Jesús Juárez puso como ejemplo a dos policías municipales de San Vicente detenidos con un arma que no es de cargo

Por: Redacción

La mayoría de las policías municipales de San Luis Potosí no detiene a narcomenudistas ni a integrantes de células criminales. Así lo afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien pidió a los ayuntamientos asumir su parte.

Al preguntarle en qué se basa, respondió que en los análisis de la mesa de coordinación y en las estadísticas. La Guardia Civil Estatal suma miles de detenciones, sobre todo de personas dedicadas a la venta de droga, mientras que la mayoría de los municipios no hace ese tipo de arrestos: «hay unas honrosas excepciones», dijo.

En la zona metropolitana, y sobre todo en la capital, lo que más pesa en las estadísticas son delitos del fuero común: violencia familiar, riñas, robo a transeúntes y robo al interior de vehículos. Juárez Hernández dijo que también son responsabilidad del Estado, pero que atenderlos le toca sobre todo a la policía municipal.

«Ahí es donde nosotros pedimos el apoyo, porque creo que tienen la fortaleza, tienen la fuerza, tienen la cantidad de elementos, tienen las patrullas», dijo. Advirtió que si los municipios no responden, el Estado tendrá que retirar personal del Escudo Potosí «para venir a hacer el trabajo de las policías municipales».

Reconoció que las corporaciones de la zona metropolitana han logrado buenas detenciones de personas dedicadas a la venta de drogas. Pero sostuvo que, con mejor coordinación, se podría hacer mucho más, sobre todo contra la violencia familiar.

Como ejemplo de lo que cuestiona, citó la detención de dos policías municipales de San Vicente Tancuayalab que portaban un arma que no es de cargo. Según el secretario, uno de ellos está contratado formalmente y el otro no. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por eso, entre las propuestas que dejó al Congreso después de su comparecencia por la Glosa del Quinto Informe, planteó crear soportes jurídicos para obligar a los alcaldes y a los directores de policía a fortalecer sus corporaciones. Explicó que en los municipios alejados el tiempo y la distancia le impiden al Estado sostener una base operativa completa, y que esa tarea la podrían cubrir los ayuntamientos.

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Jesús Juárez dijo que el grupo que llegó a confrontar al grupo local pudo entrar por una brecha desde Veracruz, aunque no lo aseguró

Por: Redacción

Pablo Jonguitud, alcalde de Tanquián de Escobedo, sería llamado a declarar por los dos vehículos asegurados tras los enfrentamientos del sábado 17 de octubre. Así lo afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El propio alcalde reconoció que esos vehículos estaban en su posesión.

«Seguramente, al estar el señor presidente reconociendo que tenía en posesión esos dos vehículos, será llamado a rendir su declaración», dijo. Al preguntarle si el alcalde tiene relación con los hechos, respondió que él no podría decirlo y que eso le corresponde a las fiscalías.

La Fiscalía General del Estado (FGESLP) investigará la agresión, a los detenidos, el origen de los vehículos y su relación con los hechos. La Fiscalía General de la República (FGR) se encargará de la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, que es delito federal. Juárez Hernández explicó que la SSPC es una corporación preventiva: su actuación terminó con la detención y la puesta a disposición mediante un Informe Policial Homologado (IPH).

Según el secretario, hubo dos hechos. En el primero se detuvo a dos personas y se aseguraron dos armas largas, un lanzagranadas y cuatro vehículos, todos con impactos de bala. Los vehículos quedaron asegurados como indicios del delito.

Juárez Hernández describió lo ocurrido como el choque entre un grupo local y otro que intentó confrontarlo, y dijo que la presencia de la Guardia Civil Estatal evitó una tragedia. Sobre el origen del segundo grupo, dijo que la percepción de la SSPC es que pudo entrar «por alguna brecha desde Veracruz». Aclaró que no lo asegura con certeza y que lo determinarán las investigaciones de la Policía de Investigación

Aun así, consideró que la Huasteca no tiene focos rojos. Explicó que el Escudo Potosí y los grupos operativos tácticos trabajan en los límites con Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas. En la colindancia con Veracruz, frente a El Higo, Tempoal y Tantoyuca, hay patrullajes y un punto de atención ciudadana en el camino de San Vicente a El Higo.

El Escudo Huasteco, en cambio, «no será permanente al 100%», dijo. Explicó que se diseñó por una situación focalizada y que podrá reconsiderarse una vez que baje la incidencia y se desarticulen más células. El Escudo Potosí sí está pensado para todo el estado. El 11 de septiembre, el propio Juárez Hernández había confirmado que el Escudo Huasteco, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, se volvería permanente en Ciudad Valles y la Huasteca.

El 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que el Gobierno del Estado asumió la seguridad de Tanquián. Según dijo entonces, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que policías municipales y personal del Ayuntamiento participarían en el grupo local.

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Héctor Serrano dijo que no se frenará y que recurrirá a instancias nacionales o internacionales hasta que se cumpla con la recomendación de la CEDH

Por: Redacción

Héctor Serrano Cortés, diputado local del PVEM, llamó violenta la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por parte de colectivos que consideran injusta la recomendación al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y advirtió que acudirá a instancias nacionales o internacionales si la respuesta de la universidad contraviene la norma.

Serrano dijo que no le extraña que quienes firman el comunicado de los colectivos “sigan acreditando que la violencia es el mecanismo para alcanzar sus fines”. Afirmó que las tomas son “usar la violencia para generar conductas de presión” y que ninguna institución debe ser rebasada ni violentada para que sus resoluciones obedezcan a una presión de ese tipo.

El diputado cuestionó el momento de la protesta. Dijo que es “muy extraño” que ocurriera a la misma hora en que el Consejo Universitario de la UASLP iba a deliberar sobre la decisión, y consideró que eso evidencia intereses con “consecuencia política”.

La CEDH emitió el 9 de octubre la Recomendación 10/2026, que pide al rector Alejandro Zermeño Guerra una disculpa pública a Serrano en un máximo de 40 días naturales. La queja se originó en unas declaracion es del rector del 26 de marzo, cuando dijo que creía que el diputado “no es ni potosino”.

Serrano afirmó que, si hay una respuesta que a su juicio contravenga la normatividad, acudirá a instancias nacionales o internacionales y seguirá presentando demandas o denuncias contra quien, según su criterio, viole sus derechos. “Ningún acto violento va a frenar mi convicción de que se debe acatar y cumplir a cabalidad con la ley”, dijo.

Sobre la postura de la universidad, habló de “actitudes déspotas” y de una “soberbia impresionante” de quienes desdeñan las resoluciones y “se cobijan” en la autonomía para violar los derechos de los demás. Aclaró que no es un tema personal y que, si piensan que una respuesta negativa lo hará parar, “por supuesto que no”.

El legislador rechazó que, por ser diputado, no tenga derecho a defender sus derechos: “es totalmente falso”, dijo, y recordó que no toda su vida ha sido legislador. Afirmó que cree en las instituciones y en los colectivos que buscan justicia. Dijo conocer tres o cuatro casos de personas que presentaron denuncias por violaciones a sus derechos y anunció que preguntará a la CEDH qué ha pasado con ellos para sumarse a que se resuelvan de manera oportuna.

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