noviembre 21, 2024

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Secretaria de Cultura no paga a artistas y culpa a Ricardo Gallardo

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Elizabeth Torres regatea el pago de 25 mil pesos a compañía escénica potosina que realizó el espectáculo de reinauguración del Parque Tangamanga I

Por: Luis Moreno

Erik Rosales, director de la Zerendipia Espectáculos, una compañía de arte escénico circense, denunció que la Secretaría de Cultura, a cargo de Elizabeth Torres Méndez, se niega a pagarles 25 mil pesos por el espectáculo que realizaron el pasado 8 de marzo durante la reinauguración del Parque Tangamanga I, ya que la propia dependencia y su titular aseguraron que el gobernador Ricardo Gallardo considera que el costo de 25 mil pesos es muy elevado.

Rosales explicó que el domingo 6 de marzo fue contactado por Antonio de Rabinal, director de Fomento Artístico, para pedirle que montaran el espectáculo durante el evento del parque:

“Me llamó Rabinal, con él tenía una amistad laboral, pidió algo bastante sencillo, cinco o seis personas en zancos, yo le expliqué que por el poco tiempo para prepararnos (un día) tenía un costo un poco elevado, que tampoco me parece muy caro, le di una cotización de 12 mil pesos. Él me dijo que no me preocupara, que estaba bien”.

Al día siguiente, Zerendipia ensayó en el parque con presencia de Elizabeth Torres, Rabinal Gamboa y Erick Frías, encargado de Protocolo, quien pidió al grupo sumar más elementos al show:

“Quería personas en telas aéreas, un espectáculo con fuego y una batucada completa, yo le expliqué a Erick que eso estaba fuera del presupuesto que les había hecho y tenía un costo total de 25 mil pesos, me dijo que no había problema”, apuntó el representante de la compañía.

El evento se realizó con éxito, por lo que Erik Rosales llamó a Rabinal al día siguiente para realizar el cobro por el servicio prestado: “Dijo que debía verlo con Erick Frías, lo llamé y explicó que mi pago tenía que ser autorizado por la Secretaría de Cultura. Busqué de nuevo a Rabinal y me dijo que me pondría en contacto con Elizabeth Torres. Una persona de nombre Marco Tulio Jiménez, que aseguran es la mano derecha de la secretaria, me explicó que debía verlo con el área de Giras y Eventos del gobernador,

pero ahí me mandaron otra vez a la Secretaría de Cultura. Volví con Rabinal, me dijo que sí saldrá de Cultura el pago, me pasó con Carlos Aguayo, coordinador administrativo de la secretaría, quien hoy me salió con que es demasiado lo que pedimos”.

A continuación citamos el mensaje enviado por Aguayo en el que culpa al al despacho del gobernador por considerar que el precio es elevado:

“Buen día. Ya platiqué con la secretaria y con Marco Tulio y les mostré la cotización que me hiciste favor de mandar. Me comentan que está aún elevada según sus consideraciones y las del despacho del Gobernador. Lo conveniente en este caso sería que lo vieras con Marco Tulio para no triangular tanto, él trae la línea directa de la secretaria para resolver esto”.

Este viernes, Erik Rosales se presentó en las instalaciones Cultura para tratar de resolver su situación:

“Después de mucho esperar me atendió Carlos Aguayo, en una actitud muy prepotente, solo para decirme que no van a hacer el pago, que tengo que pedirlo en Protocolo o Giras y Eventos, le expliqué la situación y me respondió que ellos no lo cubrirán y que no tienen dinero. Ahí estaba Marco Tulio, tuvo que intervenir por lo alterado que estaba Aguayo”.

Finalmente, Rosales decidió hacer pública la situación con la esperanza de que Ricardo Gallardo pueda intervenir y darle solución, pues a dos meses de que fueron contratados, él tuvo que cubrir el pago de los artistas: “vamos a emprender acciones legales porque seguramente se están “jineteando” el dinero y seguro lo quieren sacar de una factura en la que está al doble o el triple del costo”, asumió.

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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