México
En la marcha del 15 de noviembre; la mayoría culpa a manifestantes de la violencia: encuesta
De las Heras indicó que un 62% de los encuestados cree que hubo grupos pagados para provocar incidentes
Por: Redacción
Una encuesta telefónica nacional realizada por De las Heras el 19 y 20 de noviembre de 2025 muestra que las movilizaciones del 15 de noviembre tuvieron un amplio alcance mediático y social. El estudio, aplicado a mil personas mayores de 18 años con teléfono fijo, señala que el 78% de la población estuvo enterada de las marchas realizadas en diversas ciudades del país, mientras que solo el 22% no tuvo conocimiento del tema.
En cuanto a la percepción sobre quién convocó las movilizaciones, los resultados indican que la ciudadanía no tiene una identificación homogénea. El 33% considera que la organizó la Marea Rosa, mientras que un 26% cree que fueron los jóvenes quienes la impulsaron. Otro 5% considera que ambos grupos participaron, y un 36% dijo no saber.
El estudio también exploró la opinión pública respecto a los hechos de violencia registrados durante las marchas. El 51% de los encuestados señala a un grupo de manifestantes como responsables del inicio de los actos violentos, mientras que el 21% considera que fue la policía. El 28% restante no tiene claridad sobre quién inició los incidentes.
Una percepción similar aparece en torno a la posibilidad de que hubiera grupos infiltrados: el 62% de las personas encuestadas cree que hubo un grupo de manifestantes pagado para provocar disturbios, frente a un 20% que descartó esa posibilidad. 
Respecto al desempeño de las corporaciones de seguridad, la opinión de los entrevistados se encuentra dividida. El 39% considera que la actuación policial fue “justa”, mientras que el 28% la califica como “excesiva” y el 15% la ve como “débil”. El resto no logró definir una opinión. Estos datos evidencian una evaluación ciudadana fragmentada sobre el papel de la fuerza pública durante las protestas.
La encuesta también midió la percepción sobre si el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reprime o no la libertad de expresión. Según los datos, el 53% cree que no existe represión, mientras que el 38% considera que sí. El 9% no cuenta con opinión al respecto. Esta división muestra que, pese a la intensidad del debate público alrededor de las marchas, una mayoría sostiene que no existe una política de inhibición directa a las expresiones ciudadanas.
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Las nuevas consejeras y consejero del INE son: Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López
Por: Roberto Mendoza
La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para designar a los tres próximos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, luego de una jornada legislativa que el coordinador parlamentario Ricardo Monreal definió como dificil por las negociaciones en el bloque oficialista.
El documento definitivo inscribió los expedientes de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López. Este consenso requirió modificaciones internas en la coalición de Morena, PT y PVEM, donde se invirtió la cuota de género de la primera propuesta para asegurar el respaldo de los petistas, mientras que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano mantuvieron su postura en contra del proyecto.
El desahogo técnico en el tablero electrónico contabilizó 334 votos a favor, 127 en contra y cero abstenciones, por lo que se alcanzó la mayoría calificada, la presidencia de la Mesa Directiva oficializó la elección de los perfiles para su posterior toma de protesta de ley ante el órgano electoral federal.
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México
La Cámara de Diputados avala la reforma constitucional para unificar el delito de feminicidio
El dictamen faculta al Congreso de la Unión para estandarizar las sanciones y protocolos de investigación en las 32 entidades
Por Roberto Mendoza
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 466 votos la minuta proveniente del Senado que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política para crear una ley general en materia de feminicidio, que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción.
El análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales advierte que la diversidad de redacciones en los códigos penales estatales produce tratamientos judiciales desiguales para crímenes de la misma naturaleza. La expedición de la nueva normativa centralizada buscará homologar la acreditación de razones de género e integrar en los procesos ministeriales el reconocimiento de violencias sistémicas previas
La modificación constitucional otorga al Poder Legislativo federal la atribución de diseñar los estándares operativos y procedimentales para este delito a nivel nacional. Este cambio jurisdiccional tiene como fin eliminar las discrepancias en las entidades federativas y dotar a las autoridades de un marco legal único que evite vacíos técnicos durante la judicialización de las carpetas de investigación.
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El Pleno de la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad relativa a discursos de odio y discriminación
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron una porción normativa del artículo 189 fracción I del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que sanciona con pena de prisión y multa a quien apoye a difundir expresiones de odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupo de personas.
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor del proyecto por considerar que esta parte de la norma resulta demasiado amplia y ambigua e, inclusive, tiene un efecto inhibidor en la libertad de expresión, sobre todo de las personas dedicadas al periodismo.
Señaló que la difusión en medios electrónicos, impresos o digitales de actos realizados por otras personas que pudieran resultar discriminatorios podría ubicar a esos profesionales de la comunicación en el riesgo de incurrir en la conducta que tipifica y sanciona penalmente la norma.
“En este caso los verbos “provocar” o “incitar” se refieren a las personas que alientan a otras a adherirse a sus mensajes o discursos de odio, así como a llevar a cabo actos discriminatorios, así como participar en actos con resultados violentos, ya sea en perjuicio de una persona en particular o de un grupo humano determinado, particularmente de la comunidad LGTBIQ+, la cual sufre discriminación estructural, violencia sistemática y exclusión social, que fue uno de los motivos por los que el legislador local justificó la aprobación de la norma”, detalló la Ministra.
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