noviembre 19, 2026

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Estado

SCT retiró más de 20 unidades de transporte irregular

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La titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, informó que se retiraron “más de 20” unidades de transporte no autorizado la semana pasada, con multas de 300 a 500 UMA, y que Uber ya pagó su autorización, Didi inicia su registro e inDrive no podría obtener permiso por sus tarifas dinámicas y la falta de seguro.

Dijo que no puede detener a conductores, como piden los taxistas, porque es una autoridad administrativa, y que se hace un estudio con una universidad para definir cuántos vehículos de plataforma pueden operar. Reconoció que hay taxistas que trabajan en plataformas y que hasta ahora no han sido sancionados.

La IA ayuda a leer; la responsabilidad editorial sigue siendo humana.

La dependencia dijo que inDrive no podría obtener permiso y que no puede detener a conductores, como piden los taxistas

Por: Redacción

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado, Araceli Martínez Acosta, informó que la semana pasada se retiraron de circulación “más de 20” unidades que prestaban servicio de transporte sin autorización, en operativos que, dijo, son permanentes. Hubo unidades de la zona metropolitana y también de Matehuala, Charcas y Salinas.

Explicó que la multa por brindar transporte oneroso sin autorización va de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), y que la dependencia siempre impone la mínima, salvo en caso de reincidencia.

“Lejos de lo que algunos medios por ahí expusieron, no es una cacería”, dijo.

Sobre las plataformas, la funcionaria señaló que Uber ya pagó su autorización y que falta que dé de alta a sus vehículos y que sus conductores tomen el curso de capacitación para recibir su gafete. Didi se acercó a la SCT y está por iniciar el registro de sus operadores. inDrive, en cambio, no podría obtener un registro, porque ofrece tarifas dinámicas y no exige seguro a los vehículos, lo que la ley no permite.

Martínez Acosta afirmó que los taxistas piden que los operativos se realicen con la Guardia y que los conductores sean puestos a disposición del Ministerio Público, algo que, explicó, no puede hacer porque la SCT es una autoridad administrativa. Dijo que se trabaja en un estudio con una universidad para calcular cuántos vehículos de plataforma podrían operar sin saturar la zona metropolitana.

La funcionaria reconoció que hay taxistas que también trabajan en plataformas y que, hasta ahora, no se les ha sancionado, por tolerancia. Aseguró que eso cambiará, porque ya existe una herramienta legal, y exhortó a las autoridades competentes a actuar cuando se cierran calles durante las manifestaciones.

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Estado

Despensas bajo vigilancia: Sedesore advierte castigos por uso electoral

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María del Rosario Martínez dijo que la dependencia dará indicaciones, pero la responsabilidad recaerá en cada funcionario

Por: Redacción

Los delegados y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) que hagan mal uso de los programas sociales durante el proceso electoral de 2027 responderán de manera personal, advirtió María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia.

“Un delegado, un presidente puede ser responsable si hace mal uso de un programa”, señaló. Explicó que Sedesore dará indicaciones claras, pero que si alguien comete una infracción o no entrega los apoyos como corresponde, se tendrá que proceder contra ese funcionario de manera personal.

Cuestionada sobre si temía que algún actor político usara los programas con fines electorales, respondió que esa responsabilidad será “más de manera personal” de quien los utilice.

Antes del proceso, Sedesore capacitará a sus delegados sobre cómo cambia el mensaje, qué se puede decir y cómo deben presentarse los programas. “La responsabilidad también recae sobre el funcionario que no comprenda cuáles son los alcances”, afirmó.

Despensas en blanco y negro

Martínez Galarza recordó que, como en procesos anteriores, la ley marca alrededor de marzo el cambio en mensajes y logos, que deberán ir completamente en blanco y negro. Las cajas de despensa llevarán la leyenda de que el programa es ajeno a los partidos políticos; la modificación se acordará con el proveedor.

En enero y febrero, la dependencia revisará lo que debe cambiar en la despensa, su programa más grande, y en el resto de los apoyos que entrega de forma permanente. La titular dijo que ya trabajan con la Secretaría General de Gobierno, que envió oficios para preparar el proceso.

En junio, Sedesore suspendió a un delegado por guardar alimentos en una sede política.

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Tortilla a 14 pesos, al menos hasta que termine el gobierno de Gallardo

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Los contratos de las tortillerías se renuevan cada año y vencen con la actual administración, en 2027

Por: Redacción

El precio de la tortilla subsidiada del Gobierno del Estado no aumentará aunque suba el maíz, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore). Explicó que el proveedor que gana cada procedimiento debe ajustarse al precio que fija la dependencia.

Martínez Galarza señaló que este año mantuvieron el precio porque el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es que las tortillas subsidiadas no suban. El programa vende el kilo a 14 pesos.

Para 2027, la dependencia ya trabaja el Programa Operativo Anual (POA) con la Secretaría de Finanzas, con base en el presupuesto que autorice el Congreso del Estado. Detalló que cada procedimiento se valida con dos o tres meses de anticipación.

Contratos hasta el fin del sexenio

Los contratos de las tortillerías, igual que los de las clínicas y el resto de los programas, se renuevan cada año. La titular explicó que todos los contratos del Gobierno del Estado deberán terminar entre septiembre y octubre de 2027, cuando concluye la actual administración.

Lo que ocurra después dependerá del siguiente gobierno. En junio, la propia Martínez Galarza reconoció que la continuidad de la tortilla subsidiada y de otros apoyos “va a depender muchísimo de las personas que estén a cargo de la dependencia, pero sobre todo de las indicaciones del gobierno”.

Doce tortillerías y dos en puerta

Con la apertura más reciente, la red suma 12 tortillerías entre la capital y municipios rurales; en junio eran ocho. La siguiente abrirá la próxima semana en la colonia General I. Martínez. Otra, comprometida por el gobernador, se revisa para abrir en diciembre en Tierra Blanca.

Cada tortillería entrega 500 kilos diarios y cada familia tiene derecho a dos kilos. Los locales se buscan en zonas populares, y la titular contó que visita cada punto días antes de abrirlo para conocer la opinión de los vecinos.

“Lo que más consumimos, la mayor parte de los potosinos, pues es la tortilla”, dijo Martínez Galarza al explicar el peso del programa en la economía familiar.

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Juicio político pone en duda comparecencia de Giovanna Argüelles

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El Congreso podría pedir por escrito los expedientes de quejas de comunidades indígenas si no recibe a Giovanna Argüelles

Por: Redacción

La solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), puso en duda su comparecencia ante los diputados, programada para el lunes 23 de noviembre.

Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, informó que se valora si la comparecencia se realiza o no. “Tenemos que analizar los alcances del proceso”, afirmó.

El juicio político es el procedimiento con el que el Congreso revisa si un servidor público cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y, en su caso, puede destituirlo o inhabilitarlo.

Si la comparecencia no se lleva a cabo, el Congreso podría solicitar directamente a la CEDH información sobre los expedientes y las quejas de comunidades indígenas que acudieron a los legisladores para denunciar falta de atención del organismo.

La comparecencia de la titular de la CEDH estaba prevista desde octubre, cuando el Congreso anunció que la citaría una vez concluida la Glosa del Quinto Informe de Gobierno

, la revisión que hacen los diputados del informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Los reclamos por quejas sin respuesta ya habían llegado al Congreso. En octubre, grupos sociales cuestionaron que la CEDH emitiera una recomendación a favor de Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM, mientras hay víctimas que llevan años esperando una resolución.

Serrano dijo entonces que la presidenta del organismo era quien tenía que responder por los casos pendientes y se comprometió a preguntarle directamente por qué otras quejas no habían tenido respuesta.

Antes del 23 de noviembre, el Congreso deberá definir si recibe a Argüelles o si pide los expedientes por escrito.

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