abril 22, 2026

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Congreso del Estado

SLP, entre estados con menos deuda: así compareció Sefin en el Congreso

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Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas, aclaró las dudas y comentarios de los legisladores potosinos.

 

Por: Redacción.

 

Al continuar con la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Finanzas, Salvador González Martínez, compareció ante las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

La comparecencia estuvo encabezada por la Comisión de Hacienda del Estado, presidida por el diputado Roberto Ulices Mendoza Padrón; la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, vicepresidenta; el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, secretario; y como vocales los vocales, las diputadas Emma Idalia Saldaña Guerrero, Dolores Eliza García Román, y los diputados René Oyarvide Ibarra y Cuauhtli Badillo Moreno.

El secretario de Finanzas, Salvador González Martínez señaló que su dependencia se concentra en tres principales objetivos: fortalecer los ingresos propios, la contención del  gasto de operación y de deuda pública, incremento en la inversión pública.

Respondió a la diputada Emma Saldaña que en el presente año se registró una disminución en las participaciones federales, afectando a todas las entidades del país, por lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puso en marcha un Fondo de Estabilización de Participaciones para entidades federativas; para San Luis Potosí, la afectación fue por un monto acumulado de 1400 millones de pesos, que al mes de septiembre, otorgó un monto de 1020 millones de pesos, y se tiene un déficit de 320 millones de pesos.

En relación a los municipios, señaló que también fueron afectadas sus participaciones por un monto de 313 millones al mes de septiembre, por lo cual se puso en marcha el Fondo de Estabilización y se les asignó una parte de esa afectación por 220 millones de pesos.

En relación a la recaudación, indicó que se fortalecieron los mecanismos, logrando al cierre del tercer trimestre un total de 4 mil 584 millones de pesos, por medio de estrategias para regularizar su situación fiscal, además del programa de descuentos de control.

Respondiendo a los cuestionamientos de los diputados René Oyarvide Ibarra y Emma Saldaña, señaló que el regularización de vehículos de procedencia extranjera, al corte del presente mes de octubre, ha dado una alta de 53 mil unidades, lo cual representa una recaudación de 120 millones de pesos para el estado, por concepto de control vehicular; y de 110 millones de pesos de recurso federal, el cual será destinado a los municipios que presentaron propuestas ante la federación para la rehabilitación de pavimentación y vialidades.

En lo relacionado a contención de gasto, y ahorro, respondió a los cuestionamientos del diputado Cuauhtli Badillo e informó que  la cuenta 2022 tenía un importe de 8 mil 314 millones de pesos, para el rubro de servicios personales  y para este ejercicio fiscal 2023, quedó en 8 mil 003 millones de pesos, representa 311 millones de pesos, en el capítulo 1000.

En gastos de operación, 2000 y 3000 capitulo, informó que pasaron de 681 millones de pesos, en el 2022 y para este ejercicio 2023 se tiene un presupuesto 648 millones de pesos, representa un ahorro de 33 millones de pesos. De manera global, se espera tener un ahorro general en 350 millones de pesos en este año.

En relación a los programas de placas y licencias gratuitos, respondió al diputado Alejandro Leal Tovías e  informó que desde su inicio en el año 2021 a agosto de 2023, se han otorgado  718 mil placas gratuitas, con una cobertura del 90 por ciento del padrón vehicular del estado, y el programa de licencias gratuitas y permanentes ha beneficiado a  465 mil usuarios en esta administración.

Señaló que la recaudación no se ha visto afectada, ya que por el contrario, al ser programas gratuitos ha permitido a los propietarios ponerse al corriente con sus derechos de control vehicular.

Respondió a la diputada Lidia Vargas, e indicó que por el apoyo del Congreso, en enero de 2022 se homologó la tasa del impuesto sobre nómina con los estados vecinos del 2.5 al 3 por ciento para cerrar el año con una proyección de 2 mil 910 millones de pesos.

En relación a las calificadoras, respondió al diputado Mauricio Ramírez Konishi, y señaló que se encuentran en octavo lugar de los estados con menor proporción de deuda en relación al PIB y noveno con menor deuda del país.

A cuestionamientos de los legisladores, Edmundo Torrescano, Claudia Tristán, y Mauricio Ramírez Konishi, el funcionario señaló que en el caso de los docentes de telesecundaria, San Luis Potosí es uno de los 3 estados del país que cubren el pago de nómina y de pensiones de este subsistema, y se mantienen las negociaciones con la federación para que sea ésta quien lo absorba.

Informó que la nómina de trabajadores activos y jubilados de telesecundaria, asciende a un monto de 1766 millones de pesos anuales, y si bien no se ha logrado que la federación absorba el total de la nómina en el FONE, si se ha logrado un apoyo extraordinario por el fondo U080 por  998 millones de pesos en este 2023, de los que se recibieron 624 millones de pesos a la fecha que ha permitido transitar sin atraso en el pago de las prestaciones laborales. Se espera que en los próximos días se reciban 374 millones de pesos que corresponden al tercer trimestre de 2023.

En lo relacionado a los adeudos con la Dirección de Pensiones del Estado, y para el fortalecimiento de este fondo, se están realizando mesas de trabajo para fortalecer estos fondos

, brindar liquidez, además de la realización de auditorías por parte de la Contraloría del Estado para próximamente presentar una propuesta al Congreso del Estado para incorporar con recursos estatales al Fondo de Pensiones el próximo año.

Sobre las aportaciones a la Universidad Autónoma de San Luis Potosi, señaló que la administración estatal no ha dejado de cubrir los montos autorizados por el Congreso del Estado, así como la entrega de los recursos federales que le corresponden, y además se ha otorgado algunos préstamos para atender sus requerimientos financieros.

Sobre un posible adeudo de 100 millones de pesos con la UASLP, dijo que esto es motivado por un convenio suscrito con la Secretaría de Educación Pública por medio de un convenio financiero, que obliga al estado a otorgar una cantidad adicional, por lo cual se está trabajando con la UASLP para apoyar con obras y acciones en beneficio de la comunidad universitaria.

A pregunta de la diputada Gabriela Martínez Lárraga, señaló que San Luis Potosí es una de las entidades federativas con menor deuda, y el saldo al  30 de septiembre, es de 3 mil 327 millones de pesos, distribuidos en Banorte, que es una reestructura de años pasados, y otro en la misma institución que absorbió de Santander.

Destacó las políticas de administración de deuda responsable, lo cual quedó demostrado con el abono a capital que ha realizado en algunos créditos, y el pago total de uno con Banobras por 100 millones de pesos de la construcción del penal de Ciudad Valles.

En cuanto a deuda a corto plazo, se adquirió un crédito a finales del 2022, por mil 500 millones de pesos que será liquidado en este mes de octubre; y otro por 150 millones de pesos que se contrató a inicios de año por la disminución de participaciones federales y fue liquidado oportunamente.

En lo relacionado a la venta del terreno de Ford, indicó que fue adquirido por una empresa acerera, por un importe de 112 millones de dólares; actualmente el recurso se encuentra en una bolsa de inversión recursos en moneda extranjera que será ocupado para obras de infraestructura.

Entre los acuerdos, la empresa se comprometió con el estado a generar empleos e infraestructura, para lo cual la Secretaría de Finanzas otorgó también un certificado de promoción con un incentivo de impuesto sobre la nómina por tres años.

Sobre la Arena Potosí, el funcionario indicó que la inversión registrada ante la Secretaría de Finanzas es por un monto de 481 millones de pesos, siendo la Seduvop la secretaría ejecutora.

Respondiendo a las diputadas Gabriela Martínez Lárraga, y Bernarda Reyes, señaló que la Universidad Intercultural, el presupuesto autorizado para este 2023, es por un monto de 18 millones de pesos y se tiene un convenio con el estado, por lo cual se reestructurará a 24 millones de pesos, por lo cual se entregarán 6 millones de pesos por medio de SEGE.

En cuanto a apoyos para pueblos y comunidades indígenas, señaló que la Sedahr ejerció un monto de 911 millones de pesos para beneficio de más de 50 mil productores; y el Indepi cuenta con un presupuesto de 16 millones de pesos, para atención del sector.

La legisladora Liliana Flores Almazán, solicitó información sobre algunos adeudos con las Preparatorias por Cooperación y Centros de Bachillerato Comunitario, a lo que el funcionario indicó que el presupuesto asignado por este Congreso es de más de 28 millones de pesos; a la fecha, se han transferido puntualmente a través de la Secretaría de Educación, y se buscará que éstos sean entregados en tiempo y forma.

A pregunta de la diputada Cecilia Ochoa, el funcionario indicó que dentro del Plan Estatal de Desarrollo ha fortalecido la política púbica para consolidar la paridad transversal, y la atención a grupos vulnerables a través de instituciones como DIF Estatal, Instituto de las Mujeres, Sippina.

A pregunta del diputado Salvador Isais Rodríguez, indicó que son 38 municipios los que han suscrito convenios con el estado para el cobro de su impuesto predial, lo cual les ha representado beneficios como el ingresar a la infraestructura digital de la Secretaría de Finanzas, oficinas recaudadoras, kioskos, y pago en línea haciendo más fácil el pago.

A pregunta de la diputada Gabriela Martínez, el funcionario indicó que la Sedahr cuenta con un presupuesto de 309 millones de pesos para este 2023, y 140 millones de pesos que se están destinando en obras de infraestructura para el combate a la sequía.

Agotadas las participaciones, se dio por concluida la comparecencia.

 

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Congreso llama a Interapas a revisión administrativa y jurídica para mejorar operatividad

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La diputada Nancy Jeanine García llama a promover el cuidado y la buena administración del agua en todos los sectores

Por: Redacción

La diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, señaló que el INTERAPAS debe hacer una revisión administrativa y jurídica que le permita mejorar su operatividad y brindar el servicio de calidad a la ciudadanía.

Destacó que este organismo, al igual que los otros 20 que existen en el estado, deben tener manuales técnicos claros tanto en el tema operativo, de abasto de agua y detección de fugas, como en el administrativo, ya que la alta de un servicio eficiente redunda en el incumplimiento de pagos de usuarios cuotas y tarifas.

“El organismo necesita un orden y reajuste interno administrativo, jurídico y con un manual más claro respecto a las estrategias que implementan, en lo técnico pero también en el tema del cobro, en la operación en campo y donde no se está brindando el servicio, además de detectar las fugas o alguna anomalía”.

Señaló la diputada García Martínez que para este año, se espera que las precipitaciones pluviales sean más puntuales, por lo cual es importante tener un planteamiento puntual para mejorar el abastecimiento de agua a la población.

“Es importante seguir promoviendo el cuidado y la buena administración del agua con todos los sectores; esperemos que las lluvias sean un poco más abundantes pero también más dispersas”, puntualizó.

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Aprueba el pleno reforma a la Ley de Tránsito del Estado presentada por la diputada Brisseire Sánchez López

Por: Redacción

A propuesta de la diputada Brisseire Sánchez López, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Tránsito del Estado para que los usuarios de motocicletas o motonetas, circulen con las luces encendidas en todo momento, y así mismo porten aditamentos luminosos o reflejantes, los cuales ayuden a visibilizar su persona y vehículo durante su circulación.

La reforma al artículo 72 de la Ley de Tránsito aprobada indica que: “Tratándose de conductores de motocicletas o motonetas: circular con las luces encendidas en todo momento; portar aditamentos luminosos o reflejantes que contribuyan a su visibilidad y la del vehículo durante su circulación, especialmente en condiciones de baja iluminación; y cumplir las demás disposiciones de seguridad aplicables previstas en esta Ley”.

Explicó la legisladora que a nivel internacional, la normativa generalizada respaldada por la “Convención de Viena sobre la Circulación Vial”, y de los que México forma parte, establece que los motociclistas deben circular con las luces encendidas en todo momento (día y noche) el objetivo principal es aumentar la visibilidad de los motociclistas y reducir el riesgo de accidentes, ya que las motocicletas son vehículos más pequeños y, por lo tanto, menos conspicuos.

La legisladora señaló que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial impone a las autoridades competentes el deber jurídico de adoptar medidas preventivas orientadas a disminuir factores de riesgo

, a efecto de que el sistema de movilidad garantice, en la mayor medida posible, la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos por las vías públicas.

Con la reforma se fortalece el marco regulatorio vigente al incorporar medidas que atienden estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad vial, observando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, respondiendo así a un fin constitucionalmente legítimo, consistente en la prevención de siniestros viales y la reducción de consecuencias graves.

La diputada Sánchez López manifestó que se considera trascendental, que esta sea una medida de seguridad más eficaz para conductores de motocicletas y motonetas, garantizando así que se salvaguarde su vida, se reduzcan los accidentes de tráfico así como descender el índice de lesiones y muertes.

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Diputada plantea sancionar como abuso sexual el embarazo en menores de 14 años

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La ley aplicaría cuando una persona mayor de edad embarace a una menor de 14 años, con o sin consentimiento

Por: Redacción

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa para reformar la denominación del capítulo III, del Código Penal del Estado para denominarlo “Del Embarazo Infantil y el Estupro”, incorporando el delito de abuso sexual por embarazo infantil.

De esta manera, se establece que comete el delito de abuso sexual por embarazo infantil, quien siendo mayor de edad, provoque el embarazo de una persona menor de catorce años, independientemente de que medie o no consentimiento de la persona menor.

Se propone establecer que el delito se persiga de oficio en todos los casos y sea sancionado con una pena de ocho a quince años de prisión y sanción pecuniaria de quinientas a mil días del valor de la unidad de medida y actualización; perdida de la patria potestad, tutela o cualquier derecho de carácter familiar respecto del producto del embarazo, y la obligación de reparación integral del daño, que contemplará como mínimo: gastos médicos, psicológicos y de atención especializada para la menor, así como las que la autoridad determine.

Se busca además, que estas penas se incrementen en los casos en que la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad; cuando se utilicen datos personales sensibles, obtenidos o difundidos dolosamente, para facilitar la aproximación a la víctima; si es servidor público o familiar de la menor, y si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física o emocional de la menor.

En este caso, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.

La legisladora indica en su exposición de motivos, que el abuso sexual infantil aumenta el riesgo de embarazos no deseados, ya que en informe de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2021 estima que 120 millones de niñas menores de 20 años fueron víctimas de violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja.

Este abuso está profundamente arraigado en la desigualdad de género; afecta a más niñas que niños, aunque muchos niños también se ven afectados. Las estimaciones sugieren que en 2020, al menos 1 de cada 8 niños del mundo había sufrido abuso sexual antes de cumplir los 18 años, y 1 de cada 20 niñas de entre 15 y 19 años había experimentado relaciones sexuales forzadas a lo largo de su vida.

El embarazo en niñas y adolescentes es un problema multifactorial, que agudiza la desigualdad y perpetúa la violencia que gran parte de ellas ya sufría. Además, se trata de un fenómeno que se extiende por todo el territorio nacional, no obstante, las niñas y adolescentes en situación de mayor pobreza y con bajo o nulo acceso a la educación, tienen un riesgo más elevado de enfrentar un embarazo temprano.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.

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