mayo 18, 2024

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Congreso del Estado

Avances y pendientes en seguridad, tema a debate en el Congreso

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El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, atendió preguntas en su comparecencia ante diputados.

Por: Redacción.

En el segundo día de comparecencias con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el  general Guzmar Ángel González Castillo, atendió los cuestionamientos y dudas de las y los diputados integrantes de la LXIII Legislatura.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, diputado Rubén Guajardo Barrera expuso que el objetivo de este tipo de encuentros es hacer aportaciones para mejorar las políticas públicas en materia de seguridad, para que San Luis Potosí esté mejor.

Cuestionó el hecho de que versiones periodísticas con información oficial, colocan a la Capital de San Luis Potosí entre los 50 municipios más violentos del país y el secretario le respondió que se ha trabajado para combatir los diversos índices, de manera coordinada con la autoridad local, lo que ha generado resultados positivos en homicidios dolosos, secuestro, robo de vehículos, trata de personas. Esa misma coordinación se registra con otros municipios.

En su intervención inicial, el responsable de la seguridad pública, señaló que los ejes estratégicos están encaminados a reducir los índices de delincuencia en el estado y colocarlo entre los más seguros del país; por lo pronto, se ha logrado que todos los municipios sean seguros, que los ciudadanos puedan transitar sin peligro y eso se traduce en una disminución en la percepción de inseguridad, generando condiciones para el sano desarrollo y la convivencia.

Las y los diputados que asistieron a la comparecencia, expresaron sus condolencias por los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, quienes deberían ser considerados como héroes al arriesgar su integridad por proteger a los ciudadanos.

A pregunta expresa sobre las estrategias de combate a la inseguridad planteada por la diputada Dolores Eliza García Román, el secretario de Seguridad  destacó las reuniones diarias de la mesa de paz, donde además del gobernador participan autoridades municipales de la zona metropolitana, lo que permite modificar la estrategia y desplegar los elementos operativos porque en esta tarea “no existe una fórmula matemática ni una receta”.

Destacó que una tarea de prevención relevante se realiza en las escuelas y en las colonias, integrando 81 comités vecinales además de hablar con los jóvenes sobre el riesgo del uso de redes sociales, al aceptar solicitudes de amistad de gente desconocida y compartir información personal y familiar; hay 2,132 elementos operativos certificados, que les autoriza a emite informes policiales homologados y mandarlos al registro nacional de detenciones para continuar el debido proceso.

Las diputadas Yolanda Eugenia González Hernández y Bernarda Reyes Hernández abordaron el tema de las acciones en favor de los pueblos originarios; el general Guzmar Ángel González señaló que los elementos están capacitados en este rubro, en respeto a los derechos humanos e incluso de la academia han surgido alumnos procedentes de la zona huasteca.

Uno de los temas en que varios legisladores participaron como Gabriela Martínez Lárraga, Lidia Nalley Vargas, Ramón Torres y Edmundo Torrescano Medina, fue el funcionamiento de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, sus facultades y la compra de patrullas de alta gama.

Ante el problema de la inseguridad en las carreteras, el gobernador Ricardo Gallardo propuso adquirir 50 patrullas y se capacitó a 100 elementos; así, se patrullan las carreteras estatales y caminos municipales, pero también hay presencia en carreteras federales como la 57. Se actúa cuando hay flagrancia del delito y se coadyuva con la Guardia Nacional en el abanderamiento de accidentes.

No se invaden las funciones de la Guardia Nacional, se actúa en flagrancia ante un asalto, presencia de civiles armados o cualquier hecho delictivo en curso; también tienen facultades los elementos para aplicar infracciones en caminos rurales o carreteras estatales, pero no en las federales. Dijo que las patrullas de alta gama recorren caminos pavimentados y cuando hay que internarse en terracería se tienen vehículos especiales como camionetas pick up.

La inversión, programas y estrategias en el ámbito de la reinserción social, fue un tema abordado por los legisladores Roberto Ulices Mendoza Padrón, Cecilia Senllace Ochoa Limón, Martha Patricia Aradillas Aradillas, René Oyarvide Ibarra y José Luis Fernández Martínez.

El secretario general Guzmar Ángel González Castillo afirmó que se han invertido 718 mil pesos en capacitaciones para personal administrativo y de seguridad penitenciaria y se crean las condiciones para que, desde la Academia, los directores de prevención y reinserción social acudan a conocer a los alumnos y si encuentran características en ellos, los sumen a la seguridad de los centros penitenciarios.

Se han invertido 1.7 millones de pesos para la Coordinación Especializada de Justicia Penal para Adolescentes para incrementar las medidas de seguridad y obtener la certificación; en el sistema penitenciario se invirtieron cuatro millones de pesos para adquirir tecnología, video vigilancia, inhibidores y mejorar las acciones de revisión en las aduanas. Los centros penitenciarios de Ciudad Valles y Rioverde tienen la certificación de la Asociación de Correccionales de América al cumplir 142 requerimientos solicitados.

Destacó que se trabaja en las aduanas para impedir el acceso de aparatos de comunicación a los centros penitenciarios y así evitar el uso de inhibidores; para que el interno se comunique al exterior, se instalan teléfonos que funcionan con tarjetas cuya clave solo conocen ellos y sus familiares que les hacen recargas.

El diputado José Luis Fernández destacó la calidad en el trabajo artesanal de los centros penitenciarios que, incluso, reúnen las características para exportar. El secretario dijo que los internos tienen el apoyo no solo para trabajar durante su internamiento sino que con el SIFIDE, se les tramitan préstamos para que, al cumplir su condena, se puedan dedicar a esa actividad y subsistir. Este año tuvieron una utilidad de 120 mil pesos con sus trabajos, que se entregaron a sus familiares de manera íntegra.

El diputado René Oyarvide destacó el funcionamiento del C4 en Ciudad Valles y el funcionario añadió que incluso tiene mejor tecnología que el C5 y quienes lo operan, aprobaron los mecanismos de control y confianza. A pregunta de la diputada Emma Saldaña, hizo un recuento de las funciones que ha desempeñado en la administración pública el hoy titular de la Guardia Civil Estatal Jesús Juárez Hernández.

El general González Castillo le contestó a la diputada Emma Saldaña que  se ha capacitado a 1,175 policías en 40 municipios –hay quienes repiten el curso- y al diputado Cuauhtli Badillo, que la comandancia de la zona industrial se creó porque se mueven diariamente 140 mil trabajadores y además se cubre la zona poniente de la ciudad.

La diputada Aranzazú Puente Bustindui preguntó sobre el combate al robo de vehículos y el secretario dijo que, primero, quien va a comprar un vehículo, debe verificar que todo esté en regla, no se deje engañar y cuando se comete el robo a mano armada, si alguien lo graba y lo sube a redes, se magnifica el problema pero no quiere decir que sea algo frecuente. Además, diariamente se reciben 1,400 llamadas en el teléfono de emergencia 911, de las cuales solo 35 por ciento son procedentes.

A la diputada Claudia Tristán Alvarado le respondió que se trabaja en la prevención de los delitos cibernéticos, hablando con los jóvenes principalmente, para advertirles cómo funciona la extorsión, secuestro virtual, fraude, etcétera y se difunden los números telefónicos de donde llaman. En casos de hackeo, la atención es personalizada.

Se le preguntó sobre el “efecto cucaracha” por parte del diputado Eloy Franklin Sarabia y dijo que hay un blindaje y coordinación con 9 estados vecinos, con la coordinación de acciones disuasivas, cursos permanentes, intercambio de información, autorización para ingresar a otro estado en una persecución.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado general Guzmar Ángel González Castillo, señaló a partir del 16 de mayo del 2022 con la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado anteriormente llamada Secretaría de Seguridad del Estado, por iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se dotó a la institución de más de 100 vehículos 13 de ellos tácticos blindados fortaleciendo la capacidad de acción y reacción en temas de prevención y combate de los delitos.

Destacó ante los diputados que en recuperación de vehículos robados mientras que en el 2021 se aseguraban 1,522 vehículos con reporte de robo y 783 sin reporte de robo, en el 2022 se logró la recuperación de 1,533 unidades con reporte de robo y 842 sin reporte de robo.

Según el informe de la SSPC, durante el 2022 se pudo ver una disminución del 58% en secuestros, 44% en extorsiones, 41% en trata de personas, 50% en robo a casa habitación y 55% en feminicidios.

Además, la Federación confirmó que en el primer semestre del año comparado con el mismo periodo del 2022, disminuyeron los delitos de homicidio doloso en 24.8%, secuestro 28.5%, robo de vehículos 22.7% y la trata de personas 16.6%.

Al secretario de seguridad lo acompañaron Gracia Cristina Zúñiga directora del C5; Sergio Márquez Abelar coordinador especializado de justicia penal para adolescentes; Alba Luz Juárez Hernández directora de la Academia General de Seguridad Pública; Arturo Cruz Andrade director general de Prevención y Reinserción Social; Hugo Alberto Hernández Méndez director de Coordinación, Control y Gestión y Jesús Guzmán Juárez jefe de Sección Técnica.

La coordinación de los trabajos estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social presidida por el diputado Rubén Guajardo Barrera, la diputada Dolores Eliza García Román vicepresidenta, diputado Alejandro Leal Tovías secretario y los vocales Emma Idalia Saldaña Guerrero y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

 

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SEP debe avalar adelantar término de ciclo escolar: Congreso

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Las comunidades escolares están tomando medidas de autocuidado, como el hecho de suspender actividades deportivas y recreativas al aire libre

 

Por: Redacción

Es necesario que la Secretaría de Educación Pública Federal atienda la solicitud formal que hizo la Secretaría de Educación de San Luis Potosí, para adelantar el término del ciclo escolar en curso, debido a la intensa ola de calor que está afectando todo el territorio potosino.

 

La presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, señaló que el ciclo escolar debe concluirse iniciando julio y no hasta después de la segunda quincena como está programado, por la seguridad y el bienestar de los alumnos.

 

Mientras tanto, las comunidades escolares están tomando medidas de autocuidado, como el hecho de suspender actividades deportivas y recreativas al aire libre, surtir agua de garrafón para mantener la hidratación y usar ropa refrescante aunque no sea del uniforme institucional.

 

En los casos donde es necesario surtir agua de pipa para los baños y actividades de aseo, son los comités de padres de familia los que están subsidiando el gasto, ya que el sistema educativo no tienen los recursos para atender esta necesidad en las más de 1,500 escuelas en el estado que no tienen agua en el sistema hidráulico.

 

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Congreso del Estado

Congreso aprobó renuncia de José Luis Ruiz Contreras a la Fiscalía de SLP

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El Ejecutivo Estatal tiene un lapso de 30 días para enviar la terna de profesionistas que podrían ocupar el cargo

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad el Decreto que califica procedente la renuncia de José Luis Ruiz Contreras, al cargo de fiscal general del Estado; y declara la vacante respectiva.

El artículo 122 BIS del Pacto Político Estatal, en su párrafo séptimo prevé que en caso de que la persona titular de la Fiscalía General fallezca, se ausente definitivamente, o presente renuncia ante el Congreso del Estado, declarada la vacante por este último.

El poder legislativo dará aviso al Ejecutivo del Estado para que, en un lapso de 30 días naturales, envíe propuesta de terna de profesionistas para la sustitución del fiscal.

Alguna de las propuestas debe obtener el voto de cuando menos las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes en la sesión correspondiente para que se elija quien ocupará el cargo por el tiempo para el que fue electa la persona que se está supliendo.

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Congreso del Estado

Congreso propone endurecer penas para extorsionadores

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La propuesta también considera incrementar de 8 a 14 años de prisión y sanción pecuniaria de 700 a 1500 unidades de medida y actualización

 

Por: Redacción

Con el objetivo de incrementar las penas para quienes cometen el delito de extorsión, la Comisión de Justicia analiza una iniciativa de reforma a los artículos, 230, y 231 del Capítulo VI del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

 

Se propone incrementar las penas de 10 a 15 años de prisión y de 2 mil a 3 mil unidades de medida y actualización, para quien comete el delito de extorsión, entendido como quien, para obtener un lucro para sí o para tercero, intimide a otro con causarle un mal en su persona, familia o bienes, obligándolo a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo.

 

La propuesta también considera incrementar de 8 a 14 años de prisión y sanción pecuniaria de 700 a 1500 unidades de medida y actualización, para quien cometa este delito utilizando cualquier medio de comunicación, a través de los que se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe por hilos, radio electricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas electromagnéticos o cualquier otro originado con motivo de los descubrimientos de la ciencia.

 

Y que cometa el delito, empleando cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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