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Acusan a juez de despojo y corrupción a días de elección judicial en SLP
Denuncian a Juan Fernando Salazar, juez primero del ramo familiar, por abuso de autoridad, corrupción y colusión con abogados; se suma a otros testimonios públicos en su contra
Por: Redacción
A pocos días de que se celebre la elección extraordinaria del Poder Judicial en San Luis Potosí, una nueva denuncia pública pone bajo severo cuestionamiento la candidatura del juez Juan Fernando Salazar Hernández, quien busca reelegirse como juez primero del ramo familiar. La acusación, realizada por el ciudadano Omar Monsiváis Guzmán, expone presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, despojo de bienes y una red operativa de complicidades que incluiría a abogados, personal del juzgado y funcionarios del sistema judicial.
La denuncia llega en un contexto delicado: el Poder Judicial del estado enfrenta presiones sociales por mayor transparencia, imparcialidad y combate a la impunidad, justo cuando se lleva a cabo un inédito proceso de selección mediante voto ciudadano para cargos clave.
En entrevista, Omar Monsiváis relató cómo su vida cambió radicalmente tras un proceso de divorcio incausado promovido por su esposa, el cual —asegura— fue tramitado de forma irregular, violando múltiples normas del Código Civil y del Código Penal del estado. Según su testimonio, la demanda fue recibida directamente por el juez Salazar Hernández sin pasar por la Oficialía de Partes, como establece la ley.
“Ese simple acto administrativo ilegal descalifica todo el juicio”, afirma Monsiváis, quien incluso acudió con un notario público a constatar que el expediente jamás fue registrado en la ventanilla correspondiente: “En cambio, en solo cuatro horas ya tenían lista una orden para congelarme mis cuentas, sacar mis cosas de la casa y restringirme el acceso a mi propio domicilio”.
Lo que siguió, dice, fue una cadena de atropellos. Su cuenta fue congelada por 900 mil pesos, su casa fue gravada y se le impidió el acceso a bienes personales y comerciales valuados en más de dos millones de pesos, incluyendo vehículos, electrónicos y equipo profesional. También acusa que se le impuso una orden de restricción sin pruebas ni audiencia previa, en supuesta respuesta a una acusación verbal de violencia intrafamiliar.
“Ni una prueba, ni una audiencia, ni siquiera un derecho de réplica. En cambio, cuando yo interpongo un escrito en defensa propia, el juez tarda 60 días en responderlo. ¿Por qué en mi contra actúa en horas, y a mi favor, nunca?”, cuestiona.
Monsiváis asegura que detrás de estas acciones existe un “modus operandi” ya conocido entre abogados del ramo familiar en San Luis Potosí. Señala directamente al abogado de su esposa, de apellido Esparza, como parte de una red de corrupción que incluye al propio juez, a su secretaria Ana Esmeralda Badillo Martínez, y a su actuario.
“Cinco abogados míos se vendieron. Este abogado tiene poder, reparte dinero, y con eso compran resoluciones. Es una mafia judicial. Si alguien paga, te destruyen la vida”, denunció.
Como parte de su defensa, Monsiváis presentó una denuncia penal contra el juez Salazar, su equipo y el abogado Esparza. También está en curso una recusación formal para que el juez se excuse del caso. Pero ahora, dice, el objetivo no es solo que el juez deje de conocer su expediente, sino que se le inhabilite de por vida y enfrente cargos penales. 
“Este señor no puede seguir siendo juez. Ha violado al menos 11 artículos del Código Penal vigente. No es un error administrativo, son delitos con consecuencias. Tiene que pagar con cárcel, no solo con su puesto”.
Lo más alarmante es que no se trata de un caso aislado. Hace apenas unos meses, otra víctima, Liliana Vázquez, denunció públicamente haber sido despojada de su casa y dejada en la calle por resolución del mismo juez Juan Fernando Salazar, en presunta complicidad con su agresor.
Vázquez acusó a Salazar y al secretario de acuerdos Luis Daniel Cifuentes Velázquez de haberla desalojado con uso de la fuerza pública en febrero pasado, sin tomar en cuenta las múltiples denuncias de violencia que ya había presentado.
“Es el mismo patrón: despojos ilegales, complicidad judicial, desprotección institucional. Este juez no protege ni a mujeres ni a hombres, protege a quien le paga”, dijo Monsiváis al conocer el testimonio de Vázquez.
Omar Monsiváis ha sido claro en su postura: no se trata de un conflicto conyugal, ni de una disputa patrimonial. Lo que está en juego, dice, es el derecho de cualquier ciudadano a ser tratado con legalidad, imparcialidad y debido proceso.
“Lo que me hicieron fue brutal. Estoy fuera de mi casa, sin acceso a mis cuentas, sin mis herramientas de trabajo. Si no fuera por algunos amigos que me han ayudado, estaría en la calle. ¿Eso es justicia? ¿Eso merece ser juez otra vez?”, cuestionó.
Durante la preparación de su denuncia, afirma que incluso otras personas se le acercaron en las oficinas judiciales para contarle historias similares. “Hay decenas de víctimas, pero nadie se atreve a denunciar formalmente. O los callan, o los aplastan”.
La figura de Juan Fernando Salazar Hernández aparece entre los perfiles elegibles para ser ratificado o removido en la elección del próximo fin de semana.
Sin embargo, la aparición de estas denuncias públicas y penales, con pruebas notariales y expedientes documentados, ponen en entredicho la idoneidad del juez para continuar en funciones.
“Estamos a tiempo de impedir que personas con este historial permanezcan impartiendo justicia. Si gana, el mensaje será claro: la corrupción no solo es tolerada, es premiada”, concluyó Monsiváis.
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La ENVE estimó alrededor de 35 mil 366 extorsiones en el estado, aunque el INEGI advierte que este cálculo tiene precisión estadística baja
Por: Ana G. Silva
La extorsión fue el delito más frecuente contra los negocios de San Luis Potosí en 2025: concentró 39 de cada 100 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el país, la proporción fue de 26 por ciento.
La encuesta estimó 35 mil 366 extorsiones contra unidades económicas en el estado. Es una tasa de 3 mil 161 por cada 10 mil, más del doble de la nacional, de mil 467.
El propio INEGI clasifica esas estimaciones estatales con precisión baja, es decir, con un coeficiente de variación de 30 por ciento o más, por lo que su uso requiere cautela.
El dato más firme de la encuesta es otro: cuántos negocios fueron extorsionados. En San Luis Potosí fueron 628 de cada 10 mil, prácticamente igual que los 612 del promedio nacional. Con esa tasa, el estado se ubicó en el lugar 18 del país.
Las mismas víctimas
Esa tasa equivale a alrededor de 7 mil negocios potosinos extorsionados durante el año.
La combinación de ambos datos sugiere que la extorsión no alcanzó a más negocios que en otros estados, sino que se repitió sobre los mismos. Con las cifras de la ENVE, a cada negocio extorsionado en San Luis Potosí le habrían correspondido unas cinco extorsiones en el año,
El peso de la extorsión fue mayor en las microempresas, donde representó 42 por ciento de los delitos, y en el sector servicios, donde llegó a 53 por ciento. Ambas estimaciones también tienen precisión baja.
En el país, la tasa de extorsión pasó de mil 562 a mil 467 por cada 10 mil negocios entre 2023 y 2025, un cambio que el INEGI no consideró estadísticamente significativo.
Cuotas en persona
El 3 de noviembre, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la extorsión había bajado tras la detención de unas 35 personas de células que operaban en la Huasteca y el Altiplano.
El secretario explicó entonces que en San Luis Potosí el modus operandi es “más físico”: los extorsionadores se presentan en persona y piden cuotas con el argumento de que pertenecen a un grupo criminal.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la SSPC anunciaron en octubre una campaña preventiva contra la extorsión en las cuatro regiones del estado.
También lee: Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la carretera 57: SSPC
En México no existe un tope legal general para los precios de los medicamentos vendidos en farmacias privadas, por lo que los laboratorios tienen margen para establecer sus propios precios
Por: Ana G Silva
Los precios de la salud en México suben más rápido que la inflación general, y la tendencia seguirá en 2027. La consultora WTW proyecta en su estudio Global Medical Trends una inflación médica de 12.8 por ciento para el país el próximo año, frente a 10.8 por ciento a nivel mundial.
El cálculo incluye atención privada, medicamentos y dispositivos médicos. Según el estudio, los medicamentos de especialidad son el factor que más presiona los costos. Los tratamientos para cáncer de mama, colorrectal y de próstata registraron la mayor presión de precios en los últimos 18 meses.
Lo que registra el INEGI
En agosto, el rubro de salud del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 4.77 por ciento anual, mientras la inflación general fue de 3.26 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La brecha viene de meses atrás. En mayo, cuando el índice general bajó 0.21 por ciento respecto a abril, el de salud subió 0.22 por ciento, según un análisis de Consultor Salud con datos del INEGI. En ese mes, la salud acumulaba 5.07 por ciento anual, frente a 3.94 por ciento de la inflación general.
El INEGI también ha reportado que los antibióticos y los medicamentos cardiovasculares, gastrointestinales y para la diabetes llevan meses con alzas por encima de la inflación general.
Sin tope en el mostrador
La ley no fija precios para los medicamentos que se venden en farmacias privadas. En los de patente, el precio máximo al público
Ese mercado ya tuvo sanciones por acuerdos de precios. En 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con 903 millones de pesos a las distribuidoras Marzam, Casa Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas por coludirse. Una de las conductas fue un aumento coordinado de 3.66 por ciento en el precio farmacia de varios medicamentos entre 2011 y 2013. La Cofece calculó el daño a los consumidores en más de 2 mil 359 millones de pesos.
El gasto de bolsillo de las familias es el que resiente estos aumentos. Con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la Cofece documentó que los medicamentos representaban 28 por ciento de lo que los hogares gastaban en salud en 2018.
En el sector público, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 destina 164 mil 245 millones de pesos a medicamentos, material médico y suministros de laboratorio, 4.6 por ciento más que en 2026, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La partida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que concentra 71.4 por ciento de ese gasto, baja 5.9 por ciento.
También lee: PAN propone cadena perpetua a “narcopolíticos” y vales para medicinas
Apuntes
Culto Público, hijos de las matemáticas mágicas:
En la primaria (sí la hice) había un compañero que entregaba la tarea cuando la maestra ya había cerrado la lista y repartido las calificaciones. Llegaba con las hojas subrayadas con regla y pedía que se le reconociera el esfuerzo. Se le reconocía. La calificación no se movía.
La semana pasada, en la tribuna de San Lázaro —ese lugar donde el reglamento permite decir cualquier cosa siempre que ya no sirva para nada—, el diputado federal David Azuara Zúñiga hizo la versión adulta de aquel niño: presentó cinco reservas al Presupuesto de Egresos 2027, 2 mil 30 millones de pesos para salud, agua, movilidad, seguridad y jóvenes, cuando el Presupuesto ya estaba votado y calificado, y fue depositando cada propuesta en un bote de basura para que nadie se quedara sin entender el gesto.
El truco tiene su gracia aritmética: de cada 100 pesos de infraestructura aeroportuaria de la Defensa, cuatro alcanzan para dos centros médicos, en Escalerillas y en Bocas; de cada 100 pesos de la burocracia militar, 56 centavos para el acuaférico; del Tren Maya, 4.7 pesos de cada 100 para el bulevar Río Santiago; de la Agencia de Trenes, 46 centavos para un C5; de Pemex, 20 centavos para un distrito de innovación.
Así, con ese método, cualquier presupuesto financia cualquier cosa.
Con el de un año construimos una estación espacial. Con el de dos, la red de caminos de Oaxaca y de Tabasco. Con el de tres, el acueducto a Marte y todavía nos sobra para el inflable.
Lo que el diputado llama reasignación es una resta de centavos que nadie va a extrañar, y esa es justo la trampa: si no se extrañan, tampoco alcanzan. Cien proyectos caben en el mismo centavo, y el centavo se puede prometer cien veces porque nunca se entrega.
Es la aritmética del que promete con el dinero de otro.
“No pedimos más dinero. Propusimos invertir mejor”, dijo. Suena a eslogan de campaña porque lo es. En la política mexicana, “invertir mejor” quiere decir: quiero la chequera, no las cuentas.
Pero el asunto tiene hora y fecha, y ahí se cae el teatro. Las reservas llegaron cuando el Presupuesto ya tenía número. ¿Para qué se sube a tribuna un diputado a proponer lo que ya no puede cambiar? ¿Para qué carga un bote de basura hasta la curul? ¿Para qué ensaya el discurso que ya no sirve?
Ahora el cálculo, que es lo que aquí interesa: Azuara no habla para el Presupuesto; habla para la boleta.
Quiere la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital y en las encuestas que circulan esta semana aparece con 6.8 por ciento, abajo de Verónica Rodríguez y de Rubén Guajardo. En ese lugar, la tribuna es lo único gratis que queda.
Y hay un detalle de familia que conviene recordar antes de creerle el sermón tribunezco: su primo, Gerardo Sánchez Zumaya, es el empresario al que los peritajes le detectaron depósitos por más de 22 mil millones de pesos sin justificar entre 2019 y 2022; la UIF le congeló las cuentas y hoy está fuera del país (bien raro). Azuara no lo ha ocultado: lo ha defendido dos veces en conferencia de prensa. Entonces la pregunta no es por qué Morena mandó al basurero sus cinco proyectos. Es por qué él los sacó del basurero justo ahora y con qué autoridad los carga.
Si de veras quería esos 2 mil 30 millones para Escalerillas, tenía un primo con 22 mil.
El bote de la basura estaba vacío y el que lo cargó también.
Yo soy Jorge Saldaña.
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