agosto 15, 2026

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Congreso del Estado

Secretario de Finanzas compareció ante el Congreso de SLP

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González Martínez acudió a la última ronda de la glosa del informe por el primer año de gobierno de Ricardo Gallardo

Por: Redacción

Jesús Salvador González Martínez, titular de la secretario de Finanzas (Sefin) del gobierno del estado de San Luis Potosí, acudió a la segunda comparecencia de la última ronda, donde las y los legisladores locales tuvieron posibilidad de ampliar la información de la dependencia a cargo del funcionario estatal, principalmente en temas como la contratación de un crédito quirografario, el déficit financiero recibido por la anterior administración en la secretaría de Educación, y el programa de placas gratuitas.

Alejandro Leal Tovías, diputado local, cuestionó el funcionamiento de las ventanillas de atención durante la contingencia sanitaria , a lo que González Martínez respondió que se redujo la plantilla laboral y se han emitido 400 mil placas, además de módulos móviles que no existían.

El diputado Alejandro Leal Tovías preguntó sobre el funcionamiento de las ventanillas en atención al pública por la pandemia; el secretario Jesús Salvador González respondió que de 780 trabajadores al inicio de la gestión se redujo en 100 la plantilla y así, se han emitido 400 mil placas y en zonas lejanas se pusieron en funcionamiento módulos móviles que no existían.

La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán le preguntó sobre el apoyo a las preparatorias por cooperación y los centros de bachillerato comunitario, que no han recibido los recursos completos; a lo que el titular de la Sefin dijo que el déficit con que se recibieron estos entes fue de 17.5 y 9 millones de pesos respectivamente, y se les administran recursos propios del estado, no federales, como van llegando. De 26 millones entre ambos, se les adeudan no más de 15 millones de pesos.

La legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón preguntó sobre las condiciones financieras del sector educativo; y Salvador González respondió que el déficit inicial era de 10 mil millones de pesos, por adeudos con el ISSSTE por ejemplo de 2,100 millones, que actualizados son 2,400 y como están de garantías las participaciones federales, en agosto se iban a descontar 38 millones de pesos, que finalmente se mantuvieron en las arcas por gestiones del gobernador del estado.

La congresista Dolores Eliza García Román preguntó sobre los programas de licencias y placas gratis y el combate al “coyotaje”; y el secretario de Finanzas dijo que la dependencia a su cargo tiene 40 oficinas recaudadoras con 600 empleados, de los cuales el 90 por ciento son los mismos que venían prestando sus servicios antes de esta administración; los actos de corrupción se combaten junto con las autoridades.

González Martínez detalló que en un año se prestaron 750 mil servicios, con lo que se cubrió el plaqueo del 50 por ciento del parque vehicular, y se generaron ingresos que no se tenía antes por derecho de control vehicular, pues si se dejaron de percibir 65 millones de pesos, ingresaron más de 300 millones por el otro concepto. El diputado René Oyarvide Ibarra abundó sobre el tema de los ingresos y la respuesta fue que, gracias al tema de las placas y al aumento del 2.5 al 3.0 por ciento en el impuesto sobre nómina, los ingresos propios adicionales crecieron un 33 por ciento al llegar a 1,900 millones con proyección de 600 millones más en lo que resta del año.

El tema de los adeudos con Telesecundarias fue abordaron por los diputados María Claudia Tristán Alvarado y Edmundo Torrescano Medina; y el funcionario estatal dijo que no se paga con recursos federales la totalidad, sólo 700 millones de mil 400 millones que cuesta, pero la Federación no acepta cubrir el 100 por ciento por contraprestaciones desproporcionadas. Sobre el “coyotaje” reiteró que hay 10 denuncias interpuestas.

A la legisladora Emma Saldaña le respondió que el manejo de la deuda ha sido responsable; asciende a 3,600 millones de pesos a largo plazo, la cual es manejable para el presupuesto total del gobierno. Prometió que habrá apoyos para la Cruz Roja y H. Cuerpo de Bomberos.

La legisladora Gabriela Martínez Lárraga preguntó sobre el costo del crédito quirografario de 1,500 millones de pesos contratado a inicios de la administración, para hacer frente a la grave situación financiera heredada y los recursos destinados al uso de aeronaves. Le respondió que del crédito ya solo se deben 210 millones de pesos y las aeronaves su usan para tareas de seguridad y como ambulancias aéreas.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno preguntó sobre los apoyos a personas con discapacidad y la respuesta fue que se está analizando el convenio con la Federación, mientras que a la diputada Bernarda Reyes Hernández le dijo que se da servicios a los habitantes de comunidades alejadas, a través de módulos móviles pues en comunidades no hay tecnología ni instalaciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima.

Jesús Salvador González Martínez habló sobre las proyecciones presupuestales para 2023, y dijo que en el Ramo 28 este año se ejercen 21,392 millones de pesos pero la Secretaría de Hacienda destinará 25,497. En el Ramo 33, se ejercen 21,351 millones de pesos y en el proyecto de egresos 2023 se estiman para San Luis 23,633 millones de pesos, lo que significan 2,282 millones más que este año, es decir, un aumento del 10 por ciento. En suma, San Luis recibiría 6,387 millones de pesos más que en 2022 lo que será un panorama alentador porque se refleja en apoyo a los municipios para obras de infraestructura y combatir el rezago.

El diputado Eloy Franklin Sarabia planteó los problemas del gobierno por adeudos derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y el titular de Sefin señaló que se ha logrado despresurizar esa situación debido a los adeudos de tres créditos fiscales firmes, principalmente dos con el SAT. Se está pagando uno de 400 millones de pesos y cuando concluya, se empezará a pagar otro de 900 millones gracias a un convenio.

La diputada Patricia Aradillas Aradillas preguntó sobre la presunta falta de apoyo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). En el primer caso, señaló el secretario que la Máxima Casa de Estudios ejerce dos mil 450 millones de pesos anuales de los cuales 280 millones son aportaciones estatales y se ha cumplido con la transmisión de los mismos, con un convenio para aportar recursos adicionales en el cierre del ejercicio fiscal, ya que la Federación aportará 66 millones y el estado 11 millones. Al Ceepac se le presupuestaron 180 millones, de los que ya se le pagaron 137 y lo que falta será transferido en los próximos meses.

El legislador Mauricio Ramírez Konishi preguntó sobre el impacto inflacionario que viene y que no estaría contemplado en el presupuesto 2023, afectando a los trabajadores al servicio del estado. “Estamos en el análisis de ese impacto en el capítulo 1000 de sueldos y salarios y si el presupuesto no refleja incremento, no es porque no se haya tomado en cuenta la inflación o la actualización sino por las economía que estamos realizando”.

En su exposición inicial, el secretario de Finanzas Jesús Salvador González Martínez manifestó que los pasivos encontrados al inicio de la Administración fueron de aproximadamente 19,400 millones de pesos, de los cuales, la Deuda Pública Bancaria a Largo Plazo se encontraba en 3,609 millones de pesos. Existía una presión de gasto con temas educativos como el de Telesecundarias, Colegios de Bachilleres, Pensiones y Organismos Públicos Descentralizados, así como el desbalance financiero en la Secretaría de Salud.

“El pasado mes de diciembre, se tomó la decisión de contratar un crédito quirografario por un monto de 1,500 millones de pesos, para solventar gastos de nómina y demás prestaciones de fin de año, como estrategia para que la operatividad de la administración no se detuviera. El saldo de este crédito quirografario a corto plazo al 30 de septiembre del presente año es de 210 millones de pesos. Para el cierre del año 2021, la administración anterior tan sólo dejó en las arcas estatales 350 millones de pesos, comprometidos a pagar en nómina inmediata”.

Una de las medidas tomadas por la Secretaría de Finanzas desde el inicio de la administración, y ante la afectación del balance presupuestario que dejó el gobierno anterior, fue la contención del gasto de operación. Como estrategia inmediata, se instauró en todas y cada una de las dependencias tanto en las públicas centralizadas como descentralizadas, disciplina en la aplicación del gasto.

Así mismo, con la aprobación del pleno, se reformó la Ley de Hacienda del Estado, actualizando la tasa de Impuesto Sobre Nómina al pasar del 2.5 al 3%, con lo que se han obtenido ingresos adicionales de alrededor de 480 millones de pesos al mes de septiembre. Cabe mencionar que de enero a septiembre del presente año se han recaudado 1,930 millones de pesos de impuestos sobre nómina que representan el 33% más de lo recaudado en el mismo período de tiempo del año anterior.

“Diversas acciones puestas en marcha desde el primer día de este Gobierno han permitido tener un incremento muy considerable en inversión pública. Reflejo de ello es el avance en materia de inversión en infraestructura. Esto se ve reflejado en las obras emblemáticas de la administración del Señor Gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, por mencionar algunas tenemos el Circuito Potosí, la remodelación de las instalaciones del Parque Tangamanga 1 y 2 así como la remodelación de las instalaciones de la Feria Nacional Potosina. Lo anterior fue posible por el incremento en inversión, ya que invertimos alrededor de 7,000 millones de pesos, comparado con los 840 millones de pesos que se invirtieron en el último año de la pasada administración”, señaló.

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Iniciativa busca sancionar penalmente la apología al maltrato animal

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Brisseire Sánchez plantea de cinco a doce meses de prisión para quien incite el maltrato animal en redes sociales

Por: Redacción

El Congreso del Estado analiza una iniciativa que castigaría con cárcel a quien incite o haga apología del maltrato animal a través de redes sociales u otros medios digitales.

Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó la propuesta de reforma al Código Penal del Estado para crear un tipo penal específico ante lo que describió como un vacío legal: hoy nadie sanciona a quien promueve, organiza o difunde contenido que glorifica o incita actos de crueldad contra animales, incluido el que se viraliza en plataformas digitales con fines de entretenimiento, reconocimiento social o ingresos por reproducciones.

La iniciativa también busca precisar el artículo 317 QUÁTER del Código Penal.

“El tipo penal se diseña bajo criterios de estricta taxatividad, limitándose a sancionar únicamente aquellas expresiones que, de manera dolosa, pública y con capacidad real de provocar la comisión del delito de maltrato animal, constituyan una verdadera incitación o promoción de conductas ilícitas”, plantea la iniciativa.

La propuesta aclara que no busca restringir la libertad de expresión: solo aplicaría a quien, de forma dolosa, promueva, incite o convoque a cometer maltrato animal, o difunda material audiovisual con el propósito de glorificar o incentivar ese tipo de conductas y con riesgo real de provocarlas.

Quien cometa el delito enfrentaría de cinco a doce meses de prisión, multa de 30 a 130 días de UMA, y hasta un año de inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con el cuidado de animales. Si la incitación deriva en un caso real de maltrato animal, la pena se sumaría a la del delito cometido.

La iniciativa se turnó a las comisiones Primera de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente para su dictamen.

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Congreso investigará a empleados por filtrar documentos

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Héctor Serrano anunció un proceso ante el Contralor contra asesores y empleados del Congreso

Por: Redacción

El diputado Héctor Serrano Cortés anunció que el Congreso del Estado iniciará un proceso ante el Contralor contra asesores y empleados a los que atribuye la filtración de documentos legislativos, con el fin de aplicarles las sanciones que marca la ley.

El caso llegará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Según el legislador, lo que la institución detectó no es un tráfico de documentos en abstracto, sino la actuación de personal específico: “algunos asesores y algunos empleados del Congreso del Estado”.

Serrano Cortés reconoció que ese personal tiene derecho a sus propias filiaciones partidistas y simpatías políticas, pero sostuvo que dentro de la instituTodas las entradasción están obligados a cumplir “cabalmente con la honorabilidad”.

El diputado calificó las filtraciones como acciones sin sentido y con un propósito determinado: “totalmente con el único afán de generar una crisis”. Y las ligó al caso del dictamen sobre los requisitos para designar Fiscal General, que según las versiones publicadas se modificó dos veces: “es alguien que está provocando”.

“Vamos a encontrar dónde está el meollo del asunto y generaremos la responsabilidad necesaria a los empleados, ya sean asesores o del cuerpo legislativo, que hayan incurrido en una deslealtad de esta naturaleza”, afirmó.

Sobre el mecanismo, fue explícito: el procedimiento arrancará ante el Contralor y concluirá con las sanciones previstas en la norma.

El anuncio llega en la misma entrevista en que Serrano Cortés respaldó la iniciativa federal para regular plataformas digitales e inteligencia artificial, y en la que sostuvo que esa regulación “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”.

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Serrano llama “política ficción” a las dudas sobre la fiscal

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Héctor Serrano negó que la reforma constitucional afecte la permanencia de Manuela García

Por: Redacción

El diputado Héctor Serrano Cortés calificó de “política ficción” los señalamientos de que la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado pone en riesgo la permanencia de la fiscal general Manuela García Cázares.

La expresión, que Carlos Salinas de Gortari volvió célebre en el vocabulario político mexicano para descalificar cuestionamientos incómodos, la usó el legislador para atribuir esos escenarios a un intento de generar divisionismo y confusión entre los ciudadanos.

Serrano Cortés sostuvo que la reforma no modifica la estadía de la fiscal, no tiene efecto retroactivo y que el ordenamiento “es perfectamente claro”. A su juicio, el cambio garantiza tanto la permanencia de García Cázares como el funcionamiento de la institución.

La modificación fue necesaria, explicó, porque los requisitos para designar Fiscal General del Estado eran los mismos que para ser magistrado, un empalme derivado del proceso de elección de integrantes del Poder Judicial. Con la reforma, esos requisitos se homologan a la legislación federal.

“Aunque quedara sin el artículo transitorio que ratifica la permanencia de la Fiscal General durante su periodo, no hay ninguna afectación”, afirmó el diputado, quien añadió que la certeza se necesita para continuar con el proceso de los fiscales, que “no tiene únicamente que ver con la señora fiscal”.

El legislador enmarcó las versiones de conflicto en la víspera del proceso electoral y sostuvo que no han conseguido generar fricción en el equipo que encabeza el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Habló de una armonización total, con respeto y comunicación.

Sobre su relación con el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, a quien ubicó como cercano en lo institucional y en lo personal, Serrano Cortés dijo: “nosotros formamos parte de un proyecto y ningún interés personal se impondría jamás ante el proyecto en el que estamos incrustados”.

El diputado calificó como magnífico el trabajo de la fiscal y afirmó que el Congreso del Estado lo reconoce.

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