Congreso del Estado
Avances y pendientes en seguridad, tema a debate en el Congreso
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, atendió preguntas en su comparecencia ante diputados.
Por: Redacción.
En el segundo día de comparecencias con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el general Guzmar Ángel González Castillo, atendió los cuestionamientos y dudas de las y los diputados integrantes de la LXIII Legislatura.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, diputado Rubén Guajardo Barrera expuso que el objetivo de este tipo de encuentros es hacer aportaciones para mejorar las políticas públicas en materia de seguridad, para que San Luis Potosí esté mejor.
Cuestionó el hecho de que versiones periodísticas con información oficial, colocan a la Capital de San Luis Potosí entre los 50 municipios más violentos del país y el secretario le respondió que se ha trabajado para combatir los diversos índices, de manera coordinada con la autoridad local, lo que ha generado resultados positivos en homicidios dolosos, secuestro, robo de vehículos, trata de personas. Esa misma coordinación se registra con otros municipios.
En su intervención inicial, el responsable de la seguridad pública, señaló que los ejes estratégicos están encaminados a reducir los índices de delincuencia en el estado y colocarlo entre los más seguros del país; por lo pronto, se ha logrado que todos los municipios sean seguros, que los ciudadanos puedan transitar sin peligro y eso se traduce en una disminución en la percepción de inseguridad, generando condiciones para el sano desarrollo y la convivencia.
Las y los diputados que asistieron a la comparecencia, expresaron sus condolencias por los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, quienes deberían ser considerados como héroes al arriesgar su integridad por proteger a los ciudadanos.
A pregunta expresa sobre las estrategias de combate a la inseguridad planteada por la diputada Dolores Eliza García Román, el secretario de Seguridad destacó las reuniones diarias de la mesa de paz, donde además del gobernador participan autoridades municipales de la zona metropolitana, lo que permite modificar la estrategia y desplegar los elementos operativos porque en esta tarea “no existe una fórmula matemática ni una receta”.
Destacó que una tarea de prevención relevante se realiza en las escuelas y en las colonias, integrando 81 comités vecinales además de hablar con los jóvenes sobre el riesgo del uso de redes sociales, al aceptar solicitudes de amistad de gente desconocida y compartir información personal y familiar; hay 2,132 elementos operativos certificados, que les autoriza a emite informes policiales homologados y mandarlos al registro nacional de detenciones para continuar el debido proceso.
Las diputadas Yolanda Eugenia González Hernández y Bernarda Reyes Hernández abordaron el tema de las acciones en favor de los pueblos originarios; el general Guzmar Ángel González señaló que los elementos están capacitados en este rubro, en respeto a los derechos humanos e incluso de la academia han surgido alumnos procedentes de la zona huasteca.
Uno de los temas en que varios legisladores participaron como Gabriela Martínez Lárraga, Lidia Nalley Vargas, Ramón Torres y Edmundo Torrescano Medina, fue el funcionamiento de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, sus facultades y la compra de patrullas de alta gama.
Ante el problema de la inseguridad en las carreteras, el gobernador Ricardo Gallardo propuso adquirir 50 patrullas y se capacitó a 100 elementos; así, se patrullan las carreteras estatales y caminos municipales, pero también hay presencia en carreteras federales como la 57. Se actúa cuando hay flagrancia del delito y se coadyuva con la Guardia Nacional en el abanderamiento de accidentes.
No se invaden las funciones de la Guardia Nacional, se actúa en flagrancia ante un asalto, presencia de civiles armados o cualquier hecho delictivo en curso; también tienen facultades los elementos para aplicar infracciones en caminos rurales o carreteras estatales, pero no en las federales. Dijo que las patrullas de alta gama recorren caminos pavimentados y cuando hay que internarse en terracería se tienen vehículos especiales como camionetas pick up.
La inversión, programas y estrategias en el ámbito de la reinserción social, fue un tema abordado por los legisladores Roberto Ulices Mendoza Padrón, Cecilia Senllace Ochoa Limón, Martha Patricia Aradillas Aradillas, René Oyarvide Ibarra y José Luis Fernández Martínez.
El secretario general Guzmar Ángel González Castillo afirmó que se han invertido 718 mil pesos en capacitaciones para personal administrativo y de seguridad penitenciaria y se crean las condiciones para que, desde la Academia, los directores de prevención y reinserción social acudan a conocer a los alumnos y si encuentran características en ellos, los sumen a la seguridad de los centros penitenciarios.
Se han invertido 1.7 millones de pesos para la Coordinación Especializada de Justicia Penal para Adolescentes para incrementar las medidas de seguridad y obtener la certificación; en el sistema penitenciario se invirtieron cuatro millones de pesos para adquirir tecnología, video vigilancia, inhibidores y mejorar las acciones de revisión en las aduanas. Los centros penitenciarios de Ciudad Valles y Rioverde tienen la certificación de la Asociación de Correccionales de América al cumplir 142 requerimientos solicitados.
Destacó que se trabaja en las aduanas para impedir el acceso de aparatos de comunicación a los centros penitenciarios y así evitar el uso de inhibidores; para que el interno se comunique al exterior, se instalan teléfonos que funcionan con tarjetas cuya clave solo conocen ellos y sus familiares que les hacen recargas.
El diputado José Luis Fernández destacó la calidad en el trabajo artesanal de los centros penitenciarios que, incluso, reúnen las características para exportar. El secretario dijo que los internos tienen el apoyo no solo para trabajar durante su internamiento sino que con el SIFIDE, se les tramitan préstamos para que, al cumplir su condena, se puedan dedicar a esa actividad y subsistir. Este año tuvieron una utilidad de 120 mil pesos con sus trabajos, que se entregaron a sus familiares de manera íntegra.
El diputado René Oyarvide destacó el funcionamiento del C4 en Ciudad Valles y el funcionario añadió que incluso tiene mejor tecnología que el C5 y quienes lo operan, aprobaron los mecanismos de control y confianza. A pregunta de la diputada Emma Saldaña, hizo un recuento de las funciones que ha desempeñado en la administración pública el hoy titular de la Guardia Civil Estatal Jesús Juárez Hernández.
El general González Castillo le contestó a la diputada Emma Saldaña que se ha capacitado a 1,175 policías en 40 municipios –hay quienes repiten el curso- y al diputado Cuauhtli Badillo, que la comandancia de la zona industrial se creó porque se mueven diariamente 140 mil trabajadores y además se cubre la zona poniente de la ciudad.
La diputada Aranzazú Puente Bustindui preguntó sobre el combate al robo de vehículos y el secretario dijo que, primero, quien va a comprar un vehículo, debe verificar que todo esté en regla, no se deje engañar y cuando se comete el robo a mano armada, si alguien lo graba y lo sube a redes, se magnifica el problema pero no quiere decir que sea algo frecuente. Además, diariamente se reciben 1,400 llamadas en el teléfono de emergencia 911, de las cuales solo 35 por ciento son procedentes.
A la diputada Claudia Tristán Alvarado le respondió que se trabaja en la prevención de los delitos cibernéticos, hablando con los jóvenes principalmente, para advertirles cómo funciona la extorsión, secuestro virtual, fraude, etcétera y se difunden los números telefónicos de donde llaman. En casos de hackeo, la atención es personalizada.
Se le preguntó sobre el “efecto cucaracha” por parte del diputado Eloy Franklin Sarabia y dijo que hay un blindaje y coordinación con 9 estados vecinos, con la coordinación de acciones disuasivas, cursos permanentes, intercambio de información, autorización para ingresar a otro estado en una persecución.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado general Guzmar Ángel González Castillo, señaló a partir del 16 de mayo del 2022 con la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado anteriormente llamada Secretaría de Seguridad del Estado, por iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se dotó a la institución de más de 100 vehículos 13 de ellos tácticos blindados fortaleciendo la capacidad de acción y reacción en temas de prevención y combate de los delitos.
Destacó ante los diputados que en recuperación de vehículos robados mientras que en el 2021 se aseguraban 1,522 vehículos con reporte de robo y 783 sin reporte de robo, en el 2022 se logró la recuperación de 1,533 unidades con reporte de robo y 842 sin reporte de robo.
Según el informe de la SSPC, durante el 2022 se pudo ver una disminución del 58% en secuestros, 44% en extorsiones, 41% en trata de personas, 50% en robo a casa habitación y 55% en feminicidios.
Además, la Federación confirmó que en el primer semestre del año comparado con el mismo periodo del 2022, disminuyeron los delitos de homicidio doloso en 24.8%, secuestro 28.5%, robo de vehículos 22.7% y la trata de personas 16.6%.
Al secretario de seguridad lo acompañaron Gracia Cristina Zúñiga directora del C5; Sergio Márquez Abelar coordinador especializado de justicia penal para adolescentes; Alba Luz Juárez Hernández directora de la Academia General de Seguridad Pública; Arturo Cruz Andrade director general de Prevención y Reinserción Social; Hugo Alberto Hernández Méndez director de Coordinación, Control y Gestión y Jesús Guzmán Juárez jefe de Sección Técnica.
La coordinación de los trabajos estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social presidida por el diputado Rubén Guajardo Barrera, la diputada Dolores Eliza García Román vicepresidenta, diputado Alejandro Leal Tovías secretario y los vocales Emma Idalia Saldaña Guerrero y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.
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Congreso del Estado
Congreso va con todo contra médicos fake y clínicas patito
Se sancionará con una pena de inhabilitación, además de las penas fijadas por los delitos que resulten consumados
Por: Redacción
Con el fin de sancionar el ejercicio indebido de la profesión y ostentación de especialidades médicas no reconocidas, la reincidencia en faltas graves de atención así como la sustitución arbitraria de medicamentos prescritos, se analiza una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal del Estado.
La propuesta plantea que “este delito se sancionará con una pena de inhabilitación de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o privación en caso de reincidencia, además de las penas fijadas por los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, bajo esta última forma de realización será perseguible por querella, y estarán obligados a la reparación de los daños por sus actos propios o de sus auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. Además de los gastos médicos y/o funerarios que en su caso resulten.
En el caso de que un médico se ost ente con una especialidad no validada l
egalmente o en caso de reincidencia por cualquiera de los supuestos anteriores, la punibilidad señalada en el artículo 246, se aumentara en una mitad….en estos casos se impondrá una pena de dos años a seis años de prisión y sanción pecuniaria de sesenta a doscientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
A los responsables, encargados o empleados de una botica o farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina específicamente recetada, por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el que se prescribió, se les impondrá una pena de un mes a tres años de prisión, y sanción pecuniaria de sesenta a doscientos días del valor de la unidad de medida y actualización, además de la reparación del daño ocasionado.
Congreso del Estado
Porpone Congreso Reforma de Ley en casos de abuso sexual en escuelas
El establecimiento de protocolos claros permitirá protegera la víctima desde el primer momento y brindar certeza jurídica alpersonal escolar
Por: Redacción
La fundación internacional Granito de Arena A.C. y el diputado Luis Fernando Gámez Macías presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del estado en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes ante casos de violencia sexual en entornos
escolares.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de cualquier persona de denunciar los delitos cometidos en contra de menores de edad. En consecuencia, resulta necesario armonizar la Ley de Educación del Estado con el marco nacional e internacional, para establecer expresamente la obligación de denuncia inmediata por parte de todo el personal educativo, directivo y administrativo.
El establecimiento de protocolos claros y obligatorios permitirá protegera la víctima desde el primer momento; brindar certeza jurídica al
personal escolar, evitando que su actuación quede sujeta a interpretaciones discrecionales; articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estata
a todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos.
Con estas reformas, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia en la protección integral de la infancia, respondiendo a una deuda histórica con quienes han sufrido abuso sexual sin que sus voces fueran escuchadas.
Congreso del Estado
Proponen modificar la Ley de Fomento a la Lectura en SLP
La diputada Brisseire Sánchez dijo que la lectura va más allá de ser un proceso, sino un elemento importante para la sociedad en general
Por: Redacción
La diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para fomentar la promoción de material de lectura para pueblos y comunidades indígenas, así como para personas con discapacidad.
Trata de una actualización de conceptos dentro de la Ley, como es el de “discapacitados” por “personas con discapacidad”, así como “etnias” por “pueblos y comunidades indígenas” y “lenguas autóctonas” por “lenguas indígenas”, lo que ayudara para una mejor compresión y aplicación de la norma, además de fortalecer lo relativo al fomento a la lectura para pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad.
En la exposición de motivos, la legisladora establece que “la lectura puede entenderse como un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito, enfrentándose a ciertas palabras, números o símbolos, que se traducen en información dentro de la mente, donde los decodifica y aprende”.
La lectura va más allá de ser un proceso, sino al contrario, es un elemento muy importante para la sociedad en general; ayudando a formar criterios, a fortalecer la identidad cultural, a promover compresión de las cosas, lidiar contra la desinformación, además de mejorar la educación y el desarrollo profesional de las personas, entre muchas otras más.
La diputada Sánchez López dijo que “la lectura resulta ser fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad de quienes la practican, ayudando a las personas a experimentar diversas perspectivas y mundos; ayudando a ampliar horizontes, creando empatía y estimulando la imaginación. Lo que, para un país como México, que es rico en diversidad cultural, el promover la lectura puede ser el camino hacia la inclusión social, siendo aplicativo de la misma manera para el estado potosino”.
El hábito de la lectura, se convierte en una herramienta funcional y necesaria, debiendo estar al alcance de todas las personas, sirviendo de puente para lograr una sociedad libre, consiste y capaz en los problemas que se enfrentan día a día. Por ello, el fomento a la lectura, y los elementos que ayudan a acceder a esta, deben estar al alcance para todas las personas, en especial para los grupos vulnerables o de atención prioritaria, encontrando dentro de estos, a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad y personas de pueblos y comunidades indígenas.
La propuesta de reforma establece que se deben crear textos en lenguas indígenas, y braille, para su promoción, fomento y distribución entre los pueblos y comunidades indígenas, y personas con discapacidad de la Entidad; fomentar y promover, en coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la creación literaria en lenguas indígenas del Estado, y buscar mecanismos de distribución para todas las zonas con población indígena de la Entidad.
La iniciativa se analiza en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para la elaboración del dictamen correspondiente.
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