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La nueva Ley electoral no respeta la autonomía de los indígenas en SLP: OI
El vocero de Observatorio Indígena dijo que la Ley Electoral no especifica si las comunidades pueden elegir a sus representantes con base en su autonomía
Por: Ana G Silva
El vocero de Observatorio Indígena, Felipe Cisneros, dijo que la nueva Ley Electoral, aprobada este martes por el Congreso de San Luis Potosí, no cuenta con la legalidad suficiente para que pueda desarrollarse, ya que no se incluyó las opiniones de las comunidades en cuanto al proceso de elección de sus representantes.
“El martes, de manera sorpresiva en un abierto madruguete legislativo, la legislatura aprobó la Ley Electoral (…) ya les andaba por tratar de sacar esta aprobación, recordemos que tiene que haber 90 días previos al arranque electoral para que se emitiera la ley”.
Felipe Cisneros mencionó que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, y el secretario de gobernación, Alejandro Leal Tovías, forzaron a los diputados para que impulsaran la reforma electoral y quedara dentro del plazo como una fe de erratas “como si no se hubiera llevado a cabo la sesión del domingo”, donde dicha ley fue rechazada por la mayoría de los legisladores.
“Seguramente negociaron para que no se estableciera ese porcentaje de votación de 3.7, que prácticamente dejaba fuera a los partidos chiquitos fuera de cualquier representación a través de votaciones plurinominales”, añadió.
El integrante de la organización destacó que el poder legislativo “vende” la participación de las mujeres y de las comunidades indígenas, sin embargo en estas últimas “no queda claro en la ley el asunto de la autoinclusión calificada como para que las personas indígenas puedan ser propuestas a ocupar un cargo de elección popular, menos aún queda en la ley que se respete la autonomía de las comunidades para poder elegir por vía de usos y costumbres a sus representantes y definir sus formas de gobierno 
Mencionó que municipios como Tanlajás, San Antonio, Aquismón, Xilitla, San Martin, Tampacán, entre otros, que tienen una fuerte presencia de población y que son absoluta mayoría “nunca dejan que gobierne una persona indígena y menos aún que sea electo por la vía de las costumbres de las comunidades”.
Cisneros subrayó que se estableció una ley que no cuenta con la legalidad suficiente ni con la legitimidad necesaria para que se pueda desarrollar: “El Congreso convocó el 14 de febrero una consulta indígena que jamás concreto ni realizó, dejo a todo mundo colgado y ahora con el pretexto del covid se zafan cuando en realidad el propio Congreso abortó esta consulta”.
“Nos debe el reconocimiento de nuestros derechos y serán las propias comunidades las que determinarán las vías para defender estos derechos, ya sea por la vía legal o la política”, finalizó.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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