agosto 1, 2025

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Estado

Gobiernos de Carreras y Toranzo usaron en agua como moneda de cambio: Franklin

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El diputado potosino señaló respaldo la negativa del gobierno estatal para ceder agua a Nuevo León

Por: Karina González

Eloy Franklin Sarabia, diputado local de San Luis Potosí, argumentó que el agua no debe ser utilizada como moneda de cambio para politizar problemas, “como lo hicieron anteriores administraciones gubernamentales que explotaban los recursos naturales del estado para beneficio de algunas personas”, en referencia a Fernando Toranzo con quien se hizo el proyecto Monterrey VI y Juan Manuel Carreras.

Lo anterior con relación a la problemática de escasez de agua que enfrenta la zona metropolitana de Nuevo León, estado que pretende, a través de un convenio que el gobierno de San Luis Potosí y Tamaulipas tuvo en sexenios pasados, llevar el agua del Río Pánuco a Monterrey a través del Proyecto Monterrey VI; sin embargo, existe una negativa por parte de ambos estados para llevar el agua para los regiomontanos.

Franklin señaló que el gobierno potosino está en su derecho para resguardar los recursos de los potosinos, porque afirmó, el agua le pertenece a los huastecos.

“Que lamentablemente, es una moneda de cambio, porque el agua que le pertenece a los huastecos era usada por las distintas administraciones y hoy se pretende con este tipo de acciones y llamados que los recursos que son de los potosinos se queden con nuestra gente”, dijo el diputado quien recordó que cada día son más los municipios potosinos que enfrentan problemas por falta de agua.

Por otra parte, con respecto a la visita a San Luis Potosí de Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y donde aprovechó para asegurar que el agua de San Luis se deberá llevar a Monterrey, el diputado indicó que “una cosa es lo que diga este político y otra lo que pueda hacer el gobierno del estado y el Congreso local para proteger y garantizar los recursos naturales de los potosinos”.

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Destacadas

Propuesta de próxima rectora en la UASLP, ¿paridad de género o vulneración a la autonomía?

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La diputada Jacquelin Jauregui presentó una iniciativa para reformar el artículo 15 de la Ley Orgánica de la UASLP

Por: Redacción

Una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), presentada hace unos días por la diputada Jacquelin Jauregui Mendoza, busca permear el principio de paridad de género en la elección de los altos cargos de gobierno en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La reforma al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí busca establecer que en la elección, integración y designación de las autoridades de la Universidad, deberá respetarse el principio de equidad de género, garantizando la representación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los órganos de gobierno.

Es decir, que la persona titular de la Rectoría y las directoras o directores de las entidades académicas, el principio de paridad de género será respetado alternándose entre una mujer y un hombre, salvo en los casos de reelección por un segundo periodo.

Si bien la propuesta impulsa la paridad de género en la Máxima Casa de Estudios potosina mediante la reforma a un documento emitido por el propio Congreso local —y a propósito de la reforma constitucional de 2019 sobre el principio de paridad de género—, también genera inquietudes sobre los alcances de la autonomía universitaria, un principio establecido en la Constitución mexicana, que permite a las universidades públicas gobernarse a sí mismas, definir sus propios criterios de organización, y elegir libremente a sus autoridades.

En su exposición de motivos, la legisladora Jauregui Mendoza expuso que su iniciativa es “una respuesta a la deuda histórica con las mujeres que, pese a su talento y esfuerzo, han sido relegadas de los órganos de gobierno que definen el presente y futuro de la Universidad”.

Actualmente, el artículo 15 de esta Ley establece que la forma de sesionar, integración, nombramiento, atribuciones, obligaciones y término del encargo de las autoridades de la UASLP se integra en la forma en que lo establezca su Estatuto Orgánico, y los reglamentos que emita el Consejo Directivo. Esto aplicable para:

– La Junta Suprema de Gobierno.
– El Consejo Directivo Universitario.
– La persona titular de la Rectoría.
– Los consejos técnicos consultivos de las entidades académicas.
– Las directoras o directores de las entidades académicas.

La iniciativa se encuentra actualmente en estudio dentro de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso local. Aún deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el pleno legislativo.

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Estado

Que Fenapo “no necesita permisos”: Roberto Pinto

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Autoridades y empresarios destacan que el Patronato cuenta con autonomía regulada y opera bajo lineamientos claros

Por: Redacción

La Feria Nacional Potosina (FENAPO) se desarrolla con base en un marco legal vigente y bajo una estrecha coordinación entre diversas autoridades estatales y municipales, afirmó la Asociación de Empresarios del Entretenimiento de San Luis Potosí, ante versiones que cuestionaban la legalidad de algunos aspectos operativos del evento.

Roberto Pinto Madrid, presidente de dicha asociación, explicó que el Patronato de la FENAPO funciona como un organismo descentralizado, con autonomía regulada, normatividad propia y atribuciones específicas para gestionar la organización del evento ferial. Indicó que no se trata de una entidad privada, por lo que no está sujeta a los mismos requisitos que los negocios particulares, como licencias comerciales o permisos municipales convencionales.

Desde su fundación, el Patronato emite cada año convocatorias formales a instancias del gobierno estatal y municipal para establecer mesas de trabajo, definir operativos y aplicar reglamentos en materia de seguridad, salud pública y administración general

. Esta colaboración permite coordinar actividades logísticas, establecer medidas preventivas y garantizar que el desarrollo de la feria se realice bajo condiciones reguladas.

Pinto Madrid precisó que los espacios, establecimientos y servicios dentro del recinto ferial son inspeccionados por las autoridades competentes, quienes verifican que se cumplan con las disposiciones sanitarias, los lineamientos de protección civil y los permisos temporales requeridos para actividades como la venta de bebidas alcohólicas, conforme a lo establecido por la legislación estatal.

Finalmente, subrayó que la cooperación institucional ha sido permanente, y que cada edición de la feria se realiza mediante una planificación coordinada entre el Patronato y las dependencias correspondientes, garantizando transparencia y cumplimiento normativo.

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Congreso del Estado

Se debe proteger a menores de edad involucrados en procesos judiciales: Congreso

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Se pretende que se garantice el cuidado dentro de los procesos judiciales y que no revictimice a los menores de edad

Por: Redacción

La Comisión Primera de Justicia de la LXIV Legislatura, analiza la iniciativa presentada por el diputado César Arturo Lara Rocha, que plantea reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, que tiene como objetivo proteger a los menores de edad cuando tienen que intervenir el procedimientos judiciales como víctimas o testigos.

 

El diputado César Arturo Lara, explicó que con esta iniciativa se plantea que se contemplen los conceptos de mínima intervención y el de la no revictimización a los menores de edad cuando intervienen en procedimientos judiciales como víctimas o testigos dentro de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí.

 

Puntualizó que es de suma importancia mencionar que los concentos mencionados ya se establecen en los artículos 4º y 6º de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Por ello,  se pretende que en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado también se garantice el cuidado dentro de los procesos judiciales en donde en ningún momento se ejerza sobre los menores de edad una revictimización o victimización secundaria y tengan una intervención mínima.

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Opinión

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