Congreso del Estado
Robo de materiales ahora será tipificado en SLP
Antonio Lorca presentó al Congreso del Estado la reforma al Código Penal para ascender a “robo calificado” el hurto de materiales para la prestación de servicios públicos o privados
Por: Redacción
Antonio Lorca Valle, diputado local del Congreso del Estado presentó una reforma al artículo 218 en su fracción XII y su párrafo penúltimo, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para establecer como robo calificado, el apoderamiento de cable de cobre, aluminio, acero, níquel, o cualquier otro material que conduzca energía eléctrica, agua, gas, o fibra óptica y que estén destinados a la prestación de un servicio público o privado. Misma que fue aprobada por el propio congreso local a petición de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado.
El legislador mencionó que ambas propuestas coinciden en la importancia de aumentar la protección de la infraestructura del estado , por medio del aumento de las penas aplicables, con la tipificación como robo calificado del apoderamiento de elementos de esta infraestructura de servicios.
“Las consecuencias de estas conductas tienen amplias repercusiones negativas para la vida diaria, la productividad y el ejercicio de los derechos por parte de la población ”, señaló.
Lorca señaló que los robos y daños de estos elementos, afectan gravemente las actividades productivas del sector público y del sector privado, ya que en la actualidad muchas acciones necesitan esa tecnología, “desde las operaciones bancarias, hasta los accesos a las bases de datos para realizar cualquier trámite en una dependencia pública, por lo que las consecuencias de estas conductas tienen amplias repercusiones negativas”.
El instrumento legislativo busca proteger la provisión de servicios tanto públicos y privados y con ello el interés general, así que de forma específica se contribuye a esos propósitos señalando también la necesidad de proteger la infraestructura de telecomunicaciones, desde una perspectiva de derechos”.
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Congreso del Estado
Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal
Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo
Por: Redacción
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.
En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.
Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.
En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.
Congreso del Estado
Buscan que la ASF reactive convenios con entes fiscalizadores de los estados
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades
Por: Redacción
En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.
Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.
Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización
y los entes fiscalizadores en las entidades del país, con el fin de hacer eficiente y eficaz la fiscalización de las participaciones que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.
Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.
Congreso del Estado
Se establece acceso al agua como un bien del dominio público
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.
Por: Redacción
El Congreso del Estado emitió la declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.
Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.
Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.
Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.
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