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Acusan a juez de despojo y corrupción a días de elección judicial en SLP
Denuncian a Juan Fernando Salazar, juez primero del ramo familiar, por abuso de autoridad, corrupción y colusión con abogados; se suma a otros testimonios públicos en su contra
Por: Redacción
A pocos días de que se celebre la elección extraordinaria del Poder Judicial en San Luis Potosí, una nueva denuncia pública pone bajo severo cuestionamiento la candidatura del juez Juan Fernando Salazar Hernández, quien busca reelegirse como juez primero del ramo familiar. La acusación, realizada por el ciudadano Omar Monsiváis Guzmán, expone presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, despojo de bienes y una red operativa de complicidades que incluiría a abogados, personal del juzgado y funcionarios del sistema judicial.
La denuncia llega en un contexto delicado: el Poder Judicial del estado enfrenta presiones sociales por mayor transparencia, imparcialidad y combate a la impunidad, justo cuando se lleva a cabo un inédito proceso de selección mediante voto ciudadano para cargos clave.
En entrevista, Omar Monsiváis relató cómo su vida cambió radicalmente tras un proceso de divorcio incausado promovido por su esposa, el cual —asegura— fue tramitado de forma irregular, violando múltiples normas del Código Civil y del Código Penal del estado. Según su testimonio, la demanda fue recibida directamente por el juez Salazar Hernández sin pasar por la Oficialía de Partes, como establece la ley.
Nuevo documento(27)“Ese simple acto administrativo ilegal descalifica todo el juicio”, afirma Monsiváis, quien incluso acudió con un notario público a constatar que el expediente jamás fue registrado en la ventanilla correspondiente: “En cambio, en solo cuatro horas ya tenían lista una orden para congelarme mis cuentas, sacar mis cosas de la casa y restringirme el acceso a mi propio domicilio”.
Nuevo documento(29)Lo que siguió, dice, fue una cadena de atropellos. Su cuenta fue congelada por 900 mil pesos, su casa fue gravada y se le impidió el acceso a bienes personales y comerciales valuados en más de dos millones de pesos, incluyendo vehículos, electrónicos y equipo profesional. También acusa que se le impuso una orden de restricción sin pruebas ni audiencia previa, en supuesta respuesta a una acusación verbal de violencia intrafamiliar.
“Ni una prueba, ni una audiencia, ni siquiera un derecho de réplica. En cambio, cuando yo interpongo un escrito en defensa propia, el juez tarda 60 días en responderlo. ¿Por qué en mi contra actúa en horas, y a mi favor, nunca?”, cuestiona.
Monsiváis asegura que detrás de estas acciones existe un “modus operandi” ya conocido entre abogados del ramo familiar en San Luis Potosí. Señala directamente al abogado de su esposa, de apellido Esparza, como parte de una red de corrupción que incluye al propio juez, a su secretaria Ana Esmeralda Badillo Martínez, y a su actuario.
“Cinco abogados míos se vendieron. Este abogado tiene poder, reparte dinero, y con eso compran resoluciones. Es una mafia judicial. Si alguien paga, te destruyen la vida”, denunció.
Como parte de su defensa, Monsiváis presentó una denuncia penal contra el juez Salazar, su equipo y el abogado Esparza. También está en curso una recusación formal para que el juez se excuse del caso. Pero ahora, dice, el objetivo no es solo que el juez deje de conocer su expediente, sino que se le inhabilite de por vida y enfrente cargos penales. 
“Este señor no puede seguir siendo juez. Ha violado al menos 11 artículos del Código Penal vigente. No es un error administrativo, son delitos con consecuencias. Tiene que pagar con cárcel, no solo con su puesto”.
Lo más alarmante es que no se trata de un caso aislado. Hace apenas unos meses, otra víctima, Liliana Vázquez, denunció públicamente haber sido despojada de su casa y dejada en la calle por resolución del mismo juez Juan Fernando Salazar, en presunta complicidad con su agresor.
Vázquez acusó a Salazar y al secretario de acuerdos Luis Daniel Cifuentes Velázquez de haberla desalojado con uso de la fuerza pública en febrero pasado, sin tomar en cuenta las múltiples denuncias de violencia que ya había presentado.
“Es el mismo patrón: despojos ilegales, complicidad judicial, desprotección institucional. Este juez no protege ni a mujeres ni a hombres, protege a quien le paga”, dijo Monsiváis al conocer el testimonio de Vázquez.
Omar Monsiváis ha sido claro en su postura: no se trata de un conflicto conyugal, ni de una disputa patrimonial. Lo que está en juego, dice, es el derecho de cualquier ciudadano a ser tratado con legalidad, imparcialidad y debido proceso.
“Lo que me hicieron fue brutal. Estoy fuera de mi casa, sin acceso a mis cuentas, sin mis herramientas de trabajo. Si no fuera por algunos amigos que me han ayudado, estaría en la calle. ¿Eso es justicia? ¿Eso merece ser juez otra vez?”, cuestionó.
Durante la preparación de su denuncia, afirma que incluso otras personas se le acercaron en las oficinas judiciales para contarle historias similares. “Hay decenas de víctimas, pero nadie se atreve a denunciar formalmente. O los callan, o los aplastan”.
La figura de Juan Fernando Salazar Hernández aparece entre los perfiles elegibles para ser ratificado o removido en la elección del próximo fin de semana.
Sin embargo, la aparición de estas denuncias públicas y penales, con pruebas notariales y expedientes documentados, ponen en entredicho la idoneidad del juez para continuar en funciones.
“Estamos a tiempo de impedir que personas con este historial permanezcan impartiendo justicia. Si gana, el mensaje será claro: la corrupción no solo es tolerada, es premiada”, concluyó Monsiváis.
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El alcalde aseguró que se ha realizado un trabajo de varios años para atraer visitantes en el marco mundialista
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, presentó oficialmente la agenda municipal de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde destacó las acciones emprendidas para fomentar el turismo en temporada mundialista.
El alcalde indicó que la mayoría de las personas que viajan a un Mundial lo hacen a través de la agencia de viajes, por lo que se enfocaron en lograr convenios con estos proveedores a nivel mundial, especialmente, en Europa, con algunas de la talla de El Corte Inglés.
Señaló que las empresas turísticas son el “canal natural del turismo que viene a gastar”, recalcando que el objetivo de todas estas acciones es atraer a los visitantes que “vengan y dejen derrama económica”.
Resaltó la firma de un convenio con la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, asegurando que todos los agentes se comprometieron a incluir visitas a San Luis Potosí dentro de sus paquetes para ir al Mundial.
Galindo explicó que esta clase de acuerdos los han concretado con distintas organizaciones a nivel mundial, cerrando alrededor de veinte convenios para promover a la ciudad en el marco mundialista.
Como parte de estas relaciones globales, remarcó la alianza que tienen con alcaldes de la República de Corea como “ciudad del aprendizaje”, por lo que también están colaborando para presentar a San Luis a los coreanos que vengan a México
Por su parte, Claudia Peralta Antiga, directora de Turismo Municipal, dio a conocer que otro de los países que tienen bajo la mira es Colombia, ya que son de los que mayor demanda tuvieron para los boletos mundialistas y también disputarán dos juegos en territorio mexicano.
Para ello, establecieron diferentes tratos con agencias colombianas, así como con la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual), la cual tiene lazos con 22 países del continente.
Asimismo, aseguró que sí han tenido comunicación con representantes de países como Sudáfrica y Túnez, quienes serán otros de los que disputarán múltiples partidos en ciudades mexicanas, destacando que los embajadores de estas naciones estuvieron presentes en un evento de presentación que tuvieron en el Senado de la República.
Finalmente, garantizó que se han enfocado en identificar a los potenciales visitantes, por lo que están haciendo estrategias muy concretas con “quienes sabemos que van a venir”.
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El exsecretario de Seduvop, acusado por el presunto desfalco de 250 millones de pesos en el proyecto Red Metro, solo tiene prohibido acercarse a la dependencia donde laboró
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, aclaró el estatus legal de Leopoldo Stevens Amaro, exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, luego de que circularan imágenes del exfuncionario en una fiesta: no está bajo arraigo domiciliario y desde 2023 lleva su proceso en libertad.
La fiscal explicó que Stevens Amaro fue vinculado a proceso en septiembre de 2022 por el delito de ejercicio abusivo de funcion es, derivado del presunto desfalco de 250 millones de pesos en el proyecto Red Metro
La única restricción vigente que enfrenta el exsecretario es la prohibición de acercarse a las instalaciones de la Seduvop. “El exsecretario de Seduvop, Leopoldo Stevens, no se encuentra bajo arraigo domiciliario, él tiene otras medidas cautelares distintas“, remarcó la titular de la FGE.
En cuanto al fondo del asunto, García Cázares precisó que el proceso penal sigue abierto y que hasta el momento no existe resarcimiento del daño, dado que el juicio no ha concluido. La siguiente etapa es la audiencia intermedia, cuya fecha depende de la autoridad judicial. “No hay un resarcimiento del daño en virtud de que no está concluido el proceso; tendremos la audiencia intermedia al momento que lo establezca el juez“, señaló.
La fiscal subrayó que el Ministerio Público mantiene en seguimiento la carpeta de investigación y que el proceso continúa con el objetivo de garantizar la resolución de la denuncia presentada por el Gobierno del Estado.
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Además, el gobierno estatal prepara la entrega de bases para que cada ayuntamiento desarrolle su atlas de riesgo
Por: Redacción
César Manuel Rocha Moreno, encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), confirmó que continúan los trabajos de revisión y atención relacionados con las fallas geológicas en la zona metropolitana de San Luis Potosí, particularmente en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El funcionario explicó que autoridades soledenses solicitaron apoyo técnico a la CEPC para evaluar afectaciones derivadas de estas fracturas, algunas de las cuales ya impactan construcciones y centros comerciales.
“Se tiene el acercamiento con Soledad, nos ha pedido apoyo técnico, se les ha prestado el apoyo con la ingeniera geóloga que tenemos y con personal especializado para hacer las revisiones”, señaló.
Rocha Moreno indicó que ya se emitieron reportes técnicos correspondientes; sin embargo, aclaró que las decisiones relacionadas con posibles reubicaciones o restricciones de construcción recaen directamente en los municipios.
El encargado de despacho destacó que la mayor incidencia de fallas geológicas se concentra al norte de la zona metropolitana, una problemática que, aseguró, no es exclusiva de San Luis Potosí.
Sobre los atlas municipales de riesgo, informó que el proyecto estatal ya se encuentra en revisión por parte del gobernador y posteriormente se entregará una base técnica a los ayuntamientos para que desarrollen sus propios documentos de prevención.
Explicó que, aunque el gobierno estatal brindará apoyo técnico, la elaboración de los atlas es responsabilidad directa de cada municipio, los cuales deben destinar presupuesto y estudios especializados para cumplir con esta obligación.
“Es 100 por ciento responsabilidad de los ayuntamientos contar con su atlas municipal de riesgo”, enfatizó.
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