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Debe haber acciones legales contra responsables de El Realito: Peña de Paz
El doctor del programa de “Agua y Sociedad” en el Colsan dijo que se debe proceder contra la empresa operadora y los funcionarios de las administraciones de Carreras, Toranzo y De los Santos
Por: Bernardo Vera
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado de San Luis Potosí, y Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital, dieron a conocer el pasado 8 de marzo que la presa El Realito no abastecerá de agua a la capital durante los próximos meses, esto debido a que se detectaron fallas estructurales importantes en la cortina de la presa, lo que generará una crisis hídrica en la zona metropolitana. Al respecto el doctor Francisco Javier Peña de Paz, profesor investigador del programa “Agua y Sociedad” del Colegio de San Luis (Colsan) expuso que la ejecución de planes emergentes por parte de las autoridades municipales y estatales es una decisión adecuada. Sin embargo, mencionó que debe existir una reacción de las autoridades para castigar a la empresa Aquos, perteneciente a ICA (Ingenieros Civiles y Asociados), de esta red acuífera y a los funcionarios de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de las administraciones de Marcelo de los Santos, Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras que en su momento permitieron y autorizaron su operación.
“La línea de responsabilidad va en dos sentidos: la empresa operadora, pero también, no hay que olvidar que los acuerdos y la supervisión de este trabajo se hizo por parte de la CEA. Lo que tiene que haber es, de inmediato, una medida de carácter jurídico, comercial, legal, para demandar a las empresas que construyeron mal, tanto la presa como el acueducto. Esas empresas están cobrando desde 2015 y está funcionando el contrato de entrega de un metro cúbico por segundo y no han cumplid o. Tanto para la empresa como para los funcionarios gubernamentales”.
Peña de Paz dijo que la red de El Realito fue construida para resolver el problema de abastecimiento de agua por un periodo de 30 a 40 años, cuando en realidad no aguantó ni seis meses y se ha mantenido en constantes desperfectos desde 2015. Añadió que se deben priorizar las acciones a corto, mediano y largo plazo. Además, que la distribución del recurso llegue, en primera instancia, al consumo doméstico de las colonias más desfavorecidas y no al sector industrial.
“Aunque no hubiera problemas en El Realito y aunque no fuera el momento de mayor escasez de lluvias, hay un sector de la ciudad a la cual en general siempre le tocan la peor parte en el reparto de agua. El norte de la capital, el oriente, varias colonias como Satélite, ahí hay problemas de abastecimiento de agua con El Realito, sin El Realito, antes y después de El Realito. Hay que dirigir muy bien hacia dónde tiene que ir el agua: a las colonias más pobres”, mencionó el investigador.
El experto del Colsan consideró viable la ejecución del plan emergente realizado por el Ayuntamiento; En cuanto a la rehabilitación de pozos ya existentes, dijo que muchos de ellos dejaron de operar y fueron abandonados por la promesa de que El Realito mantendría el acuífero a salvo sin la explotación del mismo. Mientras que en la perforación de nuevos pozos, sugirió que se efectúe con un estudio y un análisis adecuado porque “pronto deja de haber suficiente nivel freático para sacar el agua y es una inversión cara y de muy escaso resultado. Pronto hay que volver a perforar más abajo o hay que cerrarlo, hay que ser muy precisos y no dejar eso en manos de compañías privadas, que lo único que quieren hacer es negocio”, compartió.
Finalmente, señaló que una de las medidas más importantes a largo plazo deberá ser la conservación de la sierra de San Miguelito, actualmente catalogada como Área Natural Protegida, ya que gracias a ella se logra captar el agua de manera natural.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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