La iniciativa busca armonizar la legislación de San Luis Potosí con los estándares nacionales y garantizar condiciones laborales sin discriminación para las mujeres

Por: Redacción

La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de igualdad sustantiva e incorporar los conceptos de igualdad salarial y brecha salarial de género.

La propuesta, turnada a la Comisión de Igualdad de Género, define la brecha salarial como la diferencia en la remuneración entre mujeres y hombres por razones de género al realizar un trabajo de igual valor. También establece que la igualdad salarial implica recibir la misma remuneración por trabajos de igual valor, sin distinción por sexo, género, identidad de género, origen étnico, orientación sexual, edad o condición social, económica, de salud o jurídica.

De aprobarse, los entes públicos estatales deberán garantizar la igualdad sustantiva y salarial en el ámbito laboral, así como el derecho a la no discriminación en ofertas de empleo, capacitación, promoción profesional, condiciones de trabajo y remuneraciones, además de la participación en organizaciones sindicales y empresariales.

Rocha Medina señaló que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental del orden jurídico mexicano y consideró necesario avanzar de una igualdad formal hacia una igualdad sustantiva que se traduzca en oportunidades, trato y condiciones equitativas en la vida cotidiana.

La legisladora sostuvo que es indispensable armonizar la legislación estatal con los nuevos estándares nacionales para garantizar mayor coherencia jurídica y fortalecer la aplicación de políticas públicas enfocadas en la igualdad.

“La armonización normativa propuesta no solo responde a un mandato legal derivado de la reforma federal, sino también a un compromiso ético y social con las mujeres potosinas, quienes históricamente han enfrentado condiciones de desigualdad que limitan su desarrollo personal y profesional”, afirmó.

La iniciativa también plantea reconocer el valor del trabajo de las mujeres, incluido el trabajo doméstico y de cuidados, actividades que, señaló la diputada, han sido tradicionalmente invisibilizadas. Con ello, busca establecer un marco jurídico estatal acorde con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos e igualdad de género.

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Once empresas ofrecerán vacantes con prestaciones y opciones de mejores ingresos durante la séptima Jornada de Reclutamiento, este 8 de septiembre

Por: Redacción

El Gobierno del Estado acercará nuevas oportunidades laborales a mujeres potosinas mediante la séptima Jornada de Reclutamiento, que se realizará este 8 de septiembre con la participación de 11 empresas que ofrecerán vacantes, prestaciones y opciones para acceder a mejores ingresos.

La actividad es organizada por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), y se llevará a cabo de 9:00 a 13:00 horas en el patio central de Semujeres.

El encuentro tendrá lugar en Jardín Colón número 23, en el barrio de San Miguelito, donde las mujeres interesadas podrán conocer las vacantes disponibles y establecer contacto directo con las empresas participantes.

La titular de Semujeres, Roxanna Hernández Ramírez, señaló que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantienen acciones para vincular a las buscadoras de empleo con empresas que ofrecen alternativas laborales formales.

De acuerdo con la dependencia, estas jornadas buscan acercar opciones de contratación y generar condiciones que contribuyan a mejorar los ingresos, la autonomía económica y el bienestar de las familias potosinas.

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La reforma amplía las medidas de protección y establece que las órdenes deberán revisarse de manera individual mientras persista el riesgo para las víctimas

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia y evitar prácticas de revictimización durante los procesos de denuncia, atención, investigación y juzgamiento.

Las modificaciones buscan armonizar la legislación estatal con el marco jurídico federal y ampliar los conceptos relacionados con los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.

Uno de los principales cambios consiste en incorporar el concepto de revictimización, entendido como aquellas acciones u omisiones, intencionales o no, que reproducen, agravan o prolongan el daño sufrido por una persona víctima de un delito, violación a los derechos humanos o situación de violencia.

El Congreso señaló que estas prácticas pueden presentarse durante los procesos de denuncia, atención, investigación, juzgamiento o difusión de los casos, particularmente cuando intervienen autoridades, instituciones, medios de comunicación o el entorno social.

La reforma contempla como posibles actos de revictimización los tratos indignos, la culpabilización de las víctimas, interrogatorios innecesarios, la exigencia de relatar repetidamente hechos traumáticos, la exposición pública de su identidad, retrasos injustificados y negligencia institucional, además de estereotipos de género y actos de discriminación.

También se incorpora el concepto de violencia simbólica, como una forma de discriminación estructural que se reproduce mediante prácticas, mensajes, valores, símbolos y representaciones que refuerzan estereotipos de género y relaciones desiguales de poder.

Las modificaciones establecen además nuevas disposiciones para fortalecer las órdenes de protección en casos de delitos cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estas deberán mantenerse vigentes durante el tiempo necesario para garantizar la reparación del daño o mientras persista la situación de riesgo.

De esta manera, las órdenes de protección no deberán levantarse automáticamente por el paso del tiempo, sino que tendrán que revisarse de manera individual, privilegiando la máxima protección de los derechos de las víctimas.

La reforma también establece condiciones de accesibilidad en los refugios destinados a mujeres víctimas de violencia, que deberán contar con personal traductor o intérprete de lengua materna o de Lengua de Señas Mexicana.

En caso de que los refugios no cuenten directamente con personal especializado, podrán solicitar apoyo a las instituciones del Estado, con el objetivo de garantizar que ninguna mujer enfrente barreras de comunicación para acceder a servicios de protección y atención.

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