hídrica se concentra en apenas cuatro meses, mientras que el resto del año se presentan periodos de estiaje o sequía
González Castillo indicó que la postura de Conagua está alineada con la política energética del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza la sostenibilidad.
Aclaró que, aunque se han mencionado nuevas técnicas para la extracción de gas, estas no contemplan el fracking como actualmente se conoce.
El funcionario no descartó completamente la exploración energética, pero condicionó cualquier proyecto a la existencia de estudios previos y al uso de tecnologías que no pongan en riesgo el agua ni el medio ambiente.
Recordó casos como el de la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, donde los daños ambientales han tardado años en ser mitigados.
“Imagínate que le hiciéramos eso a la Huasteca”, advirtió.
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El titular de Sedeco mencionó que siguen a la espera de que la aerolínea defina si la suspensión será temporal o definitiva
Por: Redacción
La suspensión del vuelo entre San Luis Potosí y Atlanta a partir de mayo es un hecho, pero su continuidad más allá de ese mes aún es incierta, reconoció el secretario de Desarrollo Económico del estado, Jesús Salvador González Martínez.
El funcionario explicó que, hasta el momento, no existe información oficial que confirme si la ruta será cancelada de manera definitiva o si únicamente se trata de una pausa temporal. Aunque el Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) notificó de forma verbal que en mayo no habrá operaciones, la aerolínea responsable aún no emite un comunicado formal que aclare el futuro del itinerario.
“Seguimos a la espera de una postura oficial para saber si la suspensión será solo por mayo o si se prolongará”, indicó.
En ese sentido, González Martínez admitió que prevalece la incertidumbre, ya que no ha fluido información concreta sobre las causas del paro ni sobre una eventual reactivación. Sin embargo, señaló que versiones dentro del sector aeronáutico —particularmente entre pilotos y operadores— apuntan a que la ruta podría no recuperarse en el corto plazo, debido a distintos factores que influyen en las decisiones comerciales de las aerolíneas.
Por ahora, lo único confirmado es que durante mayo los usuarios no podrán contar con vuelos directos entre San Luis Potosí y Atlanta, una de las conexiones internacionales más relevantes para la entidad.
Pese a este escenario, el secretario destacó que en junio comenzarán a operar nuevas rutas por parte de Volaris y VivaAerobus, las cuales fortalecerán la conectividad nacional y sumarán al menos una opción adicional hacia Estados Unidos.
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El gobernador Gallardo dijo que Leopoldo Stevens Amaro está “prácticamente sentenciado”; cumple prisión domiciliaria y ya está en proceso de devolver recursos
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que ya hay avances importantes en las investigaciones por el presunto desvío millonario de recursos en el proyecto Metro Red, al señalar que uno de los exfuncionarios implicados se encuentra prácticamente sentenciado.
Se trata de Leopoldo Stevens Amaro, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) durante la administración estatal anterior, quien actualmente cumple prisión domiciliaria mientras avanza el proceso de devolución de recursos.
“Ya tenemos una persona que está prácticamente sentenciada… ya está en el tema de devolución de dinero”, afirmó el mandatario estatal.
Gallardo Cardona agregó que existen al menos otros dos exfuncionarios involucrados en el caso, cuyos expedientes ya fueron judicializados por la Fiscalía; sin embargo, indicó que los procesos se encuentran en espera de resolución por parte del Poder Judicial.
“Ya los mandó a judicializar, pero los juzgados están tardando”, explicó.
Aunque evitó revelar los nombres de los otros implicados, el gobernador aseguró que en breve se conocerán más detalles conforme avancen los procesos legales.
El caso MetroRed ha sido señalado como uno de los principales expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción en la pasada administración, particularmente por el manejo irregular de recursos destinados a infraestructura de movilidad.
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