Denuncian fraude con supuestos empleos en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí

Por: Carlos Hernández

A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país.

Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas, con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.

La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”. Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada gobernadora indígena del estado de San Luis Potosí y es señalada como la principal operadora del esquema.

Mariano Ávila #224

Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos

Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”

En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.

Supuesto manual de operaciones

Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos

Los reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.

Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.

Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.

Formato de afiliación del supuesto sindicato

A pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 20 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.

Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.

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Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida.

Este medio hace un llamado a las autoridades estatales y federales, así como a la Fiscalía General del Estado, para investigar de fondo el caso y deslindar responsabilidades penales, tanto por uso indebido de documentos oficiales como por presunto fraude masivo.

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El empresario Jaime Chalita manifestó que respeta la decisión del Legislativo, aunque también ha tenido acercamiento con diputados para el acompañamiento de su iniciativa

Por: Redacción

Jaime Chalita Zarur, ciudadano y empresario potosino, presentó una iniciativa al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para reformar la Ley de Hacienda para los Municipios, con el objetivo de permitir que los ayuntamientos otorguen incentivos fiscales a las empresas que acrediten contar con infraestructura sustentable certificada.

En entrevista, habló de las iniciativas ciudadanas que son recibidas por la Legislatura local, y en su mayoría, son desechadas. En ese sentido, manifestó que es una decisión expresa del trabajo legislativo y cuya labor no desestima.

“Si las aprueban o las desechan, es cuestión de la conjunción de lo que quiere hacer el Congreso, lo cual yo respeto”, sostuvo.

El empresario dijo mantener cercanía con el legislador Luis Emilio Rosas Montiel, quien ha orientado el proceso para lograr el avance de dicha propuesta.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha manifestado en diversas ocasiones que las iniciativas ciudadanas no caducan,

Sin embargo, diversas organizaciones civiles han manifestado en reiteradas ocasiones que las y los diputados no resuelven las iniciativas presentadas desde la sociedad civil en materias como la despenalización del aborto, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, las consultas y propuestas en favor de las personas con discapacidad, entre otras.

Además que las y los legisladores suelen pronunciarse a favor de algunas de sus causas, pero no dan seguimiento a las mismas. Así mismo, que el acercamiento con ellos es superficial, pues buscan “tomarse la foto”, pero no dan seguimiento a las iniciativas presentadas desde la sociedad civil, con alianzas simuladas y sin notificar del avance de sus propuestas.

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El secretario Jesús Juárez dijo que las detenciones de tractocamiones ocurren en la carretera 57; los casos son canalizados a la FGR

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, habló sobre el problema del huachicoleo en San Luis Potosí. Informó que se han registrado altos índices de aseguramientos, principalmente de tractocamiones en la carretera 57.

“Todas las semanas realizamos entre tres y cuatro aseguramientos, mismos que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Todo ha sido de la mano con la Fiscalía y la Guardia Nacional, que han hecho operativos contra el huachicol que serán permanentes”, declaró Juárez Hernández.

Detalló que la SSPC únicamente funge como entidad preventiva

Sobre los vehículos detenidos en la carretera 57, indicó que los arrestos se realizan en distintos puntos, principalmente en los tramos que van de la capital a Santa María del Río y de San Luis Potosí al Huizache.

Finalmente, aclaró que en lo que respecta al huachicoleo en ferrocarriles, la autoridad estatal no tiene injerencia, ya que se trata de infraestructura federal.

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