abril 2, 2025

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Gold Corp, la empresa que quiere llevarse el litio de SLP

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Señalada en diversas zonas de México por sus tratos abusivos, corrupción y uso excesivo de agua, la compañía canadiense llega a nuestro estado

Por: Ana G Silva

La empresa minera canadiense Advanced Gold Corp firmó un acuerdo con la compañía mexicana Hot Spring Mining por los derechos de adquisición de yacimientos de litio, boro y potasio ubicados en Salinas, San Luis Potosí; la compañía se ha visto envuelta en varios escándalos de corrupción en México a pesar de que en su país es denominada como una empresa ejemplar.

A lo largo de los años, Gold Corp ha sido acusada de pagar impuestos muy bajos al país, de contaminación y envenenamiento de agua en los lugares cercanos en donde se ubican, no dan oportunidad de empleo a los campesinos cercanos a las minas e incumplir las leyes laborales.

En 2013, Advanced Gold Corp prefirió realizar trabajos de explotación de una mina de oro en Sonora en lugar de ampliar sus operaciones en Canadá esto debido a que en su país la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica le solicita a este tipo de compañías altos estándares ambientales, importantes pago de impuestos, compromiso social y concesiones mucho más cortas que las mexicanas (que son de 50 años), mientras que en México los requisitos fueron mínimo para explotar las 70 mil 900 hectáreas concesionadas en donde explota una mina de oro. En ese año, solo esa operación le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos, pero pagó 5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039% de sus utilidades.

Gold Corp vendió en 2007 una mina de oro en Guerrero a Leagold por 438 millones de dólares, por lo que la minera canadiense recibió 279 millones de dólares en efectivo, así como 71 millones en acciones de Legold, 30 por ciento de su capital.

La empresa es conocida por no contratar a empleados locales como lo mencionaron personas de la comunidad de Mazapil, en Zacatecas, quienes no fueron empleados a pesar de la promesa de empleo y peor aún son los problemas de falta de agua para Mazapil que iban en aumento, pues la minera Goldcorp es la que mayor volumen de agua concesionada tiene en la entidad. La minera canadiense extrae en promedio cerca de 43 millones de metros cúbicos de agua anualmente.

Una denuncia parecida fue la que se realizó en 2019 por el Frente Popular de Lucha Zacatecas (FPLZ) cuando acusó a la empresa canadiense de haber agotado las reservas de agua en la región de la Mina Peñasquito en Zacatecas. La afectación que vivió esta zona se debe a la filtración de metales pesados como el selenio, mercurio, plomo y arsénico, por lo que exigen un alto a la explotación minera. Además de la contaminación que generó esta compañía extranjera, para su funcionamiento la trasnacional extrajo los manantiales y acuíferos del sitio, lo que perjudicó a más de 30 mil personas que vivían en la cercanía.

La concentración de la riqueza mineral del país de empresas canadienses es un saldo de las políticas impulsadas por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las cuales alcanzaron su mayor potencial con la reforma energética consumada entre 2013 y 2014. Por lo que ahora estas empresas canadienses tienen el 60 por ciento de las minas en México.

En 2006 Goldcorp y los ejidatarios de Cerro Gordo, en Zacatecas, propietarios de las tierras donde está Minera Peñasquito, firmaron (empresa y 29 ejidatarios del Ejido Cerro Gordo) un acuerdo definitivo por los derechos a 30 años de 600 hectáreas de Minera Peñasquito; sin embargo, meses antes, Tomás Iturriaga, entonces vicepresidente de Goldcorp para México, comentó que los derechos de uso superficial típicamente son ejidos y la coexistencia con empresas privadas no estaba regulada, no tenían el marco jurídico que regula esa relación y los costos de esta tenencia de la tierra para las mineras ha ido crescendo.

Goldcorp también ha tenido diferentes beneficios pues en 2007 vendió una mina de oro en Guerrero a Leagold por 438 millones de dólares, por lo que la minera canadiense recibió 279 millones de dólares en efectivo, así como 71 millones en acciones de Legold, 30 por ciento de su capital.

Para 2006 Goldcorp y los ejidatarios de Cerro Gordo, en Zacatecas, propietarios de las tierras donde está Minera Peñasquito, firmaron (empresa y 29 ejidatarios del Ejido Cerro Gordo) un acuerdo definitivo por los derechos a 30 años de 600 hectáreas de Minera Peñasquito, sin embargo dichos acuerdos no estaban regulados, por lo que no existía un marco jurídico que regulara la relación.

No fue hasta 2009 que el Ejido Cerro Gordo inició una acción legal en contra de Peñasquito en el Tribunal Agrario mexicano, impugnando el acuerdo de uso de tierra. El Tribunal Agrario dictaminó el 18 de junio del 2013 que el acuerdo de ocupación temporal era nulo y ordenaba la restitución de la tierra a los ejidatarios.

El acuerdo en San Luis Potosí establece que Advanced Gold obtendrá de Hot Springs Mining el 90 por ciento de los derechos en los salares con potencial de contener esos minerales. La empresa vendedora conservará el porcentaje restante y recibirá cinco millones de acciones de la empresa compradora.

La compañía tiene actualmente una participación del 11.79 por ciento en el proyecto de oro avanzado Kakamega en Kenia. El 88.21 por ciento restante del proyecto Kakamega está en manos de Acacia Exploration Kenya Ltd. Recientemente ha adquirido una participación del 100 por ciento en la mina de plata Tabasqueña en Zacatecas, México.

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#4 Tiempos

MO-VI-LI-ZA-CIÓN | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.

No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.

Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.

El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.

El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.

Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.

De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.

¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.

Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.

Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).

Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.

Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos

que estarán comprometidos con sus impulsores para hacerles favores durante años (por lo menos 5 y por lo más 9) a los patrocinadores de la movilización.

¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.

Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.

Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.

¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.

 

BEMOLES

MORALES

En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.

En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.

En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.

En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.

Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.

¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.

Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.

Hasta la próxima

Jorge Saldaña

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Ciudad

Calles del Centro Histórico de SLP serán “Zona 30”

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El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora

Por: Bernardo Vera

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.

El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.

Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.

Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.

Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.

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Destacadas

Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial

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El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad

Por: Redacción

Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.

El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.

“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.

La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.

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Opinión

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