​Es la ley más importante del periodo, asegura el diputado José Luis Fernández; el delito se perseguirá de oficio y se habilitará la denuncia anónima a través del 089

​Por: Roberto Mendoza

​El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes 28 de octubre el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo que se establece un tipo penal único para este ilícito en toda la República. La aprobación en lo particular se alcanzó con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, tras una sesión maratónica de más de once horas que inició poco después de las 11:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 10:30 de la noche. El proyecto de decreto fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal potosino José Luis Fernández (PVEM) calificó la ley como una “decisión correcta y acertada” y la consideró “probablemente… la más importante” de la legislatura, excluyendo el presupuesto. Destacó que el ilícito “lastima mucho” y se ha vuelto muy recurrente, en México y también en San Luis. Explicó que la ley general permitirá a San Luis Potosí “armonizar sus leyes locales” y definir con precisión las variantes del delito para tener una autoridad “mucho más coordinada” así como le permitirá a las autoridades combatir la reincidencia.

​La nueva ley establece una pena base de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a un rango de $11,314 a $56,570 pesos. Además, incluye tres conjuntos de agravantes que pueden incrementar la sanción: el primero, hasta en una tercera parte, si se comete contra comerciantes o empresarios (cobro de cuotas);

​Durante la discusión en lo particular, se aceptó una reserva clave presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, para modificar el artículo 21. Monreal argumentó que el dictamen original afectaba la proporcionalidad de la pena, pues sancionaba con 10 a 20 años al servidor público que omitiera denunciar el delito, una pena mayor que la del propio extorsionador (6 a 15 años). Con el cambio avalado, la sanción para el funcionario que, teniendo atribuciones, se abstenga de denunciar, quedó fijada en un rango de cinco a doce años de prisión.

​Esta ley general es reglamentaria de la reforma al artículo 73 constitucional, publicada el pasado 9 de octubre de 2025, que facultó al Congreso para legislar en la materia y homologar el tipo penal. El dictamen aprobado consolida una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y once propuestas de legisladores. Además de las sanciones, la ley ordena la creación de campañas permanentes de prevención y fomenta la denuncia ciudadana anónima para combatir un delito que se investigará de oficio.

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La medida también congela el crecimiento de operaciones mexicanas en el AICM.

Por: Roberto Mendoza 

​El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) emitió una orden este martes que revoca tentativamente la autorización para todos los vuelos de pasajeros y carga operados por aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia territorio estadounidense. La medida, identificada como la orden 2025-10-27, también impone un congelamiento inmediato a cualquier incremento en el número de operaciones o asientos por parte de compañías mexicanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cancela 13 rutas específicas que ya habían sido autorizadas a Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobus.

​La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México confirmó la recepción de la notificación, calificando la acción unilateral como “drástica” y anunciando un análisis de sus implicaciones mientras se busca un diálogo inmediato con las autoridades del DOT. Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) expresó su “profunda preocupación” por la decisión, señalando que esta limita la conectividad y la competencia en el mercado transfronterizo, afectando directamente a los pasajeros.

​La justificación oficial del DOT para emitir la orden es un presunto “incumimiento de los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo”. Estas sanciones ocurren poco más de dos años después de que México recuperó la Categoría 1 en seguridad aérea en septiembre de 2023, tras una degradación a Categoría 2 que se mantuvo desde mayo de 2021. La recuperación de dicha categoría fue la que permitió a las aerolíneas mexicanas iniciar sus planes de expansión de rutas, muchas de ellas ahora canceladas desde el AIFA. Los efectos inmediatos para los usuarios incluyen la cancelación de vuelos ya programados y una reducción en la oferta de asientos.

La iniciativa busca “garantizar la dignidad hasta el último respiro de la vida”, afirma su promovente

​Por Roberto Mendoza

El Senado de la República recibió formalmente este 28 de octubre una propuesta ciudadana para legalizar y despenalizar la eutanasia en México. La iniciativa, conocida como “Ley Trasciende“, fue entregada por la activista Samara Martínez y busca reformar el artículo 166 de la Ley General de Salud. El objetivo es permitir que personas mayores de 18 años, diagnosticadas con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, puedan acceder, bajo su consentimiento informado, a una muerte asistida.

Samara Martínez, activista que padece una enfermedad renal en etapa terminal, encabeza la propuesta, respaldada por las firmas de más de 128,000 personas. La recepción en la cámara alta mostró apertura hacia el debate, aunque con énfasis en la cautela. Senadores como Luis Donaldo Colosio Riojas calificaron la iniciativa como un “proceso de humanización nacional” que requiere un diálogo empático, mientras que Reyna Celeste Ascencio Ortega, de la Comisión de Derechos Humanos, llamó a legislar con mesura ante una “colisión” entre el derecho a la vida y el derecho a una muerte digna.

La propuesta mexicana se inscribe en un contexto de avance global sobre la muerte asistida

La justificación central de la “Ley Trasciende”, según su promovente, es que “no busca promover la muerte, sino humanizarla“, para que ningún mexicano “tenga que morir sufriendo, con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía“. El reto legislativo en México, como destacó la senadora Claudia Edith Anaya Mota, será dotar a la iniciativa de argumentos jurídicos y técnicos sólidos para superar tabúes y garantizar el respeto a los derechos de las minorías.

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