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IMSS despide a trabajadores que tienen hijos con discapacidad
Hasta el último día de la delegada Garrido, surgen nuevas denuncias en su contra por parte de trabajadores
Por: Ana G Silva
Este 30 de junio es el último día como delegada del IMSS en San Luis Potosí de María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano y luego de la publicación de la columna “La delegada del IMSS ya se va… y lo robado también” publicada por este medio, surgieron nuevas demandas en su contra y del nosocomio.
Mariana Hernández, titular del colectivo Cuidadoras Potosinas y ex trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, denunció discriminación y acoso laboral por parte de la institución de salud por tener un hijo con discapacidad, además se le rescindió su contrato laboral de manera injustificada. Más trabajadores han sido despedidos por la misma causa.
La mujer explicó que estaba por cumplir 17 años de antigüedad como trabajadora en el área de farmacia en el IMSS del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2, Cuauhtémoc, sin embargo fue despedida injustificadamente en marzo de este año.
Relató que desde el 2013 su hijo adquirió parálisis cerebral y epilepsia debido a una omisión por parte de su pareja.
“Mi hijo fue abandonado por su papá en el coche con los vidrios arriba, el niño había nacido sano, pero por esa omisión de su papá adquiere una discapacidad. Cambia de golpe nuestra vida y desde ahí empezó el acoso, porque yo por esta situación me volví cuidadora”.
La también activista indicó que debido a la condición de su hijo comenzó a pedir de forma más recurrente pases de entrada o de salida, lo que la llevó a ser blanco de agresiones verbales, acoso laboral, violencia verbal y violencia psicológica: “Empezaron con negativas de pase de salida o tenia que intervenir siempre el sindicato para que me los autorizaran aunque nunca se me dejó de descontar económicamente”.
Hernández narró que las agresiones iniciaron de manera verbal y psicológica, sin embargo en 2019 pasó a agresiones físicas, pues el entonces administrador del hospital de Cuauhtémoc, Pablo Alejandro Juárez González, el mismo responsable de las vacunas que se echaron a perder en el área de farmacia en 2022, la agredió al entrar al nosocomio, episodio en el que tuvo que intervenir su líder sindical y aunque existe una demanda y una queja, el sujeto agresor no fue despedido.
Luego de los abusos que sufrió Mariana, fue diagnosticada con estrés postraumático y trastorno depresivo mayor y trastorno mixto, es decir ansiedad y depresión; además de una prolactinemia, que es un padecimiento de orden ginecológico.
Sorteando sus problemas de salud, además se agravaron los de su hijo, lo que la llevó a tomar la decisión de solicitar un ajuste laboral razonable, que está m arcado en el artículo tercero de la Convención de las personas con discapacidad, para reducir a cuatro horas su jornada, sin importar la reducción salarial y así poder cuidar a su hijo : “A estas alturas l a epilepsia de mi hijo cada vez es más agresiva y más fuerte al grado de que llega a convulsionarse más de 80 a 100 veces cada noche, entonces es muy desgastante y yo ya no puedo dejarlo solito con su hermana para irse a laborar”.
A pesar de que solicitó el ajuste dos veces más fue ignorada hasta por la misma delegada María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, quien estaba enterada de las agresiones que sufrió en el hospital y que en ningún momento investigó lo que ocurría .
“Yo te puedo enseñar 100 mil oficios que entregué a la delegación, incluido al Órgano de Control Interno del acoso, nunca respondieron ninguno. Me amenazaban entre el jefe de jurídicos Raúl Mario Beltrán y abogados de ahí de la delegación, yo pedía días a cuenta en ocasiones por internamientos de mi hijo, por estudios que se le tenían que hacer”.
La ex trabajadora del IMSS dijo que antes de ser despedida pidió dos días a cuenta, que es una prestación para adelantar vacaciones y lo pueden requerir todos los trabajadores a través de un oficio sindical que es firmado por la jefa de personal, pues tenía que llevar a su hijo a realizarse un estudio a Zapopan, Guadalajara. Sin embargo, a pesar de que presentó el formato en tiempo y forma, dos semanas después fue citada a jurídicos argumentando que había faltado y por esa razón fue despedida.
Mariana no fue la única persona que fue despojada de su trabajo por esta razón, pues lo mismo le ocurrió a un médico y a una de sus compañeras en el área de intendencia, ambos tenían hijos con alguna discapacidad y aunque son cuidadores, los despidieron por faltas.
“En la junta de jurídicos, que es la audiencia del IMSS interna, me corrieron y hacían muchísimo mucho hincapié y de que a mí me gustaba ayudar a mis compañeros que tienen hijos con discapacidad, de que qué iba a pasar si la ley se aprobaba que entonces toda la gente que somos cuidadores vamos a aprovechar para no trabajar por con el pretexto de cuidar a nuestros hijos, pero como en tono de burla”.
Mariana fue despedida desde el 31 de marzo y desde entonces no ha podido proveer de manera económica a sus hijos y ahora está a la espera de una audiencia de juicio laboral donde se definirá su situación.
“Pues las cosas están así, la delegada sigue protegiendo a la gente corrupta de la delegación, nos están corriendo a los trabajadores que estamos en esta situación. Se me hace tan absurdo que siendo el IMSS se atreva a dañar así a trabajadores cuidadores, porque pues no es cualquier empresa ajena a la salud, es una empresa que debe priorizar la salud y el bienestar social. Ya no tengo nada que perder”.
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Rector de la UASLP se deslinda de acusaciones de extorsión
“Jamás he pedido dinero a nadie”, dijo Alejandro Zermeño ante el proceso legal en su contra
Por: Redacción
Ante la denuncia penal interpuesta por la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V. en la que se acusa al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, de estar implicado en una supuesta red de extorsión relacionada con el contrato de arrendamiento del predio donde se planeaba construir el “Centro Deportivo Santa Fe”, el rector rechazó cualquier implicación en actos indebidos.
En entrevista, Zermeño Guerra informó que el proceso legal por la rescisión del contrato con la empresa ya está en marcha, pero será encabezado directamente por la abogada general de la universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, y que no emitirán declaraciones públicas al respecto mientras el caso se encuentra en manos de las autoridades.
“Lo va a manejar ella. No vamos a hacer comentarios en prensa porque queremos que sea presentado ante las autoridades y estamos a la espera de los resultados”, declaró el rector.
Zermeño también aprovechó para rechazar las acusaciones que lo señalan como beneficiario de un intento de extorsión a través de un empresario de medios: “Yo cuando llegué a la rectoría hace cinco años, conocí a muchos directores de medios. Había dos que conocía desde antes por cuestiones familiares y de escuela, pero la gran mayoría los conocí al llegar aquí. Y a ninguno le he pedido en ningún momento que haga una negociación a mi petición. Nunca hemos pedido a nadie que solicite dinero para mí, absolutamente a ninguno ”, afirmó.
Sobre los señalamientos del apoderado legal de VEM, Fabián Espinosa Díaz de León, que involucran tanto a miembros de la comunidad universitaria como a periodistas y empresarios de medios, Zermeño dijo que se trata de una acusación de mala fe, cuyos elementos deberá esclarecer la autoridad judicial.
“Nosotros como institución estamos haciendo los trámites que consideramos correctos. Habrá una autoridad superior que decida qué es lo procedente en este contrato, y cumpliremos lo que la autoridad nos diga”, concluyó.
La denuncia interpuesta por VEM acusa a cuatro personas de extorsión, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, asociación delictuosa y otros delitos, y sostiene que se intentó presionar al empresario para aumentar el monto de la renta o entregar beneficios económicos, presuntamente con conocimiento y aprobación del rector. La universidad sostiene, por su parte, que el contrato fue rescindido conforme a derecho y espera que el proceso judicial deslinde responsabilidades.
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Ayuntamiento de SLP
Delitos en el Centro Histórico son “maximizados”
El alcalde Enrique Galindo dijo que hay cercanía con víctimas de hechos recientes, quienes negaron el robo de montos mayores, presencia de armas o violencia
Por: Redacción
Tras los hechos delictivos recientemente ocurridos en el Centro Histórico de la capital potosina, el alcalde Enrique Galindo Ceballos mencionó que la autoridad ha mantenido cercanía con las víctimas, quienes han manifestado el robo por montos económicos menores, o en los que no existe presencia de armas de fuego o violencia contra empleados.
El alcalde capitalino explicó que en el robo a una tienda de textiles y blancos en Carranza e Independencia, se informó preliminarmente la sustracción de medio millón de pesos, cuando la propietaria del establecimiento declaró a la autoridad que solo robaron 500 pesos. Mientras que en el caso del Café Corta’o, el alcalde capitalino sostuvo comunicación directa con el dueño, quien le informó que en ningún momento hubo presencia de armas de fuego, como se dio a conocer en algunos medios de comunicación.
Pese a ello, reiteró que la vigilancia en el Centro Histórico será reforzada y se implementarán diversas estrategias en la materia para garantizar la tranquilidad de comerciantes y visitantes a este punto de la ciudad.
“Sí se están maximizando cosas que no tienen la gravedad con la que luego se están proyectando, pero al final nosotros vamos a trabajar por el Centro Histórico, vienen intervenciones muy fuertes”, enfatizó.
Finalmente, señaló que emitir esas versiones solo provoca un desprestigio al Centro Histórico, lo que no beneficia a nadie, por lo que continuarán las labores de seguridad en este punto: “al hablar mal del Centro Histórico, como a veces algunas gentes lo quieren hacer, nos autoperjudicamos nosotros, a nadie beneficia”.
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SLP no controla medicamentos en hospitales: Gallardo
El gobernador detalló que proyectan un abasto de 90% en suministro de medicamentos en los nosocomios, que podría alcanzarse en dos semanas
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reveló que, desde diciembre pasado, el Gobierno del Estado ya no tiene injerencia directa en el abasto de medicamentos en los hospitales públicos, debido al traspaso total de esta responsabilidad al programa federal IMSS-Bienestar.
“Ya no tenemos ni los almacenes ni los vehículos. Entregamos todo el sistema a la Federación y ahora dependemos de sus reportes para saber qué falta”, expresó Gallardo, al asegurar que hoy el Estado ya no puede verificar ni anticiparse a los desabastos como lo hacía antes.
Hasta el año pasado, el Gobierno estatal intervenía para cubrir huecos en el suministro, incluso comprando medicamentos con recursos propios, mismos que luego eran reembolsados por la Federación. “Teníamos ojos en los almacenes y sabíamos cuánto teníamos y cuánto faltaba. Hoy eso ya no pasa”, lamentó.
Pese a ello, el mandatario aseguró que mantiene comunicación constante con Zoé Robledo, titular d el IMSS , y con el responsable estatal del programa, el doctor Daniel Acosta, para presionar por mejoras. De acuerdo con los datos proporcionados por el propio IMSS-Bienestar, el abasto de medicamentos pasó del 68% la semana pasada al 85% esta semana, y se proyecta que alcance el 90% en los próximos 15 días.
Ante la falta de control sobre el sistema hospitalario federal, Gallardo informó que su gobierno mantiene campañas alternas de salud y suministro de medicamentos a través de las Clínicas Rosas, una estrategia propia del Estado. Este año se han abierto cinco nuevas sedes y próximamente se inaugurará otra en El Huisache, una comunidad del Altiplano con fuerte rezago en servicios médicos.
“Intentamos apalancar lo que le falte al IMSS-Bienestar con nuestras clínicas. No es lo ideal, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados”, afirmó el gobernador.
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