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El nido del crimen en Carranza
La que un día fue una de las casas más bellas de San Luis Potosí, hoy es foco de asaltos, invasiones a propiedades, acoso, violencia y hasta un suicidio sin que las autoridades hagan algo
Por: Karina González
El número 905 de la avenida Carranza en la capital de San Luis Potosí, entre las calles Francisco Eduardo Tres Guerras y Francisco de P. Mariel, se ubica una casa que anteriormente fungía como sede de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), que el 22 de enero del 2021 cambió de sede; ahora este inmueble, debido a que el predio se encuentra en un litigio entre el dueño y el gobierno del estado, la propiedad está abandonada y es habitada por al menos 15 personas de manera fija y decenas más que buscan refugio, la que convertido a la colonia La Moderna en un sitio inseguro para vivir, pues los robos a casas, invasiones de terrenos, asaltos, tráfico y consumo de drogas, y destrucción de la propiedad privada se han incrementado y, de acuerdo con pruebas recolectadas por vecinos y vecinas, están relacionadas con el nido de delincuencia que se ha formado alrededor de ese espacio que en otro tiempo fue una de las casas más bellas de la ciudad.
En exclusiva para La Orquesta, un comité de vecinos manifestó la problemática que enfrentan desde enero del 2021, cuando la casa quedó abandonada: a los pocos meses de que el sitio estaba en desuso, personas en situación de calle comenzaron a entrar al lugar; sin embargo, lejos de buscar un refugio para las inclemencias del clima, vieron en la casa un lugar para drogarse, vandalizar y además desmantelarla para vender todo lo que pudieran del sitio.
El 4 de noviembre del 2021, a las afueras de la casa, fue encontrado el cuerpo de un joven de 17 años, quien se suicidó al colgarse de un árbol. El menor había desaparecido ese día.
“Primero rompieron los cristales, después la reja de protección que está sobre la calle Carranza; siguieron las puertas, las chapas, el cableado, la tubería, incluso se han llevado partes del piso”, fue parte del testimonio de los vecinos, quienes además de ver cómo la zona se llena invasores, sufren porque sus viviendas dejaron de ser sitios seguros y han sido víctimas de decenas de delitos cometidos por los ocupante ocasionales.
El desmantelamiento de la casa es tanto, que los vecinos temen que se provoque alguna fuga de gas porque rompen paredes para extraer tuberías, incluso, comenzaron a perforar también las bardas de los vecinos. Tanto el interior como el exterior de la propiedad es usado para hacer fogatas y esto ha debilitado el piso, al grado de que los bomberos recomendaron no ingresar al área con construcción porque podría colapsar, ya que debajo hay un sótano.
La parte trasera del inmueble colinda con las azoteas del resto de los vecinos 
El grado de la invasión ha llegado a tal punto que en esta casa tomada cuentan con todos los servicios, pues se cuelgan del cableado eléctrico y roban agua de los tinacos con conexiones clandestinas:
“Se roban hasta la ropa que tenemos en el tendedero”, dijo una de las vecinas. El hurto de vehículos y autopartes se ha disparado en la zona, así como el número de cristalazos, coches rayados, robo a comercios y acoso.
Cerca de la zona existe una academia de danza a la que estas personas acuden para acosar a las estudiantes que salen por las tardes y noches, el mismo caso con otras mujeres que pasan cerca; lo que ha desatado el temor de quienes deben transitar cerca, ya que la mayor parte del tiempo estos sujetos están visiblemente alterados y cargan consigo tubos y palos.
Pese a que se han interpuesto denuncias sobre el desmantelamiento de la casa, los cientos de robos y daños a viviendas, oficinas y vehículos ante la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal y la Guardia Civil, nadie ha hecho nada; únicamente se incrementó el patrullaje en la colonia La Moderna en algunos horarios, pero la presencia de estos cuerpos policiales no ha reducido la incidencia delictiva.
“A ellos no les importa que se los lleve la policía, porque hasta bromean con que después los dejan libres; incluso a veces ya ni los reciben, de tanto que los arrestan. Sobre el desmantelamiento de la casa nos dicen que nada se puede hacer, porque tiene que denunciar el dueño; sobre los robos a nuestras viviendas, solo a veces vienen patrullas, pero realmente en uno o dos días vuelven a vagar, ya los tenemos identificados y lamentablemente ellos nos tienen identificados a nosotros”, relataron.
Los afectados explicaron que en más de una ocasión, decenas de vecinos se han cooperado para poner protecciones y rejas a la casa del 905 como una forma de ahuyentar a los invasores, sin embargo, vuelven a romper la herrería para apropiarse del sitio.
También lee: Gobierno federal envió 650 elementos de la Guardia Nacional a SLP
Martes 18 de agosto de 2026
ALTA INTENSIDAD
Culto Público, hijos de Juan Ramiro trabajando o Ricardo distrayendo:
Este martes la conversación pública de la agenda mediática es un incoming al tablero del 27 y por eso comienzo con lo que yo preguntaría:
Si gana el partido Verde en San Luis en 2027 ¿La presidenta Sheinbaum lo vería como un triunfo de la 4T o una entidad perdida por Morena?
Si supieramos la respuesta, muchas cosas estarían claras desde ahora, en lugar de estar jugando a las incertidumbres con metástasis.
Ya le gustó a alguien usar columnas y trascendidos nacionales para sacudir el avispero potosino:
En julio se publicó un comentario respecto a que Juan Carlos Valladares es bien visto no solo en la cúpula morenista, sino en la cúpula presidencial (que es la que importa) y que es él el único que puede ser el factor para construir la alianza #17.
Se dice que ese mismo día, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, pidió cita para desayunar con Valladares. Reunión que el diputado federal ha pospuesto por razones evidentes. Ninguno de los datos se puede dar por un hecho porque no tengo confirmado -que conste-
Hoy nuevamente se manda un mensaje desde medios nacionales al 27 potosino: Alejandro Zermeño aparece medido: 21% en un escenario interno de Morena y 16.5% en un careo general.
El timming, el medio y el tono cuentan.
Está claro que ni los números del rector, ni las conjeturas sobre Juan Carlos significan candidatura; pero sí son movimientos que jalan reflectores y abonan a lo que dije en un principio: la incertidúmbre con metástasis.
En ambos casos hay que preguntarse
¿Es Juan Ramiro operando, la presidenta soltando buscapiés o RGC meciendo la cuna soltando nombres para que “jalen la marca y reflectores” y su proyecto siga *en “avance sin desgaste”?
Como muchas veces ocurre Código San Luis de María Luisa Paulín fue la que estuvo atenta a la columna de Heraldo de México. Aquí la rectoría no ha circulado la columna en absoluto.
Dato irrefutable:
Así diga Citlalli, opere Juan Ramiro o ejecute estrategia Ricardo, la última palabra es de una sola persona y se llama Claudia.
En otros temas de agenda, el dato de Pulso sobre las 9 mil 777 tomas clandestinas de agua detectadas; y apenas cinco denuncias al respecto está como para llorar en la regadera.
¿Cómo pueden estar detectadas pero no atendidas?
BARRIDO NACIONAL: Andy López Beltrán sigue dominando la conversación por la cancelación de su visa. Fuente: Reuters —
EN AGENDA: El Poder Judicial tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027 para operar plenamente el nuevo sistema civil y familiar. Lo sabe desde 2023, pero parece que la única que no le apura es a la magistrada presidenta.
NOTAS MÁS REPETIDAS: Agua · Poder Judicial · Seguridad · 2027 · Salvita.
MAÑANERA: Sin impacto directo que cambie hoy el tablero potosino.
INDICADORES ÚTILES:
El Realito SÍ funciona.
El Gobernador anda estrenando lentes.
El Alcalde anda de muy buen talante.
Yo soy Jorge Saldaña.
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La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada
Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia
Por: Haniel Valdés Velázquez
Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.
Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.
El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”
Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.
En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.
Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.
Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.
Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”
También lee: Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía
El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
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