junio 5, 2026

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El ABC sobre la despenalización del aborto y su repercusión en SLP

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Las mujeres con menos de 12 semanas de gestación podrán acudir a cualquier institución de salud administrada por la Federación para acceder a la interrupción del embarazo

Por: Ana G. Silva

El pasado 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo con el cual despenaliza el aborto en todo el país, luego de que la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el sistema jurídico que penaliza esta práctica en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La Orquesta conversó con Metztli Eliana, estudiante de la maestría en Derechos Humanos e integrante del Frente Marea Verde San Luis Potosí, para conocer cómo funciona esta resolución y qué efectos tendrá a nivel estatal.

Metztli Eliana comentó que el recurso de la SCJN es un avance histórico para los derechos de las mujeres, ya que otorga acceso a la salud y al libre desarrollo, pues reconoce que la maternidad no es una obligación natural del sexo femenino, sino que debe ser deseada. Apuntó que la resolución permite interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, periodo en el que el desarrollo fetal no está tan avanzado, es decir que el feto no tiene conexiones neuronales para sentir dolor, placer o algún nivel de conciencia, además de que existe menor riesgo para la persona gestante.

La estudiante de la maestría en Derechos Humanos apuntó que se revocaron los artículos del 330 al 334 del Código Penal Federal, por lo que desde ahora ni a las mujeres gestantes ni al personal médico en una institución administrada por el gobierno federal que provea el servicio se les puede criminalizar.

“Ojo es IMSS, ISSSTE o Pemex, esas instituciones federales; todavía no se puede realizar en instituciones privadas o en instituciones que están administradas por un gobierno estatal que aún no lo haya despenalizado, esas son todavía las limitaciones que mantienen”.

La integrante del Frente Marea Verde señaló que en 2021 hubo otra resolución sobre el aborto por parte de la SCJN, en la que se declaró inconstitucional y el ente federal instaba a los estados a despenalizarlo, pero en la actual se revocan los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, los cuales sancionaban a las mujeres como al personal de salud, en una pena de alrededor de tres años de cárcel: “Ya es más claro, en 2021 hicieron como una recomendación para que los estados despenalizaran el aborto; ahora ya se ha revocado los artículos de Código P enal Federal

”.

Metztli detalló que con el dictamen de la Suprema Corte en 2023 garantiza que todas las mujeres en cualquier estado de la República puedan acceder al servicio del aborto en una institución de salud que sea administrada por el gobierno federal

, algo que en la resolución de 2021 no era posible. Añadió que en 2021 si se realizaba la interrupción del embarazo se abría una carpeta de investigación, pero esta no procedía.

Subrayó que a nivel estatal falta que se despenalice el aborto, es decir que el Congreso local legislativo lo homologue, aunque, detalló, desde 2019 se han presentado diversas iniciativas para que se legisle, no obstante, los diferentes diputados se han negado a hacerlo.

“Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia nos estará beneficiando, porque es un elemento más a favor. Aquí la Suprema Corte les está diciendo a los diputados del estado de una manera más clara y contundente que sí o sí lo tienen que aprobar, que seguir penalizando el aborto en el estado es estar en contra de los derechos de las mujeres y personas gestantes y también es estar en contra de las propias resoluciones de la Suprema Corte. Además es una deuda histórica que el estado tiene con las mujeres y con las personas gestantes”.

El pasado viernes 8 de septiembre, las integrantes del Frente Marea Verde presentaron una iniciativa para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal estatal y con ello despenalizar el aborto en San Luis Potosí y así convertirse en la entidad número 13 en hacer valer este derecho.

“La imposición de un embarazo no deseado implica una restricción severa a la autonomía de la mujer; una maternidad impuesta limita la autonomía reproductiva y obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad en los diferentes ámbitos de su vida social, educativa y laboral; una maternidad forzada atenta contra el derecho de toda persona a la preservación de su salud, contra la integridad física y mental de la mujer no sólo por imponer la gestación y el parto, sino por renunciar a su proyecto de vida. Es por ello que el Estado debe garantizar y proteger los derechos consagrados constitucionalmente, así como los instrumentos internacionales que México ha ratificado”, expresaron como parte de su posicionamiento.

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Ceepac analiza dos denuncias por actos anticipados de campaña

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La consejera presidenta Paloma Blanco confirmó que ambos expedientes ya se encuentran en revisión jurídica; uno corresponde a la Huasteca Potosina

Por: Redacción

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) mantiene en análisis dos denuncias formales por presuntos actos anticipados de campaña e infracciones a la legislación electoral, informó su consejera presidenta, Paloma Blanco López.

La funcionaria explicó que ambos asuntos ya fueron turnados al área jurídica para su revisión, aunque evitó adelantar posibles resoluciones debido a que los expedientes aún se encuentran en etapa de análisis.

Uno de los procedimientos corresponde a un caso registrado en la Huasteca Potosina, mientras que el segundo se refiere a un asunto de carácter local, detalló la presidenta del organismo electoral.

Blanco López precisó que las eventuales sanciones dependerán de los resultados de la investigación y de si se acredita alguna infracción a la normatividad vigente.

La consejera recordó que actualmente San Luis Potosí no se encuentra en periodo electoral formal,

por lo que las consecuencias jurídicas varían según la naturaleza de los hechos denunciados y el momento en que ocurran.

Explicó que la legislación contempla desde sanciones administrativas hasta restricciones para participar en futuros procesos electorales, particularmente en casos relacionados con violencia política en razón de género, además de posibles conductas que pudieran constituir delitos electorales y ser investigadas por la fiscalía especializada.

Las declaraciones fueron realizadas al término de una reunión entre autoridades electorales, legislativas y representantes del Poder Ejecutivo para analizar propuestas de reforma electoral, encuentro en el que, según Blanco López, no se abordaron temas presupuestales ni de financiamiento para futuros procesos comiciales.

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Ciudad

Centro de Salud Mental atiende hasta 35 personas al día

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El DIF Municipal reportó una alta demanda de servicios psicológicos, neuropsicológicos y psiquiátricos en el Centro Histórico

Por: Redacción

El Centro de Salud Mental del DIF Municipal de San Luis Potosí atiende diariamente entre 25 y 35 personas en sus turnos matutino y vespertino, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.

La funcionaria explicó que la creación del centro respondió a la necesidad detectada por el área de Psicología y Prevención del DIF, que identificó una creciente demanda de atención especializada no solo psicológica, sino también psiquiátrica.

Arriaga reconoció que existe una fuerte demanda de estos servicios en la capital potosina y consideró que sería positivo ampliar la cobertura con más espacios de atención en salud mental.

Actualmente, el centro brinda consultas psicológicas, neuropsicológicas y psiquiátricas a usuarios que acuden en busca de atención especializada.

Además del Centro de Salud Mental, el DIF Municipal mantiene servicios médicos a través de cinco centros de salud ubicados en distintos centros comunitarios y mediante la Ruta de la Salud, programa itinerante que visita colonias de la ciudad para acercar consultas y estudios médicos a la población.

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Paridad y representación indígena, los retos electorales para 2027: TEESLP

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La presidenta del TEESLP, Dennise Porras, recordó que solo 15 de los 59 municipios del estado son gobernados por mujeres

Por: Redacción

Dennise Adriana Porras Guerrero, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), consideró que uno de los principales desafíos rumbo al proceso electoral de 2027 será garantizar el cumplimiento efectivo del principio de paridad de género, especialmente en los gobiernos municipales.

Al realizar un balance de las enseñanzas que dejó la reciente elección judicial y los retos que enfrentará el sistema electoral en los próximos años, la magistrada señaló que aún existe una deuda importante en materia de representación política de las mujeres.

Porras Guerrero recordó que actualmente solo 15 de los 59 municipios de San Luis Potosí son gobernados por mujeres, por lo que consideró necesario fortalecer no solo las reglas de paridad en las postulaciones, sino también los mecanismos que permitan que las mujeres accedan y permanezcan en estos cargos.

“Todavía tenemos una deuda pendiente sobre todo en lo que tiene que ver con municipios”, expresó.

La presidenta del Tribunal Electoral también destacó el avance registrado a nivel nacional, donde actualmente 14 entidades federativas son gobernadas por mujeres, una cifra que calificó como inédita. En ese sentido, consideró que para el próximo proceso electoral debe mantenerse, al menos, el nivel de representación femenina que actualmente existe en las gubernaturas del país.

Además de la paridad, señaló que otros temas prioritarios serán la inclusión y representación de grupos históricamente vulnerables, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y los casos relacionados con usurpación de identidad de género en candidaturas.

La magistrada indicó que algunas de estas cuestiones podrían incorporarse dentro de las reformas político-electorales que actualmente se analizan, aunque advirtió que, de no concretarse por la vía legislativa, podrían ser abordadas mediante criterios administrativos o resoluciones jurisdiccionales.

Finalmente, Porras Guerrero destacó la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral y reforzar la información dirigida a la ciudadanía ante la complejidad que representarán las próximas elecciones, donde coexistirán distintos cargos locales y federales.

“Tenemos una corresponsabilidad institucional para que la ciudadanía llegue informada a votar”, concluyó.

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