Indicó que se separará del cargo temporalmente por motivos de salud; Crisógono Pérez tomará su lugar como suplente

Por: Redacción

El diputado local Juan Carlos Bárcenas Ramírez, del partido Nueva Alianza en San Luis Potosí, solicitó una licencia indefinida de su cargo en el Congreso del Estado. Mencionó que esto se debe a la lentitud en su proceso de recuperación tras una cirugía en la espalda.

El legislador explicó que, aunque ha estado participando en las comisiones, su recuperación no ha sido tan rápida como esperaba, lo que le impide estar presente en los plenos. Por ello, decidió pedir la licencia para que se garantice la continuidad en las sesiones.

Durante su ausencia, Crisógono Pérez López, actual presidente del Comité Directivo Estatal de Nueva Alianza, tomará su lugar como suplente.

Bárcenas Ramírez entregó formalmente la solicitud al presidente del Congreso, Cuautli Badillo, después de obtener el visto bueno del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Alfonso Pedraza Salas.

El legislador aclaró que esta licencia no se trata de una renuncia, sino de una medida temporal por razones de salud, y expresó su compromiso de regresar a sus funciones legislativas tan pronto como su condición médica lo permita.

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Activistas dijeron que quienes incurren en estos actos no pisan la cárcel y los casos quedan solo en faltas administrativas

Por: Redacción

A las afueras del Congreso del Estado, un grupo de activistas presentaron una solicitud a los diputados locales para crear sentencias más estrictas a aquellas personas que incurran en actos de maltrato animal, más específicamente, solicitando penas de mínimo 10 años de prisión argumentando que muchas de las personas que son detenidas bajo estas acusaciones, no llegan a pisar la cárcel y que estos casos quedan en ocasiones como una falta administrativa.

Ante ello, el diputado Cuauhtli Badillo, dijo que se necesita que todos los órdenes de gobierno enfoquen una parte del recurso público para cumplir con lo solicitado por este grupo de activistas, ya que si bien el Código Penal de San Luis Potosí

establece sentencias a estos actos, resultan muy endebles.

El legislador señaló que se les dará acompañamiento a las personas que presenten la iniciativa, además de darles todo el seguimiento necesario para que pueda avanzar de forma rápida, buscando que de esta forma bajen los casos de maltrato animal.

Para finalizar, el representante del legislativo advirtió que el tema es importante, pues las conductas presentes en actos de violencia contra los animales pueden derivar en agresiones a otras personas.

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Se trata de la primera niña con discapacidad que accederá a este dispositivo tras un juicio de amparo ante la negativa del IMSS de brindar atención médica especializada

Por: Redacción

Julieta, una niña de tres años de edad, diagnosticada con parálisis cerebral infantil, escoliosis e hipoacusia severa, se convirtió en la primera menor con discapacidad en San Luis Potosí en recibir un implante coclear por orden judicial, luego de que su familia promoviera un juicio de amparo ante la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de brindarle el tratamiento correspondiente. La resolución fue emitida por el Juzgado Octavo de Distrito y constituye un precedente relevante en la defensa del derecho a la salud sin discriminación.

Previo a la resolución judicial, la familia de Julieta impulsó diversas acciones para que la niña recibiera la atención médica que requería. Ante la negativa del IMSS de iniciar el protocolo médico correspondiente, comenzaron a acudir a consultas particulares para obtener valoraciones y diagnósticos que respaldaron la urgencia del tratamiento. A pesar de los informes médicos que confirmaban que Julieta era candidata para implantes cocleares, el instituto se negó a actuar, argumentando que su parálisis cerebral limitaba el beneficio del procedimiento.

Frente a esta omisión, se promovió un juicio de amparo con el acompañamiento de la abogada Fátima Viera, especialista en derecho familiar, quien señaló como acto reclamado la omisión institucional y la discriminación por motivos de discapacidad. “La negativa no se basaba en criterios médicos, sino en prejuicios. Afirmar que no vale la pena colocar un implante a una niña con parálisis cerebral es una forma de negar su derecho a desarrollarse plenamente”, afirmó Viera.

El amparo fue concedido y ordenó al IMSS activar el protocolo médico, subrogar la atención especializada en un hospital de la capital potosina y garantizar tanto la colocación de ambos implantes como el acceso a terapias de seguimiento

. La primera cirugía se realizó el 17 de enero de 2025 en el Hospital del Niño y la Mujer, y a principios de abril se llevó a cabo el encendido del primer dispositivo. No obstante, el segundo implante continúa pendiente, por lo que el juzgado ha requerido al IMSS demostrar avances en el cumplimiento de la sentencia.

La hipoacusia severa compromete gravemente la capacidad auditiva y comunicativa durante la primera infancia. De acuerdo con protocolos médicos internacionales, los implantes cocleares deben colocarse preferentemente antes de los cinco años para tener mayor efectividad en el desarrollo del lenguaje. La omisión institucional pudo haber comprometido de manera grave el desarrollo integral de Julieta.

El Juzgado Octavo de Distrito advirtió que, de no cumplirse la totalidad de la sentencia, se dará vista a las autoridades competentes para la imposición de sanciones a los servidores públicos responsables. “Este caso deja claro que no es la discapacidad la que impide el acceso a derechos, sino las barreras que colocan las propias instituciones”, añadió Fátima Viera.

Este caso visibiliza una práctica sistemática en el sistema de salud: la discriminación estructural hacia personas con discapacidad. Sienta un precedente jurídico y social para otras familias que enfrentan situaciones similares, recordando que el derecho a la salud debe garantizarse sin excepciones, sin prejuicios y sin condiciones.

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