febrero 5, 2026

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Gold Corp, la empresa que quiere llevarse el litio de SLP

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Señalada en diversas zonas de México por sus tratos abusivos, corrupción y uso excesivo de agua, la compañía canadiense llega a nuestro estado

Por: Ana G Silva

La empresa minera canadiense Advanced Gold Corp firmó un acuerdo con la compañía mexicana Hot Spring Mining por los derechos de adquisición de yacimientos de litio, boro y potasio ubicados en Salinas, San Luis Potosí; la compañía se ha visto envuelta en varios escándalos de corrupción en México a pesar de que en su país es denominada como una empresa ejemplar.

A lo largo de los años, Gold Corp ha sido acusada de pagar impuestos muy bajos al país, de contaminación y envenenamiento de agua en los lugares cercanos en donde se ubican, no dan oportunidad de empleo a los campesinos cercanos a las minas e incumplir las leyes laborales.

En 2013, Advanced Gold Corp prefirió realizar trabajos de explotación de una mina de oro en Sonora en lugar de ampliar sus operaciones en Canadá esto debido a que en su país la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica le solicita a este tipo de compañías altos estándares ambientales, importantes pago de impuestos, compromiso social y concesiones mucho más cortas que las mexicanas (que son de 50 años), mientras que en México los requisitos fueron mínimo para explotar las 70 mil 900 hectáreas concesionadas en donde explota una mina de oro. En ese año, solo esa operación le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos, pero pagó 5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039% de sus utilidades.

Gold Corp vendió en 2007 una mina de oro en Guerrero a Leagold por 438 millones de dólares, por lo que la minera canadiense recibió 279 millones de dólares en efectivo, así como 71 millones en acciones de Legold, 30 por ciento de su capital.

La empresa es conocida por no contratar a empleados locales como lo mencionaron personas de la comunidad de Mazapil, en Zacatecas, quienes no fueron empleados a pesar de la promesa de empleo y peor aún son los problemas de falta de agua para Mazapil que iban en aumento, pues la minera Goldcorp es la que mayor volumen de agua concesionada tiene en la entidad. La minera canadiense extrae en promedio cerca de 43 millones de metros cúbicos de agua anualmente.

Una denuncia parecida fue la que se realizó en 2019 por el Frente Popular de Lucha Zacatecas (FPLZ) cuando acusó a la empresa canadiense de haber agotado las reservas de agua en la región de la Mina Peñasquito en Zacatecas. La afectación que vivió esta zona se debe a la filtración de metales pesados como el selenio, mercurio, plomo y arsénico, por lo que exigen un alto a la explotación minera. Además de la contaminación que generó esta compañía extranjera, para su funcionamiento la trasnacional extrajo los manantiales y acuíferos del sitio, lo que perjudicó a más de 30 mil personas que vivían en la cercanía.

La concentración de la riqueza mineral del país de empresas canadienses es un saldo de las políticas impulsadas por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las cuales alcanzaron su mayor potencial con la reforma energética consumada entre 2013 y 2014. Por lo que ahora estas empresas canadienses tienen el 60 por ciento de las minas en México.

En 2006 Goldcorp y los ejidatarios de Cerro Gordo, en Zacatecas, propietarios de las tierras donde está Minera Peñasquito, firmaron (empresa y 29 ejidatarios del Ejido Cerro Gordo) un acuerdo definitivo por los derechos a 30 años de 600 hectáreas de Minera Peñasquito; sin embargo, meses antes, Tomás Iturriaga, entonces vicepresidente de Goldcorp para México, comentó que los derechos de uso superficial típicamente son ejidos y la coexistencia con empresas privadas no estaba regulada, no tenían el marco jurídico que regula esa relación y los costos de esta tenencia de la tierra para las mineras ha ido crescendo.

Goldcorp también ha tenido diferentes beneficios pues en 2007 vendió una mina de oro en Guerrero a Leagold por 438 millones de dólares, por lo que la minera canadiense recibió 279 millones de dólares en efectivo, así como 71 millones en acciones de Legold, 30 por ciento de su capital.

Para 2006 Goldcorp y los ejidatarios de Cerro Gordo, en Zacatecas, propietarios de las tierras donde está Minera Peñasquito, firmaron (empresa y 29 ejidatarios del Ejido Cerro Gordo) un acuerdo definitivo por los derechos a 30 años de 600 hectáreas de Minera Peñasquito, sin embargo dichos acuerdos no estaban regulados, por lo que no existía un marco jurídico que regulara la relación.

No fue hasta 2009 que el Ejido Cerro Gordo inició una acción legal en contra de Peñasquito en el Tribunal Agrario mexicano, impugnando el acuerdo de uso de tierra. El Tribunal Agrario dictaminó el 18 de junio del 2013 que el acuerdo de ocupación temporal era nulo y ordenaba la restitución de la tierra a los ejidatarios.

El acuerdo en San Luis Potosí establece que Advanced Gold obtendrá de Hot Springs Mining el 90 por ciento de los derechos en los salares con potencial de contener esos minerales. La empresa vendedora conservará el porcentaje restante y recibirá cinco millones de acciones de la empresa compradora.

La compañía tiene actualmente una participación del 11.79 por ciento en el proyecto de oro avanzado Kakamega en Kenia. El 88.21 por ciento restante del proyecto Kakamega está en manos de Acacia Exploration Kenya Ltd. Recientemente ha adquirido una participación del 100 por ciento en la mina de plata Tabasqueña en Zacatecas, México.

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Ciudad

Estado y municipio invertirán hasta 800 mdp en obras viales

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó acuerdos con el gobernador para intervenir El Saucito y la salida a Guadalajara, dos de los principales nudos de movilidad de la capital

Por: Redacción

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que tras reunirse con el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se alcanzaron acuerdos para realizar dos grandes obras de infraestructura vial de manera conjunta, con una inversión estimada de entre 700 y 800 millones de pesos, una cifra que, dijo, no se había destinado en años recientes bajo un esquema de coordinación entre ambos niveles de gobierno.

Galindo Ceballos señaló que las obras prioritarias serán la salida al norte de la ciudad, en la zona de El Saucito, y la salida a Guadalajara, ambas consideradas puntos críticos de movilidad para la capital potosina.

En el caso de El Saucito, explicó que ya existe la instrucción para que los equipos técnicos del estado y el municipio se sienten a definir y empatar los proyectos existentes, con el objetivo de iniciar el proceso administrativo para la licitación de proyectos ejecutivos. Indicó que se busca que la obra arranque lo antes posible, incluso en los meses de mayo o junio, y que previamente se realizará un proceso de socialización con los vecinos, quienes, aseguró, están convencidos del proyecto.

Respecto a la salida a Guadalajara, el alcalde detalló que se acordó la construcción de un puente elevado que conecte el Periférico, permitiendo el paso de quienes se trasladan de Villamagna hacia la Zona Industrial, con el objetivo de aliviar la congestión vial en ese punto. Añadió que el Ayuntamiento aportará recursos al proyecto

y, de manera paralela, se encargará de realizar la salida a Guadalajara aprovechando el desnivel ya existente.

Galindo Ceballos precisó que, aunque la obra de Villamagna continúa sobre la mesa, se tomó la decisión de adelantar El Saucito y la salida a Guadalajara, al considerarlas fundamentales para mejorar la movilidad y descongestionar dos de los nudos viales más fuertes de la ciudad.

En cuanto a la distribución de la inversión, señaló que se trata de un tema administrativo que aún deberá definirse técnicamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), incluyendo quién licita y qué parte corresponde a cada instancia.

El alcalde destacó que esta coordinación con el gobierno estatal también permitirá al municipio liberar recursos para ejecutar otras obras adicionales, las cuales, dijo, dará a conocer posteriormente.

Finalmente, adelantó que otro de los temas abordados en la reunión fue el Parque de Morales, donde ambos niveles de gobierno manifestaron su voluntad de intervenir y rescatar el espacio, incluso priorizándolo frente a otros proyectos. “La gente nos lo pide”, afirmó, al señalar que este parque ya forma parte de la agenda conjunta.

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33 establecimientos del Centro no han cumplido con requisitos de Protección Civil

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Mauricio Ordaz Flores, director de la CEPC, señaló que se le negará la documentación a los recintos que no cumplan con los dictámenes correspondientes

Por: Redacción

Mauricio Ordaz Flores, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), señaló que todavía existen 33 establecimientos de la Zona Centro que no han cumplido del todo con los requisitos para su operación.

El titular de la CEPC aseguró que si bien no han sido catalogados como “recintos de riesgo”, sí tienen que entregar un dictamen estructural y un dictamen de vulnerabilidad, o de lo contrario, se les negará cualquier documentación.

Tras la tragedia ocurrida en 2024 en el antro Rich donde fallecieron dos personas, se han intensificado las verificaciones

, sobre todo en el Centro Histórico donde existen múltiples establecimientos instalados en inmuebles antiguos y que cuentan con terrazas.

Ordaz Flores añadió que la mayoría de estos negocios ya se encuentran haciendo reformas estructurales para cumplir con los requerimientos de la CEPC, quienes se han mantenido con constantes inspecciones.

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Guajardo ve complejo frenar aumento a camiones que no cumplen la ley

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El diputado propuso evaluar modificaciones a la ley para obligar al cumplimiento de requisitos

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), consideró que el exhorto para evitar que las unidades de transporte público que no cumplan con los requisitos legales apliquen el reciente aumento a la tarifa es una medida positiva, aunque insuficiente.

Al ser cuestionado sobre cómo se garantizará que los camiones que no cumplen con la normatividad no cobren el incremento de 12.50 a 13.50 pesos en la zona metropolitana, el legislador reconoció que el tema aún no ha sido analizado a fondo al interior del Congreso del Estado.

Guajardo Barrera explicó que el planteamiento actual consiste en un exhorto, el cual no es vinculante, por lo que su aplicación depende de la voluntad de las autoridades y de los concesionarios. “Es algo complejo, muy complicado. Al final es un exhorto, no es obligatorio”

, señaló.

Indicó que será necesario revisar el tema en comisiones y valorar si se requiere ir más allá del exhorto, incluso con una posible modificación a la ley, para garantizar que las unidades cumplan con los requisitos que establece la normatividad para operar y, en consecuencia, para acceder a los ajustes tarifarios anuales.

Finalmente, el diputado panista subrayó la importancia de que se fortalezca el marco legal del transporte público, a fin de que las condiciones de las unidades y la calidad del servicio estén alineadas con los aumentos que se autorizan cada año.

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