mayo 4, 2024

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¿Ricardo Gallardo puede ser sometido a la revocación de mandato?

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El gobernador ha dicho que estaría dispuesto a participar de ese proceso después de su tercer año de mandato. Aquí te contamos qué tendría que pasar

Por: Ana G Silva y Karina González

La consulta para la revocación de mandato es un proceso que, en México, hoy en día ya está está considerado y reglamentado dentro la Constitución por lo que tanto el presidente de la República como los gobernadores pueden ser sometidos a ella poco después de la mitad de sus gobiernos. El próximo 27 de marzo es muy probable que el mandato de Andrés Manuel López Obrador sea puesto bajo escrutinio, proceso que además es promovido por el propio presidente, lo que ha levantado opiniones encontradas, pues por un lado sus simpatizantes consideran que es un instrumento democrático que permitirá validar o no sus acciones, mientras que la oposición lo ve como una herramienta de propaganda.

En el caso de San Luis Potosí, Sergio Serrano, dirigente local de Morena, ha instado a la y los congresistas de su partido a que impulsen una consulta similar durante el tercer año de gobierno de Ricardo Gallardo. ¿Qué tan viable es? ¿Qué necesita para ocurrir? ¿Quién la impulsaría? ¿Qué opina el gobernador?…

La serie de pasos que llegar a la consulta deben ser definidos por los congresos locales para el caso de los gobernadores, por lo que que revisar la cronología del virtual proceso al que se someterá López Obrador puede ser un parámetro de cómo se aplicaría:

Desde el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, en todo el país inició un proceso de recolección de firmas de apoyo para que se realice la consulta de revocación de mandato del presidente, esto es impulsado por los propios partidario de Andrés Manuel, que requieren de las rúbricas del 3% del padrón electoral, es decir 2 millones 758,227. De conseguirlas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo la organización de la consulta el próximo 27 de marzo. Para que la revocación surta efecto se requieren dos cosas: que participe el 40% de la lista nominal y que el 51% de los y las participantes decidan quitar al gobernante.

De acuerdo con Juan Manuel Ramírez, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desde diciembre del 2019, se realizaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 35 y 116: en el primero se incorpora el derecho de los ciudadanos de poder participar en consultas populares y revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal; mientras que en el segundo se ordena o establece que el Poder Legislativo de las entidades federativas deben establecer y emitir la normatividad correspondiente para que pueda ser sujeta a revocación de mandato al titular del poder ejecutivo del estado.

Con esto, se establece que la solicitud de revocación de mandato ya es un derecho en todo el país, no obstante, por lo que si es impulsado y consigue las firmas tendría que realizarse. Ricardo Gallardo Cardona, en entrevista para La Orquesta, aseguró que está dispuesto a someterse a la consulta después de la mitad de su sexenio.

El gobernador señaló que “todo mandato popular podría someterse a este tipo de consultas para que sea el ciudadano quien decida quién se queda y quién se va de la función pública de acuerdo su desempeño”.

Juan Manuel Ramírez explicó que los congresos de los estados deberán emitir las leyes correspondientes para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar una votación de revocación de mandato, acción que no se ha realizado en San Luis Potosí: “Es una tarea pendiente que tiene el Congreso del Estado, entonces las entidades locales dentro de los 18 meses que entró en vigor el decreto, que fue en diciembre del 2019, deberían garantizar ese derecho modificando las leyes correspondientes o emitiéndose”.

El consejero del Ceepac reiteró que no es necesario que se presente una iniciativa en el Congreso del Estado para que sea legislada, sino que solo se tiene que establecer el procedimiento el cual se debe realizar durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del mandatario, “en el caso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el estado tendría que ser en el 2024”.

Ramírez señaló que el Congreso también debe establecer que la solicitud se lleve a cabo por ciudadanos, el porcentaje de la lista de electores y el plazo para recabar las firmas: “a partir de eso el Consejo Estatal Electoral tendría que establecer una serie de lineamientos como pasó en el INE para poder presupuestar y prevenir cómo se ejecutará”.

El consejero explicó que la consulta no se puede realizar durante una jornada electoral, por lo que en el caso de que se solicitara en San Luis Potosí, tendría que ser antes de la elección del 2024.

Ricardo Gallardo se mostró dispuesto a ser escrutado, incluso dijo que apoyará la recolección de firmas para que se realice la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a apoyar desde el gobierno del estado el proceso con módulos para la recolección de firmas y cuando llegue el tema de nosotros, lo haremos también, si es necesario”, finalizó.

¿QUÉ DICE LA OPOSICIÓN?

El diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, reconoció que existe el ordenamiento de las instancias federales para que se legisle en el ámbito local las reglas y procedimientos para una revocación de mandato la cual tiene que ser resuelta en menos de 10 meses:

“Obligatoriamente por mandato del Congreso federal, se tiene que legislar la revocación de mandato a nivel local, sería a la mitad de la administración de Ricardo Gallardo en 2024, yo espero que para finales de 2022 podamos tener un nuevo proyecto de ley electoral aprobado por la mayoría y que se incluya este tema”.

Guajardo Barrera señaló que lo más sano sería armonizar lo que ya está establecido a nivel nacional en el proceso: “es decir que se requiera un tres por ciento del padrón para realizarse y que no pueda inmiscuirse un partido político para solicitar la consulta, porque esta debe ser una demanda de los ciudadanos, al final el gobernador está electo para seis años, Gallardo”.

Por su parte, el congresista Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, argumentó que el tema de la revocación de mandato aún no se ha conversado en su partido, aunque indicó que su agenda se enfocará con las directrices del Comité Ejecutivo Nacional para armonizar con la Constitución.

El legislador calificó como una “vacilada” la revocación de mandato tanto a nivel nacional y local, pues lo considera un gasto excesivo de dinero dinero:

“Al final del día, por lo menos ahora, la voluntad del electorado fue para elegir al gobernador durante 6 años, entonces creo que sería incluso inconstitucional a la mera hora decirle que no, que siempre por 3 años, porque la voluntad del pueblo fue elegir a Ricardo Gallardo por 6 años. Estoy convencido que la temporalidad que pueda durar el gobernador, no solo de San Luis Potosí, sino de todos los estados, que son 6 años tiene una razón, a veces en el tiempo de los alcaldes de 3 años no se pueden llegar a concretar los planes de trabajo ni el plan de desarrollo toda vez que casi siempre se te va gran parte del primer año en presentar el plan de desarrollo, ejecutarlo, los créditos, etcétera”.

Aguilar Hernández hizo un llamado a no gastar dinero en revocaciones de mandato, pues existen otras necesidades en la población: “Creo que no podemos gastar recurso público para una revocación de mandato y definitivamente no es nada práctico y lo hemos visto a nivel nacional”.

Finalmente, Rubén Guajardo coincidió con su compañero de partido en que estos procesos pueden tener altos costos, aunque argumentó que está de acuerdo con este proceso “siempre y cuando sean llevados conforme a derecho y con un procedimiento jurisdiccional apegado a los órganos de quienes organizan los procesos electorales”.

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AMLO visitó SLP para supervisar avances de supercarretera Valles-Tamazunchale

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El presidente de México y el gobernador Ricardo Gallardo constataron los avances de este proyecto de 102 km

Por: Redacción

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, supervisaron este viernes los avances de la construcción de la Supercarretera Ciudad Valles-Tamazunchale, que beneficiará directamente a 374 mil habitantes y a miles de turistas que en cada temporada vacacional visitan esta región.

Luego del recorrido, el gobernador agradeció el respaldo del presidente López Obrador para este proyecto de más de 102 kilómetros, que es muestra de la relación con el Gobierno Federal, para continuar transformando la calidad de vida de las familias, al dotar a la región de una vialidad gratuita, que detonará, aún más, el turismo regional, nacional e internacional, al acortar tiempos de traslado y al brindar más seguridad.

El mandatario potosino resaltó el impacto en la conectividad y movilidad, pues la supercarretera de la Huasteca, conecta eficientemente a esta región con los estados de Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro y Veracruz

, posicionando a la entidad como un punto clave en la red de transporte del país, reduciendo el tiempo de traslado a sólo una hora 10 minutos, desde Ciudad Valles a Tamazunchale y viceversa, es decir, la mitad de tiempo que antes.

Actualmente están operativos 69 kilómetros de la supercarretera y se encuentran en proceso de construcción otros 39, lo que generará un impacto positivo en nueve municipios directamente y fortalecerá el turismo y el desarrollo económico. Este proyecto federal, se suma a las múltiples obras de infraestructura que el Gobierno del Estado ha emprendido en la región Huasteca luego de tantos años de abandono de la herencia maldita.
Esta información es pública, ajena a cualquier interés particular o de algún partido político.

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Y usted, ¿ya escuchó la 103.5? Nosotros tampoco

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Una estación de radio pública concesionada a un pequeño municipio de Jalisco debería sonar entre las frecuencias de la entidad potosina, pero no lo ha hecho y no se sabe por qué

Por: Bernardo Vera

El pasado 21 de junio de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó nueve concesiones de radio y ocho de televisión de uso social a una sola asociación civil, para operar en diferentes estados de la República Mexicana.

Estas concesiones fueron entregadas a la asociación “RYTSM A.C.” –con sede en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco– y le permiten la operación en diferentes puntos del país; una de estas señales de radio, de acuerdo a información compartida en medios de comunicación nacionales y por el propio IFT, debería sonar en los aparato radiofónicos de San Luis Potosí… pero no lo ha hecho.

De acuerdo a lo publicado en el suplemento “Extra” de El Sol de México, las 17 concesiones fueron otorgadas a la asociación RYTSM A.C. en un plazo comprendido entre 2022 y 2023; dichos permisos serían para uso de señales de radiodifusión y televisión digital terrestre por un plazo de 15 y hasta 30 años, con la finalidad de divulgar contenidos con propósitos culturales, científicos o educativos y sin fines de lucro.

Sin embargo, para el caso de San Luis Potosí, a casi un año desde que el IFT emitió la resolución P/IFT/210623/289, esta señal (cuyo código sería el XHCSGC-FM y que aparece en el mismo decreto) no ha sonado en ningún aparato radiofónico de la capital potosina y sus alrededores.

En este documento se señala que se cuenta con la capacidad para prestar el servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, y la instalación de una estación de radio clase “A” (estación de mediana potencia), en las coordenadas geográficas de referencia Latitud Norte 22°31’38” y Latitud Oeste 101°01’42”.

Estas coordenadas corresponden a la ranchería “Maravillas”, una comunidad a 1.4 kilómetros al norte de la delegación de Bocas, en la capital potosina.

Además, según sitios web especializados en radio en México, la estación perteneciente a estas concesiones en San Luis Potosí, operaría en la frecuencia de 103.5 megahertz (MHz), con sede en la ranchería Maravillas, pero se mantiene en estatus de próxima operación

Para conocer más acerca de la instalación de una estación de radio, así como de este caso particular, La Orquesta consultó a Juan Manuel Gordoa Moreno, ingeniero en radiocomunicaciones autorizado por el IFT y uno de los expertos en instalación y mantenimiento de estaciones de radio y televisión en San Luis Potosí.

Él nos comentó que previo a la designación de una frecuencia, debe existir “libertad de espectro” en el Sistema Nacional de Radiofrecuencia, que es la capacidad técnica para que opere una radiodifusora, televisora, o cualquier otro medio de comunicación que se valga del uso del espectro radioeléctrico, propiedad del Estado mexicano, y cuyas “liberaciones” son dadas a conocer por el propio IFT cada año.

En este caso, al tratarse de una concesión otorgada con carácter de uso social, la asociación civil debe justificar el objetivo para el uso de esta concesión y su metodología para llevarla a cabo. Una vez validado, el IFT otorga un plazo de 180 días para su instalación, periodo que puede prorrogarse.

“Ya que hiciste todo el proceso de licitación, el IFT te otorga tal frecuencia, con determinada potencia, cobertura y tienes 180 días hábiles para instalarla. Los 180 días están calculados precisamente para eso, y se pueden convertir en más porque te dan la oportunidad de prórrogas. Son tres prórrogas que pueden ser por dificultades en la instalación, en la entrega de equipos, por muchas causas; la última instancia de las sanciones sería el retiro de esta concesión; es decir, si no te pudiste instalar, se procede a volver a licitar, o a que salga a espectro libre”, explicó.

En el caso del 103.5, al tratarse de una estación de uso social, la licitación le autoriza solamente la operación de mil watts en transmisor y tres mil radiados –equivalente a una cobertura de hasta 30 kilómetros–. Suficiente para el objetivo que se busca con las concesiones de esta naturaleza en comunidades pequeñas, rancherías, pueblos indígenas, etcétera.

Por otra parte, al ubicarse en la frecuencia de 103.5 en San Luis Potosí, estaría entre dos estaciones de radio comercial que operan actualmente. Para ello, el ingeniero Gordoa explicó que la estación de uso social a operar próximamente, debe cumplir dos condiciones: uno, que no opere cerca de la mancha urbana;

 y dos, que no sea colocada en un sitio elevado. Ya que, en el primer caso, podría interferir con las frecuencias comerciales existentes. Mientras que en el segundo, de instalarse en un cerro o con una antena de gran altura, pese a contar con poca potencia, su cobertura podría llegar hasta Querétaro, o incluso, la Ciudad de México. Lo cual es una prohibición del IFT.

No puede tener más de 100 metros arriba del promedio de terreno que te indica, es decir, con 40 o 50 metros de altura de una torre vas a cubrir esa restricción y vas a quedar dentro de la cobertura local, porque con los cerros y las interferencias que puede haber, no vas a salir del terreno donde te autorizaron”, detalló. 

Otro de los aspectos a considerar es la entrega de 17 concesiones a una sola asociación del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Una demarcación con menos de 10 mil habitantes, y cuyas concesiones, al ser de uso social, no les permiten lucrar de ningún modo, pero sí tienen derecho a recibir el uno por ciento del presupuesto de Comunicación Social de las dependencias de la Administración Pública Federal.

A casi un año de que se emitiera el decreto P/IFT/070623/239 (que otorga las concesiones a RYTSM), no ha podido escucharse en la entidad potosina, sin que haya una explicación aparente, puesto que existe poca información sobre la asociación, no hay información emitida por el IFT sobre el estatus de esta operación, o de un contacto de esta asociación civil para conocer su desarrollo.

Una de las hipótesis planteadas por el ingeniero Juan Manuel Gordoa sobre el retraso de la instalación en San Luis Potosí, es la capacidad financiera para la instalación de una estación de radio, tanto por la infraestructura, mobiliario y personal. Pero especialmente, la adquisición de equipo técnico, ya que los transmisores y otros elementos, deben cumplir ciertos parámetros impuestos por la Norma Oficial Mexicana dictada por el IFT. Y por ello, su precio en el mercado es mayor.

Ahora bien, si eso es con una sola estación, lo mismo podría ocurrir con las ocho restantes. Y ni hablar de las concesiones de televisión, donde los equipos elevan aún más su costo.

“Los aparatos y los costos de instalación, por muy pequeños que sean, es bastante dinero. Televisión es caro, y radio es menos caro, pero requiere una gran inversión. Porque tienes que comprar equipos que estén dentro de la Norma Oficial Mexicana, que cubran los las características técnicas y no son cualquier equipo. No le puedes poner uno de los que venden en Mercado Libre, o de los que son chinos y me cuestan 50 pesos. No. Tienes que cubrir lo que te está exigiendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

Las concesiones de radiodifusión y televisión digital terrestre que obtuvo mla asociación RYTSM AC, son para ciudades de Nuevo León, Sonora, Puebla, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Campeche y Ciudad de México.

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Tres candidatos panistas han solicitado seguridad adicional

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El presidente del partido dijo que las peticiones se han hecho ante el Ceepac y al menos una ha sido del municipio de Ébano

Por: Bernardo Vera

Enrique Dahud Uresti, secretario en funciones de presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, dio a conocer que hasta el momento hay tres solicitudes de candidatos del instituto político que requirieron protección y seguridad por las autoridades estatales.

Estas solicitudes fueron presentadas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) con el acompañamiento del partido en el estado. Agregó que estas solicitudes fueron por el entorno que se vive en las respectivas demarcaciones.

Dahud Uresti evitó mencionar nombres o cargos de los involucrados, para no comprometer su integridad. Sin embargo, manifestó que uno de ellos es el relativo al municipio de Ébano, quien dio a conocer el caso de manera pública y por su cuenta.

“Tres de nuestros candidatos, a través del partido, hicimos solicitud ante el Ceepac para que pudieran tener seguridad, por el entorno municipal que están teniendo ellos. Quiero omitir nombres porque no lo han hecho público ellos, pero específicamente, uno de ellos, es del municipio de Ébano”.

Finalmente, sobre la solicitud hecha por Vero Rodríguez, candidata al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México” para formular un debate entre las candidatas al mismo cargo, mencionó que es un ejercicio ciudadano, deberían participar, para que la sociedad conozca sus propuestas. Además, de que el Instituto Nacional Electoral todavía se encuentra a tiempo de realizar este ejercicio.

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