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“Empresarios no le cumplirían a comuneros de la Sierra de San Miguelito”: activistas
Enrique Rivera Sierra y Carlos Covarrubias coincidieron en que el decreto de Área Natural Protegida le beneficiará más a los dueños de la tierra que venderle al “Chato” López
Por: Ana G Silva
El pasado 5 de enero, María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), visitó San Luis Potosí para ofrecer una rueda de prensa en conjunto con el gobernador Ricardo Gallardo; en ella reiteró la validez del decreto de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito y anunció la firma de un convenio de colaboración con el gobierno estatal y varios municipios para la preservación del sitio, esto en el contexto de la presentación de un amparo, por parte de comuneros, contra el decreto. Al respecto Carlos Cobarrubias y Enrique Rivera, integrantes de la organización civil Guardianes de la Sierra, dijeron que era necesaria su presencia para “poner en orden a quienes están en contra de la protección de la tierra”. Y agregaron que los comuneros pueden verse más beneficiados de un programa responsable de manejo de la tierra que al vender a los fraccionadores, encabezados por Carlos “El Chato” López Medina, que pretenden generar el proyecto inmobiliario conocido como “Las Cañadas”.
Rivera argumentó que “nadie estará por encima de un ambiente sano”, lo que es demostrado por López Obrador con la declaratoria, por lo que ahora el gobierno federal y el estatal tiene la tarea de entablar un diálogo con estos grupos que se dicen afectados por el decreto, pues “no han sido bien informados” y “hay programas que pueden ayudarlos a obtener muchas más ganancias que lo que se pretendía que les ofrecieran los empresarios interesados en crear fraccionamientos”.
Enrique Rivera agregó que “lo único que se necesita es llegar en buena línea a estas reuniones y entender que lo que se pretende es buscar el respeto a la naturaleza y que los dueños de las tierras decidan qué hacer con ellas mientras no sean destruidas. Poco a poco van a entender que esto era lo que le hacía falta a San Luis Potosí, porque les prometieron el cielo y las estrellas, pero no les iban a cumplir, si no que les pregunten a aquellos de la Garita de Jalisco a que siguen viviendo en la pobreza total”.
“La visita de la secretaria fue tomada con alegría por comuneros y activistas en favor de la declaratoria del ANP, pues era necesario llegar a poner las cosas en su lugar”, apuntaron ambos, ya que consideran que había una confusión en la población e involucra más al poder ejecutivo y las alcaldías: “ya que se estaban haciendo los desentendidos”.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a través de la secretaria María Luisa, de que no tienen ninguna forma de evadir el respeto al medio ambiente, que no hay afectados ni intento de despojar a nadie, al contrario, se protege”, dijo Enrique Rivera.
Carlos Covarrubias señaló que la reunión de la titular de Semarnat con el gobernador del estado fue de carácter oficial para firmar un documento de colaboración, que es la extensión del acuerdo de coordinación del 2019 y que terminará el 25 de septiembre, es decir, la elaboración del estudio técnico significativo y la consulta.
“Ya al concluir esa etapa con la emisión del decreto es un documento que viene a recomponer o a dirigir lo que se había hecho anteriormente, en función de que existe un decreto. Es la construcción del programa de manejo, que es una herramienta fundamental para el tema de la administración de la Sierra y donde el primer punto es el involucramiento de las comunidades y de los ejidos para su elaboración, es como la parte reglamentaria formal para que el decreto viva”, dijo Covarrubias.
Covarrubias destacó que “existe una enorme diferencia entre ejidatarios que no saben qué hacer con sus tierras porque no les han explicado y aquellos que se enojaron porque no podrán vender, por lo que el gobierno tiene que tener un profundo respeto hacia todos los que conforman la Sierra: entender que son sus tierras y estarán protegidos con sus actividades agrícolas y tienen resolver sus dudas, además de terminar con aquellos fraccionadores que solo están desinformando”.
Los integrantes de Guardianes de la Sierra coincidieron en que el gobierno estatal y los ayuntamientos deben involucrarse más en el tema:
“Tienen que colaborar en el ámbito de sus atribuciones, que el ANP sea lo más benéfico para la población, es una oportunidad histórica para el gobierno del estado que es de un partido ecologista, le cae como anillo al dedo para demostrar que son congruentes y también el gobernador si se dice aliado de la Cuarta Transformación, la historia lo pone en un momento de demostrar de qué lado está, al igual que a los alcaldes”, finalizó Enrique Rivera.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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