Congreso del Estado
Proponen castigar con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP
Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.
Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.
Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos, 
Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.
El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.
La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
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La iniciativa busca medidas de apoyo para madres y padres adolescentes, además de ajustes razonables para personas con discapacidad en el sistema educativo estatal.
Por: Redacción
Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para dar visibilidad a las personas que pertenecen a algún grupo de atención prioritaria, y para impulsar medidas que motiven a quienes se convierten en padres a temprana edad a continuar y concluir sus estudios.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que la contraparte de la permanencia escolar es la deserción, y citó cifras del INEGI según las cuales la tasa de abandono escolar ha crecido alrededor de 20.6% desde 2022, con mayor afectación en educación media superior y superior.
La legisladora indicó que muchas personas que abandonan sus estudios pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, y que convertirse en padres a edad temprana suele orillar a los estudiantes a truncar su vida escolar.
La reforma propone ajustes razonables para personas con discapacidad, como adaptación de mobiliario, rampas, pisos podotáctiles, timbres, alarmas y barandales, así como gestionar ante las instancias correspondientes adecuaciones al transporte escolar y público. También plantea políticas para eliminar barreras y facilitar el acceso, la reincorporación y la permanencia escolar de madres y padres adolescentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Rosas Montiel afirmó que el tratado prevé revisiones anuales durante una década, en momentos en que Estados Unidos mantiene aranceles a acero y aluminio.
Por: Redacción
Luis Emilio Rosas Montiel, diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, afirmó que existe un buen avance en las revisiones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en las mesas de negociación entre los tres países, con el objetivo de mantener las bases del comercio en la región de Norteamérica.
Rosas Montiel recordó que se estableció que el T-MEC mantendrá su vigencia por 10 años, a través de un mecanismo de revisiones anuales que permitirá a las tres naciones evaluar de forma constante su implementación.
“En las mesas de negociación se estableció un tiempo de 10 años, con una revisión anual y aquí de lo que se trata es de establecer las bases para que haya un comercio fuerte en la región de Norteamérica, no creo que vaya a existir nuevos aranceles a diversos productos, sino lo que se busca es la disminución de los que ya están en marcha”, afirmó el diputado.
El legislador recalcó que se trata de un tratado importante para toda la región de Norteamérica, ya que el 80 por ciento de las exportaciones de México se dirige a Estados Unidos, con un peso centrado en la industria automotriz.
“El 80 por ciento de lo que exportamos es hacia Estados Unidos, y lo que se estará centrando es la cuestión automotriz, y en los aceros, aluminios es donde han centrado los aranceles”, sostuvo Rosas Montiel.
El T-MEC entró en vigor en julio de 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras un proceso de renegociación entre los gobiernos de los tres países. El tratado contempla una revisión conjunta a los seis años de su entrada en vigor, con posibilidad de prórroga hasta por 16 años más si las tres naciones lo ratifican.
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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.
La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.
Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.
El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.
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